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El paramilitarismo sigue activo en Colombia

El paramilitarismo es un fenómeno político, económico, social y cultural arraigado en Colombia. Las organizaciones sucesoras del paramilitarismo tienen vínculos con las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), teóricamente desaparecidas en 2006.

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, existen 27 departamentos en el país con presencia de grupos armados ilegales que son sucesores del paramilitarismo.

Las organizaciones que defienden los derechos humanos también han denunciado que los paramilitares han ocupado áreas del territorio donde anteriormente operaban las FARC.

Las raíces históricas del paramilitarismo se remontan a mediados de los años sesenta. Su objetivo es político: impedir cualquier brote que tenga como objetivo la realización de un cambio sociopolítico en el país.

Los militares crearon los primeros ejércitos privados en Colombia como una manera eficaz de combatir el comunismo y el movimiento obrero y campesino.

Fueron entrenados por Estados Unidos y a lo largo de estos años han asesinado a unas 220.000 personas.

La versión apoyada por el Estado para identificar a estos grupos armados solo como Bandas de Crimen Organizado está lejos de la realidad y oculta las profundas dimensiones del paramilitarismo.

El Centro Nacional de Memoria Histórica sostiene que las estructuras armadas actuales responden a organizaciones neoparamilitares con un vínculo directo con las estructuras antes de la desmovilización de las AUC en 2006.

Silvia Becerra, autora del libro “Organizaciones sucesoras del paramilitarismo”, afirma que este fenómeno se ha reproducido en Colombia por un marco legal que lo ha favorecido, desde el decreto 3398 de 1965 que autoriza a los militares a entregar armas a los civiles.

Otro libro que desentraña la más reciente oleada de paramilitarismo en Colombia es “Guerras recicladas”, escrito por la periodista María Teresa Ronderos.

Los grupos paramilitares se han financiado, como la mayor parte de la reacción y la contrarrevolución modernas, del narcotráfrico. Alguos de esus dirigentes fueron extraditdos a Estados Unidos no por los crímenes cometidos sino acusados de tráfico de drogas.

Tras disolver las AUC, uno de sus dirigentes, Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, creó el grupo criminal Águilas Negras Héroes de Castaño, además de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo, el mayor grupo de narcotráfico que opera en estos momentos en Colombia.

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Golpe de Estado en Venezuela: la ayuda humanitaria ya está en camino

El jueves la agencia Efe lanzó la falsedad más esperada: “Maduro bloquea un puente en la frontera con Colombia para impedir la entrada de la ayuda humanitaria anunciada por Guaidó”. Hemos estado esperando a que los cazarecompensas denuncien a Efe por difunir mentiras, pero no ha ocurrido, por lo que son tan cómplices como los mentirosos. ¡Ojo con esos que “luchan” contra las noticias falsas!, ¡son los más mentirosos!

En el mundo posmoderno no hay guerra, agresión, ni Golpe de Estado en el que no surja un serio problema humanitario que el imperialismo deba resolver, porque para eso están los imperialistas, sus ejércitos y sus ONG: para ayudar a la humanidad en su carencias más acuciantes.

La ayuda humanitaria se ha convertido en tal fetiche para los medios de comunicación que desde hace años la misma noticia se viene publicando al revés, aunque hay que buscarla con lupa: Venezuela estaba enviando ayuda humanitaria a diversos países, como por ejemplo a Perú.

Da la impresión de que todos los países se intercambian la ayuda humanitaria unos con otros, lo cual puede dar lugar a una caída de las exportaciones mundiales porque esas mismas mercancías se podían vender en lugar de regalar.

Pero de ese intercambio sólo se publica una parte para indicar que Venezuela tiene un importante problema humanitario, ya que la población acude a los supermercados y faltan las mercancías más básicas, como el papel higiénico o el dentrífico.

