El Estado de Australia Meridional ha vuelto a imponer un confinamiento draconiano al aparecer 36 nuevos “casos” de coronavirus. La medida se ha aprobado a pesar de que, como ya informamos en otra entrada, ellos mismos han reconocido públicamente que las pruebas PCR no son fiables.
El responsable británico de la lucha antiterrorista, Neil Basu, no admite que las personas critiquen las vacunas contra el coronavirus, porque se trata de desinformación que amenaza la vida humana.
La libertad de expresión ya no importa porque la pandemia lo devora todo, hasta la vergüenza. El más mínimo asomo de duda al respecto es un caso que incurre en la etique de “extremismo”.
No se escapa nadie, aunque Basu aún no ha llegado a exigir abiertamente la aprobación de una ley que prohiba criticar las vacunas. Se limita a pedir “un debate nacional” para ir calentando el ambiente contra los antivacunas.
El miércoles durante una rueda de prensa, el campeón de la lucha antiterrorista se metió donde no le llaman para expresar su preocupación por el “fuerte aumento del material extremista en línea en los últimos años”.
El IRA se ha acabado, pero no la necesidad de buscar enemigos por donde sea. En Gran Bretaña ha surgido una “nueva y preocupante tendencia de radicalización de los jóvenes”, dice Basu. Los extremistas islámicos y los grupos de extrema derecha recurren a “falsas afirmaciones sobre el coronavirus” para radicalizar a sus seguidores.
Basu va tan rápido a la yugular que hasta los medios de comunicación han reaccionado en su contra. Se ha pasado de rosca y si la criminalización de cualquier clase de crítica a las vacunas no se dosifica lo suficiente, puede resultar contraproducente.
Hasta los partidarios de las vacunas han empezado a quejarse en las redes sociales. Hay razones completamente legítimas para criticarlas, dicen algunos. Otros admiten que la decisión de vacunarse es (debe ser) una decisión personal, y no una imposición. Finalmente, muchos han quedado horrorizados porque Basu trate de liquidar la libertad de expresión, “sin importar las opiniones”. “¿Soy el único que encuentra esto más preocupante que el propio virus?”, pregunta un usuario en Twitter.
Pero Basu no habla por su cuenta. El orfeón de políticos, funcionarios y “expertos” que piden la censura e incluso la criminalización de los antivacunas empezó a cantar hace varias semanas. A principios de esta semana el Partido Laborista exigió al gobierno la adopción de una legislación de emergencia para imponer sanciones civiles y penales a las redes sociales que no eliminen inmediatamente los mensajes que cuestionen el axioma de que “las vacunas salvan vidas”.
A pesar de que aún no se aprobado ninguna vacuna, el Secretario de Salud en la sombra del Partido Laborista, Jonathan Ashworth, exigió al gobierno que “se ocupe de algunas de las peligrosas tonterías y disparates contra la vacuna que hemos visto difundirse en los medios sociales, que erosionan la confianza en la vacuna”.
Mientras tanto, el gobierno estudia la posibilidad de imponer códigos QR a las personas que se vacunen para poder asistir a actos multitudinarios, como los deportivos o culturales.
Ayer 10.000 personas se congregaron en Berlín para protestar contra el toque de queda del gobierno. Para autorizarla el gobierno puso como condición que los manifestantes respetaran la distancia social y el uso de mascarillas.
Entre la multitud se podían ver pancartas que mostraban a los políticos alemanes, incluida la canciller Merkel, vestidos de presos y con un letrero de “culpables”. Otro grupo llevaba una foto de Gandhi.
Los manifestantes trataron de acceder en la zona de seguridad del Bundestag, lo que impidió la policía que, además, al no respetar la distancia social ni usar de mascarilla, dispersó a los manifestantes con cañones de agua al mediodía.
La portavoz del gobierno, Ulrike Demmer, declaró que los manifestantes no cumplían con las normas de distancia social ni uso de mascarillas, que son irrenunciables. Los límites a este tipo de protestas son precisamente el respeto de esas medidas, añadió.
Los manifestantes respondieron lanzando botellas, piedras y petardos a la policía, lo que provocó peores disturbios. Durante las tres horas que duraron los enfrentamientos, la policía detuvo a 200 manifestantes.
