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La policía británica también persigue a los medios independientes por ‘terrorismo’

El 16 de octubre la policía antiterrorista británica detuvo en el aeropuerto de Glasgow al bloguero y antiguo diplomático británico Craig Murray a su regreso de Islandia. Después de interrogarlo sobre sus opiniones políticas, la policía le confiscó su teléfono y su ordenador portátil.

Murray voló de regreso a Glasgow después de varios días en Reykjavik, donde asistió a un acto de solidaridad con Palestina y se reunió con representantes de la Campaña Assange, que denuncia la situación del fundador de WikiLeaks. La policía le informó que quedaba detenido para ser interrogado. Luego lo llevaron a una pequeña habitación con tres policías antiterroristas .

La policía británica le advirtió que cometería un delito y sería procesado si se negaba a responder a las preguntas, si no respondía verazmente, si ocultaba información deliberadamente, o si se negaba a proporcionar las claves de acceso de sus dispositivos electrónicos. Después de que su teléfono y su ordenador portátil fueran confiscados, comenzó el interrogatorio.

“Primero me preguntaron sobre la reunión de la campaña de apoyo a Assange”, dijo Murray. “Uno pensaría que me preguntarían quién estaba allí, pero no lo hicieron”, agregó, “creo que ya lo sabían de una forma u otra”.

“Todas las preguntas eran económicas”, dice Murray. La policía quería saber “si estaba recibiendo dinero por mis contribuciones de campaña, si WikiLeaks, Don’t Extradite Assange o la familia de Julian me pagaban”.

“La respuesta fue negativa en todo caso”, explica Murray: “Mis fuentes de ingresos y el origen de mi dinero eran de particular interés para los policías”.

El blog personal del diplomático también interesó a la policía, que le preguntó a Murray si alguien más tenía acceso a él, podía publicar contenidos y ​​si alguien -además de él- era el autor de alguna de sus entradas. Murray dijo que no le preguntaron por ningún artículo en concreto.

Un bloguero independiente acusado de ‘terrorismo’

Las preguntas sobre el acto de solidaridad con Palestina al que asistió en Islandia fueron igualmente confusas. La policía quería saber por qué Murray había ido a la protesta. “Una pregunta extraña para hacerle a alguien que está en una protesta”, respondió. Sin embargo, aclaró que acudió porque era amigo de uno de los oradores, el antiguo ministro de Interior islandés.

La policía le pidió detalles sobre el contenido de los discursos de los distintos oradores, información que no pudo proporcionarles porque no habla islandés. Cuando le preguntaron si tenía intención de asistir a otras protestas en favor de Palestina en Gran Bretaña, respondió que “probablemente”.

La pregunta más inquisitorial fue: “¿Cómo decido si debo participar en una convocatoria?” La respuesta fue: “Lo hago en función de quién organiza el acto”. En el caso de Islandia, continúa Murray, “era el Comité de Solidaridad Palestina, así que estaba seguro de que estaba en buenas manos”.

Sin embargo, el embajador quedó sorprendido por la pregunta. “Mi abogado nunca había escuchado esa pregunta durante un interrogatorio”, dijo Murray, añadiendo que “la policía tiene una fotografía de vigilancia mía muy cerca de alguien a quien consideran como un ‘terrorista’”.

“Si vas a una manifestación donde hay 200.000 personas, ¡no puedes saber quiénes son todos!”, añade Murray que, desde entonces, ha consultado a abogados, quienes le informaron que, según la Ley contra el Terrorismo de 2000, bajo la cual fue interrogado, tendría derecho a consultar con un abogado si el interrogatorio duraba más de una hora.

Tras una hora de interrogatorio, los policías lo dejaron marchar, pero no le devolvieron su teléfono ni su ordenador. “Estoy acostumbrado a que espías británicos y estadounidenses tengan acceso a mis ordenadores”, dijo Murray.

Durante un viaje a Alemania a finales del año pasado, dos ordenadores suyos fueron robados en diferentes lugares. El segundo ordenador lo compró sobre la marcha para reemplazar al primero. Los robos fueron “probablemente” llevados a cabo por “servicios de seguridad”, una interpretación reforzada por el hecho de que el primer ordenador portátil estaba metido en una bolsa que contenía una gran suma de dinero en efectivo. Inexplicablemente los ladrones ignoraron el dinero y se quedaron con lo demás.

Interrogado por la policía antiterrorista sobre el contenido de su ordenador, Murray afirma haber revelado que el dispositivo contenía copias de correos electrónicos privados del miembro del Partido Nacional Escocés, Stewart McDonald.

