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Categoría: Ecología (página 19 de 30)

Francia no puede pagar la transición energética

La situación económica de Francia es la misma que la de cualquier otra potencia capitalista: recesión, inflación y endeudamiento. Como los tipos de interés están subiendo, el pago de la deuda pública se ha vuelto imposible. Son tres billones de euros, que casi alcanzan al 120 por cien del PIB francés.

Las deudas son una bola de nieve. Desde que Macron llegó a la presidencia hace seis años, la deuda ha sumado otros 600.000 millones de euros más. Como la mayoría de los países del mundo, Francia se endeuda para reembolsar deudas anteriores, es decir, que unas se pagan con las siguientes.

La calificación de la deuda pública francesa ha bajado y esta semana seguirá bajando. El gobierno teme que Standard & Poor’s la rebaje porque lleva desde diciembre bajo “vigilancia negativa”.

Si la calificación de la deuda sigue bajando, los especuladores se llevarán su dinero a otro país y Macron sumará otra humillación más. El gobierno está en un callejón sin salida. La Primera Ministra, Elisabeth Borne, ha pedido a todos los ministerios que reduzcan sus gastos en un cinco por cien.

Macron había prometido una reducción de impuestos 2.000 millones de euros antes de 2027, pero tiene que llevar a cabo una costosa transición energética y los bolsillos están completamente vacíos.

Los recortes a las pensiones sólo van a ahorrar 18.000 millones de euros al fisco, pero el gobierno necesita mucho más para imponer la transición energética. La factura verde es de 65.000 millones anuales de aquí a 2030.

El gobierno no puede sacar más dinero de los trabajadores y otros sectores populares. Desde la lucha de los chalecos amarillos y contra los recortes a las pensiones, Francia está empantanada en una batalla campal en las calles.

Al gobierno no se le ha ocurrido otra cosa que restablecer el ISF, un impuesto temporal sobre las grandes fortunas. Pero Macron derogó el ISF en 2017 cuando llegó a la presidencia, por lo que se trata de la confesión de un fracaso. Si el gobierno lo restablece, los especuladores sacarán su dinero del país y se marcharán a Estados Unidos.

En un informe presentado a la Primera Ministra la semana pasada, el economista Jean Pisani-Ferry aboga por un choque fiscal sin precedentes para financiar la transición ecológica.

En 2017 Pisani-Ferry fue el inspirador del programa económico de Macron cuando se presentó como candidato a la presidencia. Su plan es subir los impuestos. La otra alternativa es renunciar a la descarbonización y demás políticas verdes.

En cualquier caso, lo más probable es que la transición ecológica no se pueda llevar a cabo. No hay manera de pagar unas cantidades tan astronómicas, y menos en una situación de bancarrota económica, como la de Francia.

‘El cambio climático aumenta los precios’ es la última estupidez del Banco Central Europeo

Un informe que acaba de publicar el Banco Central Europeo sostiene una de las grandes imbecilidades de este tipo de organismos: que el aumento de las temperaturas supondrá un incremento de la inflación anual de entre 0,32 y 1,18 puntos porcentuales de aquí a 2035 (*).

Los “expertos” vuelven a darle la vuelta a las leyes mas elementales de la economía política: lo que va a aumentar la inflación y la carestía de la vida es el derroche presupuestario ocasionado por las políticas verdes de la Unión Europea.

Como el objetivo del Banco Central Europeo es mantener la inflación en el 2 por cien, lo que deberían aconsejar es poner fin a la emisión de dinero fiduciario con la que pagan los despropósitos ambientales de Bruselas.

En cualquier caso, los trabajadores europeos lo van a pasar muy mal y a la recesión se sumará la carestía de la vida, que serán las constantes económicas de los próximos meses y las protestas obreras y populares irán en aumento.

“El cambio climático plantea riesgos para la estabilidad de precios al tener un impacto al alza sobre la inflación”, afirman los “expertos” del Banco. Los salarios van a estar a la presión del alza de precios, lo que podría repercutir en las expectativas de inflación, forzando una respuesta de política monetaria por parte del Banco Central Europeo.

El aumento de las temperaturas no tendrá precedentes y aumentará la inflación anual de los alimentos entre 0,92 y 3,23 puntos porcentuales, según el documento. Las variaciones climáticas aumentarán las diferencias de precios dentro de las diferentes regiones europeas. En el sur, donde las temperaturas son más cálidas, sufrirán más.