Ayer las dos cámaras del Parlamento alemán aprobaron nuevas medidas represivas con el pretexto de la propagación del virus.
Ayer Alemania prohibió las manifestaciones contra el toque de queda convocadas delante del Parlamento. El pretexto del Ministerio del Interior es que “interrumpen” la labor de los diputados del Bundestag en Berlín.
El gobierno ha invocado también la manifestación del 7 de noviembre en Leipzig, Alemania, contra las mascarillas, que terminó en fuertes disturbios entre los participantes y la policía.
El objetivo real es otro: el movimiento contra el toque de queda es cada vez más extenso, ha adquirido un carácter político que no han podido paralizar tachándolo de “ultraderecha”. Hoy estaba convocada otra manifestación frente al Bundestag.
El ayuntamiento de Berlín ha rechazado doce solicitudes para protestar ante las dos Cámaras Legislativas. “La autorización sólo se concede si no hay razones para temer que sean obstaculizadas las actividades del Bundestag o el libre acceso a sus edificios […] y estas condiciones no se cumplen”, dice el comunicado oficial.
Pero no se trata sólo de la prohibición de un derecho constitucional, sino de su criminalización, es decir, de la transformación de un derecho en un delito. La policía investiga si las convocatorias tienen como fin interrumpir las labores propias del Bundestag.
En toda Europa la pandemia está arrasando con los derechos políticos más básicos con la complicidad de una “izquierda” que se ha posicionado abiertamente a favor de la represión.
Ayer comenzó en la Asamblea francesa el debate parlamentario sobre un proyecto de ley mordaza a la francesa, oficialmente llamado “ley de seguridad general” y los sindicatos de periodistas y otros defensores de los derechos constitucionales convocaron una manifestación nocturna en París.
El proyecto de ley restringe la libertad de expresión con el manoseado pretexto de “la seguridad general” y otorga nuevas prerrogativas incluso a la policial municipal y los matones de la seguridad privada.
El artículo 24 castiga con un año de cárcel y una multa de 45.000 euros la difusión de la “imagen del rostro o cualquier otro elemento de identificación” de un policía o un gendarme en acto de servicio.
Miles de manifestantes salieron a la calle a protestar delante de las puertas de la Asamblea. Entre ellos destacaban los estudiantes y los chalecos amarillos.
Poco después del inicio de la manifestación se produjeron enfrentamientos después de que los antidisturbios trataran de dispersarla lanzado gases lacrimógenos y chorros de agua a presión en su contra.
Es lo que el proyecto de ley trata de impedir: que los periodistas y cualquier persona pueda filmar a los antidisturbios cargando, apaleando o disparando contra los que se movilizan en las calles.
En la manifestación se mostraron pancartas y carteles que decían “La policía mata”, “Contra la represión: rebelión” y “Alto a la banalización del estado de excepción”. Los motivos son evidentes: la excepción se ha convertido en la norma, una veces con pretextos políticos y otras sanitarios.
También había manifestaciones convocadas en otras ciudades, como Marsella, Nantes y Aix-en-Provence. En Lyon 700 personas participaron en una concentración frente a la prefectura. En Toulouse el número de manifestantes fue de 1.300, según la policía, que cargó y lanzó con gases lacrimógenos para dispersarlos.
La votación final del proyecto de ley se llevará a cabo el próximo martes.
El gobierno británico se está preparando para implementar la vacuna contra el coronavirus a un nivel nunca antes visto, reclutando personal en el ejército para administrar centros de vacunación en estadios, pabellones deportivos y centros comerciales.
La verdad es que Sortu (2020-11-10) no nos ha dicho nada nuevo. Desde la perspectiva pública, las alubias se habían puesto a remojo bastante antes de la víspera del golpe de mano del 2009 con el famoso cambio de estrategia. Ya lo hemos señalado anteriormente y no nos vamos a repetir.
Si tenemos que señalar que para lo que han sido casi 60 años de lucha sin cuartel para muchos vascos y vascas (no para toda la Izquierda Abertzale organizada), Sortu ha conseguido meter en los sistemas francés y español que nos ocupan y explotan a una parte importante de lo que fue el MLNV.
