Durante una reunión en Uagadugú, la semana pasada Ibrahim Traoré, dirigente de Burkina Faso, declinó una oferta de Arabia saudí para financiar la construcción de 200 mezquitas en su país, que ya tiene suficientes centros religiosos, muchos de las cuales están infrautilizados, dijo.
El capitán Traoré, que es musulmán, sugirió que los fondos se destinaran a proyectos prioritarios que beneficien directamente al pueblo burkinés, como escuelas, viviendas, hospitales y empresas que generen empleo, en lugar de instalaciones religiosas.
La decisión se enmarca en su política de priorizar el bienestar económico y social sobre iniciativas que podrían percibirse como una expansión de la influencia saudí, alineada con la “sharía”, que él no considera una necesidad para los burkineses.
Traoré ha priorizado la autosuficiencia económica y el desarrollo de infraestructuras críticas desde que asumió el cargo. Ha dicho que no quiere que los jóvenes de su país emigren y que para ello es necesario tener fábricas que, además, eviten las importaciones de ciertos bienes de primera necesidad.
A principios de este mes su gobierno creó el Complejo Industrial de Detergente Fassi (CIDF), inaugurado por Traoré en Pabré, en la región central del país.
El CIDF, una fábrica que produce detergentes en polvo, jabones líquidos y sólidos con una capacidad de 300 toneladas diarias, es un proyecto impulsado por el sector privado burkinés, específicamente por el empresario El Hadj Mady Sawadogo, con un costo de unos 7,5 millones de dólares.
Durante la inauguración, Traoré destacó que la fábrica simboliza “nuestra capacidad para construir una economía fuerte y soberana” y expresó su compromiso de apoyar iniciativas industriales que reduzcan la dependencia de importaciones y generen empleo local.
Desde que asumió el poder en septiembre de 2022, Traoré ha priorizado la autosuficiencia económica, como la nacionalización de las minas de oro, la apertura de refinerías y el fomento de la producción local, como fábricas de procesamiento de tomate y algodón.
Tampoco quiere depender de influencias extranjeras, como el FMI o potencias coloniales históricas. Su gobierno busca frenar la emigración juvenil fomentando el desarrollo interno para retener el talento y la fuerza laboral en Burkina Faso, que es muy importante en un país donde la inseguridad y la pobreza han empujado a muchos a buscar oportunidades en otros países.
La cadena France 5 ha censurado la emisión del documental “Argelia, sección de armas especiales”, que denuncia el uso de armas químicas por parte del ejército francés durante la guerra de la independencia de la colonia norteafricana (1954-1962).
Originalmente la emisión estaba prevista para el 16 de marzo. El documental, dirigido por Claire Billet y basado en las investigaciones del historiador Christophe Lafaye, revela el uso sistemático de gases tóxicos (como el CN2D, una mezcla de cloroacetofenona y adamsita) contra combatientes del FLN y civiles en cuevas durante el conflicto.
La emisión del documental estaba programada para el domingo pasado, pero el 11 de marzo, France Télévisions anunció su cancelación. En su lugar, la cadena optó por emitir dos documentales sobre Rusia y Estados Unidos, justificando el cambio por “imperativos de la actualidad geopolítica”.
France Télévisions ha prometido reprogramar el documental antes de junio y el 12 de marzo lo puso a disposición en línea en su plataforma France.tv, aunque con acceso restringido en algunos países.
La censura es consecuencia de las tensas relaciones entre Francia y su antigua colonia, exacerbadas por debates sobre la memoria histórica. Las cadenas públicas argelinas emitieron el documental el 12 de marzo y criticaron a la cadena por tratar de ocultar los crímenes coloniales. La indignación creció tras la difusión previa del film por la Radio Télévision Suisse (RTS) el 9 de marzo.
Recientemente un conocido periodista francés, Jean Michel Aphatie, ha sido suspendido de empleo y sueldo de la emisora RTL de Luxemburgo porque en febrero, durante un programa matinal, comparó los crímenes coloniales franceses con los nazis.
Aphatie acabó abandonando la emisora y mantiene su postura crítica sobre los crímenes coloniales cometidos por Francia en el norte de África.
Terrorismo colonial, terrorismo de Estado
La historia de la colonización francesa en Argelia está marcada por un terrorismo de Estado que va mucho más allá de una simple guerra. El terror no estuvo sólo en los enfrentamientos armados, sino que formó parte de un sistema organizado de represión y despojo, diseñado para aniquilar toda resistencia y mantener la dominación colonial.
Estos actos no fueron excepcionales, sino parte de una estrategia militar sistemática. El objetivo era quebrantar física y moralmente a quienes se oponían al orden colonial. Desde el comienzo de la conquista de Argelia en 1830, el ejército francés impuso métodos de represión de extrema brutalidad, encaminados tanto a aplastar toda resistencia como a aterrorizar a la población civil para imponer su dominio.
