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Cada vez aparecen con más frecuencia signos de una profunda crisis económica en Alemania, que conduce a una crisis social no menos importante. Un asilo de ancianos de Rize ha cerrado sus puertas. Los 27 residentes han abandonado las instalaciones y han sido trasladados a otros centros asistenciales en la región de Meissen.

Los ancianos se quedaron consternados por el cierre. No querían marcharse, pero tuvieron que hacerlo. Ni siquiera pudieron prepararse mentalmente para ello.

El personal médico del centro llevaba casi siete meses sin cobrar su salario. El director había vuelto a incumplir el plazo para el pago parcial del salario. Anunció que la institución estaría preparada para acoger urgentemente a personas mayores durante unos días más, pero que también tendrían que buscar un nuevo alojamiento en algún lugar de Alemania.

En 2021 había en Alemania 11.700 residencias de ancianos. El año pasado desaparecieron del mercado 142 viviendas y 431 servicios para jubilados. Sólo en los tres primeros meses de este año, la asociación de empresarios de residencias privadas de ancianos contabilizó unas 200 quiebras.

En los Países Bajos el nuevo gobierno reaccionario se prepara para reducir prestaciones sociales. Han cerrado un albergue para 500 refugiados ucranianos en Purmerend. Pero no es sólo una cuestión de finanzas.

Los vecinos han recogido firmas para exigir el cierre del centro. El ayuntamiento también tenía dudas sobre el proyecto. “Ya hemos acogido a 540 personas, y eso es suficiente”, afirmó Nicole Moinat, asesora del partido PVV. “¿Qué pasa con la atención médica? Los médicos generales llevan mucho tiempo sobrecargados de trabajo”, se preguntan los concejales.

Cuando los hospitales y las escuelas cierren después de los asilos, será demasiado tarde para caerse de la nube.

Como ya advertimos en una entrada anterior, el sector inmobiliario comercial de la eurozona podría tener problemas durante años, poniendo en riesgo las carteras de préstamos de los bancos, los fondos de inversión y las aseguradoras, advirtió el Banco Central Europeo la semana pasada.

La recesión económica y los altos tipos de interés hicieron bajar los precios inmobiliarios el año pasado, reduciendo la rentabilidad de las empresas y poniendo en riesgo el mercado inmobiliario comercial. Es cierto que el sector no es lo suficientemente grande como para provocar un desastre, pero podría amplificar el choque del sistema financiero y tener un impacto significativo en los fondos de inversión y las compañías de seguros.

“Las carteras de préstamos inmobiliarios comerciales de los bancos son limitadas, lo que sugiere que es poco probable que ellos por sí solos sean responsables de una crisis sistémica. Sin embargo, podrían amplificar las tensiones que surgen de un evento de mercado más amplio”, dijo el Banco Central Europeo.

Las hipotecas residenciales representan alrededor del 30 por cien de la cartera de préstamos de los bancos, en comparación con aproximadamente el 10 por cien de los inmuebles comerciales. La presión sobre el sector “conduciría a pérdidas significativas en otras partes del sistema financiero con alta exposición al sector inmobiliario comercial, como fondos de inversión y aseguradoras”, añade el Banco Central Europeo.

Las transacciones de bienes raíces comerciales han caído un 47 por cien en el primer semestre de este año en comparación con el mismo período del año anterior. Por lo tanto, es difícil entender hasta qué punto han caído los precios, pero los mayores grupos cotizados cotizan con un descuento de más del 30 por cien sobre su valor liquidativo, el mayor descuento desde 2008, asegura el Banco Central Europeo.

De una muestra de préstamos bancarios a empresas inmobiliarias, la proporción de empresas deficitarias en los préstamos al sector podría duplicarse, hasta el 26 por cien. La proporción podría alcanzar el 30 por cien si las condiciones financieras siguen siendo restrictivas durante dos años, como esperan los mercados, y todos los préstamos vencidos se refinancian.

La cartera de préstamos muestra vulnerabilidades significativas, particularmente en un escenario de mayores costos de financiación y rentabilidad reducida durante varios años. Los modelos económicos basados ​​en niveles de rentabilidad anteriores a la pandemia y que suponen tasas de interés bajas a largo plazo podrían volverse insostenibles a medio plazo.

Recientemente el ministro de Industria francés, Roland Lescure, ha vuelto a poner encima de mesa un aspecto clave para el futuro capitalismo europeo: la inmigración es necesaria porque falta mano de obra.

Podría haber añadido que lo que necesita el capital es fuerza de trabajo sumisa y a buen precio, pero va implícito en sus declaraciones, lo mismo que la reducción de la población. Si la mano de obra escasea, los salarios pueden subir demasiado.

