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En numerosas ocasiones varios países del Sahel, especialmente Níger, Mali y Burkina Faso, han denunciado que Francia dirige los pasos de los terroristas, tanto si son yihadistas como si son tuaregs.

Ahora el presidente nigerino, el general Abdourahaman Tchiani, ha vuelto a realizar una acusación parecida, esta vez dirigida contra Benin, un país fronteriza que proporciona la salida natural al mar de las exportaciones nigerinas.

Aprovechando una entrevista que concedió el miércoles a TeleSahel, reiteró que los colonialistas franceses operan a través del gobierno de Benin, que sería cómplice tanto de los colonialistas como de los terroristas.

Tchiani se centró especialmente en la adquisición de varias decenas de drones por parte de Benin e invitó a sus dirigentes a responder del destino reservado a esos dispositivos.

“En Benín el ministro del Interior debería responder a la pregunta formulada a finales de septiembre sobre la petición de más de 100 drones realizada a través de otro canal nacional”, afirmó.

“Esos drones, del tipo DJI Matrix, tienen un alcance de 1.200 a 1.500 metros y pueden recorrer de 15 a 30 kilómetros, dependiendo de la señal. Están equipados con visión nocturna y fueron distribuidos a los terroristas presentes en Sokoto, Zamfara, Kebbi y en W Park, en colaboración con las fuerzas especiales francesas”, añadió.

Estas nuevas acusaciones se producen a pesar de que Benin y Níger han dado señales de normalizar sus relaciones. El 16 de octubre Benin aprobó el nombramiento del nuevo nuevo embajador de Níger. La solicitud de acreditación del diplomático Kadade Chaibou fue presentada el 4 de octubre.

Hasta marzo no habrían tenido éxito las negociaciones para una retirada gradual de las tropas francesas de Chad y esta semana todo se ha acelerado. Un primer contingente de 120 militares ya ha abandonado el país.

La situación ha cogido por sorpresa a Francia, que preparaba la retirada de las tropas terrestres del Chad a partir de la próxima semana. El ejército se vio sorprendido el viernes por un comunicado de prensa de Chad exigiendo la retirada total de las tropas de su base de Yamena antes del 31 de diciembre.

Se trata, pues, de un nuevo golpe contra el colonialismo francés. Tras la publicación de la nota de prensa la salida se ha acelerado. Unos 120 soldados tendrán que marchar a Francia.

Recientemente habían surgido disputas en las relaciones entre los gobiernos de ambos países a raíz de un violento ataque sufrido por el ejército chadiano en la región del lago Chad. En aquella ocasión, unos 40 soldados chadianos perdieron la vida.

Chad acusa a Francia de denegación de información y asistencia. La situación que habría dejado un sabor amargo a Yamena, que exige la retirada definitiva de los soldados franceses de Chad.

A la petición chadiana le acompañan una serie de manifestaciones en varias ciudades del país pidiendo la salida del ejército francés.

La República Democrática del Congo (RDC) ha decidido desafiar a la multinacional Apple. El Estado congoleño ha presentado una denuncia en Bélgica y Francia contra las filiales del grupo Apple. La multinacional está acusada de utilizar minerales “explotados ilegalmente” en la República Democrática del Congo, una práctica que alimenta las guerras en el este del país.

Desde hace varios meses, la República Democrática del Congo acusa a Apple de incorporar a sus productos minerales extraídos en el este del Congo, una región especialmente inestable. Según abogados congoleños, estos minerales, incluidos el estaño, el tungsteno, el tantalio y el oro (conocido como 3TG), se introducen de contrabando en la vecina Ruanda, donde se “blanquean” antes de reinyectarlos en las cadenas mundiales de suministro.

La denuncia presentada en París se refiere, en particular, a delitos graves, como la ocultación de crímenes de guerra, el blanqueo de dinero y las prácticas comerciales fraudulentas.