Un ejemplo de aquella violencia planificada son las asfixias por humo, que consistían en ahumar las cuevas donde se habían refugiado familias enteras. Uno de los casos más famosos es el de las cuevas de Dahra en 1845, donde el coronel Pélissier ordenó encerrar a cientos de civiles, hombres, mujeres y niños, en cavidades naturales, antes de prender fuego para asfixiarlos. Los testimonios describen los gritos de las víctimas y el olor insoportable de los cuerpos quemados. Estos actos, lejos de ser aislados, se repitieron varias veces.
Los campos de concentración
Desde la colonización y más aún durante la guerra de liberación (1954-1962), la administración colonial levantó campos de concentración, una herramienta de control y desestructuración social, destinada a aislar a las poblaciones rurales de los combatientes de la resistencia. Estos campos, donde fueron confinados a la fuerza miles de argelinos, recuerdan en su funcionamiento a los campos nazis. Las condiciones de vida allí eran desastrosas: el hambre, las enfermedades, la falta de agua y de atención sanitaria causaban estragos. El objetivo era tanto obstaculizar la logística del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como destruir la estructura social y económica de las aldeas sospechosas de apoyar la lucha independentista.
La represión colonial también se manifestó en ejecuciones sumarias, a menudo como represalia después de un ataque al ejército francés. Desde las primeras décadas de la invasión, los generales Bugeaud, Cavaignac y Lamoricière fusilaron sin juicio a prisioneros o sospechosos de formar parte de la resistencia. Esa práctica continuó durante la Guerra de la Independencia, donde el uso de pelotones de fusilamiento y ejecuciones extrajudiciales fue corriente.
El uso de la tortura no sólo fue tolerado por el Estado francés; fue sistematizado y fomentado como método de interrogatorio. En la década de los cincuenta el general Massu y los paracaidistas establecieron en Argel un sistema de tortura que utilizaba los electrodos (“gégène” en la jerga militar francesa), la bañera y el abuso físico y sexual para extraer confesiones a los prisioneros. Jean Marie Le Pen sobresalía en ese trabajo sucio, que generalmente tenía lugar a la vista de las mujeres y los niños en los patios de las casas de la “casbah” de Argel. La práctica no se limitó a los combatientes del ELN sino que se extendió a civiles, intelectuales y militantes.
Esos métodos no fueron resultado de iniciativas singulares, sino de políticas coloniales. El marco jurídico garantizaba la impunidad de los responsables de los crímenes. Lasa leyes excepcionales permitieron el encarcelamiento sin juicio, la introducción de la censura y la supresión de toda disidencia. El ejército francés gozó de un enorme grado de autonomía y los sucesivos gobiernos encubrieron sus prácticas terroristas.
Hasta el final de la guerra de liberación en 1962 esos métodos persistieron, demostrando que la represión colonial fue una política que perduró en el tiempo. Nunca fueron el resultado de simples “deslices“, sino más bien la expresión de un sistema basado en el terror y en la negación de los derechos del pueblo argelino.
El uso de gases tóxicos
El uso de armas químicas durante la guerra de Argelia sigue siendo un tabú, a pesar de que varias fuentes históricas y testimonios mencionan el uso de gases tóxicos por parte del ejército francés para reprimir la resistencia argelina.
El ejército francés hizo un uso extensivo del napalm, un arma incendiaria ya empleada durante la Guerra de Indochina. Hubo bombardeos de napalm en varias zonas montañosas donde estaban atrincherados combatientes del ELN. Testimonios de antiguos combatientes y civiles describen incendios terribles y la destrucción masiva de aldeas.
Algunos historiadores han confirmado el uso de napalm, aunque el ejército francés ha negado o minimizado durante mucho tiempo su uso. Documentos militares desclasificados muestran que efectivamente había grandes reservas de napalm disponibles en Argelia.
Varios testimonios dan cuenta del uso de gases tóxicos en cuevas donde se escondían combatientes del ELN y civiles, mientras los franceses también libraban una guerra aérea. Según fuentes locales y algunos veteranos franceses, el ejército utilizó bombas de humo y gases asfixiantes para expulsar a los combatientes de la resistencia o exterminarlos en sus refugios.
Un memorando del ejército que data de 1957 recomienda “el uso de granadas de gas o bombas de humo” para neutralizar a los insurgentes atrincherados.
El ejército francés también envenenó pozos en algunas regiones, particularmente en el Sáhara y en zonas montañosas, para privar al ELN de recursos hídricos. Esta táctica recuerda los métodos utilizados por el ejército colonial británico en Sudáfrica durante la Guerra de los Boers.
El ejército francés siempre ha negado oficialmente el uso de armas químicas en Argelia, aunque numerosos testimonios y pistas apuntan a prácticas clandestinas. El acceso a los archivos militares sigue siendo limitado y el reconocimiento oficial de estos hechos por parte del Estado francés sigue siendo inexistente.
La guerra de las cavernas
El uso de armas químicas en Argelia formó parte de una estrategia de guerra total en la que el ejército francés utilizó todos los medios disponibles para aplastar la insurrección. Si bien se ha probado el uso de napalm, los repetidos llamamientos de historiadores e investigadores para que se abran completamente los archivos militares han caído en saco roto.
