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Tras la represión masiva en las calles de Nueva Caledonia, donde cientos de manifestantes fueron detenidos por la policía francesa, la metrópoli se dispone a descabezar el movimiento. Es el comienzo de una represión mucho más selectiva.

Varios dirigentes independentistas de la colonia, entre ellos Christian Tein, han sido detenidos y esta noche los han trasladado en avión a la metrópoli para ser encarcelados preventivamente, anunciaron ayer sus abogados.

La decisión la ha tomado un juez de libertades y detención llamado a pronunciarse sobre la suerte de 7 de los 11 detenidos el miércoles, entre ellos Tein, considerado como el dirigente de la Unidad de Coordinación de la Acción en el Campo (CCAT).

El fiscal Yves Dupas confirmó la decisión, sin proporcionar más detalles, tras las comparecencias a puerta cerrada ante el juez en Numea, capital del archipiélago francés del Pacífico Sur.

Los cargos tampoco se han aclarado. La investigación se centra en particular en las acusaciones de asociación de malhechores, robo a mano armada por parte de una banda organizada e instigación para cometer asesinatos de personas que ostentan cargos públicos.

Tein va a ser encarcelado en Mulhouse, al este de Francia, según su abogado.

Otra acusada, Brenda Wanabo, responsable de comunicación de la CCAT, será encarcelada en Dijon, según su abogado, Thomas Gruet. Madre de tres hijos, el menor de los cuales tiene 4 años, esta dirigente kanaka será separada de su familia.

En cuanto a Frederique Muliava, jefa de gabinete del presidente del Congreso de Nueva Caledonia, Roch Wamytan, será encarcelada en Riom, según su abogada.

Son algunos de los cabezas de turco que van a pagar los platos rotos de las movilizaciones del pasado mes de mayo. “Si se tratara de convertirlos en mártires de la causa independentista, no lo haríamos de otra manera”, comentó el abogado de otro acusado, Gilles Joredie.

Las órdenes de prisión se producen seis semanas después del inicio del levantamiento que sacudió al archipiélago, el más grave desde la de los años ochenta del siglo pasado.

Impulsados ​​por la votación de un proyecto de ley constitucional destinado a alterar el censo electoral caledonio para las elecciones provinciales previstas para finales de este año, los disturbios dejaron nueve muertos, centenares de heridos y daños considerables, con un coste estimado en 1.500 millones de euros, según al último informe.

El levantamiento fue un éxito total. El proyecto de ley que encendió la pólvora fue “suspendido” el 12 de junio por Macron, aprovechado la disolución de la Asamblea Nacional.

En 2004 el Pentágono nombró a la general Janis Karpinski, comandante de la 800 Brigada de la Policía Militar, al frente de las prisiones militares en Irak, entre ellas la de Abu Ghraib. Era una oficial experta en operaciones de inteligencia. Había servido en las fuerzas especiales.

Pareció encantada de ejercer de carcelera y concedió una entrevista al St. Petersburg Times. Dijo que para muchos detenidos de Abu Ghraib, “las condiciones de vida son ahora mejores en prisión que en casa. En un momento temimos que no quisieran irse”.

Un mes después fue amonestada y suspendida de su cargo porque se inició una investigación sobre las cárceles militares, que concluyó con un informe de 53 páginas, que acabó en manos de los medios de comunicación.

Según el informe, entre octubre y diciembre de 2003 en Abu Ghraib se produjeron numerosos casos de “abuso criminal sádico, flagrante y sin sentido”. Fueron perpetrados por soldados de la 372 Compañía de la Policía Militar, así como por miembros de la inteligencia estadounidense:

“Romper lámparas químicas y arrojar líquido fosfórico a los detenidos; arrojar agua fría sobre detenidos desnudos; golpear a los reclusos con una escoba y una silla; amenazar a los reclusos varones con violarlos; autorizar a un guardia de la policía militar a coser la herida de un detenido que había resultado lesionado tras ser golpeado contra la pared de su celda; sodomizar a un recluso con una lámpara química y posiblemente un palo de escoba, y utilizar perros de trabajo militares para asustar e intimidar a los detenidos amenazándolos con atacarlos y, en un caso, morder a un recluso”.

