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Níger expulsa al Comité Internacional de la Cruz Roja

El gobierno militar de Níger ha ordenado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que abandone el país inmediatamente. La oficina de la delegación en Niamey está cerrada desde el martes.

El medio de comunicación local Air Info confirmó, citando una nota verbal, que el gobierno de Níger había exigido el cierre de las oficinas del CICR y la evacuación inmediata de su personal.

Níger había revocado los acuerdos existentes con el CICR y algunos funcionarios ya habían comenzado a abandonar el país africano.

Desde el golpe de Estado de julio de 2023, el régimen militar en el poder en Níger ha hecho de la preservación de la soberanía nacional una prioridad. Además de expulsar a los soldados franceses y estadounidenses que ocupaban el país con el pretexto de la “lucha contra los yihadistas”, también expulsó al embajador de la Unión Europea y fortaleció sus lazos con nuevos socios como Rusia y Turquía.

Las organizaciones “humanitarias” también están en el punto de mira del gobierno. En enero, el ministro del Interior, el general Mohamed Toumba, un miembro clave de la junta, dijo que tomarían “medidas significativas” para fortalecer el control de las ONG y las organizaciones de desarrollo.

“Nuestras investigaciones revelan que muchas ONG están colaborando con socios que libran una guerra indirecta contra nosotros a través de misiones subversivas y apoyo a terroristas”, explicó, subrayando su compromiso con la soberanía.

El pasado mes de noviembre, la junta ya retiró el permiso de funcionamiento a la ONG francesa Acted y a la organización nigerina Acción por el Bienestar (ABPE).

Acted es una de las mayores ONG francesas. Estaba presente en Níger desde 2010 con el pretexto de prestar ayuda a los refugiados y a las poblaciones locales desplazadas por la guerra, el hambre y las sequías.

Un socio de Acted, la ONG suiza Impact Initiatives, ubicaba la localización de los campamentos y controlaba a quienes se refugiaban en ellos.

En 2020 ambas organizaciones sufrieron un ataque en el murieron siete de sus colaboradores a manos de hombres armados en un parque de jirafas.

La APBE es una ONG que llegó a Níger en 2009 con el pretexto de la sanidad maternal e infantil, así como la llamada “lucha contra el sida”.

El gobierno no dio explicaciones de la expulsión de ambas organizaciones, aunque los medios de comunicaciones locales hablaron de la necesidad de controlar de manera más estricta el funcionamiento del personas de las ONG que llegan de Europa.

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Una asociación tuareg se posciona a favor del nuevo gobierno de Mali

Las reivindicaciones de los grupos armados tuareg, como el Frente de Liberación de Azawad (FLA), están profundamente arraigadas en la historia del norte de Mali. Desde hace varias décadas, las poblaciones tuareg de Kidal, Gao y Tomboctú, han expresado su frustración por su marginación por parte del gobierno central.

Las tensiones a menudo desembocaron en rebeliones violentas que exigían mayor autonomía o independencia para la región de Azawad. El conflicto alcanzó su punto máximo en 2012, cuando grupos rebeldes se lanzaron a la lucha exigiendo la creación de un estado independiente. El levantamiento se vio rápidamente amplificado por la participación de grupos yihadistas, especialmente aquellos vinculados a Al Qaeda, lo que ha profundizado la crisis política de Mali.

El proceso de paz iniciado por el Acuerdo de 2015 estableció un marco para la reconciliación, pero las tensiones siguen siendo altas y las demandas de los grupos armados, como el FLA, siguen siendo un importante punto de fricción.

En este contexto, la asociación Tamouzok ha surgido como un actor clave en el apoyo a los esfuerzos de paz en el norte de Mali. La asociación que se presentada el domingo en Bamako, busca reforzar la confianza entre las diferentes partes en conflicto. Está formada por varios ministros y varios altos funcionarios de la administración maliense.

Se posiciona como mediador entre el gobierno de transición maliense y los grupos rebeldes. Su función se centra en fomentar el diálogo y la participación de las comunidades locales en los esfuerzos de paz. “El objetivo de la asociación es realmente crear este puente que nos permita encontrarnos, dialogar, trascender los muchos problemas que han debilitado el tejido social en nuestra comunidad en los últimos años, y contribuir evidentemente a la construcción de la paz en todo el territorio”, afirma un dirigente de la comunidad tuareg.

Tras el golpe de Estado de 2020 y la ofensiva militar lanzada por el nuevo gobierno, se recuperaron localidades estratégicas, incluida Kidal. Pero la recuperación, aunque importante, no garantiza una estabilidad duradera. De hecho, los grupos rebeldes, incluido el FLA, siguen resistiéndose a estas acciones militares. Kidal sigue siendo un importante foco de conflicto en las negociaciones de paz, sobre todo porque su control se considera una cuestión simbólica y estratégica para los tuaregs y el gobierno central.