William Bourdon, uno de los abogados del gobierno de Kinshasa, declaró: “Es hora de que la justicia francesa asuma sus responsabilidades frente a la explotación de los ‘minerales de sangre’ y al enriquecimiento sin fin de las multinacionales”.

La República Democrática del Congo se basa en investigaciones realizadas por varias organizaciones de referencia, incluidas la ONU y una ONG como Global Witness. El estudio documenta el papel de los minerales en la financiación de grupos terroristas responsables de masacres de poblaciones civiles.

Según los abogados de la República Democrática del Congo, estas prácticas han “alimentado un ciclo de violencia”, al apoyar financieramente a milicias y grupos terroristas activos en la región. El comunicado de prensa del gobierno también denuncia las consecuencias humanitarias: “Se inflige a la población civil un sufrimiento insondable, incluido el uso de trabajo infantil y la destrucción del medio ambiente”.

Apple ya había sido notificada por la República Democrática del Congo en abril pasado. En su informe del año pasado, la multinacional afirmó no haber “encontrado evidencia” de financiación directa o indirecta de grupos armados a través de su cadena de suministro.

Por su parte, el gobierno de Ruanda, acusado de servir de centro de contrabando de los minerales congoleños, rechazó estas acusaciones, calificándolas de “repetición de acusaciones infundadas”. Kigali ha dicho que Kinshasa busca “desviar la atención” de sus propios fallos internos.

El este de la República Democrática del Congo, especialmente rico en recursos naturales, es escenario de guerras desde los años noventa. Las tensiones se han visto exacerbadas por la reaparición en 2021 de la rebelión del M23, apoyada por Ruanda, según Kinshasa. Para el gobierno congoleño, estos problemas tienen como objetivo facilitar el control de Ruanda sobre los recursos minerales congoleños.

Ante esta situación, la República Democrática del Congo espera, a través de esta demanda, obligar a las multinacionales a reforzar la trazabilidad de los minerales y respetar las normas internacionales.

Esta denuncia marca un paso crucial en la lucha contra el comercio ilegal de minerales. Al mismo tiempo, la República Democrática del Congo ha solicitado negociar con la Unión Europea el fortalecimiento de los mecanismos de regulación y rendición de cuentas de las multinacionales.

Al poner de relieve los vínculos entre las multinacionales y la explotación ilegal de recursos, el caso podría acelerar la adopción de normas vinculantes para la trazabilidad de los minerales. Mientras tanto, Kinshasa espera que esta primera demanda allane el camino a otras iniciativas destinadas a proteger los recursos naturales y poner fin a la espiral terrorista en la región.

El martes Apple difundió un comunicado para refutar las acusaciones del gobierno congoleño. Según la multinacional, las fundiciones y refinerías que suministran y procesan los minerales utilizados en sus productos se someten a una auditoría de terceros sobre sus prácticas de abastecimiento responsable.

Desde 2009 hasta principios de 2022, la empresa eliminó 163 fundiciones y refinerías de su cadena de suministro (9 de tantalio, 50 de estaño, 19 de tungsteno y 85 de oro), según un documento presentado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), citado por Bloomberg en febrero de 2022.

No obstante, ha pedido a sus proveedores que dejen de adquirir estaño, tantalio, tungsteno y otros metales procedentes de la República Democrática del Congo y Ruanda.

Invitados por Moscú, una delegación de miembros del Parlamento Panafricano ha visitado el Donbas este fin de semana. Los diputados procedían de Etiopía, Zambia, Mozambique, Tanzania, Malawi, Sudán del Sur, Comoras, Yibuti, Somalia y el Reino de Eswatini.

Se reunieron con el dirigente de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, depositaron flores en el monumento conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial, restaurado tras su destrucción en 2014, y observaron la situación sobre el terreno en la antigua región ucraniana.

Los parlamentarios africanos vinieron a buscar “la verdad y a conocer la verdad del pueblo ruso”, dijo el diputado zambiano Miles Sampa. “El pueblo de Donetsk decidió formar parte de Rusia”, dijo, y añadió: “Durante la guerra se causaron tantos daños, y el pueblo de Rusia y el pueblo de Donetsk decidieron reconstruir esta ciudad”.

