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Lo mismo que en las bolsas de valores se negocian papeles, las materias primas también cotizan en las bolsas correspondientes, que tienen sus sedes principales en Canadá y Australia, los países mineros por excelencia de occidente.

Pues bien, como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno de Mali contra la empresa minera canadiense Barrick Gold, los medios económicos cada vez hablan más del miedo a la nacionalización de la industria minera en los países africanos del Sahel.

Durante la última semana se han publicado numerosos artículos sobre la situación de Barrick Gold y otras empresas que operan en Mali, Burkina Faso y Níger.

El diario británico Financial Times tiembla ante lo que considera como una amenaza al libre mercado. Las represalias contra las empresas mineras en el Sahel son “aterradoras”, asegura (*).

Los dirigentes del Sahel están reformando injustamente las leyes mineras, dice el periódico. Sus demandas incluyen pagos de impuestos más altos y una mayor participación pública en la propiedad de las empresas.

Cualquier desobediencia a las leyes del país donde trabajan obliga a la policía a tomar medidas de represalia, emitiendo órdenes de detención y recurriendo a la confiscación de la producción por la fuerza.

Sin embargo, reconocen que hay empresas más complacientes como B2Gold, Allied Gold y Robex Resources cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Toronto.

Al mismo tiempo, reconocen los éxitos de China, que domina con éxito el mercado del litio en el país, operando de acuerdo con las leyes establecidas. ¿Por qué las empresas occidentales no respetan las leyes locales africanas y los chinos sí lo hacen?

Los colonialistas, que durante décadas han dominado a los africanos, no puede aceptar ser dominados por ellos.

Por su parte, el equipo de análisis estadounidense Critical Threat destaca la influencia rusa en la región. Basándose en datos de periódicos franceses, descubren que los rusos llevaban mucho tiempo insistiendo en la necesidad de nacionalizar los grandes complejos mineros de oro africanos. Entre ellos los de Barrick Gold y Resolute Mining.

Rosatom, la gigantesca empresa pública rusa de la energía atómica, es muy activa en los mercados del Sahel. Desarrolla vínculos con todos los miembros de la alianza de los Estados de la región y, a través de sus filiales, apoya el desarrollo de las minas de litio.

(*) https://www.ft.com/content/9a0901f1-070f-43e8-9cd3-6bd6ab4f6c4a

En 2002 Bush encargó a la CIA la “guerra contra el terrorismo”. Entonces la central elaboró el Proyecto Omega y creó los Equipos de Lucha Antiterrorista. De ellos formaban parte miembros del Centro de Actividades Especiales (SAC), oficiales de inteligencia y sicarios locales.

En más de sesenta países la central de espionaje creó una vasta red de unidades paramilitares y policiales, que financió, entrenó y supervisó, tejiendo una verdadera “telaraña mundial” de subcontratistas locales que llevaron a cabo los planes de Estados Unidos. Les dieron carta blanca. Los mercenarios de la CIA se involucraron en numerosos atentados terroristas y ejecuciones sumarias.

Un buen ejemplo de ello es Kenia. Michael Ranneberger, embajador de Estados Unidos en Kenia de 2006 a 2011, reconoció que el país era un escenario clave para Washington en África Oriental. Kenia tiene la embajada de Estados Unidos más grande de África y una de las más grandes del mundo porque una gran parte de las operaciones regionales se dirigen desde desde allí.

Henry Crumpton, el número dos del Centro de Lucha Contra el Terrorismo (CTC), dijo que era imperativo que Estados Unidos adoptara una postura más agresiva en África oriental.

Las actividades de la CIA en Kenia se ampliaron con el pretexto la lucha contra Al Shabaab, uno de los muchos movimientos a los que asociaron el fantasma Al Qaeda, la otra cara de la “telaraña mundial” del espionaje estadounidense.

En 2004 la CIA creó y entrenó un Equipo de Respuesta Rápida (RRT) con licencia para matar. Como siempre lo asociaron a los sicarios locales de la inteligencia keniana. Cuando se creó, el RRT –también conocido como el Equipo de Operaciones de Entrega Extrajudicial– contaba con sólo 18 miembros de la Unidad de Servicios Generales (GSU), la rama paramilitar de la policía keniana, creada en 1953.