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Ruanda invade el este de Congo y desancadena una guerra civil

El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) informa de una “auténtica matanza” y de un panorama “sombrío” y “catastrófico” en Goma, en el norte de Kivu, mientras que los medios de comunicación informan del avance de los rebeldes hacia Bukavu, capital de la provincia del sur de Kivu, lo que hace temer una escalada regional.

En el este del Congo, al menos 773 personas han muerto y otras 2.880 han resultado heridas en los enfrentamientos por el control de la ciudad de Goma entre las Fuerzas Armadas Congoleñas (FARDC) y los rebeldes del M23, apoyados por Ruanda, en sólo cuatro días, entre el 26 y el 30 de enero, anunció el ministro de Salud, Samuel Roger Kamba, el sábado en una rueda de prensa. La víspera, el gobierno congoleño había hablado de una “auténtica matanza” en las actas de su Consejo de Ministros.

El ministro de Salud precisó que el balance de muertos y heridos que había anunciado sólo se refería a las cifras registradas en las instituciones sanitarias. “Desafortunadamente hay muchos heridos que no han podido llegar [a los centros de salud] porque las condiciones no lo permiten”, lamentó. “Se espera que las cifras aumenten a medida que se disponga de más información”, dijo el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, subrayando que el balance anunciado era sólo provisional.

En el terreno de los enfrentamientos, mientras los medios de comunicación informan de la caída de Goma, en la provincia de Kivu del Norte, en manos del M23 y de las fuerzas armadas ruandesas, los informes de prensa indican que el grupo está intentando ahora avanzar en el vecino país. provincia de Kivu del Sur, en particular hacia la ciudad minera de Nyabibwe y la capital de esta región, Bukavu. Sobre el terreno, la ONU ha constatado una afluencia de heridos que está provocando la saturación de las capacidades hospitalarias en las ciudades de Goma y Bukavu.

Mientras la situación se deteriora rápidamente en Goma, el presidente Félix Tshisekedi recordó al gobierno la necesidad de poner en marcha un plan de emergencia humanitaria para las poblaciones afectadas en esta metrópoli de más de dos millones de habitantes, incluidos al menos 500.000 desplazados. El diputado Jean Baptiste Muhindo Kasekwa también pintó una imagen sombría y catastrófica de la situación en Goma. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) acusó al M23 de haber cometido “ejecuciones sumarias” y de haber matado al menos a 12 personas entre el 26 y el 28 de enero.

Ante el avance del M23, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 pidieron al grupo y al ejército ruandés que cesaran su ofensiva en la República Democrática del Congo. Por su parte, el jefe de las operaciones de paz de la ONU, Jean Pierre Lacroix, se mostró preocupado por el avance de los rebeldes hacia Bukavu, capital de la provincia de Kivu del Sur, lo que, según él, le hace temer una escalada regional.

El jefe de las operaciones de paz también expresó su preocupación por los riesgos de escalada más allá de las fronteras del Congo que plantea la propagación de los combates en Kivu del Sur. “Si tenemos en cuenta el pasado, esto podría potencialmente escalar hasta convertirse en un conflicto regional más amplio”, dijo.

El presidente burundiano acusó a Ruanda de desestabilizar la región. “Si Ruanda continúa realizando conquistas, la guerra corre el riesgo de generalizarse”, advirtió. Estas declaraciones se producen en un contexto de endurecimiento del tono en los últimos días entre Ruanda y Sudáfrica, tras una cumbre virtual de la Comunidad de África Oriental (CAO) el 29 de enero, en la que el presidente congoleño Tshisekedi no participó. En esta ocasión, el presidente ruandés, Paul Kagame, acusó a su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, de distorsionar la realidad e incluso de mentir.

Sudáfrica es uno de los principales contribuyentes de tropas a la Misión de la Comunidad de Desarrollo de África Austral en la República Democrática del Congo (SAMIDRC), desplegada en el este del país junto a la Misión de las Naciones Unidas en el Congo (MONUSCO) y el ejército regular de Kinshasa (FARDC). Mientras estos últimos intentan contener a los rebeldes, los esfuerzos diplomáticos, como el proceso de Luanda patrocinado por Angola o el reciente intento de mediación de Kenia, luchan por producir resultados concretos frente a la falta de cooperación de Ruanda.

Doce años de guerra promovida por Ruanda

Desde hace varios años, Congo se enfrenta a una guerra mortal provocada por la rebelión M23, activa en Kivu del Norte, en el este del país. El grupo armado fue creado en 2012 por oficiales que se rebelaron contra el gobierno central.

Durante más de una década, las agresiones de Ruanda contra la República Democrática del Congo han alimentado la inestabilidad crónica en la región de los Grandes Lagos. Ruanda dirige los pasos del Movimiento 23 de Marzo (M23), un grupo armado activo en el este del Congo.

Desde 2012 numerosos informes de la ONU ponen de relieve el apoyo de Kigali a los ataques mediante el suministro de armas, municiones y el despliegue de tropas ruandesas en territorio congoleño.