El segundo vicepresidente del Parlamento Panafricano y diputado etíope, Ashebir Woldegiorgis Gayo, dijo que también se observó que la interferencia occidental en la guerra estaba causando problemas en la región. La guerra era un síntoma y Estados Unidos la causa, sentenció. “Sabemos que los ucranianos y los rusos son países muy amigos. Esta guerra por delegación, provocada por los países occidentales, divide a dos países hermanos”, subrayó.

Ashebir Woldegiorgis Gayo ha subrayado repetidamente la diferencia fundamental en el enfoque de la cooperación con África entre los países occidentales y Rusia. Según él, Rusia no va a África en busca de recursos o de esclavitud, sino con una misión social: apoyar a los países y protegerlos del colonialismo.

El vicepresidente segundo del PAP también recordó ejemplos del enfoque selectivo de los países occidentales hacia el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Según él, en los casos de Etiopía y Yugoslavia, Occidente apoyó las aspiraciones de los pueblos a la independencia, lo que no hizo en el caso de la República Popular de Donetsk.

Por su parte, Pushilin subrayó el compromiso de la República Popular de Donetsk con una cooperación beneficiosa con otros países y afirmando que las “aspiraciones neocoloniales” son inaceptables en el mundo moderno. “Necesitamos unirnos en diferentes plataformas, y vemos cada vez más estas ideas expresadas dentro de Brics, OCS [Organización de Cooperación de Shanghai] y otras plataformas […] No importa cuánta presión exista por parte del Occidente colectivo sobre diferentes pueblos porque es imposible aplastarnos a todos”, dijo, agradeciendo a los representantes del Parlamento Panafricano su visita.

Argelia ha citado al embajador francés, Stéphane Romatet, por llevar a cabo operaciones de desestabilización. Tres medios argelinos, entre ellos el diario oficial, dedican su portada a la convocatoria. “¡Última citación!”, “Argelia advierte a París: la paciencia tiene límites” o incluso “Una severa advertencia desde Argel”, se puede leer en estos medios.

La decisión de las autoridades argelinas estaría relacionada con la emisión la semana pasada de un documental, en la televisión pública y en el canal público de información continua AL24, que afirmaba que los servicios de inteligencia argelinos habían “frustrado un complot orquestado por los servicios de inteligencia franceses destinado a desestabilizar Argelia”.

El embajador francés fue informado de que Argel no acepta “prácticas y actos de chantaje” por parte de la antigua metrópoli, pero también de los “círculos que colaboran con ella, en particular los cabildos y facciones de extrema derecha”.

Los argelinos acusan también a Francia de autorizar a personas “hostiles a las instituciones estatales argelinas” a reunirse en locales diplomáticos franceses en Argelia y de brindar protección a grupos “terroristas” como el Movimiento por las Autodeterminación de Cabilia (MAK).

Un periódico argelino menciona la incautación, en el puerto de Bejaia, de armas y municiones procedentes de Francia y destinadas al MAK.

En 2022 el dirigente del MAK, Ferhat Mehenni, fue condenado en rebedía a cadena perpetua por un tribunal de Argel. Mehenni, que vive en Francia, fue condenado por el tribunal de Dar El Beida, en Argel, “por crear una organización terrorista y socavar la integridad territorial y la unidad nacional de Argelia”.

Un tribunal de Bruselas ha ordenado a Bélgica pagar una indemnización a cinco mujeres mestizas secuestradas y separadas de sus madres en el Congo durante su infancia. Según el tribunal, este “plan sistemático de búsqueda y secuestro” por parte del Estado belga, dirigido a niños mestizos “por su origen”, constituye un “crimen contra la humanidad”.

El 2 de diciembre el tribunal ordenó al gobierno belga pagar una indemnización a cinco mestizas que fueron separadas por la fuerza de sus familias cuando aún eran niñas durante el dominio colonial en el “Congo Belga”, antiguo nombre del territorio de la actual República Democrática de Congo (RDC), antes de su acceso a la independencia en 1960.