Un golpe con un garrote para romper una nuez

En abril la policía antiterrorista británica también detuvo al editor y activista político francés Ernest Moret, que había encabezado las protestas de París contra las reformas neoliberales de Macron. Moret fue detenido bajo la misma legislación antiterrorista que Murray y luego encarcelado por negarse a proporcionar las claves de acceso a sus dispositivos electrónicos. Finalmente estuvo detenido en los calabozos durante casi 24 horas.

En julio un informe de la central antiterrorista británica concluyó que la policía que detuvo a Moret había vertido amenazas “exageradas y excesivas” al afirmar que nunca más podría viajar al extranjero si no les informaba porque le añadirían a las bases de datos de “terroristas” de los servicios de inteligencia internacionales.

El informe también dice que la policía lo interrogó ilegalmente sobre las conversaciones confidenciales que tuvo con su abogado durante el interrogatorio.

La legislación antiterrorista “debe usarse con precaución”, afirmó el autor del informe, quien comparó el abuso de la legislación por parte de la policía para interrogar a Moret con “el uso de un mazo para romper una nuez”:

“Esta fue una investigación de orden público para la cual nunca se pretendió utilizar poderes antiterroristas”, señala el informe, que concluye que “los derechos a la libertad de expresión y protesta son demasiado importantes en una democracia para permitir que se investigue a individuos por terrorismo potencial simplemente porque pudieron haber estado involucrados en protestas que se volvieron violentas”.

Pero cuando se trata de llevar a cabo detenciones políticas, la legislación en cuestión no es la única en el arsenal de los oficiales británicos. El informe no hace referencia a la Ley de Fronteras y Lucha contra el Terrorismo de Reino Unido de 2019, que permitió la detención de Moret en el aeropuerto de Londres, en mayo pasado. La ley otorga a las autoridades amplios poderes para investigar los asuntos personales y profesionales de los disidentes.

La Ley de Fronteras y Lucha contra el Terrorismo considera que una persona está al servicio de potencias extranjeras “hostiles” sin siquiera saberlo o tener intención de hacerlo, o sin los poderes para hacerlo. En julio de este año fue reforzada por la nueva ley de seguridad nacional.

Cualquiera que haya agitado la seguridad nacional de Reino Unido y planee viajar al país debe tener cuidado con lo que guarda en sus dispositivos. Como alardeó uno de los policías que detuvieron a Moret, Gran Bretaña es “el único país donde las autoridades pueden descargar y conservar información de dispositivos privados para siempre”.

El Estado tiene derecho al secreto pero no los periodistas

Los países europeos y la propia Unión Europea marchan hacia el fascismo de manera acelerada, como se está viendo desde los confinamientos. Las banderas palestinas están probibidas y las manifestaciones de solidaridad también.

La libertad de expresión ha desaparecido y la Unión Europea presiona a las empresas tecnológicas para que censuren los contenidos de las derdes sociales. El periodismo nunca había caído tan bajo. Los reporteros indpendendientes son perseguidos, mientras los gacetilleros y los farsantes inundan las pantallas.

El 19 de septiembre la policía francesa llevó a cabo un registro en el domicilio de la periodista Ariane Lavrilleux, que trabaja para Disclose. El secreto profesional ya no existe y la policía se lleva correos electrónicos, documentos de trabajo e incluso notas escritas a mano.

Como en el caso de Assange, los medios se callan como perros. El juez avala el registro porque “está justificado por un imperativo de interés público”. Es la sacrosanta “defensa nacional”. El Estado tiene derecho al secreto, pero no los periodistas. En otras palabras, un Estado tiene derecho a hacer lo que le de la gana, dentro y fuera de la ley, siempre que nadie se entere.

A la periodista la detienen, así como a un antiguo soldado, acusado de ser el informante. La investigación se inicia en enero de 2021 con dos denuncias presentadas por el Ministerio de las Fuerzas Armadas porque un artículo de la periodista permite la identificación de agentes de inteligencia, dice el fiscal.

El artículo afirmaba que la Operación Sirli del espionaje francés, iniciada en febrero de 2016 en colaboración con Egipto y en nombre de la “lucha contra el terrorismo”, había sido utiliza por el gobierno egipcio para llevar a cabo ataques aéreos contra contrabandistas en la frontera entre Egipto y Libia.

Para entender el contexto hay que tener encuenta la guerra en Libia, donde Egipto apoya a una de las facciones en disputa. La ONU impone un embargo de armas en el país y Egipto cuida de que no lleguen armas a los adversarios… mientras arma a los suyos.