En Francia ciertos documentos, en particular los relativos a las armas de destrucción masiva, pueden ser declarados “incomunicables” por tiempo indefinido. Los documentos relativos al uso de armas químicas, como el CN2D, durante la guerra de Argelia son especialmente sensibles. A pesar de la apertura de algunos archivos, el acceso a la documentación sigue siendo limitado, lo que dificulta la investigación histórica.
Se sabe de la existencia de secciones especializadas del ejército en la utilización de gases tóxicos para desalojar a los combatientes argelinos que se habían refugiado en cuevas. El documental de Claire Billet ofrece una valiosa perspectiva sobre esta cuestión. El uso de gases tóxicos se dirigió principalmente a las zonas montañosas donde los combatientes del ELN se refugiaron en cuevas, que también servían como depósitos de armas, centros logísticos y centros de tratamiento para los heridos.
Esas acciones fueron parte de la “guerra de las cavernas”, una estrategia militar destinada a eliminar a los combatientes del ELN utilizando armas químicas en entornos cerrados. Las montañas ofrecían un terreno ideal para los combatientes argelinos, que utilizaban las cuevas como refugios estratégicos para escapar de los bombardeos y las ofensivas terrestres.
Frente a la resistencia de los combatientes, el ejército francés adoptó la estrategia de atacar las cuevas con medios químicos y explosivos para aniquilar a los que se encontraban en su interior.
La masacre de Ghar Ben Chattouh
La masacre de Ghar Ben Chattouh, ocurrida el 22 de marzo de 1959 en la región de Aurés, fue uno de los episodios más trágicos de la Guerra de Argelia. Alrededor de 150 personas, entre ellas muchos civiles, murieron como consecuencia del uso de gas venenoso por parte del ejército francés en un complejo de cuevas inaccesibles.
Este acontecimiento ilustra la brutalidad de la represión y la confusión que a menudo se mantiene entre combatientes y civiles. Las cuevas de Ghar Ben Chattouh sirvieron de refugio a los combatientes del ELN, así como a los civiles que intentaban escapar de los combates. A pesar de las prohibiciones internacionales, en su estrategia de contrainsurgente el ejército francés recurrió a armas químicas para neutralizar esos refugios naturales.
La masacre permaneció desconocida para el público en general durante mucho tiempo. Sólo recientemente, gracias al trabajo de historiadores y el documental de Claire Billet se ha arrojado algo más de luz sobre estas prácticas criminales.
Cuando era imposible tomar el control de una cueva, el ejército francés utilizaba cargas explosivas para sellar las entradas y enterrar vivos a los combatientes que se encontraban en el interior. También se utilizaron excavadoras para bloquear el acceso con rocas y escombros.
En algunos casos, llenaron de agua las cuevas para ahogar a los combatientes de la resistencia.
La presión internacional sobre Ruanda se intensifica. El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado por unanimidad una resolución exigiendo la retirada de las tropas ruandesas del territorio de la República Democrática del Congo. Estados Unidos ya ha impuesto las primeras sanciones contra los dirigentes ruandeses.
Paralelamente, en medio de la desperación, el gobierno de Kinshasa ofrece un trueque a Occidente: acceso preferencial a los recursos minerales congoleños a cambio de apoyo político para liberar el territorio del país.
Desde finales de enero, cuando el Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Ruanda, lanzó una ofensiva en el este del Congo, el gobierno de Kinshasa sufre una derrota detrás de otra. Inicialmente perdieron el centro de la provincia de Kivu del Norte, la ciudad de Goma, cuya población, incluidos los refugiados, alcanza unos dos millones. Hace una semana, el M23 tomó el centro de la provincia de Kivu del Sur, la ciudad de Bukavu.
Ambas provincias son extremadamente ricas en recursos minerales. Hay depósitos de cobalto, tantalio, tourmalina, pirocloro, oro, diamantes y cassityrite. Han quedado bajo el control de Ruanda.
El documento aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU fue apoyado por unanimidad (1). La resolución condena la agresión del M23 en Kivu del Norte y Kivu del Sur, llevada a cabo con el apoyo de Ruanda. Antes, el 20 de febrero, el Tesoro de Estados Unidos anunció las primeras sanciones (2). Tienen como diana al ministro de Integración Regional de Ruanda, James Kabarebe, y el portavoz del M23, Lawrence Kanyuka Kingston.
Curiosamente el presidente ruandés, Paul Kagame, no ha sido sancionado. Su posición oficial sigue siendo que las tropas ruandesas no están en Congo y que los combates están siendo librados por los tutsis locales (el Banyamulenge), cuyos intereses están representados por el M23.
Kinshasa afirma que el objetivo de la agresión militar ruandesa es tomar el control de las dos provincias ricas en recursos minerales. El M23 y sus grupos asociados ya ni siquiera hablan de marchar sobre la capital y derrocar al presidente congoleño Félix Tshisekedi.