Desde entonces su número fue aumentando hasta contar con unos sesenta comandos. Tiene su base en un centro secreto en la ciudad de Ruiru, a unos 50 kilómetros al este de Nairobi. Todos sus miembros están entrenados por subcontratistas de la CIA, miembros de las fuerzas especiales y de los equipos SWAT de la policía estadounidense, en operaciones tácticas, asalto a edificios, combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas, reconocimiento, vigilancia y recopilación de inteligencia.

La CIA proporciona al RRT apoyo financiero regular, otorgando incluso a sus pistoleros asignaciones operativas y bonificaciones por misiones exitosas. La ayuda pretende complementar los bajos salarios de los policías kenianos, que ganan tan sólo 115 dólares al mes. Los policías heridos reciben prestaciones en efectivo y tratamiento en el Hospital privado Aga Khan de Nairobi.

‘No sólo les damos el dinero una vez al mes’

La CIA tiene su base en la embajada de Estados Unidos en Nairobi y está encabezada por un oficial del Centro de Actividades Especiales (SAC). Está directamente involucrada en la planificación y dirección de las operaciones del RRT. En estrecha colaboración con sus homólogos de la división antiterrorista del Servicio de Inteligencia Nacional de Kenia (NIS), la CIA recopila inteligencia, identifica objetivos y prepara expedientes. Luego decide la operación: detener o matar.

“Cuando apoyamos a este tipo de unidades, realmente estamos sobre el terreno. Nos ensuciamos las manos. No sólo les damos el dinero una vez al mes”, dijo un agente de la CIA. Los espías de la central participaban directamente en las operaciones: “Es necesario si realmente queremos lograr resultados”. Por eso acompañaron a los comandos kenianos sobre el terreno, vigilando la casa de un objetivo y localizando sus movimientos utilizando rastreadores telefónicos portátiles. Un alto oficial del RRT confesó que ese apoyo era esencial para el éxito de las operaciones.

Los kenianos no pueden actuar sin el consentimiento de la antena local de la CIA, excepto en caso de represalias antes un ataque y para la protección de diplomáticos extranjeros.

Uno de los mayores éxitos del RRT se produjo en agosto de 2009, cuando los servicios de inteligencia kenianos y occidentales detectaron un plan para organizar ataques simultáneos a tres hoteles de Nairobi, uno de los cuales iba a ser visitado por la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Una operación de la CIA y el NIS localizó y capturó a los sospechosos.

Los agentes de la CIA en Nairobi también trabajan en estrecha colaboración con sus homólogos del servicio de inteligencia (SIS o MI6), la inteligencia exterior británica, para infiltrarse en círculos militantes y proporcionar información al RRT. Los británicos se muestraban especialmente vigilantes y activos en el país porque desde 2010 permitieron a muchos de sus ciudadanos viajar a Somalia para unirse a los yihadistas.

El SIS jugó un papel clave en la identificación, seguimiento y localización de objetivos, pero no tenía un vínculo directo con el RRT y pasaba su información a través de sus homólogos en la CIA y el NIS.

El disfraz de trabajadores humanitarios

Los miembros del RRT se disfrazaban de trabajadores humanitarios durante las operaciones en los campamentos de refugiados, como Dadaab, en el este, o Kakuma, en el noroeste. El pretexto era que en ellos se infiltraban miembros de Al-Shabaab, que había contrabando de armas o preparación de atentados.

En Dadaab los agentes del RRT utilizaron vehículos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU y llevaban camisetas del mismo organismo para hacerse pasar por distribuidores de ayuda, cuando en realidad buscaban identificar a los sospechosos de colaborar con los yihadistas.

A lo largo de 20 años, durante sus operaciones los miembros del RRT utilizaron vehículos sin distintivos, alquilados a empresas privadas, cuyas matrículas cambiaban periódicamente para evitar ser identificados. Un solo vehículo RRT normalmente llevaba al menos tres placas de matrícula que se intercambiaban al menos una vez.

Al igual que en el caso de la Guerra de Afganistán, también les acusan de asesinatos y ejecuciones sumarias de la población civil. Según uno de los oficiales del RRT, “cuando nos formaron nos enseñaron que los derechos humanos vienen después”. Si no era posible detener e interrogar a un sospechoso, había que asesinarlo y las investigaciones han revelado que en numerosos casos los muertos nada tenían que ver con los yihadistas.