El tránsito de armas a Libia es contrabando y Egipto pide ayuda a Francia y a sus espías e una misión que, inicialmente, es sólo para obtener información… pero acaba en una operación de guerra contra el bando adversario (*).

Según documentos obtenidos por Disclose, las fuerzas francesas estuvieron involucradas en al menos 19 bombardeos contra civiles entre 2016 y 2018 en la frontera entre Libia y Egipto. Además de Egipto, que hace intermediario, también Francia ha tomado partido en la Guerra de Libia y participa en matanzas contra civiles.

Eso es lo que los policías, los jueces y los fiscales franceses no quieren que trascienda para seguir engañando al mundo entero.

(*) https://www.lepoint.fr/monde/l-egypte-detourne-une-aide-militaire-francaise-paris-ferme-les-yeux-21-11-2021-2453061_24.php

Sindicalistas por la amnistía total

En los últimos años, la represión en el Estado español no ha dejado de aumentar. El independentismo catalán ha sido uno de los sectores más perseguidos, con más de 4000 procesados. Pero también centenares de sindicalistas (como los obreros del metal en Cádiz o los compañeros de la hostelería de CNT Gijón de la “Pastelería La Suiza”, entre otros), activistas por la vivienda, jóvenes antifascistas (como los “6 de Zaragoza”), periodistas, raperos como Hasel, ambientalistas y migrantes han sido detenidos, enjuiciados y condenados por movilizarse, por delitos de opinión o perseguidos por no tener papeles.

Esta ha sido la respuesta de los diferentes gobiernos a la protesta social y las disidencias políticas que cuestionaban el régimen. Una escalada represiva que nos golpea especialmente como clase trabajadora, nos quieren paralizados y sumisos para seguir descargando sobre nuestros hombros sus crisis.

En estas semanas, las negociaciones para la investidura han puesto la cuestión de la amnistía en el foco del debate político estatal. La derecha llama a movilizaciones reaccionarias en clave españolista contra ella. Pero el PSOE y Sumar ya han dejado claro que niegan el derecho a decidir y que no están dispuestos más que a una amnistía parcial que dejaría intactas la mayor parte de las causas y condenas de luchadores y represaliados. Junts y ERC se pliegan una vez más a este mercadeo de derechos.

Los abajo firmantes, activistas del movimiento obrero de diferentes organizaciones, consideramos que no podremos enfrentar la ofensiva de la derecha y lograr una amnistía real por medio de negociaciones antidemocráticas a espaldas de todas y todos los luchadores, y mucho menos, excluyéndolos de la amnistía. Solo con la unidad y por medio de una movilización independiente podremos conseguirlo, y no con la pasividad y las negociaciones por arriba que nos quieren imponer las burocracias políticas y sindicales.

Por ello, consideramos que es urgente que todos los sindicatos, junto a las organizaciones sociales y los movimientos democráticos, llamemos juntos a salir a la calle en todo el Estado para pelear por:

  • una amnistía total para todas las personas represaliadas por luchar, perseguidas por sus ideas, militancia política o encerradas en los CIE
  • contra toda amnistía para los policías represores y por el fin de su impunidad
  • en defensa del derecho a la autodeterminación de Catalunya y el resto de las naciones que integran el Estado español

—https://sindicalistasxamnistia.wordpress.com/about-2/

Presionan al Tribunal Penal Internacional para que ordene la detención de Lukashenko

Se acumulan las presiones sobre el Tribunal Penal Internacional para que emita una orden de detención contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko en el fraudulento asunto de los niños “deportados” por Rusia para alejarlos de las zonas de combate.

El 17 de marzo el Tribunal Penal Internacional emitió una orden de detención contra el Presidente ruso y la Defensora de la Infancia por las “deportaciones” de niños de las zonas de guerra.

Ni Rusia ni Bielorrusia reconocen la competencia del Tribunal Penal Internacional, por lo que se trata de propaganda para consumo de los medios, más que de un acto propiamente jurídico.

A finales de junio Pavel Latushka, antiguo ministro de Cultura de Bielorrusia, declaró a los medios occidentales que Lukashenko ayudaba a Rusia y, en particular, acogía a niños evacuados de las zonas de combate.

Envió documentos al Tribunal para que pudiera procesar a Lukashenko. Los documentos indican lo mismo que se ha llevado a cabo en todas las guerras: la evacuación de más de 2.100 niños ucranianos de al menos 15 ciudades ocupadas por Rusia.