Los cretinos del Banco señalan también que el aumento de las temperaturas alterará la estacionalidad de la inflación. Las subidas de precios serán más rápidas, a corto plazo, por los veranos excepcionalmente calurosos como el de Europa este año.

(*) https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2821~f008e5cb9c.en.pdf

El mercado mundial de coches eléctricos (China va muy por delante)

El mayor mercado mundial de coches eléctricos es China, con más de 7 millones matriculados el año pasado. En España se matricularon menos de 90.000 en el mismo periodo de tiempo.

El gobierno de Pekín favorece los coches eléctricos por varias razones. Una de ellas es que no tienen petróleo, por lo que dependen de las importaciones procedentes de otros países. El coches eléctrico es, por tanto, una vía para que China reduzca su factura de crudo.

Los chinos llevan 15 años de ventaja a Europa y tienen unos precios de coste extraordinariamente ventajosos en comparación con otros países.

Para equipar los coches eléctricos se necesitan baterías, que representan alrededor de un tercio del coste total de fabricación del vehículo. Las baterías también proceden principalmente de Asia. Actualmente sólo el 1 por cien de la producción mundial de pilas de iones de litio procede de la Unión Europea.

Bruselas ha aprobado un plan llamado “Airbus de las baterías”, en el que ya ha desembolsado 8.000 millones de euros. Consiste en crear una cadena de valor europea para fabricar las baterías de litio.

Ampulosamente en Bruselas las llaman “gigafactorías” y, si algún día se levantan, estarán ubicadas en Francia, Alemania y Suecia. La elección de los países que albergarán esas “gigafactorías” refleja el origen político del proyecto, y es una señal bastante segura de su futuro desmantelamiento.

En el proyecto participan 17 monopolios europeos. Entre ellos figuran Stellantis, Saft (filial de TotalEnergies), BMW, Mercedes, BASF y Solvay. Siguen el olor de las subvenciones públicas y sacarán provecho de ello, aunque el plan sea un fiasco, pero no importa porque no lo pagarán ellos de su bolsillo.

El pretexto para este derroche de dinero público será verde (sostenibilidad, descarbonización) y progresivamente se añadirán motivos proteccionistas: desafiamos a China, que lleva a cabo una competencia desleal, creamos nuevos puestos de trabajo…

La única pregunta que queda es saber cuánto tiempo tardará Bruselas en abandonar el proyecto. Tardará bastante tiempo y el despilfarro será cada vez mayor.

Los monopolios lo tienen claro: el coste de fabricación de los automóviles lo determina -básicamente- el precio de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, es necesario invertir en los países en los que la mano de obra es más barata, y no donde viven los votantes.

Por eso los monopolios del automóvil invierten en levantar en China sus cadenas de montaje, incluidos los monoplios europeos.

El mercado del coche eléctrico es puramente político o, si se quiere, artificial. No crece por motivos económicos sino gracias a las subvenciones públicas. En agunos países, como Dinamarca, la mitad del mercado procede de los presupuestos del Estado. La principal razón para las ayudas es el fantasma de la llamada “emergencia climática”.

Si eso fuera cierto, los gobiernos subvencionarían cualquier vehículo eléctrico, independientemente del lugar en el que se fabrique. Pero no es así. Por ejemplo, Estados Unidos sólo apoya a los coches eléctricos ensamblados en el país.

Por lo tanto, los presupuestos verdes ocultan una política proteccionista en favor de los monopolios locales y en perjuicio de China, lo que se irá agravando progresivamente con el paso del tiempo.

Finalmente, los coches eléctricos no descarbonizan nada: la fabricación del vehículo en sí implica emisiones de CO2 mucho más elevadas que las de un vehículo con motor de combustión, debido principalmente a las emisiones vinculadas a la fabricación de la batería.

Macron pide la suspensión de las regulaciones verdes europeas para reindustrializar Francia

Corren malos tiempos para la Agenda 2030. La semana pasada Macron instó por dos veces a la Unión Europea a dejar de imponer más normativas medioambientales, afirmando que Europa ya ha hecho mucho más que otras potencias industriales.

El Presidente francés lanzó su petición al presentar su plan para la reindustrialización del país, que incluye créditos fiscales y otras medidas para promover las industrias verdes, pero también vehículos y baterías fabricados en Europa.

También pidió una “pausa” en la regulación europea en materia de restricciones medioambientales, afirmando que la Unión Europea ha hecho más que todos sus vecinos y que ahora necesita estabilidad.