Las noticias sobre ayuda humanitaria son la etiqueta del desastre. Sólo se ponen a los países parias. Por ejemplo, no hay noticias sobre el envío de energía eléctrica humanitaria a España para que quienes padecen “pobreza enérgica” no se congelen de frío este invnierno. ¿Por qué sólo ayudan al Tercer Mundo y no a las personas que padecen hambre en Nueva York, Londres, Paríso Madrid?

Nadie se ha preocupado de señalar las causas del desabastecimiento en Venezuela, como el bloqueo imperialista, para poder remediar ese tipo de carencias; se trata de remediar sólo sus consecuecias con una ayuda humanitaria que ha sido solicitada por Guaidó porque él, a diferencia de Maduro, se preocupa de las necesidades más básicas de los venezolanos.

Las preguntas siempre quedan en el aire: si a ayuda humanitaria era tan acuciante, ¿por qué la Cruz Roja Internacional se negó a participar en dicha tarea?, ¿quién envió la ayuda humanitaria?, ¿quién pagó los gastos de transporte?

La población colombiana no tiene esos mismos problemas y carencias. Por eso la ayuda humanitaria nos dejó perplejos: ¿por qué envían la ayuda humanitaria a Colombia y no a Venezuela? Nos imaginamos a la población colombiana hambrienta viendo pasar a los camiones de ayuda humanitaria con destino a Venezuela sin poderse apoderar ni de una lata de leche en polvo o de melocotón en almíbar.

La pregunta es: si los venezolanos son los únicos que necesitan ayuda, ¿por qué no la enviaron directamente a Venezuela? En Veneuela hay puertos y aeropuertos en los que se podía haber descargado. ¿Por qué no lo hicieron de la manera más sencilla?

Depositarla en Colombia es un engorro porque en las fronteras no las pueden cruzar fácilmente, ni las personas ni las cosas. Hay que llevar encima un montón de papeles y permisos sobre la carga, las personas y los camiones. Hay que registrar los paquetes para que no entren drogas o armas camufladas…

Las ayudas humanitarias son las típicas noticias fabricadas para que den la vuelta al mundo en las portadas de las cadenas de televisión. Cuando el imperialismo quiere poner a un país la etiqueta de “Estado follado”, no tiene más que enviarle un poco de ayuda humanitaria a través de alguna ONG que se preste a la farsa. Además es necesaria alguna agencia de prensa, como Efe, que lo publique.

En la ayuda humaniaria los países donantes muestran su buen corazón, mientras que los demás son las alcantarillas del mundo. Nos dan pena porque nosotros no somos insensibles al sufrimiento de los demás (por lejos que vivan).

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Estados Unidos ya tiene casi todo el petróleo venezolano pero le falta controlar el mercado mundial

El discurso dominante en los medios de comunicación alternativos de que Washington quiere imponer un régimen títere en Venezuela para controlar el petróleo del país tiene poco sentido si se tiene en cuenta que ya compra el 41 por ciento del total de las exportaciones de la República Bolivariana, lo que significa que se debe dar una explicación más matizada.

Estados Unidos es el mayor cliente de Venezuela, mientras que Venezuela es el tercer mayor proveedor de crudo importado a Estados Unidos, por lo que Washington ya tiene lo que necesita de Caracas. Dada esta dinámica irónica entre los dos opositores geopolíticos e ideológicos, es de esperar que Estados Unidos tenga algún día acceso a los recursos de las mayores reservas de petróleo del mundo en la Franja del Orinoco, lo que contradice una vez más el discurso simplista de que Washington está librando una guerra sólo por el petróleo.

El control del petróleo venezolano es una de las razones de este conflicto, pero no en la forma en que se describe. Además de asegurar el pleno control geopolítico de la cuenca del Caribe, Estados Unidos quiere ganar una influencia predominante sobre Venezuela para integrarla en una estructura paralela de tipo OPEP que desafíe el acuerdo conjunto entre Rusia y Arabia saudí en la OPEP.