Lukashenko aprobó la llegada de los niños a su país, según la denuncia. Latushka expresó su esperanza de que los documentos impulsaran al Tribunal a emitir una orden de detención contra Lukashenko, como lo hizo contra Putin.

Por el momento, la fiscalía no ha acusado recibo de la llegada de ningún documento de Latushka, pero la campaña sigue su curso y el Parlamento Europeo se ha apuntado a la farsa: “Según el servicio de prensa del parlamento, los miembros del Parlamento Europeo que pidieron al Tribunal Penal Internacional que emitiera una orden de arresto contra el presidente bielorruso creen que Bielorrusia es responsable de los daños causados ​​y los crímenes cometidos en Ucrania, en particular por el papel del régimen en las transferencias ilegales de niños”.

La Unión Europea sólo admitirá un pensamiento uniforme y uniformado

El viernes entró en vigor en la Unión Europea la Ley de Servicios Digitales, un instrumento más al servicio de la censura.

La Comisión Europea presentó en 2020 la “Ley de Servicios Digitales”, con dos reglamentos destinados oficialmente a “regular” internet.

El primero pretende afrontar los retos que plantean los gigantescos monopolios tecnológicos, empezando por los más conocidos: Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Se presenta como si estuviera dirigido contra el dominio de los monopolios sobre sectores enteros de la economía digital y, a partir de ahí, sobre la economía en su conjunto.

Pero hay otro objetivo más concreto, ideológico, que se presenta con el pretexto de la lucha contra “el odio” y la “desinformación” en línea.

La Unión Europea aprovecha la oportunidad para limitar la libertad de expresión de los medios independientes, particularmente en el área de lo que la Unión Europea llama “desinformación”, que es aquella que escapa de la ideología dominante.

En definitiva, la nueva ley tiene como objetivo combatir a aquellos a quienes la Unión Europea identifica como sus enemigos, internos y externos. Los monopolios digitales tienen el deber de cooperar para cesurar los contenidos etiquetados como “odiosos”.

Ambos aspectos están vinculados en los planes de los miembros de la Comisión Europea y, en particular, de Thierry Breton, comisario europeo del Mercado Interior.

El hilo conductor de la ley es: sólo lo que está autorizado fuera de línea debe autorizarse en línea. Todo contenido ilegal se debe eliminar de internet: falsificación, antisemitismo, pornografía infantil, amenazas de muerte o venta de drogas. El contenido de odio, la amplificación de la violencia verbal y física y la desinformación deben identificarse como tales y tratarse en consecuencia.

Entonces, la desinformación sobre la pandemia procedente de los gobiernos europeos, como los confinamientos, declarados ilegales en España, entrarían en el marco de la ley.

Ciertamente no va a ser así ya que se trata de desinformación oficial, es decir, propaganda ideológica destinada a intoxicar a intimidar a la población.

La Unión Europea privatiza la censura y pone la eliminación de un derecho constitucional en manos de los monopolios tecnológicos. Las redes sociales tienen la obligación de “moderar” los contenidos y Amazon debe impedir la venta de ciertos libros.

Además, las plataformas digitales, en particular Twitter, Facebook y Google, tienen la obligación de ser transparentes en cuanto a la forma en que los algoritmos imponen su publicidad.

La Comisión Europea quiere que la población piense correctamente, vote correctamente, se exprese correctamente y consuma correctamente. Es una verdadera declaración de guerra contra las libertades de los europeos.

Filipinas aprovecha el hambre para probar los documentos de identidad digitales

Filipinas está probando un documento de identidad digital de la población (PhilSys) mediante la distribución de vales de comida a los más pobres. El país insular planea usar PhilSys y su tarjeta de identificación PhilID para acelerar la transformación digital de los servicios públicos y la distribución de beneficios sociales.

“El sistema de identificación nacional estará en el corazón de esta red de servicios públicos transformada digitalmente. Cambiará fundamentalmente la vida de cada filipino. Con una tasa de registro total del 87 por cien, ahora estamos cerca de tener nuestra propia base de datos digital completa, precisa y fiable para toda la población”, ha dicho el Presidente Ferdinand Marcos.

El gobierno ha lanzado un programa de cupones para alimentos llamado Walang Gutom 2027 en un distrito de Manila. Está probando la integración de la identificación digital con los beneficios sociales a los más pobres. En julio la Oficina de Estadística firmó un memorando de entendimiento con el Sistema de Seguridad Social para adoptar PhilSys en los servicios de la Seguridad Social.