El último ataque diplomático se produjo tras la cumbre extraordinaria de la Misión de la Comunidad de Desarrollo de África Austral en la República Democrática del Congo (SAMIDRC) celebrada el viernes. Ante las acusaciones de la SAMIDRC sobre el compromiso de las Fuerzas de Defensa de Ruanda junto al M23, Kigali reaccionó agresivamente. En un comunicado oficial, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ruanda se sacudió categóricamente las acusaciones, afirmando que sus fuerzas armadas se limitan a proteger sus fronteras y defender a la población civil.

El gobierno ruandés contraatacó acusando a la SAMIDRC de tomar partido en lo que llama “la guerra del gobierno congoleño contra su propio pueblo”. Quiso presentar al M23 como el legítimo defensor de ciertos grupos étnicos en la República Democrática del Congo. Más grave aún, Kigali sospecha de una colusión entre las fuerzas de paz de la SADC y el ejército congoleño, evocando la preparación de una ofensiva conjunta contra Ruanda con el objetivo de derrocar a su gobierno.

Sin embargo, las pruebas documentadas por diversas fuentes internacionales se acumulan contra Ruanda. Los sucesivos informes de la ONU, los testimonios recogidos sobre el terreno y los análisis de organizaciones independientes convergen hacia la misma conclusión: la importante implicación del ejército ruandés en el apoyo al M23.

Las investigaciones ponen de relieve, en particular, patrones recurrentes de apoyo militar, logístico y estratégico proporcionado por Kigali al M23, contradiciendo así los desmentidos oficiales del gobierno ruandés.

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Cuando el plato se vacía, las calles se llenan

En las bulliciosas callejuelas de Lagos, en el corazón de los coloridos mercados de Abiyán o en las congestionadas avenidas de Nairobi, la ira está latente. Una ira apagada, luego ruidosa, que ahora estalla abiertamente. Cada vez son más los ciudadanos que salen a las calles blandiendo carteles y planteando reivindicaciones contra unas élites que se consideran sordas a su angustia. En el fondo: una crisis económica implacable. A medida que el costo de la vida se dispara y el poder adquisitivo se desploma, se extiende un sentimiento compartido: el de sentirse abandonado.

Esta crisis, que algunos economistas ahora llaman “la economía del descontento”, refleja un profundo malestar. El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluso ha intervenido, mencionando un “aumento del malestar social” en sus últimas previsiones para el África subsahariana. Detrás de estos términos susurrados, un continente lucha por mantener su equilibrio, atrapado en el vicio de las fuerzas económicas mundiales y las fallas internas.

Mercados paralizados por el aumento de los precios

El mercado de Makola en Accra es como una escena que se repite en todo el continente. Aquí los puestos están siempre llenos, pero los clientes son pocos. El precio del maíz, un alimento básico en muchas regiones, se ha duplicado en dos años. “Antes, podía comprar lo suficiente para alimentar a mi familia durante una semana. Hoy no aguanto ni tres días”, dice Ama, vendedora de verduras. Su situación no tiene nada de excepcional. En todas partes, la espiral inflacionaria ha puesto de rodillas a millones de hogares.

La causa es una serie de crisis que se han sucedido sin dar tiempo a las economías locales a respirar. Tras el impacto de la pandemia, la Guerra de Ucrania interrumpió las cadenas de suministro mundiales, haciendo subir los precios del combustible, los fertilizantes y los alimentos. Los países africanos, que importan masivamente estos productos, han visto sus facturas dispararse. “No es sólo una crisis económica, es una crisis existencial”, dice un economista de Nairobi.

La situación se agrava aún más por la depreciación de las monedas locales frente al dólar. El cedi ghanés, por ejemplo, perdió casi el 40 por cien de su valor en 2022, lo que aumentó el costo de las importaciones. Resultado: una población atrapada entre ingresos estancados y precios en aumento.

La calle como escenario de la ira popular

Cuando el plato está vacío, la calle se llena. Y los carteles hablan con franqueza: “Tenemos hambre”, “La vida es demasiado cara”, “¿Dónde está el Estado?” Lemas sencillos pero contundentes que resumen la frustración colectiva. En Nigeria, el fin de los subsidios a los combustibles en 2023 ha provocado una ola de protestas. Desde los sindicatos hasta las asociaciones de estudiantes, todos los componentes de la sociedad han unido sus fuerzas.

Kenia, por su parte, no se queda atrás. La promesa del presidente William Ruto de una “economía de abajo hacia arriba” para aliviar la carga de los más pobres, se ha topado con una realidad muy diferente: aumentos de impuestos, recortes presupuestarios e inflación galopante. Las protestas de julio de 2023, organizadas bajo la consigna de “Lunes de Maandamano” [Lunes de Protesta], paralizaron el país. En las redes sociales circulan en bucle vídeos de enfrentamientos entre manifestantes y policías, avivando la ira popular.