“Estamos por delante, en términos de regulación, de los estadounidenses, los chinos y todas las demás potencias del mundo”, dijo Macron. “No debemos hacer nuevos cambios en las reglas”, añadió, subrayando que ello supondría riesgos para la financiación de los proyectos.

Macron ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por las políticas proteccionistas del gobierno estadounidense para apoyar a la industria y la transición energética.

Instó a Europa a defenderse de esta competencia, así como del auge de China. Los planes reindustrializadores de Macron siguen la pauta marcada por el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, hace unos días de entrar en la economía de guerra: reforzar el papel del Estado, acabar con la deslocalización industrial y el predominio de la economía financiera.

Macron aclaró que la “pausa” debería producirse tras la aprobación del New Deal Verde. La aclaración pretendía tranquilizar a los europarlamentarios, preocupados por un posible acercamiento de Francia a las posiciones del PPE, el principal grupo del Parlamento Europeo.

Las movilizaciones de los agricultores en Holanda han lanzado la voz de alerta sobre las políticas verdes de Bruselas. El PPE pide una “moratoria” para determinados proyectos ambientales. El New Deal Verde es el principal paquete de medidas climáticas de la Unión Europea, la mayoría de las cuales (reforma del mercado del carbono, fin de las ventas de coches con motores de combustión interna) ya han sido aprobadas, pero otras (envases, emisiones contaminantes de las explotaciones ganaderas) siguen siendo objeto de arduas negociaciones en los pasillos de Bruselas.

Naturalmente, se ha montado una gran revuelo y el sábado la Primera Ministra, Elisabeth Borne, ha tenido que matizar: “No hay pausa alguna en las ambiciones climáticas de Francia”, dijo. “Francia no defiende en absoluto una moratoria […] No hay ningún cambio de rumbo”, dijo Pascal Canfin, que preside la comisión de Medio Ambiente en el Parlamento Europeo.

Macron “tuvo una frase desafortunada que no refleja lo que hace Francia», concedió finalmente en Le Monde. «La expresión ‘pausa’ es una bomba retórica, claramente torpe”, dijo Thomas Pellerin-Carlin, director del Programa Europa del Instituto de Economía del Clima (I4CE).

Un movimiento creado desde arriba: el Dia de la Tierra

La ONU estableció el 22 de abril como Día de la Tierra porque el 22 de abril de 1970 se convocó en Estados Unidos el primer Día de la Tierra, y todo lo que empieza en Estados Unidos acaba siendo imitado por los demás países del mundo, por las buenas o por las malas.

No se trata de preservar el planeta para las generaciones futuras. “Lucha hoy popr un mañana mejor”, decían. Tal mañana no existe. No hay futuro. Todo está empeorando. La seudoecología es un movimiento para fomentar la depresión y el miedo a los desastres: las especies se extinguen, el agua se contamina, el aire se llena de polución, el calor es insoportable, el petróleo se agota y la civilización desaparece.

Es mera futurología, predicciones que jamás se cumplen, como demuestran los 50 años transcurridos desde entonces. Los pronósticos son equivocados porque no es una doctrina que pretenda acertar sino atemorizar, lograr que las personas vivan siempre atemorizadas.

Si tuviéramos que decantarnos por la mejor predicción seudocientífica de aquel primer Día de la Tierra es la de que la era glacial era inminente, ya que la Tierra se enfriaba y en el año 2000 la temperatura sería 11 grados más baja.

Los movimientos seudoecologistas nunca fueron otra cosa que una cortina de humo. El Día de la Tierra se convocó para distraer al movimiento estudiantil de la Guerra de Vietnam y Mayo del 68. Su animador fue el senador Gaylord Nelson, que propuso una serie de concentraciones, sobre todo en las universidades.

Los medios de comunicación se volcaron en la convocatoria, con grandes titulares en portada. Una semana antes, el Today Show de la NBC no dejó de emitir debates sobre el medio ambiente. El Departamento de Interior proporcionó más de mil oradores para que hablaran en los actos. El Congreso dio el día libre para que los congresistas también pudieran intervenir en las concentraciones.

El Día de la Tierra comenzó al amanecer en Washington con una ceremonia de apertura protagonizada por los indígenas, que saludaron la salida del sol. La gente desfiló por las ciudades y pueblos. Se calcula que lograron movilizar a unos 20 millones de estadounidenses, sobre todo estudiantes de las universidades. A diferencia de las movilizaciones contra la Guerra de Vietnam o contra el racismo, la policía ni siquiera apareció. Todo transcurrió pacíficamente.