El tribunal dictaminó que el Estado belga había cometido un crimen contra la humanidad contra estas cinco mujeres, como parte de un caso histórico que se refiere al pasado colonial de Bélgica en África. En aquel momento, el Estado belga seguía una política, considerada “sistemática” por el tribunal, de “buscar y secuestrar” a niños nacidos de madres negras y padres blancos, lo que constituye un crimen contra la humanidad.

En 2021 un tribunal inferior rechazó esta acusación, argumentando que la política del Estado belga, aunque “inaceptable”, no formaba parte “de una política generalizada o sistemática, deliberadamente destructiva, que caracteriza un crimen contra la humanidad” y que se debería admitir dentro del contexto del colonialismo europeo.

El tribunal ordena al Estado belga compensar a las demandantes por el daño moral causado por la pérdida de contacto con sus madres, así como por el daño causado a su personalidad y a su vínculo con su entorno de origen. Las cinco demandantes tenían entre 2 y 4 años cuando fueron secuestradas a petición de la administración colonial belga. Luego fueron internadas en orfanatos gestionados principalmente por la Iglesia católica.

Las cinco mujeres, que ahora tienen entre 70 y 80 años, presentaron su demanda en 2020, después de que Bélgica se viera cada vez más presionada para confesar los crímenes de su pasado colonial en el Congo, Ruanda y Burundi.

La República Democrática del Congo fue colonia de Bélgica de 1908 a 1960. En 2019 el gobierno belga pidió disculpas oficialmente a unas 20.000 víctimas de los secuestros y la separación forzosa de sus familias en la República Democrática del Congo, así como en Burundi y Ruanda.

El lunes el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Malí (FAMA) confirmó la eliminación de varios altos dirigentes de los grupos tuaregs, durante una operación especial a gran escala con drones de precisión, llevada a cabo en Tinzaouaten, en la región de Kidal, cerca de la frontera con Argelia, en el norte del país.

Entre los altos dirigentes eliminados se encuentran Fahad Ag Almahmoud, antiguo secretario general de GATIA (Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados), y otras figuras clave del Frente de Liberación de Azawad (FLA), una coalición de independentistas tuaregs nacida un día antes.

Además de Almahmoud, muy conocido en Mali, también han caído Choghib Ag Attahar, Mohamed Ag Acherif, Moussa Ag Baye Diknane, Bachara Ag Ahmed, Sidi Ag Bay y Jamal Ag Albaraka, a los que el ejército califica como “ejecutivos influyentes de la nebulosa terrorista”.

La operación marca un punto de inflexión en la lucha contra los grupos tuaregs en Mali, en particular en la zona de Tinzaouaten, utilizada desde hace mucho tiempo como base logística para planificar ataques.

El Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas felicitó a las tropas involucradas por su valentía y profesionalismo e invitó a la población a alejarse de los refugios terroristas.

Desde hace varios meses el ejército maliense ha intensificado sus esfuerzos para restablecer la integridad territorial del país. Tras la recuperación de Kidal, antiguo bastión de los tuaregs, este ataque marca una nueva victoria en la lucha contra quienes buscan dividir Mali.

La operación reduce considerablemente la capacidad operativa del FLA. La eliminación de sus dirigentes no sólo debilita la rebelión, sino que también envía un mensaje claro: Malí está decidido a no ceder ni un centímetro de su territorio.

Gobernado por el coronel Assimi Goita desde el golpe de Estado de mayo de 2021, Mali se enfrenta a un aumento de grupos terroristas y movimientos rebeldes como sus dos vecinos, Níger y Burkina Faso.

Para hacer frente a los desafíos que plantea el terrorismo, Bamako se alió con Uagadugú y Niamey estableciendo el 6 de julio la confederación “Alianza de los Estados del Sahel” (AES), en continuidad de un pacto de defensa mutua firmado en septiembre del año pasado.