A pesar de la resolución, el papel de la ONU no puede ser más lamentable. El M23 no duda en atacar a los contingentes de mantenimiento de la paz. La respuesta occidental no le va a la zaga… con la excepción de Bélgica porque Congo es una antigua colonia brutalmente explotada. Los enfrentamientos de los belgas con Kigali tienen esa explicación. Ruanda ha suspendido el programa de “ayuda” de Bélgica, que originalmente estaba destinado a extenderse hasta 2029.
El Presidente Tshisekedi se ha girado hacia Estados Unidos y la Unión Europea. Les ha ofrecido acceso a los recursos minerales de Congo a cambio de presionen a Ruanda para que se retire de Kivu (3).
Actualmente, la influencia económica de China en Congo es más fuerte que la de Occidente, al menos en términos de acceso a los recursos minerales. Aunque esto no se aplica a Kivu, donde se están llevando a cabo los combates.
Tshisekedi había acusado a la Unión Europea de colaborar con Ruanda, que practicaba la extracción ilegal de recursos minerales en el territorio congoleño. Ahora se ha olvidado de aquellas acusaciones porque se ve obligado a pedir ayuda.
La guerra en la parte oriental de la República Democrática del Congo podría extenderse a la región de los Grandes Lagos. Hace tiempo que Ruanda quiere apoderarse de las materias primas (coltán, cobalto) de Congo y la terminación del corredor ferroviario de Lobito, la vía férrea para sacar los minerales por Angola, ha acelerado sus planes de conquista.
En África la riqueza es la muerte y Kivu, en la región oriental de Congo, tiene entre el 60 y 80 por cien del coltán del mundo, un mineral esencial para el desarrollo militar y la tecnología civil.
Ruanda opera en Kivu bajo la fachada del Movimiento 23 de Marzo, que a su vez es el brazo armado de la Alianza del Rio Congo (AFC), y controla el tráfico de coltán, que rinde 800.000 dólares al mes. Según la ONU, con esos ingresos la AFC financia sus operaciones militares.
Las sanciones estadounidenses impuestas a la AFC en julio del año pasado fueron el primer reconocimiento oficial del movimiento como una amenaza regional, pero no lograron detener su expansión.
No es sólo una guerra local. El ejército congoleño es muy débil, a pesar del despliegue de 5.000 tropas sudafricanas y tanzanianas en su apoyo. Los mecanismos de seguridad regional, como la SADC y la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIGRL), no se diseñaron para una guerra de estas dimensiones.
La incapacidad para contener la AFC en Kivu podría convertirse en una bomba de relojería que podría socavar toda la arquitectura de seguridad en la región en cualquier momento.
Burundi, otro Estado políticamente frágil, corre el peligro de caer en una guerra civil a causa de la crisis congoleña.
Uganda teme un resurgimiento de las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA) en sus regiones mineras del norte, ricas en oro y estaño, debido a sus vínculos con la AFC.
Los principales países de la SADC (Comunidad del África Meridional para el Desarrollo) están amenazados en el país y en Angola. El corredor de Lobito, una importante ruta comercial que une Congo, Zambia y Angola con el puerto de Lobito, es importante para las exportaciones mineras estratégicas a los países occidentales.
Ruanda ha quedado fuera del corredor y eso ha llevado al gobierno de Kagame a desestabilizar la parte oriental de Congo.
La escalada en Kivu del norte no está marcada únicamente por los avances miitares del M23, sino que forma parte de una tendencia política más amplia desde que la ADF se afilió al Califato Islámico en África Central (CIAP).
Sin una respuesta coordinada que incluya a las instituciones africanas, Kivu del norte se puede convertir en un centro del yihadismo regional, fomentando una mezcla de terrorismo que combina guerra irregular, economía criminal (financiación con el tráfico de materias primas) y yihadismo, con consecuencias desastrosas para el África Central.
Así, desde Goma hasta Bujumbura, el M23 no se limita a redibujar los mapas. Está cambiando el equilibrio político de la región de los Grandes Lagos. No sólo se divide un territorio, sino que se fusionan las guerras mineras, las rivalidades regionales y las redes criminales multinacionales.
En África las fronteras entre la revuelta social, el poder político y la depredación económica se desdibujan. El que controla las minas controla la situacion en los Grandes Lagos.
El corredor de Lobito: otra obra ‘benéfica’ de la Usaid
La Usaid está presente en todas las salsas y siempre con propósitos muy poco humanitarios. Una de sus “obras benéficas” es el corredor de Lobito, que lleva años provocando polémica en Angola a causa del interés de Estados Unidos por su mayor proyecto estratégico de exportación de minerales críticos en África.
A través del Banco Europeo de Inversiones, la Unión Europea también ha puesto dinero en un proyecto que tiene que asegurarles el suministro de materias primas desde el centro de África.
El año pasado Estados Unidos aprobó un préstamo de 553 millones de dólares para Lobito Atlantic Railway, operado por un consorcio dirigido por Trafigura Group, un traficante de materias primas.