En medio de la aclamación, Nixon creó la Agencia de Protección del Medio Ambiente, aprobó la Ley de Educación Ambiental, la Ley de Aire Limpio, la Ley de Mejora de la Calidad del Agua y la Ley de Especies Amenazadas, la Ley de Política Medioambiental, la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, la Ley de Ríos Salvajes y la moderna Ley de Aguas Limpias.

Al año siguiente, en 1971, el gobieno franquista creó el ICONA, Instituto para la Conservación de la Naturaleza, aunque en realidad sólo cambió el nombre de un organismo burocrático. Antes se llamaba Dirección General de Montes. Los mismos perros con distintos collares.

Alemania desmantela un parque eólico para ampliar una mina de carbón

El año pasado Alemania comenzó a desmantelar un parque eólico para ampliar la mina a cielo abierto de lignito de Garzweiler, en el estado de Renania del Norte-Westfalia. El gigante energético alemán RWE es el adjudicatario de la mina.

La crisis energética ha acabado con la Agenda 2030. El estado de Renania del Norte-Westfalia había prometido que eliminaría progresivamente el carbón para 2030, al igual que RWE, la empresa propietaria de la mina.

Las turbinas eólicas estaban en funcionamiento desde 2001, y las subvenciones del gobierno han expirado. Energiekontor & WPD explotan el parque eólico.

La producción anual de Garzweiler es de 25 millones de toneladas, según RWE. Estima que las reservas de lignito de la zona podrían durar hasta 2045. El combustible se suministra sobre todo a la cercana central térmica de Neurat.

La excavación se limitó inicialmente a una superficie de 66 kilómetros cuadrados en la zona de Garzweiler 1. El complejo se amplió en 2006 al sector Garzweiler 2 en una superficie de 48 kilómetros cuadrados.

La población de varios municipios de la zona al oeste de Colonia tuvo que ser realojada debido a la ampliación de la mina. Además de la ubicación del parque eólico, RWE va a ocupar una zona de la pequeña localidad de Lützerath y sus alrededores. Será completamente desalojado y demolido.

Los planes verdes se desmantelan en Europa, un proceso que es un fracaso estrepitoso para Los Verdes, que están en el gobierno de Berlín y en otros estados federados.

La sequía española es la gran oportunidad de los hijos de puta

En agosto de 2005, el huracán Katrina desoló el interior de Estados Unidos provocando más de 1300 víctimas y una migración de centenares de miles de personas. El llamado «tercer mundo» ingresó en los Estados Unidos, y para el diario Wall Street Journal, esto era una «ventana de oportunidades» para reformar drásticamente el sistema de protección social en las zonas afectadas, donde empresas de primera línea podrían hacer grandes negocios con la gestión de determinados servicios públicos. Leer más

Las temperaturas mundiales no han subido en los últimos nueve años

No ha habido ningún aumento de las temperaturas mundiales desde julio de 2015 hasta marzo de este año, es decir, durante casi nueve años, según los registros satelitales de la Universidad de Alabama en Huntsville que miden las temperaturas en la troposfera.

Con respecto a la media del periodo 1991-2020 la temperatura fue de +0,20ºC, mientras que en febrero fue de sólo +0,08ºC.

Si tomamos un periodo de tiempo aún más largo, desde enero de 1979, la tendencia lineal de calentamiento se mantiene en +0,13ºC por década (*).

Se trata de mediciones reales de temperaturas que contrastan con las predicciones apocalípticas basadas en modelos informáticos o en las declaraciones de los grupos seudoecologistas.

Así, el movimiento 300.org intentó impedir que se superara las 300 partes por millón (ppm) de CO2 en la atmósfera, ya que ello elevaría las temperaturas y extinguiría la vida en el planeta.

El límite se basaba en un artículo publicado en 2007 por el “experto” James Hansen en el que aseguraba que 350 ppm de CO2 en la atmósfera era el topeque podían admitir los seres vivos.

Aquella web desapareció de puro ridículo hace ya varios años y actualmente la concentración de CO2 está en 418 ppm y, a pesar de ello, las temperaturas no aumentan de manera correlativa.

(*) https://www.drroyspencer.com/2023/04/uah-global-temperature-update-for-march-2023-0-20-deg-c/

Los cultivos ucranianos podrían ser una mina de oro para la agroindustria

En 2011 Wikileaks publicó los cables diplomáticos mostrando que Estados Unidos presionaba a varios países del mundo en favor de Monsanto y otras multinacionales de la agroindustria, como DuPont, Syngenta, Bayer y Dow. Debían adoptar políticas a favor de los cultivos transgénicos.