Bastantes por convencimiento de que el cambio no sólo suponía la desaparición de la última ETA, sino la sumisión a los sistemas de nuestros enemigos. Otros muchos, sin ningún convencimiento, pero con la mala costumbre de acatar todo lo que venga de «arriba» o instancias superiores. El cansancio, la incredulidad en su momento de los pasos que poco a poco, pero sin descanso, se han ido dando…
Otros no se creyeron ni una pizca las milongas del mayor charlatán (y sus secuaces, que hay unos/as cuantas) que dispone la pequeña burguesía, socialdemócrata y, si hiciera falta, fiel defensora del sistema constituido.
Ahora nos dicen que se desvinculan de Txikito y de su lucha por varias razones. Argudian que no son los métodos que históricamente ha utilizado la Izquierda Abertzale, no tienen nada que ver con su práctica político estratégica, etc. No vamos a hacer propaganda de su comunicado.
Parece mentira que nos digan ahora esto cuando en los últimos 11 años, por ir a lo más reciente, su dinámica política se ha desvinculado totalmente de la clase obrera vasca. Y hay que decirlo, en este caso sí, que Sortu se ha desvinculado de la Nación Obrera Vasca. ¿O es que también luchan por los derechos de la oligarquía financiera e industrial vasca?
Todo por la paz y la convivencia. No existe la lucha de clases. Son cosas del pasado. Ahora toca conseguir algo de «poder», en este caso en el Estado español, y repartirse con la burguesía vasco-española la cuestión vascongada y la de la alta Navarra.
De zipayismo político a ser uno de los pilares (claro que hay que trabajar duro y tener la cara muy dura) del sistema hay un trecho, pero estos y estas del aparato (y aledaños) de Sortu corren de manera olímpica.
Txikito y la lucha por la construcción del Estado Socialista Vasco está y estará ahí. No hay futuro para el ser humano mientras no se destruya al capital y se haga caer su actual entramado económico, político, jurídico, administrativo, territorial… que lo sustenta.
El miércoles de la semana pasada el Parlamento eslovaco aprobó una ley declarando al Partido Comunista de Checoslovaquia y al Partido Comunista de Eslovaquia como organizaciones criminales (*).
El Consejo de la Unión Europea quiere volver a poner encima de la mesa el acceso a las conversaciones cifradas, un asunto que ya fue discutido entre 2015 y 2017. Se trata de abrir puertas traseras a los sistemas de cifrado de las comunicaciones que garantizan la confidencialidad de los mensajes.
En el primer artículo de los textos legales, los europeos tienen derechos; el segundo es el que habla de su anulación. En el caso del derecho a la intimidad, se trata de introducir autorizaciones para que la policía, los espías, los piratas o las empresas comerciales tengan acceso a las comunicaciones cifradas de extremo a extremo (P2P).
La Radio Austríaca ORF ha difundido (1) el borrador de una nota enviada por la Presidencia del Consejo de la Unión Europea a las delegaciones de otros países. El documento fechado el 6 de noviembre se titula: “Seguridad a través del cifrado y seguridad a pesar del cifrado” (2).
El cifrado de extremo a extremo P2P es un sistema de seguridad utilizado por WhatsApp, Apple iMessage, Signal y muchos otros servicios de mensajería, para impidir que terceros -incluso quien está a cargo del servicio- lea las conversaciones entre dos interlocutores. Si alguien intercepta un diálogo entre el emisor y el receptor, sólo obtiene una secuencia aparentemente inconsistente de números y letras.
Cuando el cifrado se aplica de extremo a extremo, las conversaciones sólo se pueden leer en los terminales de las personas involucradas en ellas. La policía sólo tienen una forma de acceder a esas comunicaciones: desbloquear el móvil del remitente o del destinatario.
Para invadir la intimidad de las personas, el repertorio argumental de la policía es siempre el mismo: proteger a los buenos vigilando a los malos. Hay sicarios que lo fundamentan de una manera un poco más sofisticada, pero no van más allá. Hay que sacrificar la libertad en aras de la seguridad.
Ese tipo de argumentos se venden por dos razones: la primera es que todo el mundo cree estar en el bando de los buenos y la segunda es que, como muestra la pandemia, están creando una sociedad de personas asustadas y atemorizadas por infinidad de riesgos, reales o ficticios.