En respuesta a las preguntas planteadas en 2015 por el senador estadounidense Ron Wyden sobre el apoyo de la CIA a las fuerzas de seguridad extranjeras, el director de la central, John Brennan, admitió que conocía los “abusos”, que él imputaba a sus “socios”, es decir, a los apoyos locales de la CIA. “En algunos casos hemos decidido continuar estas relaciones [con los locales], a pesar de su comportamiento inaceptable, debido a la inteligencia crítica que esos servicios proporcionan, incluida información que nos ayuda a desbaratar complots terroristas contra Estados Unidos”, dojo Brenan.

Sin embargo, los miembros del RRT aseguran que los estadounidenses hicieron hecho poco para exigirles cuentas. Los asesinatos selectivos y las detenciones extrajudiciales prohibidas por la ley keniana se convertieron en algo habitual para las unidades, cuyo ritmo operativo se aceleró drásticamente después de la intervención militar de Kenia en Somalia en 2011 que, a su vez, provocó una ola de ataques yihadistas.

‘Las ejecuciones extrajudiciales llevan a la población a la clandestinidad’

“Las tácticas de mano dura parecen haberse vuelto más pronunciadas en respuesta a la amenaza terrorista desde el atentado contra el Westgate”, dijo el embajador de Estados Unidos Michael Ranneberger. En 2013 murieron 67 personas en aquel centro comercial de Nairobi. Los métodos expeditivos, los asesinatos y la impunidad de la que gozaba el RRT contribuyeron a la radicalización de una parte de la población, reconoció en embajador. “Las ejecuciones extrajudiciales llevan a la población a la clandestinidad”.

Nada radicaliza más que eliminar a alguien de cualquier manera, reconoció el vicepresidente keniano Kalonzo Musyoka. Los matones del RRT y sus padrinos estadounidenses enfatizaron que la unidad no era un escuadrón de la muerte. No es responsable de la mayoría de los presuntos asesinatos extrajudiciales en Kenia. Un estudio de la Unidad Médico-Legal Independiente, una organización sin fines de lucro que monitorea los crimenes de la policía, encontró 1.873 muertes por armas de fuego en seis áreas urbanas en todo el país entre 2009 y 2014.

La policía keniana estaba implicada en casi dos tercios de los casos, incluido un gran número de ejecuciones sumarias.

En Estados Unidos existen leyes que regulan las relaciones con los servicios de seguridad extranjeros, entre ellas la Ley Leahy, que exige la supervisión de derechos humanos de las unidades destinadas a recibir ayuda, entrenamiento o equipamiento. Pero esa ley se aplica sólo al ejército estadounidense, al Departamento de Estado y a las policías federales, no a los servicios de inteligencia.

Si la CIA hubiera tenido que cumplir con la Ley Leahy, se habría enfrentado a preguntas comprometedoras sobre sus actividades en Kenia. Un cable diplomático estadounidense filtrado de 2009 afirmaba que el GSU “está involucrado en graves violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales”.

El ejército nigerino y la empresa china Wapco (West African Gas Pipeline Company) han firmado un acuerdo para proteger el petróleo que circula por el oleoducto hacia Benin. Durante más de una década, la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) ha desempeñado un papel central en el desarrollo del sector petrolero nigeriano. La empresa explota los yacimientos de Agadem, situados en el noreste del país, y contribuyó a la construcción del oleoducto que une Níger con Benin.

Esta infraestructura estratégica de casi 2.000 kilómetros permite a Níger exportar su petróleo crudo a los mercados internacionales a través del puerto beninés de Seme-Kpodji.

Los recientes ataques al oleoducto han llevado al ejército a intensificar la seguridad en sus instalaciones petroleras. El más reciente, ocurrido en Mounsteka, en la región de Tahoua, ilustra la vulnerabilidad de esta infraestructura, vital para la economía del país.

En Benin la situación no es más tranquilizadora: tres militares encargados de vigilar el oleoducto perdieron la vida durante un ataque en Malanville en diciembre del año pasado.

Ante las amenazas, China propone una solución tecnológica innovadora con el uso de drones para monitorear todo el recorrido del oleoducto, una iniciativa que indica el compromiso de China de proteger sus inversiones en la región, particularmente después de la suspensión temporal de los proyectos de construcción de CNPC en Agadem.

No obstante, el acuerdo de seguridad se firma en medio de importantes tensiones diplomáticas entre Níger y Benin. Desde el Golpe de Estado de 2023, las relaciones entre ambos países se han deteriorado. Níger mantiene su frontera cerrada con su vecino, al que acusa de estar al servicio de los colonialistas franceses y servir de retaguardia para los grupos terroristas.