Morgan Williams estaba en el centro de la red de alianzas de las empresas de biotecnología con la política exterior estadounidense y, al mismo tiempo, dirigía el Consejo de Comercio Estados Unidos-Ucrania. También era director de asuntos gubernamentales del fondo de inversión privada SigmaBleyzer, que recaudaba dinero para Ucrania.

Los 16 directivos del Consejo proceden de empresas agroalimentarias estadounidenses, entre ellas representantes de Monsanto, John Deere, DuPont Pioneer, Eli Lilly y Cargill. Entre los veinte asesores principales se encuentran James Greene (antiguo jefe de la Oficina de Enlace OTAN-Ucrania), Ariel Cohen (miembro de la Heritage Foundation, un equipo de análisis de Washington), Leonid Kozachenko (presidente de la Confederación Agraria Ucraniana), seis antiguos embajadores estadounidenses en Ucrania y el antiguo embajador ucraniano en Washington, Oleh Shamshur.

Shamshur es asesor de una filial de Hill & Knowlton, que forma parte del holding londinense WPP, un conglomerado de grandes empresas de relaciones públicas, entre ellas Burson-Marsteller, asesora de Monsanto desde hace tiempo.

A principios de los noventa Hill & Knowlton dirigió la campaña internacional de embustes para justificar la agresión imperialista contra Irak, así como la promoción de la imagen de la OMS al principio de la pandemia.

En marzo de 2014, un mes después del Golpe de Estado en Ucrania, un equipo de especialistas en intoxicación con sede en Kiev, formó el Ukrainian Crisis Media Centre para ayudar a mejorar la imagen de Ucrania y gestionar sus comunicaciones en las cadenas mundiales de comunicación.

El director de la empresa era Myron Wasylyk, miembro de la oficina en Ucrania del Consejo de Comercio de Estados Unidos. En Ucrania la directora es Oksana Monastyrska, que trabaja para Monsanto y para la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

En mayo de 2013 Monsanto anunció un plan para invertir 140 millones de dólares en una planta de semillas de cereales no transgénicos en Ucrania, y el portavoz de Monsanto en Ucrania, Vitally Fechuk, confirmó que solo trabajarían “con semillas convencionales porque son las únicas permitidas en Ucrania para la producción y la exportación”.

En efecto, los transgénicos estaban prohibidos en Ucrania y las multinacionales presionaban para introducirlos. En noviembre de aquel año seis asociaciones de agricultores ucranianos redactaron un proyecto de ley para legalizarlos. Como dijo el presidente de la Asociación Ucraniana de Cereales, Volodymyr Klymenko, querían introducir las mismas semillas modificadas genéticamente que se estaban cultivando desde hace tiempo en Estados Unidos.

A finales de año el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich, rechazó el acuerdo de asociación con la Unión Europea que iba vinculado a un préstamo de 17.000 millones de dólares del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En su lugar, Yanukovich optó por 15.000 millones de ayuda rusa, junto con un descuento en los precios del gas natural.

A pesar de la prohibición, el artículo 404 del acuerdo con la Unión Europea incluía una cláusula que establecía, entre otras cosas, que ambas partes se comprometían a cooperar para ampliar el uso de la biotecnología.

El rechazo de aquel acuerdo aceleró el Golpe de Estado de 2014 y su triunfo favoreció la concesión del préstamo al nuevo gobierno golpista, a cambio de privatizar la tierra cultivable para vendérsela a las empresas agroindustriales y abrir el país a los cultivos modificados genéticamente.

“Ucrania, y Europa del este en general, figuran entre los mercados de crecimiento más prometedores para el gigante de la maquinaria agrícola Deere, así como para los productores Monsanto y Dupont”, dijo entonces Michael Cox, director de un banco de inversiones.

Estaba previsto que la inversión de Monsanto en Ucrania ascendería a 300 millones de dólares en varios años. Las organizaciones opuestas a los organismos genéticamente modificados no ocultaron entonces su apoyo al Presidente depuesto y… a Rusia, que tembién prohíbe los cultivos transgénicos.

El 13 de diciembre el vicepresidente de Monsanto, Jesús Madrazo, había pronunciado un discurso en la conferencia Estados Unidos-Ucrania en Washington. Para la multinacional era importante “crear un entorno propicio” en Ucrania para “fomentar la innovación y emular el desarrollo continuo de la agricultura”. A su debido tiempo, añadió Maddrazo, “la biotecnología será una herramienta disponible para los agricultores ucranianos”.