El 28 de enero los tres Estados sahelianos anunciaron su retirada de la Cedeao, organización que consideran manejada por Francia, justificando esta decisión por la injerencia de potencias extranjeras y la falta de asistencia de la Cedeao en la lucha contra el terrorismo.

A finales de julio se produjeron importantes combates en la misma localidad de Tinzaouaten, padeciendo las tropas malienses y rusas una importante derrota. Fue el mayor número de bajas del cuerpo expedicinario ruso en un solo enfrentamiento desde 2018.

Durante más de medio siglo después de la independencia, Francia mantuvo una influencia militar considerable en algunas regiones de África. Esta presencia, heredada de la época colonial, se manifestó a través de una densa red de bases militares, acuerdos de defensa y cooperación militar. París mantuvo relaciones privilegiadas con sus antiguas colonias, manejando regularmente sus asuntos internos y manteniendo el papel de policía.

Esta política, a menudo criticada como neocolonial, ha permitido durante mucho tiempo a Francia preservar sus intereses estratégicos y económicos en el continente.

Senegal y Chad, dos aliados históricos de Francia, afirmaron recientemente su deseo de autonomía militar. El presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, anunció el próximo cierre de las bases francesas, mientras que Yamena pone fin a sus acuerdos de defensa con París. Estas decisiones están cambiando el mapa de las relaciones militares franco-africanas.

Yibuti sigue siendo el pilar central del sistema militar francés en África, con 1.500 soldados estacionados en el Cuerno de África. La presencia francesa también se mantiene en Costa de Marfil, donde están desplegados unos 600 soldados, así como en Gabón, que alberga a cerca de 350 hombres. Estos tres países constituyen ahora los principales puntos de anclaje del ejército francés en el Continente.

La retirada de las fuerzas francesas de Mali, Burkina Faso y Níger ilustra el fin de una era. Estos países, que alguna vez fueron víctimas de la estrategia francesa de apoyo al terrorismo y al yihadismo en la región, han cortado sucesivamente sus vínculos militares con París. La Operación Barjan, que movilizó hasta 2.400 soldados en Mali, y la fuerza especial Sabre en Burkina Faso han finalizado, marcando un descenso histórico de la presencia militar francesa.

Ayer la policía de Mali detuvo a cuatro dirigentes de la empresa canadiense Barrick Gold. La medida legal refuerza la presión ejercida por el gobierno de Bamako sobre las empresas extranjeras que saquean los recursos del país. El director general del grupo, Mark Bristow, intentó calmar la situación recordando su voluntad de dialogar con las autoridades, pero sus argumentos no convencieron a Bamako, que mantuvo sus exigencias tributarias.

El nuevo gobierno de Mali exige cantidades considerables a las empresas mineras, tras el descubrimiento de irregularidades fiscales. Una auditoría del sector del oro realizada el año pasado puso de relieve pérdidas importantes para la hacienda pública maliense.

El enfrentamiento con Barrick Gold ha alcanzado proporciones considerables. El gobierno africano exige a la empresa canadiense 500 millones de dólares, de los que ya ha pagado 85 millones, un suma considerada insuficiente por el Bamako.

La reciente experiencia de Resolute Mining, obligada a pagar 160 millones de dólares para obtener la liberación de sus directivos, demuestra la determinación del gobierno.

La política del nuevo gobierno no deja lugar a dudas respecto al sector minero. En octubre del año pasado aprobó una legislación minera que incrementa considerablemente las obligaciones de las empresas extranjeras. La reforma modificó las reglas tributarias para garantizar una mejor redistribución de la riqueza procedente de la minería de oro, lo que colocó al capital extranjero frente a nuevas limitaciones financieras y operativas.

Las detenciones no son las primeras para Barrick Gold, que ya había visto detenidos a cuatro de sus dirigentes en septiembre. Luego negociaron un memorando de entendimiento entre la empresa y el gobierno.

Sin embargo, el gobierno maliense acusa ahora a la empresa canadiense de no respetar sus compromisos.