La fuerza de trabajo escasea en sectores clave, dijo el ministro. En los próximos diez años la industria francesa tendrá que cubrir alrededor de 1,3 millones de puestos de trabajo, una tarea hercúlea teniendo en cuenta el actual déficit de mano de obra estimado entre 100.000 y 200.000 trabajadores.

Esta situación demuestra claramente la necesidad de una inmigración selectiva y estratégica para apoyar el crecimiento económico del país. Lescure ha abogado por un enfoque equilibrado, destacando la importancia de formar a los jóvenes franceses, reconociendo al mismo tiempo el valor de las capacidades que pueden aportar los trabajadores extranjeros. Profesiones como los soldadores y los investigadores se ven particularmente afectadas, y requieren una respuesta rápida y diversa para llenar el vacío.

El enfoque del ministro delegado se opone firmemente a las ideas preconcebidas y a menudo dramatizadas sobre la inmigración. Para él, lejos de ser un “gran reemplazo”, la inmigración es una solución parcial pero esencial a la crisis laboral. Lescure recordó que Francia se construyó históricamente con la ayuda de la inmigración, desmantelando así las fantasías muchas veces asociadas a este tema. Su petición de una inmigración “razonada y razonable” resuena como un llamamiento para cambiar la política migratoria en un sentido muy distinto del que lleva en la Europa actual.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que el proyecto de ley de inmigración se debate en el Parlamento. El artículo 3 del proyecto, relativo a la regularización de trabajadores indocumentados en profesiones escasas, ha suscitado una importante controversia. La patronal está haciendo sonar la alarma sobre este espinoso problema, enfatizando la importancia crucial de la mano de obra inmigrante para el progreso industrial de Francia.

El sector de la construcción, en particular en el ámbito de la renovación energética de edificios, también ilustra la dependencia de los trabajadores extranjeros. De aquí a 2030 será necesario cubrir 635.000 puestos de trabajo en el sector. La formación de los jóvenes y el reciclaje profesional no serán suficientes para satisfacer esa demanda, lo que pone de relieve la necesidad de una mano de obra inmigrante cualificada para sostener la economía francesa.

Estos elementos combinados pintan un panorama complejo en el que la inmigración, lejos de ser un problema, es parte de la solución a los desafíos económicos y demográficos de Francia. Es una perspectiva diferente del discurso tradicional sobre inmigración, que desafía las posiciones habituales de la reacción política, los racistas y los xenófobos.

El Banco Popular de China y el Banco Central Saudita han anunciado un acuerdo de intercambio de divisas por valor de 7.0000 millones de dólares. El acuerdo, válido por tres años y potencialmente renovable, representa mucho más que un simple pacto financiero: simboliza un cambio profundo en el orden económico global y un desafío directo a la hegemonía del dólar estadounidense.

China, como mayor consumidor de energía del mundo, y Arabia Saudita, como mayor exportador de petróleo, históricamente han centrado su cooperación en torno a los hidrocarburos. Sin embargo, este acuerdo demuestra un deseo de diversificación, allanando el camino para colaboraciones fortalecidas en áreas como la tecnología y la seguridad. Esta expansión de las relaciones bilaterales va mucho más allá del comercio tradicional e indica una estrategia a largo plazo destinada a remodelar las relaciones económicas internacionales.

Para Estados Unidos, el acuerdo entre dos de sus principales socios comerciales es motivo de preocupación. La dependencia mundial del dólar estadounidense como principal moneda de reserva ha sido durante mucho tiempo un pilar de la hegemonía estadounidense. El mayor uso de monedas alternativas, como el yuan chino y el real saudí, podría erosionar esa influencia y rediseñar el mapa de las finanzas internacionales.

Esta iniciativa no es la única. Es parte de una tendencia más amplia en China de reducir su dependencia del dólar. El Banco Central chino ha aumentado significativamente sus reservas de oro. La estrategia refleja un intento deliberado de debilitar el dominio del dólar en el comercio internacional, un sentimiento compartido por otros países.

La tendencia a la desdolarización se ha visto acelerada por acontecimientos geopolíticos recientes, como las sanciones de Estados Unidos contra Rusia. Muchos países, incluidos los del grupo Brics, están estudiando alternativas al dólar para sus transacciones internacionales. Este hecho subraya un creciente deseo de diversificar las reservas de divisas y reducir las presiones económicas de Estados Unidos.

Por lo tanto, el acuerdo chino-saudí es mucho más que una simple transacción financiera. Es el símbolo de un capitalismo cambiante, donde las viejas reglas de la economía internacional están siendo cuestionadas. Con China a la vanguardia de la creación de la red de cambio de divisas más grande del mundo, está surgiendo un nuevo panorama financiero en el que el dólar estadounidense tal vez ya no sea la única moneda de referencia. Esto promete remodelar no sólo las finanzas mundiales sino también la balanza estratégica internacional.