La chusma militar estadounidense encargada de las cárceles estaba tan convencida de su impunidad que no había escondido sus torturas; las había fotografiado, incluso. Pero las fotos y vídeos tomados por los torturadores no se incluyeron en el informe debido a su “naturaleza extremadamente sensible”.

Varias fotografías fueron transmitidas por la cadena CBS. Muestran a la chusma uniformada burlándose de prisioneros desnudos que son obligados a adoptar posturas humillantes.

En una de las fotos más conocidas, la soldado Lynndie England, con un cigarrillo en la boca, hace un gesto con el pulgar hacia arriba y señala los genitales de un joven detenido, desnudo, salvo por una bolsa de arena en la cabeza, mientras se masturba.

También muestran a otros tres prisioneros desnudos y encapuchados con las manos cruzadas reflexivamente sobre los genitales. Un quinto prisionero tiene las manos a los costados.

En otra foto, la torturadora está del brazo de otro soldado, Charles A. Graner. Ambos sonríen y levantan el pulgar detrás de un grupo de unos siete detenidos desnudos, con las rodillas dobladas, apilados torpemente uno encima del otro en forma de pirámide. Otra foto muestra a un grupo de prisioneros desnudos, todavía apilados en una pirámide

Cerca dellos está Graner, sonriendo, con los brazos cruzados. Delante de él hay una mujer soldado, inclinada hacia delante, que también sonríe. Luego hay otro grupo de cuerpos encapuchados, con una mujer soldado parada al frente, tomando fotografías.

Otra fotografía muestra a un prisionero arrodillado, desnudo, sin capucha, con la cabeza momentáneamente apartada de la cámara, posando de tal manera que da la impresión de que está practicando sexo oral a otro prisionero, desnudo y encapuchado.

En Armenia las manifestaciones populares que exigen la dimisión del primer ministro Nikol Pashinian no remiten y son violentamente reprimidas por la policía. Pero los medios de comunicación guardan silencio porque Pashinian se ha convertido en un peón del imperialismo en los Balcanes.

Pashinian es un Zelensky aún más grotesco, si cabe. Entró en guerra con Azerbaiyán para defender el Alto Karabaj, un territorio simbólico para los armenios, porque creyó que la OTAN le apoyaría. No fue así. Fue aplastado por los azeríes, el ejército ruso, que ejercía como fuerza de paz, ha tenido que abandonar la región y Erevan la ha entregado a su peor adversario.

Las manifestaciones comenzaron primero en el Alto Karabaj, con la población bloqueando las carreteras. Ahora las protestas están en las calles de la capital.

Pashinian ha sacado a su país del Tratado de Seguridad Colectiva (Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán) para firmar un acuerdo de cooperación con Estados Unidos. La Guardia Nacional de Kansas adiestará al ejército y la policía armenias.

Rusia, que desde los tiempos soviéticos había defendido la supervivencia del pueblo armenio, deberá desmantelar la base militar que tiene en el país y prepararse para una escalada de provocaciones en el Cáucaso.

Pashinian le da la vuelta a la historia por completo y le asegura a un parlamentario que Bielorrusia (e indirectamente Rusia) había apoyado la guerra desatada por Azerbaiyán en el Alto Karabaj. Por eso no recurrió a los mecanismos de ayuda del Tratado de Seguridad Colectiva, cuyos miembros, añadió, planeaban una guerra contra Armenia, de mutuo acuerdo con Azerbaiyán.

Naturalmente, la única salida era sacar al ejército ruso del Alto Karabaj, abandonar el Tratado y arrojarse en brazos de Estados Unidos.

Pashinian llegó al gobierno en 2018 después de una de esas “revoluciones de colores”, enfundándose en el manto de un “pacifismo” que luego no ha aparecido por ninguna parte.

Ahora las calles de Erevan le devuelven un poco de aquel malestar que le auparon a los despachos oficiales. Esperamos que esta vez le devuelvan a la misma cárcel de la que salió.

Europa no puede dar lecciones a ningún país del mundo sobre derechos ni libertades. Desde el inicio de la masacre de Gaza, las maquinarias represivas del Continente se han puesto en marcha para respaldar y silenciar los crímenes israelíes.