El fichero PhilSys también se ha integrado en una base de datos de beneficiarios de la asistencia social denominada Sistema Nacional de Focalización de Hogares para la Reducción de la Pobreza o Listahanan.

Otras instituciones públicas también han prometido su apoyo a ePhilID, la versión digital de la tarjeta PhilID, incluido el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD), el Departamento de Relaciones Exteriores y el Banco Central de Filipinas. El DSWD ha establecido una base de datos central de mendigs que viven en la calle utilizando datos biométricos.

Más de 80 millones de personas se han registrado para obtener su identificación. Alrededor de 36 millones recibieron tarjetas físicas, mientras que 40 millones recibieron la versión electrónica. Sin embargo, la emisión de tarjetas se ha ralentizado ya que el país necesita más capacidad para imprimirlas.

—https://www.biometricupdate.com/202308/philippines-id-system-expands-across-government-agencies-and-social-benefit-programs

La policía francesa considera el cifrado de las comunicaciones como ‘terrorismo’

En Francia siete personas fueron acusadas en 2020 de “asociación de malhechores con propósitos terroristas”. Así comenzó el “Caso 8 de Diciembre”, cuyo juicio está previsto para el mes de octubre. Será el primer juicio “antiterrorista” contra grupos izquierdistas franceses desde hace un tiempo.

El Estado francés ha sido condenado por mantener en aislamiento en la cárcel al principal acusado durante 16 meses, del que sólo fue liberado tras una huelga de hambre de 37 días. Se ha presentado una segunda denuncia, pendiente de juicio, contra los repetidos cacheos ilegales a los que fue sometido otro de los acusados durante su detención preventiva.

Los acusados denuncian un juicio político, una investigación sesgada y falta de pruebas. La fiscalía ha convertido hechos triviales y cotidianos en delitos graves. Califica como “prueba” las prácticas digitales de los acusados y, sobre todo, el uso de sistemas de mensajería cifrados. Es una ficción de “clandestinidad” que, a su vez, “demuestra” la existencia de un “plan terrorista”, aunque la policía reconoce que tras diez meses de vigilancia intensiva no ha identificado ningún plan preciso.

“Todos los miembros de este grupo eran especialmente desconfiados, sólo se comunicaban entre ellos utilizando aplicaciones cifradas, en particular Signal, y crifrando sus soportes informáticos”, asegura la DGSI (Dirección General de la Seguridad Interior).

Sin embargo, en 2015 el relator de la ONU destacó la importancia del cifrado para la defensa de los derechos fundamentales y en 2020 la Comisión Europea recomendó a su personal que instalara Signal para sus comunicaciones.

Organizar y participar en cursos de formación sobre buenas prácticas informáticas y la simple conservación de documentación técnica “demuestran” que los acusados tienen un proyecto criminal. Lo mismo ocurre con el cifrado de los soportes digitales, como discos duros, o el uso de aplicaciones como Signal, WhatsApp, Wire, Silence o ProtonMail para cifrar las comunicaciones, el uso de herramientas para proteger la intimidad en internet, como un VPN, Tor o Tails, la protección contra la explotación de los datos personales por parte de las multinacionales tecnológicas a través de servicios como /e/OS, LineageOS y F-Droid.

Hay buenas y malas prácticas digitales. Las buenas son las que dejan al aire la intimidad del usuario y la malas las que protegen un derecho constitucional. La policía es el organismo encargado de separar a unas de otras.

La relación entre las malas prácticas digitales y el “terrorismo” aparece en la nota de los servicios de inteligencia que está en el origen del caso. En el documento, en el que la DGSI solicita la apertura de la investigación, se lee: “Todos los miembros contactados adoptaron un comportamiento clandestino, con una mayor seguridad de los medios de comunicación (aplicaciones cifradas, sistema operativo Tails, protocolo TOR que permite la navegación anónima en internet y wifi públicas)”.

Es una frase que aparece muchas veces en el sumario. Redactada por la DGSI, será repetida por los fiscales y magistrados, en una absoluta demostración de falta de independencia y servilismo hacia la policía política.

Conspiradores, delincuentes y terroristas

Desde el principio, la confusión interesada entre el cifrado y la clandestinidad sirvió para justificar métodos de vigilancia muy intrusivos, como las escuchas de locales privados. La DGSI los considera necesarios para vigilar a “personas sospechosas de poseer teléfonos” que “utilizan aplicaciones cifradas para comunicarse”.