La tensión no ha impedido, sin embargo, que las exportaciones de petróleo continuen. El Ministerio de Defensa nigerino afirma haber conseguido vender su crudo a través de Benín el año pasado.

Pero la colaboración con Wapco podría contribuir a estabilizar las operaciones petroleras, a pesar de los problemas diplomáticos y de seguridad. Las autoridades nigerinas buscan mantener la producción y las exportaciones de petróleo, una fuente crucial de ingresos para el país.

Francia planea atentados terroristas con Boko Haram

Según la cadena pública RTN, miembros de Boko Haram y representantes de Francia, Benin, Nigeria y otra potencia occidental, que no mencionaron, se reunieron el 8 de enero cerca del lago Chad, en la orilla nigeriano.

Discutieron una serie de acciones para debilitar a Níger y restaurar a Mohamed Bazoum, el anterior Presidente, derrocado en julio de 2023. Entre las medidas mencionadas, Francia apuntó el sabotaje del oleoducto, que provocaría “un aumento de los precios de los alimentos”.

La desestabilización económica se planeó para el mes del Ramadán, con el objetivo de aumentar las tensiones sociales y políticas en todo el país.

El canal añadió que Francia podría utilizar terroristas suicidas para organizar “tomas de rehenes en internados nigerinos”. El objetivo de esos ataques sería obligar al gobierno actual a ceder y restaurar a Bazoum en su anterior cargo.

Los terroristas suicidas destinados a estas operaciones ya han sido seleccionados y entrenados, aseguró RTN, que también denunció lo que llamó “excesos neocolonialistas” de Francia y pidió a las organizaciones internacionales que intervengan rápidamente para poner fin definitivamente a estas maniobras.

La posición de Rusia sobre la cuestión del Sáhara Occidental fue reafirmada recientemente por el ministro de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, en una conferencia de prensa sobre el balance diplomático del año pasado. Destacó la necesidad de una solución basada en el principio de autodeterminación y la voluntad del pueblo saharaui.

Esta posición se basa en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a este territorio, clasificado como no autónomo por la ONU desde 1963. Las declaraciones de Lavrov subrayan la importancia de respetar las decisiones de la ONU en la solución de este conflicto.

La posición rusa contrasta con la de España, que ha traicionado por segunda vez al pueblo saharaui y promueve activamente la soberanía de Marruecos a través de canales diplomáticos, lo mismo que Francia, Alemania y Hungría.

La posición de Rusia sobre esta cuestión refleja una estrategia más amplia dirigida a fortalecer sus vinculos con los países africanos. Al apoyar el principio de autodeterminación, Moscú se distancia de las posiciones occidentales sobre una de las últimas colonias africanas.

A comienzos de año, un país africano, como Ghana, tambien traicionó al pueblo saharaui al romper sus relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) a través de un documento oficial dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos.

Desde 1979 Ghana reconocía a la RASD.

Desde el cambio de siglo, las traiciones al pueblo saharahui se multiplican. 46 países, 13 de ellos africanos, han roto o suspendido sus relaciones con la RASD.

Marruecos: el siguiente paso es el control del espacio aéreo

A pesar de las numerosas concesiones, Marruecos sigue apretando las clavijas a la Unión Europea y, en particular, a España. El gobierno del PSOE y Sumar se comprometió a entregarles el control sobre espacio aéreo del Sáhara occidental y Rabat considera que Pedro Sánchez no ha agachado la cabeza suficientemente.

El año pasado España y Marruecos llegaron a un acuerdo sobre el espacio aéreo saharaoui, pero al otro lado del Estrecho consideran que es no es suficiente. Rabat quiere una cesión “inmediata y oficial”.

La cesión del espacio aéreo sahariano se discutió inicialmente durante las reuniones bilaterales de 2022. Actualmente, es el centro de control aéreo español en Canarias el que supervisa la zona, de acuerdo con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Para Marruecos, el control de ese espacio aéreo es una cuestión estratégica de gran importancia, a causa de las disputas relativas a las aguas territoriales cercanas a las islas Canarias, una zona conocida por su riqueza en recursos naturales, en particular hidrocarburos, y que es una fuente de tensiones, en particular con España.

Rabat ha empezado a presionar. El primer paso ha sido bloquear los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla a la entrada de camiones españoles, a pesar de la reciente reapertura de las aduanas. Los controles impuestos a los vehículos pueden durar hasta 11 horas, dificultando notablemente el tráfico comercial previsto en el acuerdo inicial.