Los fiscales han iniciado decenas de procesos, a menudo seguidos de duras condenas por ejercer el derecho a la libre expresión, o por manifestaciones de solidaridad con la población palestina. También se han prohibido reuniones, conferencias y charlas.

El 19 de abril la policía francesa convocó a un candidato a las elecciones europeas para interrogarle por “apoyar el terrorismo”. Cuatro días después le ocurrio lo mismo al presidente de un grupo parlamentario. También le suspendieron un debate en la Universidad de Lille porque había un “riesgo de alteración del orden público”.

A un dirigente sindical le condenaron a un año de prisión porque su organización distribuyó un folleto considerado “demasiado indulgente” con Hamas. El documento pretendía “reducir la reprobación moral” del ataque del 7 de octubre contra Israel y no incluía “ninguna condena explícita o implícita” del mismo.

Le condenaron no sólo por lo que difundía, sino por lo que no difundía.

El acuerdo de asociación entre Tel Aviv y la Unión Europea no se ha denunciado, ni siquiera suspendido, a pesar de los bombardeos israelíes que han causado cientos de miles de víctimas entre la población de Gaza, muertos (más de 34.000), desaparecidos o heridos, y el bloqueo del suministro de alimentos y medicinas.

Las matanzas israelíes serían imposibles sin la represión en Europa.

Colombia e Israel han disfrutado durante mucho tiempo de estrechos vínculos. Israel proporcionó al país sudamericano equipo militar y entrenamiento. El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez llamó a Colombia el “Israel de América Latina” por su papel como representante de Estados Unidos y plataforma para mantener el control de la región.

En 2013 el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se jactaba de que “si alguien llamara a mi país el Israel de América Latina, estaría muy orgulloso. Admiro a los israelíes y lo consideraría un cumplido”.

El 16 de octubre del año pasado, Colombia exigió que el embajador de Israel, Gali Dagan, abandonara el país. “Al menos pida disculpas y váyase”, dijo el canciller Álvaro Leyva. Se produjo un día después de que Israel detuviera las exportaciones de armas a Colombia.

“Si tenemos que suspender nuestras relaciones exteriores con Israel, las suspenderemos. No apoyamos los genocidios”, dijo el presidente colombiano Gustavo Petro en un mensaje.

La disputa diplomática estalló en respuesta a las duras críticas de Petro a la limpieza étnica de Israel en la Franja de Gaza, en la que comparó al ejército israelí con los nazis. Eso llevó al Ministerio de Asuntos Exteriores israelí a convocar a la embajadora de Colombia, Margarita Manjarez.

Israel hizo en Colombia lo que mejor sabe hacer. Desempeñó un papel clave en la transformación del país latinoamericano en un narcoestado aterrorizado por los escuadrones de la muerte que, en colaboración con el ejército local, cometieron lo que un tribunal colombiano llamó un “genocidio político” contra la Unión Patriótica, un partido político nacido de las negociaciones de paz de 1985 entre el presidente Belisario Betancourt y las FARC.

Petro recordó aquella sangrienta historia cuando rompió lazos diplomáticos con Israel. “Un día el ejército y el gobierno de Israel nos pedirán perdón por lo que sus hombres le hicieron a nuestro país, desencadenando el genocidio. Los abrazaré y llorarán por el asesinato de Auschwitz y Gaza, y por el Auschwitz colombiano”, dijo.

El Presidente colombiano puso dos nombres israelíes a la matanza: “Ni Yair Klein ni Rafael Eithan podrán contar cuál es la historia de la paz en Colombia. Ellos iniciaron la masacre y el genocidio en Colombia”.

Coronel del ejército israelí, Yair Klein fundó la empresa de mercenarios Spearhead, que proporcionaba armas y entrenamiento al ejército sudamericano. Rafael “Rafi” Eithan, del que ya hablamos en otra entrada, era general del mismo ejército, antiguo jefe del Estado Mayor y miembro del Parlamento de Tel Aviv.