Tras su detención, interrogan sistemáticamente a los acusados sobre el uso de herramientas de cifrado y les piden que se justifiquen sus prácticas informáticas: “¿Utiliza mensajería cifrada (WhatsApp, Signal, Telegram, ProtonMail)?”, “Para sus datos personales, ¿utiliza un sistema de cifrado?”, “¿Por qué utiliza este tipo de aplicaciones de cifrado y anonimato en internet?”. La supuesta relación entre cifrado y delincuencia es clara: “¿Ha hecho algo ilegal en el pasado que requiriera el uso de cifrado y protección?”, “¿Intenta ocultar sus actividades o tener mayor seguridad?”. En total, hay más de 150 preguntas relacionadas con las prácticas digitales de los acusados.

La asociación entre el cifrado y la clandestinidad se repite en los principales documentos que la Policía Nacional Antiterrorista (PNAT) presenta en el sumario. Incluso dedica un capítulo entero a enumerar los “medios seguros de comunicación y navegación” dentro de una sección titulada “Acciones conspirativas”. En más de cuatro páginas, repasa el uso por parte de los acusados de mensajería cifrada y otras medidas de protección de la privacidad. La aplicación Signal está especialmente en el punto de mira.

“Todos los protagonistas del caso se caracterizaban por un culto al secreto y una obsesión por la discreción tanto en sus intercambios como en su navegación por internet. La señal de la aplicación cifrada era utilizada por todos los acusados, algunos de los cuales se comunicaban exclusivamente [subrayado en el texto] por este medio”, dice la PNAT.

Como el habitual, el juez de instrucción le sigue la corriente a la policía sin pestañear, haciendo un inventario exhaustivo de las herramientas de cifrado que cada uno de los acusados utiliza: “Admitió ante los investigadores haber utilizado la aplicación Signal”, “No negó haber utilizado la aplicación cifrada Signal”, “Admitió también haber utilizado las aplicaciones Tails y Tor”, “Utilizó la red Tor […] para acceder a sitios ilegales”…

Los derechos son delitos

Lo mejor es ser un ignorante porque, además del cifrado de las comunicaciones, los conocimientos informáticos también incriminan. Son “peligrosos”. El informe de la DGSI destaca que uno de los acusados tiene “sólidos conocimientos informáticos y de comunicaciones cifradas” y, en consecuencia, las “aptitudes necesarias para llevar a cabo acciones violentas”.

Aunque no es un experto informático ni está versado en el cifrado de las comunicaciones, el juez instructor señala que había “instalado en sus ordenadores el sistema operativo Linux con un sistema de cifrado”, lo cual es una estupidez judicial: durante la instalación de Linux se hace esa pregunta y basta aceptar para convertir al usuario en un peligroso delincuente.

La simple posesión de documentación informática también se considera una prueba incriminatoria. Entre los documentos incautados tras las detenciones, y ampliamente comentados, figuran notas manuscritas relativas a la instalación del sistema operativo /e/OS en las que se mencionaban diversas aplicaciones de protección de la vida privada (GrapheneOS, LineageOS, Signal, Silence, Jitsi, OnionShare, F-Droid, Tor, RiseupVPN, Orbot, uBlock Origin, etc.).

En el acta en el que analiza esos documentos, un policía da una pirueta en el aire: “Estos elementos confirman [un] deseo de vivir en la clandestinidad”. Es la absurda fórmula de la PNAT: “Estos escritos eran una guía para utilizar el teléfono de forma anónima, lo que confirma el deseo de […] de vivir en la clandestinidad y ocultar sus actividades”.

En otro lugar, la DGSI escribe que “la presencia de documentos relativos a la codificación de datos informáticos o móviles [en un registro] demuestra una voluntad de comunicarse por medios clandestinos”.

Lo mejor es ser un inepto en informática

La criminalización de los conocimientos informáticos va acompañada de un ataque a la transmisión de los mismos. Uno de los acusados “no se conformaba con utilizar estas aplicaciones [de protección de la intimidad], sino que enseñaba a quienes le rodeaban a hacerlo”. Esta frase de la policía la repite, palabra por palabra, el juez de instrucción.

Toda una sección del atestado policial, titulada “Formación en medios seguros de comunicación y navegación”, está dedicada a criminalizar las “criptofiestas” o sesiones dedicadas a la divulgación de habilidades informáticas, las aplicaciones abiertas y la formación en ciertas técnicas digitales específicas, como las que contribuyen a la protección de la vida privada en internet, la seguridad de los datos personales.