Pocos días antes de las declaraciones de Madrazo, Monsanto había lanzado su programa “Cesta de cereales del futuro” para Ucrania, que subvencionaba a los campesinos para que aceptaran los nuevos cultivos transgénicos.

En palabras de Williams, presidente del Consejo de Comercio Estados Unidos-Ucrania, “la agricultura ucraniana podría ser una auténtica mina de oro”. Sin embargo, añadía, “muchos aspectos del clima empresarial [en Ucrania] tenían que cambiar, siendo el principal mantener al gobierno fuera del negocio”.

Los proyectos europeos de hidrógeno ‘verde’ en África son una nueva forma de colonialismo

Los proyectos europeos para fabricar hidrógeno “verde” en África son una versión energética de la colonización de toda la vida. Europa planea grandes infraestructuras para importar el hidrógeno desde el Continente Negro.

Las gigantescas inversiones no se están diseñando en función de los intereses de la población africana, sino de las necesidades europeas de contar con una energía “limpia”. Es lo mismo que ocurre con la basura: Europa está limpia porque arroja la basura en África.

El Continente Negro exportará grandes cantidades de energía “limpia” mientras la población seguirá padeciendo cortes de luz intermitentes.

Las corrientes seudoecologistas que justifican este tipo de políticas forman parte del viejo colonialismo. Para que las fábricas de hidrógeno sean realmente “verdes”, los europeos necesitan instalar gigantescos parques eólicos y solares. Por ejemplo, el suministro de energía previsto para el proyecto de Boegoebaai, en Cabo Norte, es muy superior a la suma de toda la capacidad eléctrica instalada actualmente en Sudáfrica.

Además de fábricas, los europeos tendrán que construir en África puertos y gasoductos que transporten el hidrógeno a su destino, el Viejo Continente, que respirará aliviado por la reducción de los gases de efecto invernadero.

El complejo de hidrógeno Hyphen, un proyecto en Namibia, se extenderá a lo largo de unos 4.000 kilómetros cuadrados, una superficie cuatro veces superior a la de Berlín. Para ello hay que expropiar grandes superficies de terreno a la población local, que se verá obligada a desplazarse a otros lugares para sobrevivir.

Para suministrar energía a la futurista megaciudad de Neom, en Arabia saudí, las comunidades locales tuvieron que ser desalojadas y sólo entonces la multinacional alemana Thyssenkrupp pudo construir una planta de hidrógeno “verde”. Las protestas fueron reprimidas britalmente por la policía y los manifestantes condenados a muerte.

En Sudáfrica ya han comenzado las movilizaciones por la tierra en Boegoebaai debido a la expropiación de 160.000 hectáreas de terreno para un complejo de producción y exportación de hidrógeno “verde” y amoníaco.

Hay previstas varias plantas en países con escasez de agua como Túnez, Marruecos y Argelia. El agua es la materia prima en la elaboración de hidrógeno, por lo que las multinacionales “verdes” competirán con las necesidades de la población y la producción agrícola local, lo que se supondrá en un foco de conflictos.

En las regiones áridas el agua también hay que fabricarla. Los complejos de producción de hidrógeno “limpio” necesitarán plantas desalinizadoras que, a su vez, tienen un elevado consumo energético y generan residuos de salmuera que se vierten al mar.

Si los planes coloniales salen adelante, en el futuro la situación será la siguiente: Europa tendrá la conciencia tranquila porque consumirá una energía “limpia”, mientras que África se quedará con la energía “sucia” convencional. Entonces Europa aplicará a África el impuesto que grava la importación de mercancías fabricadas con energía “sucia”.

Queda la alternativa de calcular al revés: ¿qué ocurrirá si el cuento de la lechera del hidrógeno “verde” fabricado en África no sale rentable?, ¿quién pagará las pérdidas? En Marruecos el dinero público está cubriendo las pérdidas de la planta de Ouarzazate, el mayor parque solar del mundo, cuya construcción contó con el apoyo de Alemania. Las pérdidas ascienden a 86 millones de dólares al año.

El gobierno namibio financia el 24 por cien del gigantesco proyecto de hidrógeno “verde” de Hyphen, cuyo coste asciende a 9.400 millones de dólares. Es casi igual al PIB de Namibia: 12.310 millones de dólares. Una obra faraónica es tan importante como el resto de la economía, que difícilmente podrá pagar ninguna cantidad de dinero si el proyecto no resulta finalmente rentable.

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