Estados Unidos quiere formar un cártel de los Países Exportadores de Petróleo del norte y el Sur de América (NASAPEC). Esta entidad podría ejercer una fuerte presión a largo plazo sobre el mercado internacional del petróleo a expensas de Rusia y Arabia saudí. Si a esto se añaden los planes de inversión conjunta de Estados Unidos y Qatar en gas natural licuado (GNL), es evidente que los imperialistas quieren controlar la industria energética mundial, lo que tendría consecuencias muy negativas para Rusia.

Rusia depende de sus exportaciones de energía para hacer avanzar sus intereses financieros y geopolíticos, lo cual resultaría más difícil -a pesar de su asociación de petróleo y gas con Arabia saudí e Irán respectivamente, que forman parte de la estrategia de equilibrio del país- si NASAPEC y su alianza GNL con Qatar en se convierten en un competidor.

El riesgo es que Rusia pierda muchos ingresos a largo plazo si Estados Unidos logra mantener bajos los precios del petróleo y el gas, lo que podría combinarse con el aumento de los costes asociados a la nueva carrera armamentista provocada por la retirada de Washington del Tratado INF para presionar a Moscú.

El legado final de Putin reside en su capacidad para cumplir las promesas que hizo a sus compatriotas durante su campaña de reelección el año pasado, incluso si todas ellas se basaban en el supuesto de que los futuros mercados del petróleo y el gas licuado permanecerían estables y en gran medida bajo control ruso, así como en el hecho de que el progreso de los misiles hipersónicos del país podrían impedir una nueva y costosa carrera de armamentos.

Las medidas energéticas y militares estadounidenses han disipado esos supuestos y podrían poner en peligro los planes cuidadosamente preparados por el dirigente ruso para mejorar las condiciones de vida de todos sus compatriotas, en particular de la mayoría de la población que vive fuera de sus ciudades más desarrolladas de Moscú y San Petersburgo, aunque, por el momento, el peor de los escenarios aún está lejos de ser seguro, a la espera del resultado de la crisis en Venezuela, lo que explica por qué en Moscú están tan interesados en actuar como intermediarios entre el gobierno de Maduro y los golpistas.

https://eurasiafuture.com/2019/01/26/why-would-the-us-want-venezuelas-oil-when-it-already-buys-41-of-its-total-exports/

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Arabia saudí está apoyando a los terroristas de Al-Qaeda en la Guerra de Yemen

La coalición que Arabia saudí encabeza en Yemen está apoyando a los terroristas de Al-Qaeda, según la cadena CNN. “La coalición dirigida por Arabia saudí ha suministrado armas de fabricación estadounidense a combatientes vinculados a Al-Qaeda, las milicias salafistas y otras facciones involucradas en la intervención en Yemen, en violación de sus acuerdos con Estados Unidos”, según una investigación de CNN.

“Las armas también han llegado a manos de rebeldes apoyados por Irán que luchan contra la coalición por el control del país, exponiendo en Teherán algunas tecnologías militares sensibles de Estados Unidos y poniendo en peligro potencialmente la vida de las tropas estadounidenses en otras zonas de conflicto”, asegura la cadena.

Arabia saudí y Emiratos Árabes Unidos, su principal socio en la invasión, utilizaron armas fabricadas por Estados Unidos como moneda de cambio para comprar la lealtad de las milicias o tribus, apoyar a determinados actores armados e influir en el complejo panorama político, según comandantes y analistas locales que hablaron con la CNN.

Una milicia relacionada con Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQAP), la Brigada Abu Abbas, es propietaria de vehículos blindados Oshkosh de fabricación estadounidense, que entraron en la ciudad en 2015 durante una demostración de fuerza.

Según CNN, “Abu Abbas, el fundador, fue declarado terrorista por Estados Unidos en 2017, pero el grupo sigue contando con el apoyo de la coalición saudí y fue absorbido por la 35ª Brigada del Ejército yemení apoyada por la coalición”.

https://edition.cnn.com/interactive/2019/02/middleeast/yemen-lost-us-arms/

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Rusia se encamina hacia una crisis política y económica interna

Rusia se encuentra en una situación política y económica compleja. Los conflictos que bullen cerca de sus fronteras y la presión constante de Estados Unidos y la OTAN están teniendo un impacto negativo en la situación interna del país que se observa en la caída de la credibilidad de Putin y del gobierno ruso.