Por ejemplo, la policía asegura que es crimen la convocatoria de un taller para presentar Tails, un sistema operativo de uso público muy popular entre periodistas y personas que defienden las libertades civiles. Según la PNAT, durante el cursillo uno de los acusados “les equipó con aplicaciones seguras y les introdujo en el uso de medios de comunicación y navegación por internet cifrados, con el fin de garantizar su anonimato e impunidad”.

Para la policía francesa los derechos son delitos. Por eso relacionan la intimidad con la impunidad, que siempre ha sido la máxima aspiración de la policia: transparencia total para vigilar a los ciudadanos.

Según la policía, la organización de cursillos sobre informática demuestra “la participación en un grupo constituido […] con vistas a preparar actos de terrorismo”. Los responsables son tanto los que los convocan (“formándoles en medios seguros de comunicación y navegación por Internet”), como los que acuden a ellos para formarse (“siguiendo una formación en medios seguros de comunicación y navegación por Internet”).

La policía preguntó sistemáticamente a los familiares de los acusados si les habían recomendado el uso de herramientas de cifrado: “¿Les sugirieron que se comunicaran juntos utilizando mensajería cifrada?”, “¿Les pidieron que instalaran Signal?”

Una respuesta fue especialmente inspiradora para la PNAT, que no vacila en escribir: “Convenció a su madre para que utilizara métodos de comunicación no aceptables, como la aplicación Signal”.

Los ultraizquierdistas que luchan contra los monopolios digitales son sospechosos

Para la policía francesa, uno de los síntomas de que una persona se ha radicalizado es que se opone a los monopolios digitales, conocidos por el acrónimo GAFAM. Entre las preguntas que formulan a los acusados figuran: “¿Es usted anti-GAFAM?”, “¿Qué opina de GAFAM?” y “¿Tiene alguna reserva sobre las tecnologías de la comunicación?”

Esas preguntas están relacionadas con un informe de la DGSI titulada “El movimiento de ultraizquierda”, según la cual sus miembros demuestran “una gran cultura del secreto […] y una cierta reserva en lo que respecta a la tecnología”.

La DGSI está especialmente interesada en el sistema operativo /e/OS para teléfonos móviles. Según la PNAT, un acusado había preguntado por “un nuevo sistema operativo llamado /e/ […] que garantiza a sus usuarios total privacidad y confidencialidad”.

Es otra de las típicas manipulaciones policiales: que una persona no recurra a los servicios de Microsoft o Google no implica confidencialidad. Pero el truco no falla. Es como la pescadilla que se muerde la cola: como los acusados cifraban sus comunicaciones, no tenemos pruebas de nada, reconoce la policía. En un caso así lo mejor es convertir el secreto, o sea, la nada, en la prueba de todo.

En fin, como en los tiempos medievales, las sospechas han sustituido a las pruebas.

La criminalización de la solidaridad con Palestina gana terreno en Europa

La simpatía creciente por el movimiento Boicot, Sanciones y Desinversión (BDS) ha obligado a los gobierno europeos a reaccionar contra la causa palestina y en apoyo a un Estado acusado de apartheid.

El 3 de julio el Parlamento británico aprobó una ley que castiga a los opositores de la política israelí. La represión también ha cobrado impulso en Alemania y otros países europeos. La solidaridad con la causa palestina se está convirtiendo en el objetivo de una legislación represiva que en Israel coincide con un gobierno dominado por personajes que no ocultan su condición de racistas antipalestinos.

Los sionistas se están aprovechando de la adopción en Europa de la definición de antisemitismo desarrollada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que conduce a amordazar las críticas a Israel, sean cuales sean los crímenes de los que ese Estado puede ser culpable.

En 2019 los parlamentarios alemanes aprobaron una resolución no vinculante denunciando el movimiento BDS, describiendo sus métodos como antisemitas y recordando los llamados a boicotear a los judíos del III Reich. La resolución establece que Alemania se opone a la difamación de los judíos o el cuestionamiento de su derecho a existir, así como “el derecho a la autodefensa del Estado judío y democrático de Israel”.

Los tres principales partidos políticos alemanes, el Partido Socialdemócrata, la Unión Demócrata Cristiana y los Verdes aproyaron la ley.

De 1945 a 2018 el gobierno alemán pagó alrededor de 86.800 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas y supervivientes del genocidio judío, a lo que añadió obligaciones morales, en beneficio sobre todo de Israel.