El Primer Ministro francés, Gabriel Attal, ha anunciado el envío del ejército a los puertos y al aeropuerto de Nueva Caledonia. Se trata de una medida extrema para responder a una crisis insurreccional, con un saldo de seis muertos y numerosos heridos en una semana de lucha.

Algunos hablan de “guerra civil” y al Primer Ministro lo que le preocupa es “restablecer el orden” y que los manifestantes vuelvan a sus casas. El gobierno prepara la publicación de una circular criminalizadora que promete castigos más severos para los “manifestantes y saqueadores”.

El miércoles Macron impuso el estado de emergencia en el archipiélago, lo que lleva la protesta a su mismo origen, es decir, a la colonización de mediados del siglo XIX.

La represión colonial francesa se gesta en la Revolución argelina de 1954 y al año siguiente inventa el “estado de emergencia” para legalizar la suspensión de los derechos fundamentales de los colonizados y las prácticas policiales represivas.

En los años ochenta del pasado siglo el Frente Kanako y Socialista de Liberación Nacional (FLNKS) boicoteó las elecciones provinciales, lo que dio lugar a un levantamiento insurreccional. La metrópoli respondió con el estado de emergencia, o sea, con la represión pura y dura.

Frente a las movilizaciones anticoloniales, la metrópoli intensifica un grado su réplica acuñando la expresión “terrorismo” para justificar sus ataques a los derechos y libertades fundamentales.

En 1988 siendo Primer Ministro Jacques Chirac y ministro de Interior Charles Pasqua, al FLNKS se le pone la etiqueta de “terrorismo”, que como bien sabemos en España, es lo más parecido que existe al “pecado original”: dura para siempre y se transmite de generación en generación.

El estado de emergencia es un espectáculo político (mediático) y el “terrorismo” una herramienta de intoxicación, lo que en Francia se consagró en 2017 con la ley que aprueba el SILT (sistema interno de seguridad y lucha contra el terrorismo).

El ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, ha pedido a la fiscalía “la mayor firmeza contra los autores de los abusos”. Admitió que estaba considerando la posibilidad de trasladar a los “criminales” detenidos a Francia continental “para que no se contaminen […] las mentes más frágiles”.

¿Quiénes son los “terroristas” y “criminales”? Todos absolutamente. Es algo que no tiene límites, y da lo mismo que las armas estén presentes o preconicen la paz universal, que se trate de organizaciones políticas, de grupos ecologistas o de simples usuarios de las redes sociales.

El Ministro del Interior, Gérald Darmanin, calificó a una organización kanaka, la CCAT (Célula de Coordinación de la Acción sobre el Terreno), de organización “mafiosa”.

La ONU considera a Nueva Caledonia como un territorio a descolonizar. Pero las protestas de Nueva Caledonia no surgieron por la autodeterminación de la colonia sino por un cambio en el censo electoral. Mientras los colonos (caldoches) defienden el cambio, los autóctonos (kanakos) están en contra.

Según dicen los manuales oficiales, la democracia, de la que Francia es estandarte, es un pulso de mayorías y minorías. Lo que no explican es el truco para convertir a una minoría en mayoría, y al revés. Sin embargo, eso es lo básico porque de esa manera la metrópoli, que es quien cambia el censo electoral, gana siempre.

El gobierno de Macron presenta así el cambiazo ante los medios: la reforma amplía los derechos de una parte de la población, autorizando su voto en las elecciones locales. Es un precedente, como si en las elecciones autonómicas de Catalunya pretendieran ampliar el derecho al voto de los turistas o de los emigrantes extranjeros porque eso es lo más democrático que puede haber.

La beligerancia de Macron hacia Rusia le puede salir un poco cara. Le pidió a Putin que respetara la tregua olímpica y el Presidente ruso se ha negado, como es natural. Durante los Juegos Olímpicos de París seguirá habiendo combates en Ucrania.

“Estos principios olímpicos, incluida la tregua olímpica, son muy justos […] Pero pocos países los han respetado en la historia, a excepción de la antigua Grecia”, afirmó Putin al final de su viaje de dos días a China.