Ese tipo de argumentos falaces se introducen en los propios proyectos legislativos: “Las autoridades competentes deben poder acceder a los datos de manera legal y selectiva, respetando los derechos fundamentales y el régimen de protección de datos, y sin degradar la seguridad cibernética”, afirma el documento del Consejo de la Unión Europea.
Dialéctica pura. Una cosa y la contraria. Es un símbolo de los equilibrios en el alambre que hacen todos los saltimbanquis: los europeos tienen derecho a la intimdidad y, al mismo tiempo, la policía debe poner interceptar sus mensajes privados.
Ese tipo de fraudes hipócritas han conducido a la situación actual, donde no hay buenos ni malos sino que todo el mundo (que puede) espía a todo el mundo. Por eso a principios de este año la Comisión Europea recomendó que en sus comunicaciones cotidianas sus funcionarios utilizaran Signal, una aplicación de comunicación cifrada de código abierto.
También es pura dialéctica: las instituciones europeas vigilan y son vigiladas. Los que vigilan quieren más facilidades para vigilar y cuando son vigilados quieren impedirlo. Todo depende del lado de la ecuación en la que se encuentren en cada momento.
Pero eso es difícil. Cuando debilitas una parte de un sistema de cifrado, lo debilitas para todos, en todas partes, reconoció Facebook (propietaria de WhatsApp) el año pasado. Cuando el fiscal general de Estados Unidos les pidió una puerta trasera para espiar a sus usuarios más fácilmente, Facebook respondió: “Las puertas traseras que están pidiendo en nombre de la ley y el orden sería un regalo para los chantajistas, los piratas y los regímenes represivos”.
Volvemos a la dialéctica: el derecho a la intimidad es bueno pero también malo. Con los sistemas de cifrado ocurre lo mismo: son buenos y malos al mismo tiempo. Se pueden utilizar mal, algo que el Consejo de Europa quiere prevenir: “Los delincuentes pueden incluir en su modus operandi soluciones de cifrado de disponibilidad inmediata y llave en mano. En su acto de equilibrio, nos recuerda que estas soluciones son creadas para un propósito legítimo”.
Los buenos son ellos; los malos todos los demás.
(1) https://fm4.orf.at/stories/3008930/
(2) https://files.orf.at/vietnam2/files/fm4/202045/783284_fh_st12143-re01en20_783284.pdf
Desde el sábado por la mañana, los griegos sólo pueden salir de su casa si la autoridad pública se lo autoriza por medio de un mensaje de texto que les envían al teléfono móvil.
Primero tienen que pedir permiso, tienen que indicar el motivo y la hora de salida por medio de un mensaje de texto y luego la autoridad debe dar luz verde, también por la misma vía: un mensaje de texto del móvil.
“Fue una decisión difícil”, pero “hay que tomar medidas durante tres semanas para superar la segunda ola” de la pandemia, dijo el Primer Ministro.
Sólo permanecen abiertas las “tiendas esenciales”, incluidos los supermercados y las farmacias.
En contraste con el primer cierre de seis semanas impuesto a finales de marzo, las guarderías y las escuelas primarias permanecen abiertas. La educación a distancia comenzará de nuevo para las escuelas secundarias y las universidades ya funcionan de manera virtual.
Los “expertos” son allá igual que acá: no aciertan ni una. En abril el principal asesor de salud del gobierno, Sotiris Tsiodras, lanzó las campanas al vuelo: el país había logrado “aplanar la curva”. Pronto le pusieron como modelo de “gestión de la crisis sanitaria”, lo cual demostraba mucha cara dura porque el sistema hospitalario había sido desmantelado como consecuencia de los planes europeos de ajuste económico.
En Grecia le imputan al coronavirus la muerte de poco más de 700 personas, unas cifras que, incluso en términos relativos, están muy por debajo de las de otros países del Mediterráneo como Italia y España. En consecuencia, la explicación del confinamiento hay que buscarla también al margen de la pandemia.
Más información:
– ¿Por qué Grecia ha tenido una de las tasas de mortalidad más bajas por coronavirus?
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