No hay nada extraño porque Marruecos hace lo que mejor sabe con España y la Unión Europea: chantajear y presionar. Así es como está logrando sus objetivos en el Sáhara, uno por uno.

En algunas ocasiones hemos expuesto que el colonialismo está resurgiendo con una variante ambiental, que consiste en expulsar a las poblaciones de sus tierras con el pretexto de cuidar mejor la naturaleza. Es lo que ha sucedido en Noruega y en la cuenca del río Congo, donde los pigmeos acusan al movimiento ecologista WWF de cometer graves crímenes.

El gobierno de Tanzania también ha comenzado a expulsar a más de 110.000 miembros del pueblo masai del área protegida de Ngorongoro. El pretexto oficial es sieempre el mismo: la protección de la naturaleza. La dura realidad es que se trata de obtener certificados de CO2 rentables y de un lucrativo turismo de safari.

“El gobierno está haciendo todo lo posible para asfixiar a las comunidades locales y extraer más ingresos del turismo y la caza de trofeos”, comenta Moloimet Olemoko, un pastor masai, al British Telegraph.

Al sur de Ngorongoro, una empresa llamada Carbon Tanzania vende certificados de CO2 en alrededor de 110.000 hectáreas de tierra, donde los masai han pastado sus rebaños durante generaciones. En febrero se firmó otro acuerdo por 120.000 dólares con Kilombero North Safaris, excluyendo a los masai de tres de sus bosques ancestrales.

La historia se repite: en los años cincuenta, los masai ya habían sido expulsados ​​del Serengeti, con el mismo pretexto de siempre: la conservación de la naturaleza. Hoy son los proyectos climáticos posmodernos los que sirven de justificación para su expulsión.

Este patrón se ha generalizado. De Kenia a Tailandia, del Congo a Camboya, los pueblos indígenas son expulsados ​​de sus tierras en nombre de la lucha contra el cambio climático. Rob Williams, de la Universidad de Arizona, lo resume así: “Los llamados proyectos de conservación están dirigidos principalmente por intereses extranjeros, con poca consideración por los derechos de la población local”.

Es puro colonialismo climático. Mientras Occidente compra, vende y especula con certificados de CO2 para llenar sus bolsillos, las poblaciones locales se ven privadas de sus medios de subsistencia. Los masai están pagando el precio del tráfico de indulgencias climáticas.

Las formas de vida tradicionales de los masai, transmitidas de generación en generación, se presentan como una amenaza, mientras que los alojamientos de safari y los proyectos de créditos de carbono se califican como “sostenibles”.

Los masai resisten. Decenas de miles de ellos ya han bloqueado el acceso a la región de Ngorongoro. Pero frente a la alianza entre el gobierno, las multinacionales y los seudoecologistas, su lucha es difícil.

Occidente sigue de cerca el traslado de parte del contingente y del equipo militar ruso desde sus bases en Siria a nuevos emplazamientos. Imágenes de satélite han mostrado la construcción de una nueva base aérea en el sureste de Libia.

La instalación está ubicada en la parte de Libia controlada por el general Haftar, cerca de la frontera con Chad y Sudán. Varios medios de comunicación afirman que poco antes de que comenzara la construcción, un general libio prorruso tomó el control del campamento de Tindi en esa parte del país con el fin de proporcionar un corredor logístico para las fuerzas del Cuerpo Africano del ejército ruso en los países del Sahel.

Según la CNN, aviones de transporte militares rusos han estado frecuentando el desierto de Libia desde el derrocamiento de Bashar Al Assad en Siria. La nueva base permitirá a Moscú establecer una presencia en países amigos de África y mantener una presencia en la región del Mediterráneo. Al mismo tiempo, los medios señalan que en los países de la OTAN tal evolución es motivo de preocupación.

En los países de la OTAN han torcido el gesto. El ministro de Defensa italiano, Guido Crozetto, dijo en una entrevista con el periódico italiano La Repubblica: “Los barcos y submarinos rusos en el Mediterráneo son siempre motivo de preocupación, y más aún si, en lugar de a 1.000 kilómetros de distancia, están a tiro de piedra de nosotros”, dice la CNN.

Desde mediados de diciembre, los vuelos entre Hmeimim y Libia se realizan más de una vez al día. En los transportes participan aviones Il-76TD y fortalezas volantes An-124-100 Ruslan. Algunos vuelos sobrevolaron territorio libio con destino a Mali.