Esta caída no está vinculada a la política exterior del Kremlin sino que es el resultado de una serie de reformas económicas recientes, que se asemejan a la orientación económica seguida por el gobierno ruso a mediados de la década de 1990. El gobierno ha elevado la edad de jubilación y ha aumentado el IVA en un contexto de desaceleración de la economía, especialmente en el sector industrial.

La población se enfrenta a una presión administrativa cada vez más estricta: multas y sanciones por infracciones menores y restricciones administrativas adicionales que limitan la libertad de acción de los ciudadanos. La gestión del tráfico en las grandes ciudades y en las carreteras federales, así como las políticas para las pequeñas empresas y los autónomos, son los ejemplos más obvios.

La esfera de la política se está equiparando a la de los demás países europeos: un páramo. El único partido seudopolítico que todavía existe de facto es Rusia Unida, cuya capacidad ideológica y organizativa está agotada. Los demás partidos son sólo construcciones mediáticas diseñadas para defender los intereses de un pequeño grupo de patrocinadores. Es difícil encontrar un diputado en la Duma Estatal y en el Consejo de la Federación que no esté dentro de la oligarquía establecida.

El gobierno no ha explicado al público ni a los medios de comunicación su línea actual. La mayoría de las iniciativas de Medvedev se enfrentan a una reacción negativa de la población. Una serie de escándalos que involucran a altos y medianos funcionarios del gobierno ha agravado la situación. Revelan la flagrante hipocresía y la actitud negligente de algunos funcionarios rusos hacia sus responsabilidades.

El año pasado se produjeron numerosas detenciones de funcionarios sorprendidos en el acto de exceder sus límites o estar involucrados en casos de corrupción. En comparación con períodos anteriores, este número ha aumentado de 1,5 a 2 veces. Sin embargo, esto no ayuda a cambiar la situación de los medios de comunicación.

El nacionalismo de Putin ha perdido fuelle. La política interna se ha encerrado en un círculo cerrado de oligarcas y amigos que sólo persiguen sus propios intereses económicos y de seguridad.

Los factores mencionados anteriormente alimentan la percepción negativa del gobierno de Medvedev y, de rebote, a Putin como Jefe del Estado.

La situación también es complicada en el ámbito de la política exterior. La política rusa hacia Ucrania oriental no está definida. Moscú sigue perdiendo su influencia en los antiguos Estados soviéticos, tanto en el Cáucaso como en Asia central. Incluso el aliado más cercano, Bielorrusia, a veces muestra un comportamiento hostil y centra sus esfuerzos en explotar las preferencias económicas de Rusia.

Al evaluar la actual situación política interna y la política exterior de Rusia, se puede decir que los dirigentes rusos no tienen la política coherente y sólida que cualquier gran potencia necesita.

Es cierto, pero no excusa, que Rusia soporta una enorme presión que le obliga a actuar a la defensiva. de múltiples agentes de influencia, que se oponen a las ideas del poderoso estado independiente que busca actuar como uno de los centros de poder en el escenario mundial.

Rusia se enfrenta a tiempos difíciles en los próximos años y parece un país agotado, incapaz de hacer frente a lo que le espera. Para que el nacionalismo pueda seguir desempeñando el papel que ha desempeñado hasta ahora, hay que alimentarlo: hay que acabar con las política económicas implementadas por Medvedev y mejorar sustencialmente las condiciones de vida y de trabajo.

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Explotados hasta la muerte: 169 trabajadores han muerto de cáncer en la refinería que Repsol tiene en Cartagena

Antiguos obreros de empresas del sector industrial en Cartagena lograron este miércoles un hito en su lucha por ver reconocido, por parte de la Justicia, que la exposición al amianto en su puestos de trabajo ha podido ocasionar enfermedades pulmonares e incluso la muerte de cientos de extrabajadores por cáncer. El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, ha presentado en los juzgados de Cartagena una denuncia contra la empresa Repsol “y otros”, por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones por imprudencia grave y homicidio por imprudencia en la refinería de petróleos de Escombreras.