Pero en estos movimientos no sólo hay descontento económico. Detrás de la protesta surge una desconfianza generalizada hacia las élites. La corrupción, las desigualdades flagrantes y la falta de respuestas estructurales están alimentando una división entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. “No somos pobres porque no hay dinero en este país. “Somos pobres porque nos roban”, dice un manifestante en Nairobi, entre dos ráfagas de gases lacrimógenos.

Entre la represión y los parches temporales

Ante esta marea creciente, los gobiernos están reaccionando, aunque a menudo de manera torpe. Las fuerzas del orden se despliegan periódicamente para sofocar las protestas. En Zimbabwe las protestas contra el aumento de los precios del combustible han sido reprimidas con una brutalidad escalofriante. Detenciones arbitrarias, cortes de internet y discursos incendiarios de dirigentes demuestran un temor palpable entre los gobiernos ante el auge de los movimientos sociales.

Otros prefieren medidas más simbólicas. En Costa de Marfil, el presidente Alassane Ouattara anunció una serie de medidas destinadas a aliviar las tensiones: aumento de los salarios de los funcionarios, limitación de los precios de los productos de primera necesidad y ayuda específica para los hogares más pobres. Pero estas políticas, a menudo improvisadas, difícilmente logran satisfacer la magnitud de las necesidades. “Son como vendajes en una herida abierta”, afirma un analista político basado en Dakar.

La verdadera respuesta, la que nos permitiría tranquilizar los ánimos a largo plazo, sigue estando fuera de nuestro alcance: una reforma estructural de las economías africanas. Una menor dependencia de las importaciones, un mayor apoyo a la agricultura local y una lucha seria contra la corrupción serían algunas de las vías a explorar. Pero eso requiere coraje político. Y tiempo. Mucho tiempo.

Un continente en un punto de inflexión

La “economía del descontento” no es sólo un síntoma de crisis. También es una señal de alarma. Las protestas actuales, aunque motivadas por causas económicas, reflejan una demanda más amplia: la de una sociedad más justa y más equitativa. “No se trata sólo de dinero. Es una cuestión de dignidad”, resume un joven militante ghanés.

Si se gestionan mal, estas crisis podrían provocar una inestabilidad crónica y frenar el desarrollo de un continente lleno de promesas. Pero, por el contrario, también podrían ser una oportunidad para repensar los modelos económicos y sociales. La ira, si se escucha, puede convertirse en una fuerza de cambio.

Por ahora, sin embargo, África se tambalea. Entre una juventud decidida a hacerse oír y unos dirigentes a menudo desbordados, la brecha parece ampliarse. La única certeza es que el status quo ya no es sostenible. El continente se encuentra en un punto de inflexión, y la forma en que se gestione esta crisis podría determinar su futuro en las próximas décadas.

—http://oeildafrique.com/lactualite/crise-economique-en-afrique-la-colere-face-a-la-chute-du-pouvoir-dachat/

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Manifestantes congoleños asaltan e incendian las embajadas de los países occidentales

La guerra entre el Movimiento 23 de Marzo (M23) y el ejército congoleño dura desde hace más de una década en el este de la República Democrática del Congo. Detrás del M23 está Ruanda y detrás de Ruanda están los imperialistas.

Nacido en 2012 de un motín de antiguos oficiales que formaron parte del ejército congoleño, el Movimiento 23 de Marzo toma su nombre de los acuerdos de paz firmados el 23 de marzo de 2009. Después de una ocupación inicial de Goma en 2012, el movimiento se disolvió temporalmente tras una intervención militar.

Su resurgimiento en 2021 ha reavivado las tensiones con Kinshasa, que acusa periódicamente a Ruanda de apoyar la guerra. La reciente entrada del M23 en Goma marca una nueva escalada de la guerra y reavivó los temores de desestabilización regional.

La frustración congoleña por la situación de seguridad estalló en Kinshasa, donde los manifestantes han asaltado e incendiado las misiones diplomáticas occidentales de Estados Unidos, Francia, Bélgica y Países Bajos, Francia y Estados Unidos.

Una multitud airada atacó los edificios con piedras y trozos de hormigón. Los manifestantes denuncian la complicidad de las potencias occidentales con el M23. La embajada de Uganda ha sido especialmente afectada por los asaltos. Sus instalaciones fueron saqueadas por manifestantes que acusan a Kampala de simpatizar con ciertos grupos armados del este del Congo.

La misión de la ONU en la República Democrática del Congo no se ha librado de las protestas populares. Los manifestantes atacaron sus instalaciones en Kinshasa, expresando su descontento por su presunto fracaso en proteger a los civiles contra los ataques del M23. La indignación popular refleja la creciente desconfianza de la población congoleña hacia la presencia de la ONU, percibida como colaboradora de los grupos armados.

La policía congoleña reaccionó rápidamente contra los manifestantes. Los dispersó utilizando equipos antidisturbios, mientras que el gobierno anunció que reforzaría la seguridad en torno a las misiones diplomáticas.