Para los partidarios de Palestina, el clima se ha deteriorado últimamente. En los últimos años, el espacio para la defensa de Palestina en Alemania se ha reducido. El discurso pro-palestino calificado automáticamente como antisemita, y tras la aprobación de la resolución anti-BDS en el parlamento alemán en 2019, las instituciones federales comenzaron a declarar antisemitas todas las acciones que apoyan el movimiento de boicot. Esto ha permitido que universidades, gobiernos regionales e instituciones públicas nieguen a los palestinos el derecho a la libertad de expresión y reunión.

Tras la adopción “no vinculante” de la ley que designa al movimiento BDS como antisemita, el director del Museo Judío de Berlín, Peter Schäfer, investigador en estudios judíos, tuvo que dimitir, presionado de los cabecillas del gobierno israelí y la comunidad judía de Alemania, quienes acusaron al museo de participar en actividades anti-israelíes y anti-judías.

Un tuit del museo del 6 de junio respaldando un artículo del diario progresista Die Tageszeitung que informaba sobre una carta firmada por 240 académicos judíos e israelíes rechazando la idea de que el BDS es antisemita.

Las consecuencias son obvias: en Alemania muy pocos se atreven hoy a apoyar el boicot a Israel. El 20 de mayo el Tribunal Administrativo Superior de Berlín-Brandeburgo confirmó la prohibición policial de una manifestación celebrada en Berlín para conmemorar la Nakba palestina incitación antisemita de la población, a la glorificación de la violencia, a la transmisión de un voluntad de usar la violencia y por lo tanto a la intimidación y la violencia”.

Se han cancelado varias conferencias recientes en las que hablarían judíos no sionistas, a veces israelíes. En julio de 2022, consternado por las acusaciones de antisemitismo escuchadas tras una conferencia en la que había participado en Alemania sobre la apropiación indebida de la memoria del Holocausto, Avraham Burg, expresidente del parlamento israelí y de la Organización Sionista Mundial, escribió un artículo de opinión publicado por Haaretz:

“¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Israel ha hecho del antisemitismo una poderosa arma diplomática. Su gobierno conservador amplió enormemente el concepto. Toda crítica es antisemita; cualquier oponente es un enemigo; todo enemigo es Hitler; cada año es 1938”.

Francia tiene una dilatada trayectoria de políticas racistas

Tras el asesinato de Nahel Merzouk, un joven francés de 17 años de ascendencia argelina y marroquí, a manos de la policía en el suburbio parisino de Nanterre, los medios han abierto las puertas a los “expertos” en sociología de pacotilla para trasladar el problema a los barrios. El problema no es el “gatillo fácil” sino los disturbios, los asaltos y los saqueos. El problema no es la policía sino los emigrantes que llenan esos barrios.

A diferencia de Estados Unidos, en Francia el racismo no está reconocido. Cuando Argelia era una colonia, los argelinos eran franceses… como los demás. Impera la retórica heredada de la Revolución francesa: igualdad y fraternidad.

Por el contrario, ahora ya no son franceses sino emigrantes, aunque lleven más de medio siglo viviendo en la metrópoli y tengan el pasaporte francés. Los hijos de los emigrantes también son siempre emigrantes, aunque no hayan conocido otra residencia que la de barrios, como Nanterre.

Como los demás países, Francia ha mutilado su propia historia, eliminando el colonialismo y la esclavitud porque eran prácticas reservadas a las “provincias de ultramar”. Pero si los franceses no conocen esa parte de su historia, los colonizados nunca la han olvidado, ni antes ni ahora, cuando las colonias se han trasladado al interior mismo de la metrópoli, a los barrios más pobres de las ciudades.

En 1925 la policía de París creó el Servicio de Asuntos Indígenas Norte-Africanos conocida como “Brigada del Norte de África”, que mantenía una vigilancia reforzada sobre los magrebíes, justificada por su supuesta “naturaleza criminal”, su adhesión al islam y su apoyo a la lucha anticolonial. En otras palabras, en París había que imponer sobre los magrebíes los mismos métodos de represión que en las colonias.

Asaltar reuniones políticas, tratar brutal y groseramente a esta población, en su mayoría pobre, y elaborar un censo racial de París fueron algunas de las actividades de la Brigada. Los servicios sociales franceses trabajaron en estrecha colaboración con la Brigada y como, a pesar del censo, no era fácil diferenciar a un magrebí de cualquier otro vecino del barrio, la represión extendió sus métodos a los latinoamericanos porque “parecían norteafricanos” y, por lo tanto, eran sospechosos de algo.

La Brigada del Norte de África elaboró mapas para identificar dónde vivían los norteafricanos en París y sus alrededores. Ciertos barrios se convirtiero en la diana de la represión, la vigilancia policial reforzada, los controles de identidad y las redadas.

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