Así se lo comunicó este miércoles el fiscal al presidente de la Asociación de Afectados por el Amianto (Apena) de Cartagena, Ricardo Torregrosa, quien hace un año interpuso una denuncia contra la petrolera por negarse a entregar el listado de exempleados que estuvieron en contacto con el citado material cancerígeno. La relación de personas fue solicitada por la Inspección de Trabajo e incluso por la Asamblea Regional, que aprobó una resolución por unanimidad en noviembre de 2017.

“En situaciones similares en otras empresas,como Michelin, GM y Volkswagen, con un solo fallecido por amianto, las autoridades obligaron a estas compañías a entregar el listado de todos sus trabajadores. Mientras, en la Región de Murcia, con docenas de enfermos y cinco condenas firmes por fallecimientos, nadie ha obligado a Repsol a entregar el censo”, denunció Torregrosa. Y rechazó la explicación de Repsol de que retiró el amianto en 1990 y que, en todo caso, tenía sistemas de protección de la plantilla.

Repsol volvió a defender este miércoles que “siempre” ha actuado con “responsabilidad”. “En nuestra actividad productiva no se trabaja directamente con amianto, ni se manipula. Tal y como hemos acreditado, todas las operaciones y actividades relacionadas con el montaje y desmontaje de amianto son contratadas a empresas especializadas. En todo caso la salud de nuestros trabajadores y su seguridad son prioritarias para nosotros”, informó la compañía en un comunicado.

Según fuentes conocedoras de la investigación, la Fiscalía también trata de aclarar si la Comunidad Autónoma y otras administraciones públicas incurrieron en “omisión” de su responsabilidad de proteger la salud de los trabajadores. Así lo expuso Apena en su escrito.

Este miércoles el presidente del colectivo mostró su “satisfacción” por la decisión de Díaz Manzanera y expresó su confianza en que la Dirección General de Salud Pública facilite al fin el listado de personas afectadas por estas patologías. También lamentó que Murcia fue la última comunidad en aprobar un censo y añadió que “muchas personas creen que han enfermado o muerto por culpa del tabaco”. Asimismo, calificó de “arbitrarias y sin fundamento científico” varias sentencias de la jurisdicción de lo social de Cartagena, pese al criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) favorable a reconocer la enfermedad profesional.

Según Apena, solo entre los años 2000 y 2015 hubo 169 fallecimientos por mesiotelioma. De estas personas muertas presuntamente por haber respirado fibras de asbesto, hay 44 mujeres. La asociación sostiene que son esposas de “obreros manuales o de mono”, ingenieros y otros técnicos que estaban en espacios donde había tuberías con aislante de fibrocemento. Ellas “les lavaban las ropa”.

El problema se extiende “potencialmente” a las miles de personas que trabajaron en los sectores químico y naval hasta la prohibición del uso del amianto, hace 17 años. Eso incluye desde el astillero público de Navantia -antes denominado Bazán e Izar y donde eran reparados barcos que utilizaban el amianto como aislante-, Explosivos Río Tinto, Potasas y Derivados, Enfersa, Española del Zinc (Zinsa) y otras sociedades.

https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/fiscal-indicios-delito-20190206213741-nt.html

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El gobierno ‘socialista’ de Portugal acaba con la huelga de los trabajadores de sanidad por decreto-ley

El gobierno “socialista” de Portugal ha acabado con la huelga de los trabajadores de sanidad por decreto-ley, tras meses de huelgas intermitentes y, además, quiere identificar a todos los que han aportado dinero a la caja de resistencia.

Con este tipo de medidas, esa “izquierda” queda retratada una vez más en el país vecino y nadie se puede extrañar de que quienes se empeñan en seguir votando en las farsas electorales una y otra vez prefieran a “la derecha”, es decir, al original, antes que a una mala copia suya.

