Como hemos explicado en una entrada anterior, a cambio de una compensación económica, la Unión Europea ha contratado con Túnez el cierre de la frontera sur. Sin embargo, un informe presentado el 4 de febrero al Parlamento Europeo, acusa a la Guardia Nacional y al ejército tunecinos de vender como esclavos a emigrantes subsaharianos a redes criminales libias (1).
El informe es obra de un colectivo de investigadores y va acompañado de mapas. Se trata de treinta testimonios recogidos entre junio de 2023 y noviembre de 2024 de subsaharianos expulsados de Túnez a Libia. De esos testimonios concordantes se desprende que, bajo el pretexto de luchar contra la inmigración ilegal hacia la Unión Europea, la policía tunecina practica de manera organizada la venta de seres humanos en la frontera.
El informe establece una “interconexión entre la infraestructura detrás de las deportaciones y la industria del secuestro en las cárceles libias”. Los autores denuncian la complacencia y pasividad de la Unión Europea en el tráfico de esclavos.
La cadena criminal se organiza en cinco etapas: la detención de las personas, su transporte a la frontera entre Túnez y Libia, su estancia en campos de concentración tunecinos, su desplazamiento forzado y su venta a las fuerzas armadas y milicias libias, y su detención en cárceles libias hasta su liberación a cambio de un rescate.
Los testimonios destacan graves violaciones del derecho internacional, desde crímenes de lesa humanidad hasta detenciones arbitrarias, discriminación racial, esclavitud, desaparición forzada, tortura, trata de personas y violencia de género.
Según el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales, desde la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Túnez en 2023, el país norteafricano ha interceptado a más de 100.000 personas que huían del país, más del 80 por cien de las cuales procedían del África subsahariana. La mayoría de esos 80.000 cautivos fueron luego expulsadas a Argelia y Libia (2).
El primer paso en la trata de personas es el arresto. Se trata de una cacería organizada y llevada a cabo por la Guardia Nacional en los lugares de trabajo (obras, olivares), delante de los bancos y agencias de transferencia de dinero y, por supuesto, en las pateras que intentan cruzar el Mediterráneo. Tanto si tienen su documentación en regla como si no, hombres, mujeres y niños, son capturados y despojados inmediatamente de sus papeles y efectos personales.
En caso de las interceptaciones en el mar, a veces los guardacostas tunecinos hacen zozobrar los barcos para obligarlos a obedecer. Tras ser reunidos en Sfax y sus alrededores, los prisioneros son registrados, atados y, a menudo, golpeados.
Luego son transportados por la noche en autobús o, más raramente, en camiones, escoltados por la policía. Sin agua, sin comida, sin atención sanitaria, sin acceso a un baño. Las mujeres denuncian agresiones sexuales, a veces violaciones. Apiñados en los asientos y en el suelo, estas personas son golpeadas y vigiladas por la Guardia Nacional. La ruta generalmente sigue la autopista A1, que conecta Sfax con Ben Guerdane y Ras Agedir.
En la frontera, los detenidos son entregados en campamentos militares a otros funcionarios uniformados, por períodos de tiempo variables. La violencia y la tortura allí son “sistemáticas, generalizadas y repetidas”. Los testigos hablan de barras de hierro, porras, pistolas eléctricas, perros y balas disparadas al aire. Les confiscan sus documentos de identidad y teléfonos. Hay varios informes de prisioneros que mueren a causa de sus heridas. El último recinto se describe como una “jaula” o espacio vallado al pie de una antena, a unos cientos de metros de la frontera.
La venta se realiza por la noche, a lo largo de la frontera. Los prisioneros son intercambiados, en grupos de 40 a 150 personas, por dinero, cannabis y combustible. Del lado libio los compradores son milicianos vestidos de civil y también funcionarios uniformados. Los precios de venta varían entre 40 y 300 dinares tunecinos por persona (de 12 a 90 euros), aunque el precio sube en el caso de las mujeres. En el momento del intercambio, los teléfonos y papeles de los cautivos son entregados a sus nuevos carceleros. “Cuentan el dinero delante de ti y te lo dan.»
Una vez cerrado el trato, los libios cargan su botín en furgones “como si fueran ovejas”, dice el informe.
El último paso es el más conocido. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los refugiados en Libia han sido objeto de numerosos informes, que destacan el papel central de la Guardia Fronteriza libia. La prisión más descrita es Al Assah, la primera de una red de prisiones donde los cautivos que no pueden pagar el rescate son trasladados y revendidos.
Los que pueden pagar quedan inmediatamente en libertad, por unos 1.000 euros. Otros son sometidos a torturas, amenazas y violencia para sacarles entre 400 y 700 euros a sus familiares, con un precio más elevado en el caso de las mujeres. Aquellos que no tienen valor de mercado, los “desperdicios de la industria del secuestro”, son utilizados como mano de obra forzosa.
Hay un teléfono por cada 5 ó 10 personas, y cada persona tiene entre 10 y 20 minutos para llamar a su familia. “Si la familia no responde, le llevan a una jaula para torturarle, le filman y envían la grabación a sus padres para que paguen. Las condiciones de vida son indescriptibles. La gente duerme sobre sus propios excrementos. Comen una vez al día, recibir a menudo agua sucia, dos veces por semana.
Cuando finalmente llega la liberación, y no siempre, no es el final de la pesadilla porque la caza de exiliados no conoce tregua.
(1) https://statetrafficking.net/
(2) https://ftdes.net/statistiques-les-migrants-interceptes-sur-les-cotes-tunisiennes/