Pero la tensión sigue siendo palpable en las calles de Kinshasa. La población exige acciones concretas para poner fin a la violencia. Los manifestantes quieren que Rusia aumente su presencia militar en el país, porque es una “alternativa a la hipocresía de Occidente”.

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Francia dirige los pasos de los terroristas que operan en la República Centroafricana

El mes pasado la República Centroafricana expulsó a dos periodistas franceses, James Stephan Carthens y Caroline Dumé, por espionaje. Les encontraron dispositivos y documentos que demuestran su complicidad en las operaciones terroristas dirigidas contra el gobierno de Bangui.

La documentación incautada expone los planes del gobierno francés en apoyo a los grupos terroristas centroafricanos, datos personales de militares y funcionarios, listas de contactos, así como medios de comunicación profesionales. Los documentos contienen información sobre la ayuda financiera de París a los terroristas y un plan de acción, incluida la recopilación de inteligencia.

Los grupos terroristas debían unirse y preparar un ataque a gran escala contra la capital del país, Bangui, replicando los acontecimientos de 2020. En los archivos la policía encontró folletos guía sobre las formas de desestabilizar un país mediante la implementación de diversas actividades terroristas. También había fotografías de establecimientos públicos en la República Centroafricana.

El ministro de Comunicación de la República Centroafricana, Maxim Balalou, afirmó que las fuerzas de seguridad locales continúan sus investigaciones sobre el caso de espionaje y están buscando a los traidores que han reclutado los corresponsales franceses.

Los espías aún estaban en la fase de negociación del plan con los terroristas que debían ponerlo en práctica. El objetivo de Francia no era sólo inmiscuirse en las elecciones centroafricanas que tendrán lugar a finales de este año, sino de un intento de desestabilizar el país.

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¿Nacionalizarán los países del Sahel las minas de materias primas estratégicas?

Lo mismo que en las bolsas de valores se negocian papeles, las materias primas también cotizan en las bolsas correspondientes, que tienen sus sedes principales en Canadá y Australia, los países mineros por excelencia de occidente.

Pues bien, como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno de Mali contra la empresa minera canadiense Barrick Gold, los medios económicos cada vez hablan más del miedo a la nacionalización de la industria minera en los países africanos del Sahel.

Durante la última semana se han publicado numerosos artículos sobre la situación de Barrick Gold y otras empresas que operan en Mali, Burkina Faso y Níger.

El diario británico Financial Times tiembla ante lo que considera como una amenaza al libre mercado. Las represalias contra las empresas mineras en el Sahel son “aterradoras”, asegura (*).

Los dirigentes del Sahel están reformando injustamente las leyes mineras, dice el periódico. Sus demandas incluyen pagos de impuestos más altos y una mayor participación pública en la propiedad de las empresas.

Cualquier desobediencia a las leyes del país donde trabajan obliga a la policía a tomar medidas de represalia, emitiendo órdenes de detención y recurriendo a la confiscación de la producción por la fuerza.

Sin embargo, reconocen que hay empresas más complacientes como B2Gold, Allied Gold y Robex Resources cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Toronto.

Al mismo tiempo, reconocen los éxitos de China, que domina con éxito el mercado del litio en el país, operando de acuerdo con las leyes establecidas. ¿Por qué las empresas occidentales no respetan las leyes locales africanas y los chinos sí lo hacen?

Los colonialistas, que durante décadas han dominado a los africanos, no puede aceptar ser dominados por ellos.

Por su parte, el equipo de análisis estadounidense Critical Threat destaca la influencia rusa en la región. Basándose en datos de periódicos franceses, descubren que los rusos llevaban mucho tiempo insistiendo en la necesidad de nacionalizar los grandes complejos mineros de oro africanos. Entre ellos los de Barrick Gold y Resolute Mining.

Rosatom, la gigantesca empresa pública rusa de la energía atómica, es muy activa en los mercados del Sahel. Desarrolla vínculos con todos los miembros de la alianza de los Estados de la región y, a través de sus filiales, apoya el desarrollo de las minas de litio.

(*) https://www.ft.com/content/9a0901f1-070f-43e8-9cd3-6bd6ab4f6c4a

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La ‘guerra contra el terrorismo’ creó una vasta trama mundial de organizaciones criminales

En 2002 Bush encargó a la CIA la “guerra contra el terrorismo”. Entonces la central elaboró el Proyecto Omega y creó los Equipos de Lucha Antiterrorista. De ellos formaban parte miembros del Centro de Actividades Especiales (SAC), oficiales de inteligencia y sicarios locales.

En más de sesenta países la central de espionaje creó una vasta red de unidades paramilitares y policiales, que financió, entrenó y supervisó, tejiendo una verdadera “telaraña mundial” de subcontratistas locales que llevaron a cabo los planes de Estados Unidos. Les dieron carta blanca. Los mercenarios de la CIA se involucraron en numerosos atentados terroristas y ejecuciones sumarias.