Cuando Trump ha cerrado el grifo de la Usaid, la polémica ha seguido en las redes sociales angoleñas, porque también se acaba la financiación del corredor. Algunos le quitan importancia al chorro de dinero: sólo habrá 5 millones de dólares menos.
Otros se ponen el grito en el cielo: si Estados Unidos abandona el ferrocarril, llegará China. Por eso la Casa Blanca estudia una solución intermedia: transferir la financiación de USAID a DFC (U.S. International Development Finance Corporation). El velo humanitario desaparecería, poniendo el aspecto estratégico y comercial en un primer plano.
El equipo de Trump quiere convertir DFC en una especie de “fondo soberano”, aunque centrado en lzas materias primas estratégicas y ha puesto a Ben Black al frente.
China es siempre la pesadilla
El DFC fue creado durante la primera etapa de Trump en la Casa Blanca para contrarrestar la influencia de China, que a través de préstamos para infraestructuras se ha impuesto en África y, especialmente, en la minería. El DFC y el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos han invertido en proyectos para extraer y exportar minerales esenciales, así como en la construcción de centrales eléctricas.
Durante su mandato, Biden sólo realizó un viaje a África para visitar precisamente… el puerto de Lobito. El ferrocarril pretende demostrar a los africanos que Estados Unidos puede hacer lo mismo que China… pero hace falta dinero y, sobre todo, dinero público. Por eso Trafigura espera recibir en marzo el primer desembolso de DFC.
En octubre del año pasado el ejército chadiano inició la Operación Haskanite para aniquilar al grupo yihadista Boko Haram en la región. La operación militar se puso en marcha tras un ataque mortal en la isla de Barkaram, donde una base de la Policía de Defensa y Seguridad fue blanco de ataques la noche del 27 al 28 de octubre, matando a unos 40 soldados.
En respuesta, el Presidente Mahamat Idriss Déby Itno visitó el campo para supervisar las operaciones y movilizar fuerzas terrestres y aéreas. El ejército chadiano intensificó sus operaciones para localizar y aniquilar las unidades de Boko Haram en sus bases y zonas de retaguardia.
Después de varias semanas de enfrentamientos, la Operación Haskanite concluyó con un récord anunciado el martes por el portavoz del ejército: 297 terroristas de Boko Haram han sido eliminados, mientras que las tropas regulares han perdido 24 soldados y tres civiles.
Además, 41 personas resultaron heridas durante los combates. Según el general Chanane Issakha Acheik, los ataques aéreos y las ofensivas terrestres desmantelaron la retaguardia y líneas de defensa de Boko Haram en el territorio chadiano.
El ejército asegura haber destruido los refugios del grupo en el país, reforzando así la seguridad en la región del lago Chad, dijo el general Chanane Issakha Acheik.
Desde 2009 Boko Haram ha estado llevando a cabo ataques mortíferos contra las tropas y civiles chadianos, convirtiendo el terrorismo en una amenaza continua para el país. El grupo utiliza tácticas guerrilleras, emboscadas y ataques suicidas para alcanzar zonas militares y civiles.
Fuera del lago Chad, el 8 de enero intentaron un asalto contra el palacio presidencial en Yamena. Un comando trató de infiltrarse en las instalaciones, lo que provocó violentos enfrentamientos en los que murieron 18 asaltantes.
El 28 de noviembre del año pasado, el gobierno chadiano decidió poner fin al acuerdo de cooperación militar con Francia. Se firmó el 5 de septiembre de 2019 para reforzar la cooperación en la lucha antiterrorista, pero no sirvió para nada. Las tropas francesas tuvieron que abandonar gradualmente el país.
Los lazos entre Sudáfrica y Rusia se remontan a la era de la lucha contra el apartheid, cuando la Unión Soviética estaba proporcionó un apoyo crucial al Congreso Nacional Africano (ANC). Durante aquel período, Moscú entrenó a los cuadros del movimiento de liberación, proporcionó asistencia militar y diplomática, y dio la bienvenida a muchos exiliados sudafricanos.
Aquella cooperación forjó estrechas relaciones diplomáticas que continúan hoy, en particular a través del grupo Brics y los intercambios comerciales, culturales y militares. Tras al comienzo de la Guerra de Ucrania, los intentos de aislar a Rusia de Sudáfrica han fracasado.
El periódico ruso Izvestia ha entrevistado al Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, quien confiesa que seguirá colaborando con Rusia. Es una respuesta contundente al llamamiento de Kaja Kallas, cabecilla de la diplomacia europea, que le había pedido poner fin a su cooperación con Moscú.
El jefe de Estado sudafricano mantiene así una línea diplomática independiente, negándose a ceder a los chantajes de la Unión Europea.
La posición sudafricana se revela en las palabras explícitas de Ramaphosa: «Tenemos relaciones con muchos países de todo el mundo y resulta que Rusia es una de ellas, pero también Reino Unido, Francia, Etiopía y Nigeria. Estamos abiertos al diálogo con muchos de ellos. Excluir a los países del diálogo no es un instrumento de nuestra política exterior».