Lo mismo que en otras huelgas recientes en otros países, para llevar a la cabo la movilización, los trabajadores han tendo que crear nuevas formas de organización sindical, al margen de los sidicatos históricos, siempre vendidos a la patronal.

La reorganización del movimiento obrero portugués ha favorecido que esta misma semana comenzara otra oleada de huelgas en seis hospitales portugueses, que hoy se ampliarán a nueve, y que seguirá hasta el 28 de febrero.

Una de las promotoras de la huelga es Lucía Leite, presidenta de ASPE, el nuevo sindicato de enfermería al margen de las centrales tradicionales, impulsó una nueva forma de caja de resistencia a través del “crowdfunding”, lo que ha permitido a los trabajadores resistir. La caja obtuvo más de 700.00 euros a través de donaciones anónimas, con una media de 20 euros por donante. El gobierno del Partido Socialista, sin embargo, va a exigir que se identifique a todos ellos, al más puro estilo policial.

Los enfermeros exigen que se vuelva a la ley de 2009, cuando la carrera tenía cinco categorías y no como ahora que solo tiene una, por lo cual el salario base es igual el primer día de trabajo que 30 años después. También exigen más personal, subida de salarios y jubilación a los 57 años.

La liquidación de la huelga, llamada “requisición civil” en Portugal, es una decisión que sólo cuenta con tres precedentes en Portugal desde la Revolución de los Claveles de 1974, ya que sólo se había aplicado a las huelgas en las líneas aéreas portuguesas.

Hasta ahora los gobiernos portugueses, a diferencia de los españoles, se habían mostrado extremadamente respetuosos con el derecho de huelga de los trabajadores, ya que incluso es muy raro que se impongan servicios mínimos.

La semana pasada el primer ministro, Antonio Costa, anunció que su gobierno iba a imponer la “requisición civil” que, en definitiva, no es otra cosa que la obligatoriedad de acudir al trabajo. “Son huelgas salvajes que buscan simplemente atentar contra la dignidad de los enfermos, contra el Servicio Nacional de Salud y son absolutamente ilegales”, dijo.

En diciembre, la nueva ministra de Sanidad, Marta Temido, se estrenó calificando la huelga de “cruel”. Sobraron minutos para la respuesta de la presidenta del Colegio de Enfermeros, Ana Rita Cavaco: “Cruel es tener 40 pacientes por enfermero; cruel es tener 4,2 enfermeros por cada mil habitantes cuando la media de la OCDE es de 9,3”.

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El FBI registra el Banco San Juan Internacional en Puerto Rico por violar el bloqueo impuesto a Venezuela

Efectivos del FBI han allanado las oficinas del Banco San Juan Internacional en Puerto Rico, por violar el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra quienes hagan negocios con Venezuela.

El portavoz del FBI Luis Rivera Santana afirmó que el allanamiento cumple con una orden judicial para identificar cuentas posiblemente vinculadas a individuos o entidades en la lista negra de sancionados por la Casa Blanca.

Según el portavoz, se sospecha que alguien utilizó el banco para lavar fondos de una persona o una entidad incluida en esa lista.

Hasta ahora la operación no ha causado detenciones.

El director del FBI, Douglas Leff, confirmó que el procedimiento está relacionado con las sanciones al gobierno venezolano, específicamente con una lista de empresas e individuos sancionados por la Casa Blanca.

El policía aseguró que, presuntamente, se mueven fondos que el Departamento del Tesoro ha identificado como conectados con corrupción, narcotráfico, violación de derechos humanos y terrorismo.

“En este caso es acerca de sanciones contra Venezuela y nuestros compañeros de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras encontraron la evidencia, que fue suficiente para que un juez creyera que fue suficiente para la orden de allanamiento. Creemos que hay fondos relacionados a esas sanciones que están relacionadas a fondos y ganancias”, explicó Leff.