Entre unos y otros, a Macron le van a amargar la fiesta que tiene preparada. ¿Qué esperaba? ¿no han exluido a Rusia de los Juegos Olímpicos? Putin dice que como consecuencia de la exclusión, no están obligados a cumplir con los principios del Comité Olímpico Internacional.

“Los funcionarios deportivos internacionales están violando hoy los principios de la Carta Olímpica […] con respecto a Rusia al impedir que nuestros atletas participen en los Juegos Olímpicos bajo su bandera y su himno nacional, pero quieren que cumplamos con las reglas que nos imponen. nosotros”, dijo.

“Para exigir algo a los demás, uno mismo tiene que respetar las reglas”, concluyó.

Macron aseguró que quería “hacer todo lo posible” para lograr una tregua olímpica en todo el mundo durante los Juegos Olímpicos de Paris, que comienzan en junio. Dijo que el presidente Xi Jinping le había brindado su apoyo a principios de este mes.

Xi y Putin se reunieron el jueves en Pekín, pero no discutieron públicamente sobre el asunto, según dicen las fuentes oficiales. No había mucho que discutir. El Presidente chino le transmitió a Putin la petición de Macron, pero ya sabía la respuesta.

Pero Putin le podía haber devuelto la moneda a Macron: ¿se extenderá la tregua olímpica a la policía europea? Porque los Juegos van a ofrecer una oportunidad de oro para la represión más sofisticada: bases de datos, reconocimiento facial, inteligencia artificial….

En la pandemia se ensayaron algunas técnicas novedosas de control social de masas y en los Juegos Olímpicos se probarán otras, además de las ya existentes.

En París se han realizado ensayos para prevenir “ataques terroristas”. En el ejercicio participaron agentes de todas las unidades de fuerzas especiales de la policia francesa.

En marzo la Unión Europea aprobó el primer reglamento que regula la inteligencia artificial (*), redactado en diciembre por la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. El documento prohíbe de los sistemas de vigilancia biométrica en tiempo real, pero deja algunas puertas abiertas, como las típicas del “terrorismo”.

Pero el “terrorismo” no es más que un invento para justificar, entre otras cosas, vigilancias de ese tipo. Por eso se van a ensayar en los Juegos Olímpicos, porque intentan impedir “atentados terroristas”, y cuando los miedos no son creíbles, se preparan las acciones de bandera falsa, que son más viejas que la tos.

Lo mismo que el deporte de masas, en general, los Juegos pretenden ser un modelo de seguridad para el futuro, no sólo en lo que al control social respecta, sino también en el manejo de multitudes y sublevaciones internas de tipo social y político. Por eso, además de los franceses, participarán policías de varios países europeos a fin de comprobar la coordinación con organismos como Interpol, Europol o Frontex.

(*) https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240308IPR19015/artificial-intelligence-act-meps-adopt-landmark-law

En respuesta a las protestas de los estudiantes contra el genocidio israelí en Gaza, respaldado por Estados Unidos, la policía de Estados Unidos ha llevado a cabo ataques violentos y, en muchos casos, con gases lacrimógenos contra los campamentos instalados en las universidades.

Además de ser detenidos, muchos estudiantes pueden ser expulsados de la universidad por participar en las protestas.

Desde detención inicial de 108 estudiantes del campamento de solidaridad con Gaza en la Universidad de Columbia el 18 de abril, la policía estadounidense ha detenido a más de 2.800 manifestantes o más de 2.900, según otros recuentos.

Sin embargo, las violentas redadas policiales contra los campamentos no se limitan a Estados Unidos. Varias personas fueron detenidas en el campamento de la Universidad de Calgary, en Alberta, Canadá, el jueves de la semana pasada. La policía antidisturbios disparó “municiones no letales” y gases lacrimógenos contra una multitud de unos de 200 manifestantes acampados.

Alrededor de las 4 de la madrugada del viernes, la policía invadió el campamento del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Boston. La policía del campus, asistida por la policía estatal de Massachusetts, detuvo al menos a 10 estudiantes. Otras nueve personas fueron detenidas la noche anterior mientras protestaban dentro de un aparcamiento del campus.

Al igual que otras universidades, un número indeterminado de estudiantes del MIT han sido expedientados por participar en protestas contra el genocidio de Gaza. Un estudiante ha denunciado que ha perdido su vivienda y sus ingresos después de ser expedientado por la universidad.