Su declaración ilustra la estrategia diplomática de Pretoria, que se centra en mantener relaciones con todos los actores internacionales, reafirmar su independencia en los escenarios mundiales y seguir siendo una voz influyente entre los países emergentes, como demostró con el planteamiento de la querella contra Israel ante el Tribunal Penal Internacional.
Las acusaciones contra la Usaid se multiplican. La auditoría interna ha destapado que financió a distintos grupos yihadistas y ahora Adamu Garba, dirigente nigeriano del partido APC (All Progressives Congress), añade que también financió a Boko Haram.
Los yihadistas africanos se infiltraron entre los pastores nómadas fulani, que durante años han sido el terror de las poblaciones del noreste Nigeria: quemaron sus viviendas, mataron a sus hombres y a menudo secuestraron y violaron a sus hijas.
En 2018 el New York Times dijo que más de 300.000 personas fueron desplazadas como consecuencia de los ataques de los terroristas fulani (1) y que otras 500 fueron asesinadas solo aquel año. A menudo los fulani atacaban en medio de la noche, sin previo aviso. Los terroristas rodeaban los pueblos para atrapar a los habitantes en sus casas y quemarlos.
Garba asegura que la mayor parte del dinero para los terroristas prodedía de la Usaid. Los fondos de la institución se utilizaron para comprar armas para Boko Haram, el Iswap (Estado Islámico del África Occidental) y otros grupos terroristas.
En un vídeo que publicó bajo el título «El terrorismo como arma de política exterior: terrorismo y finanzas de la Usaid», Garba afirma que dicho organismo se había gastado 824 millones de dólares el año pasado en Nigeria. El gobierno ha dicho que dicho dinero se gastó en la lucha contra la mortalidad infantil y educación, pero es falso (2).
Garba realizó su declaración después de escuchar al congresista Scott Perry admitiendo que, en efecto, la Usaid financió organizaciones terroristas extranjeras.
El 12 de febrero en una audiencia contra los pagos indebidos y el fraude (3), Perry dijo que 697 millones de dólares en ayuda extranjera se desviaron a Boko Haram, el Califato Islámico y Al Qaeda (4).
Perry denunció que no había ni rastro del destino real de un pago de la Usaid de 136 millones de dólares para construir 120 escuelas en Pakistán, como había autorizado el Congreso.
«Ya he mencionado que Boko Haram, el Califato Islámico (Iswap) y la mayoría de los terroristas, consiguen las armas gracias a la financiación de operadores extranjeros ilegales. Son ellos quienes les proporcionan las armas».
La carrera por apoderarse de los recursos minerales africanos se está intensificando para imponer la transición energética. Desde hace una década, el interés por los yacimientos estratégicos no ha dejado de crecer, y Estados Unidos está reforzando su presencia en el continente, como lo ilustra la visita del presidente Biden a Angola en diciembre del año pasado, la última de su mandato.
Los metales raros son esenciales para las tecnologías modernas, desde las baterías de vehículos eléctricos hasta las energías llamadas “renovables”, donde China domina el mercado desde hace años.
Las empresas estadounidenses buscan diversificar sus fuentes de suministro. La inversión más significativa en esta lucha por apoderarse de los recursos africanos es el respaldo de Bill Gates y Jeff Bezos a KoBold Metals. Con una recaudación de 537 millones de dólares para la exploración de cobre en Zambia, esta empresa valorada en casi 3.000 millones de dólares planea desarrollar una mina operativa para 2030.
Al mismo tiempo, Lifezone Metals está trabajando en el proyecto de níquel Kabanga en Tanzania, con el objetivo de abastecer al mercado estadounidense en 2026.
El corredor de Lobito, que une Angola, la República Democrática del Congo y Zambia, se ha convertido en un punto estratégico para las inversiones occidentales. Esta ruta logística esencial debería aumentar significativamente las exportaciones congoleñas de cobre.
Otras iniciativas estadounidenses están explorando la extracción de grafito en Uganda y Mozambique para baterías eléctricas, aunque las empresas chinas mantienen sus posiciones a través de acuerdos a largo plazo.
El principal desafío para las empresas estadounidenses sigue siendo su planteamiento de extracción sin procesamiento local. Los países africanos ahora priorizan el procesamiento de sus materias primas antes de exportarlas. Países como Tanzania y Zambia están invirtiendo en instalaciones de procesamiento localales, aunque Estados Unidos no ha reconsiderado su estrategia.
Como hemos explicado en una entrada anterior, a cambio de una compensación económica, la Unión Europea ha contratado con Túnez el cierre de la frontera sur. Sin embargo, un informe presentado el 4 de febrero al Parlamento Europeo, acusa a la Guardia Nacional y al ejército tunecinos de vender como esclavos a emigrantes subsaharianos a redes criminales libias (1).
El informe es obra de un colectivo de investigadores y va acompañado de mapas. Se trata de treinta testimonios recogidos entre junio de 2023 y noviembre de 2024 de subsaharianos expulsados de Túnez a Libia. De esos testimonios concordantes se desprende que, bajo el pretexto de luchar contra la inmigración ilegal hacia la Unión Europea, la policía tunecina practica de manera organizada la venta de seres humanos en la frontera.