Un buen ejemplo de ello es Kenia. Michael Ranneberger, embajador de Estados Unidos en Kenia de 2006 a 2011, reconoció que el país era un escenario clave para Washington en África Oriental. Kenia tiene la embajada de Estados Unidos más grande de África y una de las más grandes del mundo porque una gran parte de las operaciones regionales se dirigen desde desde allí.

Henry Crumpton, el número dos del Centro de Lucha Contra el Terrorismo (CTC), dijo que era imperativo que Estados Unidos adoptara una postura más agresiva en África oriental.

Las actividades de la CIA en Kenia se ampliaron con el pretexto la lucha contra Al Shabaab, uno de los muchos movimientos a los que asociaron el fantasma Al Qaeda, la otra cara de la “telaraña mundial” del espionaje estadounidense.

En 2004 la CIA creó y entrenó un Equipo de Respuesta Rápida (RRT) con licencia para matar. Como siempre lo asociaron a los sicarios locales de la inteligencia keniana. Cuando se creó, el RRT –también conocido como el Equipo de Operaciones de Entrega Extrajudicial– contaba con sólo 18 miembros de la Unidad de Servicios Generales (GSU), la rama paramilitar de la policía keniana, creada en 1953.

Desde entonces su número fue aumentando hasta contar con unos sesenta comandos. Tiene su base en un centro secreto en la ciudad de Ruiru, a unos 50 kilómetros al este de Nairobi. Todos sus miembros están entrenados por subcontratistas de la CIA, miembros de las fuerzas especiales y de los equipos SWAT de la policía estadounidense, en operaciones tácticas, asalto a edificios, combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas, reconocimiento, vigilancia y recopilación de inteligencia.

La CIA proporciona al RRT apoyo financiero regular, otorgando incluso a sus pistoleros asignaciones operativas y bonificaciones por misiones exitosas. La ayuda pretende complementar los bajos salarios de los policías kenianos, que ganan tan sólo 115 dólares al mes. Los policías heridos reciben prestaciones en efectivo y tratamiento en el Hospital privado Aga Khan de Nairobi.

‘No sólo les damos el dinero una vez al mes’

La CIA tiene su base en la embajada de Estados Unidos en Nairobi y está encabezada por un oficial del Centro de Actividades Especiales (SAC). Está directamente involucrada en la planificación y dirección de las operaciones del RRT. En estrecha colaboración con sus homólogos de la división antiterrorista del Servicio de Inteligencia Nacional de Kenia (NIS), la CIA recopila inteligencia, identifica objetivos y prepara expedientes. Luego decide la operación: detener o matar.

“Cuando apoyamos a este tipo de unidades, realmente estamos sobre el terreno. Nos ensuciamos las manos. No sólo les damos el dinero una vez al mes”, dijo un agente de la CIA. Los espías de la central participaban directamente en las operaciones: “Es necesario si realmente queremos lograr resultados”. Por eso acompañaron a los comandos kenianos sobre el terreno, vigilando la casa de un objetivo y localizando sus movimientos utilizando rastreadores telefónicos portátiles. Un alto oficial del RRT confesó que ese apoyo era esencial para el éxito de las operaciones.

Los kenianos no pueden actuar sin el consentimiento de la antena local de la CIA, excepto en caso de represalias antes un ataque y para la protección de diplomáticos extranjeros.

Uno de los mayores éxitos del RRT se produjo en agosto de 2009, cuando los servicios de inteligencia kenianos y occidentales detectaron un plan para organizar ataques simultáneos a tres hoteles de Nairobi, uno de los cuales iba a ser visitado por la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Una operación de la CIA y el NIS localizó y capturó a los sospechosos.

Los agentes de la CIA en Nairobi también trabajan en estrecha colaboración con sus homólogos del servicio de inteligencia (SIS o MI6), la inteligencia exterior británica, para infiltrarse en círculos militantes y proporcionar información al RRT. Los británicos se muestraban especialmente vigilantes y activos en el país porque desde 2010 permitieron a muchos de sus ciudadanos viajar a Somalia para unirse a los yihadistas.

El SIS jugó un papel clave en la identificación, seguimiento y localización de objetivos, pero no tenía un vínculo directo con el RRT y pasaba su información a través de sus homólogos en la CIA y el NIS.

El disfraz de trabajadores humanitarios

Los miembros del RRT se disfrazaban de trabajadores humanitarios durante las operaciones en los campamentos de refugiados, como Dadaab, en el este, o Kakuma, en el noroeste. El pretexto era que en ellos se infiltraban miembros de Al-Shabaab, que había contrabando de armas o preparación de atentados.

En Dadaab los agentes del RRT utilizaron vehículos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU y llevaban camisetas del mismo organismo para hacerse pasar por distribuidores de ayuda, cuando en realidad buscaban identificar a los sospechosos de colaborar con los yihadistas.

A lo largo de 20 años, durante sus operaciones los miembros del RRT utilizaron vehículos sin distintivos, alquilados a empresas privadas, cuyas matrículas cambiaban periódicamente para evitar ser identificados. Un solo vehículo RRT normalmente llevaba al menos tres placas de matrícula que se intercambiaban al menos una vez.