Sally Kornbluth, rectora del MIT, junto con Claudine Gay de Harvard y Elizabeth Magill de la Universidad de Pensilvania, testificaron ante el Congreso sobre el supuesto “aumento del antisemitismo” en las universidades tras el inicio de la guerra en Gaza. Si bien Gay y Magill dimitieron tras su testimonio, Kornbluth siguió siendo rectora.

Antes de la redada policial, Kornbluth amenazó con tomar medidas para poner fin a una situación “que ha perturbado nuestro campus durante más de dos semanas”. Aunque todavía no ha sido desmantelado, el único campamento que queda actualmente en Boston es el de Harvard. Para presionar a los organizadores del campamento para que lo desmantelen, la universidad comenzó a expedientar a los estudiantes que participaban en la protesta.

El Comité de Solidaridad Palestina de Harvard dijo el viernes que los expedientes entraron en vigor inmediatamente. “Los estudiantes ahora corren el riesgo de que se les revoquen sus diplomas, sean expulsados, tengan inseguridad alimentaria y sean deportados”.

Una estudiante de doctorado de quinto año en Harvard, dice que la universidad la ha suspendido por su papel en el campamento.

Decenas de policías antidisturbios detuvieron a 33 manifestantes contra el genocidio en la Universidad de Pensilvania el viernes por la tarde. Una antigua alumna de la Universidad de Pensilvania que estuvo en el campamento dijo que la redada fue repugnante. “Ver policías con equipo antidisturbios y porras en un campus universitario es un espectáculo inquietante”.

Al menos seis estudiantes han sido suspendidos por la universidad por participar en el campamento.

El jueves, al menos dos profesores fueron detenidos por la policía en un campamento en la Universidad de Arizona. El campamento de Tucson, organizado por estudiantes contra el apartheid, es el segundo establecido en la universidad, después de que el primero fuera desmantelado violentamente por la policía el 1 de mayo.

La policía irrumpió en el campamento y desplegó generosamente municiones “no letales” para atacar a los estudiantes. No está claro cuántas personas, incluidos estudiantes y profesores, fueron detenidas durante el asalto policial. No obstante, la Universidad de Arizona emitió un comunicado apoyando plenamente a la policía: el rector de la universidad hace gala de “tolerancia cero”.

Las detenciones masivas y los ataques a los estudiantes no han impidido la formación de campamentos contra el genocidio y manifestaciones contra la guerra. Un análisis realizado por el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) asegura que las protestas pro palestinas que involucran a estudiantes en Estados Unidos casi se han triplicado en un mes.

También en Israel se han convocado manifestaciones contra el genocidio de Gaza. La semana pasada estudiantes y profesores de la Universidad de Haifa realizaron una manifestación a favor del alto el fuego y el fin de la guerra. Un manifestante sostenía un cartel que decía “Alto al genocidio”.

Un cirujano palestino que fue director del departamento de ortopedia del complejo médico Al Shifa en Gaza, Adnan Al Birsh, fue torturado hasta la muerte en una prisión israelí y falleció el 19 de abril.

Según un comunicado de la Sociedad de Prisioneros Palestinos, el doctor Al Birsh, de 50 años, murió en la prisión de Ofer, una prisión en Cisjordania dirigida por carceleros israelíes.

Según la Comisión de Asuntos Civiles Palestinos, los israelíes retienen su cuerpo. La Asociación de Prisioneros Palestinos califica como “asesinato” la muerte del médico en la cárcel.

El doctor Al Birsh, que era un destacado cirujano en Al Shifa, el hospital más grande de Gaza, estaba trabajando en el Hospital Al Awada en el norte de la Franja de Gaza, cuando fue secuestrado por las tropas israelíes.

El 19 de abril, el Servicio Penitenciario de Israel lo declaró muerto, diciendo que estaba detenido por “razones de seguridad nacional”. En su comunicado de prensa, la cárcel no proporcionó detalles sobre la causa de la muerte. Un portavoz del servicio penitenciario aseguró que se estaba llevando a cabo una investigación.

Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, dijo el jueves que estaba “extremadamente alarmada” por la muerte del cirujano palestino. “Insto a la comunidad diplomática a tomar medidas concretas para proteger a los palestinos. Ningún palestino está hoy a salvo bajo la ocupación israelí”, escribió.

Desde el 7 de octubre, cuando Israel lanzó su campaña de bombardeos contra la Franja de Gaza, el ejército israelí ha llevado a cabo más de 435 ataques contra instalaciones médicas en el asediado enclave palestino, matando al menos a 484 personas del personal médico, según cifras de la ONU.

Sin embargo, las instituciones sanitarias de Gaza dijeron en un comunicado que la muerte del doctor Al Birsh elevó a 496 el número de profesionales médicos muertos en los ataques contra Gaza.

Las organizaciones de prisioneros palestinos informan que el ejército israelí ha detenido a más de 8.000 palestinos sólo en Cisjordania desde el 7 de octubre. De ellos, 280 son mujeres y al menos 540 son niños.

Poco antes de su secuestro Al Birsh fue entrevistado por la cadena Al Yazira:

En marzo la profesora Nadera Shalhoub-Kevorkian fue suspendida por la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde es docente. Al mes siguiente la policía la detuvo por “incitacion contra el Estado de Israel”. Luego un tribunal israelí dictaminó que su detención fue ilegal.

La liberaron con la condición de que, además de pagar la fianza, debería someterse a nuevos interrogatorios a puerta cerrada y sin la presencia de un abogado.

En fin, nada nuevo ni diferente del terrorismo de Estado que caracteriza al Estado de Israel desde su nacimiento.

La Universidad la presiona que se calle la boca. Quiere que renuncie a su puesto. Recibe amenazas de muerte en las redes sociales y se mueve por el campus acompañada por sus alumnos para que no la maten.

Es una especialista en lo que ella llama “teología de la seguridad”. Los Estados -y especialmente el israelí- fabrican ideologías para justificar su violencia, una técnica que la “hasbara” israelí ha utilizado en múltiples ocasiones y que regularmente es aceptada sin cuestionamientos por los medios de comunicación dominantes.

La profesora ha publicado varios libros en la editorial Cambridge University Press, así como numerosos artículos científicos, mostrando el impacto de la represión sobre los palestinos y los propios israelíes. Como se vio obligado a admitir el tribunal que conoció su caso, los libros y artículos de Shalhoub-Kevorkian son estudiados incluso en la propia Universidad Hebrea de Jerusalén.

Su libro “Security Theology, Surveillance and the Politics of Fear”, publicado en 2015, se basa en entrevistas con palestinos víctimas de la vigilancia y la opresión israelíes. Forma parte de una larga tradición de estudios sobre el colonialismo que se remonta a las obras clásicas de Frantz Fanon, Albert Memmi y Fisent Sayegh y se extiende a los estudios de académicos como Patrick Wolfe, Steven Salaita, Brenna Bhandar o Ronit Lentin.

La noción de que Israel es un Estado colonial también tiene una larga tradición dentro de la sociología israelí dominante y ofrece un modelo para explicar una forma específica de ejercicio del poder, que es típica y a la vez inventa formas nuevas y únicas de control demográfico y regulación del apartheid.

La práctica de larga data y la política explícita de Israel de saquear hogares y tierras palestinas para expandir las propiedades israelíes, es típica de las colonias de asentamiento que buscan desplazar a los pueblos indígenas y reemplazarlos por colonos. Al mantener un conjunto completamente separado de leyes y regulaciones, infraestructura y derechos de propiedad para judíos y palestinos, crea un régimen típico de los Estados coloniales que Fanon describió como formaciones “maniqueas”.

Israel también se ajusta a la definición de apartheid tal como lo establece el derecho internacional.

Lo que es menos típico es el cuidado que Israel, una colonia tardía, ha tenido para enmascarar la naturaleza de su dominación, a través de la lenta pero constante expansión de sus asentamientos desde la limpieza étnica de 1948 y de la cuidadosa fragmentación y dispersión del aparato legal mediante el cual controla, expulsa e intimida a la población palestina.