El informe establece una “interconexión entre la infraestructura detrás de las deportaciones y la industria del secuestro en las cárceles libias”. Los autores denuncian la complacencia y pasividad de la Unión Europea en el tráfico de esclavos.
La cadena criminal se organiza en cinco etapas: la detención de las personas, su transporte a la frontera entre Túnez y Libia, su estancia en campos de concentración tunecinos, su desplazamiento forzado y su venta a las fuerzas armadas y milicias libias, y su detención en cárceles libias hasta su liberación a cambio de un rescate.
Los testimonios destacan graves violaciones del derecho internacional, desde crímenes de lesa humanidad hasta detenciones arbitrarias, discriminación racial, esclavitud, desaparición forzada, tortura, trata de personas y violencia de género.
Según el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales, desde la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Túnez en 2023, el país norteafricano ha interceptado a más de 100.000 personas que huían del país, más del 80 por cien de las cuales procedían del África subsahariana. La mayoría de esos 80.000 cautivos fueron luego expulsadas a Argelia y Libia (2).
El primer paso en la trata de personas es el arresto. Se trata de una cacería organizada y llevada a cabo por la Guardia Nacional en los lugares de trabajo (obras, olivares), delante de los bancos y agencias de transferencia de dinero y, por supuesto, en las pateras que intentan cruzar el Mediterráneo. Tanto si tienen su documentación en regla como si no, hombres, mujeres y niños, son capturados y despojados inmediatamente de sus papeles y efectos personales.
En caso de las interceptaciones en el mar, a veces los guardacostas tunecinos hacen zozobrar los barcos para obligarlos a obedecer. Tras ser reunidos en Sfax y sus alrededores, los prisioneros son registrados, atados y, a menudo, golpeados.
Luego son transportados por la noche en autobús o, más raramente, en camiones, escoltados por la policía. Sin agua, sin comida, sin atención sanitaria, sin acceso a un baño. Las mujeres denuncian agresiones sexuales, a veces violaciones. Apiñados en los asientos y en el suelo, estas personas son golpeadas y vigiladas por la Guardia Nacional. La ruta generalmente sigue la autopista A1, que conecta Sfax con Ben Guerdane y Ras Agedir.
En la frontera, los detenidos son entregados en campamentos militares a otros funcionarios uniformados, por períodos de tiempo variables. La violencia y la tortura allí son “sistemáticas, generalizadas y repetidas”. Los testigos hablan de barras de hierro, porras, pistolas eléctricas, perros y balas disparadas al aire. Les confiscan sus documentos de identidad y teléfonos. Hay varios informes de prisioneros que mueren a causa de sus heridas. El último recinto se describe como una “jaula” o espacio vallado al pie de una antena, a unos cientos de metros de la frontera.
La venta se realiza por la noche, a lo largo de la frontera. Los prisioneros son intercambiados, en grupos de 40 a 150 personas, por dinero, cannabis y combustible. Del lado libio los compradores son milicianos vestidos de civil y también funcionarios uniformados. Los precios de venta varían entre 40 y 300 dinares tunecinos por persona (de 12 a 90 euros), aunque el precio sube en el caso de las mujeres. En el momento del intercambio, los teléfonos y papeles de los cautivos son entregados a sus nuevos carceleros. “Cuentan el dinero delante de ti y te lo dan.»
Una vez cerrado el trato, los libios cargan su botín en furgones “como si fueran ovejas”, dice el informe.
El último paso es el más conocido. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los refugiados en Libia han sido objeto de numerosos informes, que destacan el papel central de la Guardia Fronteriza libia. La prisión más descrita es Al Assah, la primera de una red de prisiones donde los cautivos que no pueden pagar el rescate son trasladados y revendidos.
Los que pueden pagar quedan inmediatamente en libertad, por unos 1.000 euros. Otros son sometidos a torturas, amenazas y violencia para sacarles entre 400 y 700 euros a sus familiares, con un precio más elevado en el caso de las mujeres. Aquellos que no tienen valor de mercado, los “desperdicios de la industria del secuestro”, son utilizados como mano de obra forzosa.
Hay un teléfono por cada 5 ó 10 personas, y cada persona tiene entre 10 y 20 minutos para llamar a su familia. “Si la familia no responde, le llevan a una jaula para torturarle, le filman y envían la grabación a sus padres para que paguen. Las condiciones de vida son indescriptibles. La gente duerme sobre sus propios excrementos. Comen una vez al día, recibir a menudo agua sucia, dos veces por semana.
Cuando finalmente llega la liberación, y no siempre, no es el final de la pesadilla porque la caza de exiliados no conoce tregua.
Rusia va a replantear radicalmente su estrategia militar en África. El cambio estratégico sigue a la pérdida de muchos soldados en Mali y la desaparición de sus bases militares en Siria, cruciales para la logística de las operaciones africanas.