Al igual que en el caso de la Guerra de Afganistán, también les acusan de asesinatos y ejecuciones sumarias de la población civil. Según uno de los oficiales del RRT, “cuando nos formaron nos enseñaron que los derechos humanos vienen después”. Si no era posible detener e interrogar a un sospechoso, había que asesinarlo y las investigaciones han revelado que en numerosos casos los muertos nada tenían que ver con los yihadistas.

En respuesta a las preguntas planteadas en 2015 por el senador estadounidense Ron Wyden sobre el apoyo de la CIA a las fuerzas de seguridad extranjeras, el director de la central, John Brennan, admitió que conocía los “abusos”, que él imputaba a sus “socios”, es decir, a los apoyos locales de la CIA. “En algunos casos hemos decidido continuar estas relaciones [con los locales], a pesar de su comportamiento inaceptable, debido a la inteligencia crítica que esos servicios proporcionan, incluida información que nos ayuda a desbaratar complots terroristas contra Estados Unidos”, dojo Brenan.

Sin embargo, los miembros del RRT aseguran que los estadounidenses hicieron hecho poco para exigirles cuentas. Los asesinatos selectivos y las detenciones extrajudiciales prohibidas por la ley keniana se convertieron en algo habitual para las unidades, cuyo ritmo operativo se aceleró drásticamente después de la intervención militar de Kenia en Somalia en 2011 que, a su vez, provocó una ola de ataques yihadistas.

‘Las ejecuciones extrajudiciales llevan a la población a la clandestinidad’

“Las tácticas de mano dura parecen haberse vuelto más pronunciadas en respuesta a la amenaza terrorista desde el atentado contra el Westgate”, dijo el embajador de Estados Unidos Michael Ranneberger. En 2013 murieron 67 personas en aquel centro comercial de Nairobi. Los métodos expeditivos, los asesinatos y la impunidad de la que gozaba el RRT contribuyeron a la radicalización de una parte de la población, reconoció en embajador. “Las ejecuciones extrajudiciales llevan a la población a la clandestinidad”.

Nada radicaliza más que eliminar a alguien de cualquier manera, reconoció el vicepresidente keniano Kalonzo Musyoka. Los matones del RRT y sus padrinos estadounidenses enfatizaron que la unidad no era un escuadrón de la muerte. No es responsable de la mayoría de los presuntos asesinatos extrajudiciales en Kenia. Un estudio de la Unidad Médico-Legal Independiente, una organización sin fines de lucro que monitorea los crimenes de la policía, encontró 1.873 muertes por armas de fuego en seis áreas urbanas en todo el país entre 2009 y 2014.

La policía keniana estaba implicada en casi dos tercios de los casos, incluido un gran número de ejecuciones sumarias.

En Estados Unidos existen leyes que regulan las relaciones con los servicios de seguridad extranjeros, entre ellas la Ley Leahy, que exige la supervisión de derechos humanos de las unidades destinadas a recibir ayuda, entrenamiento o equipamiento. Pero esa ley se aplica sólo al ejército estadounidense, al Departamento de Estado y a las policías federales, no a los servicios de inteligencia.

Si la CIA hubiera tenido que cumplir con la Ley Leahy, se habría enfrentado a preguntas comprometedoras sobre sus actividades en Kenia. Un cable diplomático estadounidense filtrado de 2009 afirmaba que el GSU “está involucrado en graves violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales”.

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Una empresa de seguridad china protegerá el oleoducto de Níger

El ejército nigerino y la empresa china Wapco (West African Gas Pipeline Company) han firmado un acuerdo para proteger el petróleo que circula por el oleoducto hacia Benin. Durante más de una década, la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) ha desempeñado un papel central en el desarrollo del sector petrolero nigeriano. La empresa explota los yacimientos de Agadem, situados en el noreste del país, y contribuyó a la construcción del oleoducto que une Níger con Benin.

Esta infraestructura estratégica de casi 2.000 kilómetros permite a Níger exportar su petróleo crudo a los mercados internacionales a través del puerto beninés de Seme-Kpodji.

Los recientes ataques al oleoducto han llevado al ejército a intensificar la seguridad en sus instalaciones petroleras. El más reciente, ocurrido en Mounsteka, en la región de Tahoua, ilustra la vulnerabilidad de esta infraestructura, vital para la economía del país.

En Benin la situación no es más tranquilizadora: tres militares encargados de vigilar el oleoducto perdieron la vida durante un ataque en Malanville en diciembre del año pasado.

Ante las amenazas, China propone una solución tecnológica innovadora con el uso de drones para monitorear todo el recorrido del oleoducto, una iniciativa que indica el compromiso de China de proteger sus inversiones en la región, particularmente después de la suspensión temporal de los proyectos de construcción de CNPC en Agadem.