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1.500 despidos tras las huelgas de los obreros de las maquilas del norte de México

Hasta el momento se contabilizan 1.500 despidos por la huelga de las maquiladoras de Matamoros y dos empresas han anunciado el cierre, según ha confesado el Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) local, Rolando González Barrón.

Quizá lo peor no haya llegado aún porque la patronal sigue amenazando con más despidos: “Vamos a ver, y ojalá me equivoque, pero si siguen así las cosas, y no hay quien aplique la ley, nosotros veríamos despidos de 20 a 25.000 trabajadores en los próximos tres años, de seguir así, ojalá me equivoque, 1.500 gentes, y no llegamos ni a los 6 meses”, sostuvo González.

El representante de las maquilas justifica los cierres y despidos como consecuencia de que las huelgas no habían sido legales y detalló que los despidos se dieron en 17 empresas del sector automotriz, el más atacado por la huelga, así como el sector electrónico y médico.

Pero las represalias no han desalentado al movimiento obreros de Matamoros, que sigue el ejemplo de los obreros de las maquilas. En algunas empresas de comercio también han comenzado a estallar huelgas con las mismas reivindicaciones de las maquilas, es decir, un aumento salarial de 20 por ciento y un bono anual de 32.000 pesos.

La huelga de las maquilas de Matamoros, junto a la frontera oriental con Estados Unidos, puso en pie a 70.000 trabajadores en lo que ha sido calificado coo la “insurrección obrera” más importante de México de los últimos 70 años.

Comenzó a princicipios de enero y fue un rotundo éxito para los trabajadores, que lograron sus reivindicaciones y acabaron con las mafias sindicales vendidas a la patronal.

La huelga desató en varias ciudades de México una importante campaña de solidaridad con los trabajadores y la más formidable censura y manipulación de internet por parte de los grandes monopolios informáticos y cadenas de noticias.

México es el país más grande del mundo  en maquiladoras, que integran a unos tres millones de trabajadores, mujeres en su mayor parte, y generan otros siete millones más de empleos indirectos.

Aparecieron en 1965. El 90 por ciento de ellas están en la frontera con Estados Unidos, donde forman una especie de “zona franca”. No son más que gigantescas estaciones ferroviarias de carga para la exportación.

Más información:
– El movimiento obrero del norte de México rompe con las mafias sindicales y alcanza un gran éxito
– La insurrección obrera provoca la bancarrota de los sindicatos ‘blancos’ en el norte de México

– Rebelión obrera en las maquildoras de la frontera de México con Estados Unidos
– La mayor mina subterránea de México ha permanecido cerrada 11 años a causa de una huelga

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El historial de relaciones de Baltasar Garzón con la oposición venezolana y el paramilitarismo (I)

Garzón y Rajoy durante su romance en la lucha antiterrorista
Diego Herchhoren 

El diario español Publico ha difundido una información de la periodista Patricia López que parece que no ha tenido el eco y la trascendencia debida: los vínculos del ex juez Baltasar Garzón con la oposición venezolana y su papel de interlocutor para favorecer un alzamiento militar contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro Moros.

Este dato, cuya fuente proviene según la autora del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI), es otro episodio más de una agenda política que, desde hace más de una década, vincula al juez estrella con lo más negro del paramilitarismo y los grupos de oposición en Venezuela promovidos por la política exterior de EEUU en el continente. 
En el caso colombiano, Garzón es el protagonista del libro Nos matan y no es noticia, de los periodistas Ricardo Ferrer Espinosa y Nelson Javier Restrepo Arango que hace un duro examen de quien ahora aparece como apoderado de los capos venezolanos huidos a quien España da cobijo para operar contra Maduro.
En su prólogo, achacan a Garzón una «siniestra y exitosa normalización del paramilitarismo» que está representada en al menos tres actos concluyentes: cuando ha aconsejado al gobierno de Álvaro Uribe sobre la toma de medidas represivas, como la incomunicación -y en consecuencia, la tortura-, así como la flexibilidad con los miembros del paramilitarismo, a un régimen genocida que las aplica contra el movimiento popular; cuando, pagados por el Banco Santander, ha organizado encuentros de acreditación de Álvaro Uribe Vélez como demócrata, avalando su política de seguridad y derechos humanos (certificación realizada, por ejemplo, en Nueva York el 15 de diciembre de 2005 al lado de otro criminal como Henry Kissinger o de impresentables como Ernesto Zedillo de México y el ex presidente Felipe González,); y cuando ha empleado, junto con otros jueces españoles, instrucciones y consignas recibidas de organismos de inteligencia implicados en crímenes internacionales, para acusar injustamente en España a activistas por la paz y los derechos humanos vinculados con la izquierda colombiana (2008-2010), así como al Gobierno de Venezuela.