El año pasado fue difícil para el ejército ruso en África. La muerte de un centenar de soldados en una emboscada en Mali, cerca de la frontera con Argelia, fue la mayor pérdida en una sola batalla desde el inicio de la intervención militar rusa en el país a finales de 2021.
Los reveses pusieron de manifiesto importantes debilidades estructurales, incluidos problemas de mando. La situación empeoró con la caída del régimen sirio en diciembre del año pasado, lo que llevó a la pérdida de bases militares clave, mientras que el conflicto en Ucrania continúa drenando recursos importantes.
La calidad de las tropas rusas desplegadas en Mali también se ha visto afectada por una mala evaluación de los desafíos locales. El plan de Moscú es reorientar su estrategia hacia el entrenamiento de las tropas locales, en particular la nueva fuerza antiyihadista de 5.000 hombres de la Alianza de los Estados del Sahel.
Rusia también quiere capitalizar un sentimiento antioccidental creciente.
Una base naval en Sudán
Rusia es un socio clave para Sudán en su búsqueda de diversificar sus aliados y reducir su dependencia de las potencias occidentales.
Hace varios años que Rusia coopera con Sudán, principalmente a través de acuerdos militares e inversiones en los recursos naturales del país. En 2017, uno de los principales frutos de esta cooperación fue el acuerdo firmado para la creación de una base naval rusa en el Mar Rojo, más precisamente en el puerto de Puerto Sudán.
Aunque el proyecto ha encontrado obstáculos y se ha retrasado debido a la inestabilidad política en Sudán, sigue siendo una prioridad para ambos países. A pesar de las turbulencias políticas que sacuden Sudán tras el derrocamiento de Omar Al Bashir en 2019, las negociaciones sobre la base naval continúan.
Más recientemente, un dirigente sudanés confirmó la persistencia del acuerdo, especificando que no había obstáculos para su implementación. El ministro de Asuntos Exteriores de Sudán, Ali Yusef Sharif, expresó su apoyo al proyecto y afirmó que no había dificultades al respecto. “Estamos completamente de acuerdo en este tema y no hay obstáculos. Es una pregunta fácil”, dijo.
La base proporcionaría a Rusia una importante punto de apoyo en el Mar Rojo, una zona importante para la seguridad marítima y el comercio internacional. Permitiría a Moscú fortalecer su presencia en la región para el comercio de energía y las rutas marítimas.
La asociación entre Jartum y Moscú se consolidó notablemente con la firma de acuerdos de defensa que permiten a Rusia suministrar equipamiento militar y entrenar al ejército sudanés. El apoyo de Moscú a Sudán incluye el envío de armas, incluidas municiones y vehículos blindados, con el objetivo de fortalecer la defensa del país.
Ambos países también han discutido el desarrollo de proyectos de explotación de recursos naturales, particularmente en el sector minero, donde Sudán tiene importantes reservas de oro y minerales.
Mali integra a las milicias tuaregs en su ejército
En Mali el programa del gobierno “desarme, desmovilización y reincorporación” tiene como objetivo reducir la presencia de milicias armadas y promover la estabilidad. Iniciado en 2015 en el marco del Acuerdo de Paz de Argel, se enfrentó a numerosas dificultades, antes de que el gobierno de transición lo relanzara oficialmente el 11 de febrero.
Esta nueva fase, denominada DDR-1, prevé la integración en el ejército de combatientes procedentes de grupos armados del norte y del centro del país, fundamentalmente tuaregs. Pero sólo alcanzará a aquellos que hayan decidido cooperar con el gobierno de transición. A diferencia del primer intento, que apuntaba a todas las facciones que firmaron el acuerdo de paz, esta iniciativa excluye a los grupos disidentes en guerra con el gobierno.
El gobierno maliense espera limitar la proliferación de armas y reducir las tensiones en las zonas más afectadas por la guerra. Según el Ministerio de Reconciliación Nacional, alrededor de 2.000 antiguos combatientes serán reclutados como soldados de segunda clase en el ejército regular. Otros mil podrán regresar a la vida civil activa.
La integración militar tiene como objetivo restablecer la confianza entre los diferentes grupos y promover una estabilidad duradera. El ministro de Reconciliación Nacional, el general Ismael Wagué, destacó que el proceso no se limita a la incorporación de los milicianos, sino que debe servir también para crear un clima de estabilidad política. “Se trata también de crear un clima de confianza entre los actores y promover una reconciliación sincera y duradera”, dijo.
Entre los grupos que participan en el proceso se encuentran el Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados (GATIA), dirigido por el gobernador de Kidal, el general El Hadj Ag Gamou, así como el Movimiento para la Salvación del Azawad (MSA) de Moussa Ag Acharatoumane, activo en Ménaka y Gao. También incluye a grupos armados menos influyentes, como el Movimiento Árabe de Azawad – Coalición del Pueblo para Azawad (MAA-CPA), las diferentes facciones de la CMFPR (Coordinación de Movimientos y Frentes de Resistencia Patriótica), los cazadores tradicionales dozo de Dan Na Ambassagou y ciertos grupos de autodefensa fulani.
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