No obstante, el acuerdo de seguridad se firma en medio de importantes tensiones diplomáticas entre Níger y Benin. Desde el Golpe de Estado de 2023, las relaciones entre ambos países se han deteriorado. Níger mantiene su frontera cerrada con su vecino, al que acusa de estar al servicio de los colonialistas franceses y servir de retaguardia para los grupos terroristas.

La tensión no ha impedido, sin embargo, que las exportaciones de petróleo continuen. El Ministerio de Defensa nigerino afirma haber conseguido vender su crudo a través de Benín el año pasado.

Pero la colaboración con Wapco podría contribuir a estabilizar las operaciones petroleras, a pesar de los problemas diplomáticos y de seguridad. Las autoridades nigerinas buscan mantener la producción y las exportaciones de petróleo, una fuente crucial de ingresos para el país.

Francia planea atentados terroristas con Boko Haram

Según la cadena pública RTN, miembros de Boko Haram y representantes de Francia, Benin, Nigeria y otra potencia occidental, que no mencionaron, se reunieron el 8 de enero cerca del lago Chad, en la orilla nigeriano.

Discutieron una serie de acciones para debilitar a Níger y restaurar a Mohamed Bazoum, el anterior Presidente, derrocado en julio de 2023. Entre las medidas mencionadas, Francia apuntó el sabotaje del oleoducto, que provocaría “un aumento de los precios de los alimentos”.

La desestabilización económica se planeó para el mes del Ramadán, con el objetivo de aumentar las tensiones sociales y políticas en todo el país.

El canal añadió que Francia podría utilizar terroristas suicidas para organizar “tomas de rehenes en internados nigerinos”. El objetivo de esos ataques sería obligar al gobierno actual a ceder y restaurar a Bazoum en su anterior cargo.

Los terroristas suicidas destinados a estas operaciones ya han sido seleccionados y entrenados, aseguró RTN, que también denunció lo que llamó “excesos neocolonialistas” de Francia y pidió a las organizaciones internacionales que intervengan rápidamente para poner fin definitivamente a estas maniobras.

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Rusia se posiciona a favor de la autodeterminación del Sáhara

La posición de Rusia sobre la cuestión del Sáhara Occidental fue reafirmada recientemente por el ministro de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, en una conferencia de prensa sobre el balance diplomático del año pasado. Destacó la necesidad de una solución basada en el principio de autodeterminación y la voluntad del pueblo saharaui.

Esta posición se basa en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a este territorio, clasificado como no autónomo por la ONU desde 1963. Las declaraciones de Lavrov subrayan la importancia de respetar las decisiones de la ONU en la solución de este conflicto.

La posición rusa contrasta con la de España, que ha traicionado por segunda vez al pueblo saharaui y promueve activamente la soberanía de Marruecos a través de canales diplomáticos, lo mismo que Francia, Alemania y Hungría.

La posición de Rusia sobre esta cuestión refleja una estrategia más amplia dirigida a fortalecer sus vinculos con los países africanos. Al apoyar el principio de autodeterminación, Moscú se distancia de las posiciones occidentales sobre una de las últimas colonias africanas.

A comienzos de año, un país africano, como Ghana, tambien traicionó al pueblo saharaui al romper sus relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) a través de un documento oficial dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos.

Desde 1979 Ghana reconocía a la RASD.

Desde el cambio de siglo, las traiciones al pueblo saharahui se multiplican. 46 países, 13 de ellos africanos, han roto o suspendido sus relaciones con la RASD.

Marruecos: el siguiente paso es el control del espacio aéreo

A pesar de las numerosas concesiones, Marruecos sigue apretando las clavijas a la Unión Europea y, en particular, a España. El gobierno del PSOE y Sumar se comprometió a entregarles el control sobre espacio aéreo del Sáhara occidental y Rabat considera que Pedro Sánchez no ha agachado la cabeza suficientemente.

El año pasado España y Marruecos llegaron a un acuerdo sobre el espacio aéreo saharaoui, pero al otro lado del Estrecho consideran que es no es suficiente. Rabat quiere una cesión “inmediata y oficial”.

La cesión del espacio aéreo sahariano se discutió inicialmente durante las reuniones bilaterales de 2022. Actualmente, es el centro de control aéreo español en Canarias el que supervisa la zona, de acuerdo con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Para Marruecos, el control de ese espacio aéreo es una cuestión estratégica de gran importancia, a causa de las disputas relativas a las aguas territoriales cercanas a las islas Canarias, una zona conocida por su riqueza en recursos naturales, en particular hidrocarburos, y que es una fuente de tensiones, en particular con España.

Rabat ha empezado a presionar. El primer paso ha sido bloquear los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla a la entrada de camiones españoles, a pesar de la reciente reapertura de las aduanas. Los controles impuestos a los vehículos pueden durar hasta 11 horas, dificultando notablemente el tráfico comercial previsto en el acuerdo inicial.

No hay nada extraño porque Marruecos hace lo que mejor sabe con España y la Unión Europea: chantajear y presionar. Así es como está logrando sus objetivos en el Sáhara, uno por uno.