Garzón y la colaboración con el paramilitarismo en Colombia

En el año 2003 se da el pistoletazo de salida a una operación que el periodista Oriol Malló (víctima de torturas en una detención ordenada por Garzón previo a las Olimpiadas de Barcelona 92) describió en su libro El cártel español. En ella se hace un repaso a toda la historia del intervencionismo de las grandes multinacionales españolas a lo largo del Siglo XX latinoamericano, y se detiene en un episodio infame silenciado por los aduladores del ex juez.

Garzón, Kissinger, Uribe y Felipe González en 2005

Corría el inicio del s.XXI cuando Álvaro Uribe Vélez accedía a la Presidencia de Colombia con la promesa de acabar con la guerrilla. Empresas españolas interesadas en las áreas estratégicas del país latinoamericano veían con preocupación la actividad revolucionaria de las FARC y el ELN, puesto que tenían intereses contrapuestos a estas organizaciones armadas y, para asegurar la inversión, necesitaban de un fuerte compromiso estatal en acabar con ellas sea como sea.

Al año siguiente, Garzón y el ex Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional española Javier Zaragoza desembarcaban en Colombia para dar respaldo y asesoramiento a la iniciativa del uribismo «Proyecto de Estatuto Antiterrorista«, que establecía medidas de aislamiento de los detenidos relacionados con el conflicto colombiano y que fue muy criticado por Naciones Unidas y la OEA por atentar contra derechos civiles consagrados. No obstante, Garzón y Zaragoza insistieron en ese entonces ante los legisladores del uribismo que ese era «un proyecto de mínimos» ya que según ellos, la lucha antiterrorista debía ser «realista».  La Ley de Justicia y Paz que tanto elogió Garzón fue calificada como una «ley de impunidad» del paramilitarismo, entre otros, por Michael Fruhling, vocero de Naciones Unidas sobre el conflicto.

Paramilitares: de sicarios a vigilantes de seguridad gracias a Garzón


¿Por qué de impunidad?, porque su aplicación a la desmovilización de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), principal organización paramilitar del país, se basaba en que sus componentes, al reconocer sus delitos, pasarían a formar parte de las empresas de seguridad que protegerían los intereses españoles formados por Gas Natural, Banco Santander o el Canal de Isabel II entre otros. Es lo que los imperialistas de los derechos humanos llaman «justicia transicional», la misma que en España sirvió para consagrar la impunidad del franquismo y que se extiende hasta hoy.

El asesoramiento de Garzón y Zaragoza en esta ley de impunidad fue tan exitoso, que en 2005 el entonces rey Juan Carlos I otorgaría personalmente a Uribe la Orden de Isabel la Católica con el fin de «premiar la lealtad acrisolada y los méritos contraídos en favor de la prosperidad de aquellos territorios«. Garzón incluso llegó a criticar la extradición a EEUU de varios dirigentes del paramilitarismo por narcotráfico ya que, a su juicio, eran un «obstáculo a la paz».

Varias organizaciones firmaron en 2012 una carta abierta al entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos afirmando que «Nos duele que haya sido Baltasar Garzón quién haya avalado en un primer momento el proceso de reingeniería paramilitar, llamado desmovilización, por la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, afirmando que era un modelo de justicia.»