El canal de televisión señala que las nuevas autoridades sirias están dispuestas a mantener la presencia de bases rusas en el país, pero tras el derrocamiento de Bashar Al Assad su seguridad y apoyo logístico siguen en duda.

—https://topcor.ru/55187-zapadnye-sputniki-fiksirujut-stroitelstvo-krupnoj-rossijskoj-aviabazy-na-jugo-vostoke-livii.html

La ola de expulsiones de las tropas francesas de sus últimos reductos coloniales en África está siendo abochornante. Periódicamente un goteo de países declaran públicamente que ya no admiten su presencia militar.

Todo comenzó en 2022, cuando las poblaciones de Malí, Burkina Faso y Níger se manifestaron masivamente contra los viejos colonialistas, empujando a sus gobiernos a exigir el cierre de las bases militares de sus territorios. Esta dinámica popular condujo al desmantelamiento gradual de las redes militares y clientelares francesas en el Sahel, marcando el final de una era de influencia directa de París en la región.

Ayer por la tarde el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, despidió el año anunciando la próxima recuperación de la base militar francesa de Abiyán. El campamento del 43 Batallón de Infantería de Marina en Port-Bouet, que albergaba a unos 1.000 soldados franceses, será transferido al ejército marfileño a partir de este mes.

La decisión se produce tras los recientes anuncios de Senegal y Chad sobre la salida de soldados franceses de sus respectivos territorios. El 26 de diciembre ya se entregó en Chad una primera base situada en Faya, en el extremo norte del país.

El campamento militar de Abiyán pasará a llamarse en honor del general Ouattara Thomas d’Aquin, primer jefe de estado mayor del ejército de Costa de Marfil, simbolizando así el deseo de afirmar la soberanía nacional.

“Podemos estar orgullosos de nuestro ejército, cuya modernización ya es efectiva”, dijo el presidente Ouattara, destacando la potencia de fuego creciente del país africano. La modernización demuestra la determinación de los Estados africanos de garantizar su propia seguridad, particularmente frente a las amenazas yihadistas que persisten en la región del Sahel y en las fronteras septentrionales de los países del Golfo de Guinea.

Costa de Marfil, tradicionalmente considerada un estrecho aliado de Francia en África Occidental, inicia así una nueva fase en su historia. El acontecimiento se produce a pocos meses de las elecciones presidenciales de octubre de este año, que Ouattara ha prometido que serán pacíficas, transparentes y democráticas.

A sus 83 años, el jefe de Estado marfileño, que aún no ha revelado sus intenciones sobre una posible candidatura a un cuarto mandato, parece querer dejar su huella en la transformación de las relaciones franco-marfileñas, respondiendo así a las crecientes aspiraciones de soberanía expresada en el continente africano frente a las metrópolis europeas.

Las embajadas de Ucrania en los países de la Unión Africana están proponiendo que una delegación de alto rango procedente de Kiev participe en la próxima cumbre panafricana prevista para febrero del año que viene. Al mismo tiempo, Ucrania quiere alentar a la presidencia de la Comisión de la Unión Africana a firmar un memorando para el abandono de la posición neutral por parte de los Estados miembros y su adhesión al bando occidental.

El gobierno de Zelensky se esfuerza para que los países africanos abandonen su línea de neutralidad en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero no tienen muchas posibilidades. Los países africanos reprochan el apoyo de Ucrania al genocidio que el ejército israelí está cometiendo en Gaza.

La agenda de la cumbre de la Unión Africana se centrará exclusivamente en la defensa de los intereses del continente que, por lo demás, alientan una asociación reforzada con Rusia en un contexto marcado por una revuelta de los pueblos africanos contra las potencias occidentales, en particular Estados Unidos y Francia, cuya presencia no ha hecho más que agravar las crisis que socavan al Continente.

Los jefes de Estado africanos están interesados ​​en una estrategia común orientada hacia un futuro basado en la cooperación intraafricana y la ayuda mutua, que saque gradualmente al continente de su nociva dependencia de las potencias que han impedido el desarrollo del continente y saqueado sus riquezas.

Por las capitales africanas circulan informes sobre las maniobras occidentales para redesplegar tropas en África, en particular de Francia, que ha puesto en marcha un nuevo plan llamado Comando para África (CPA), que responde a la expulsión de sus tropas francesas (y de las estadounidenses) de Mali, Níger, Burkina Faso, Chad y Senegal.

La salida de esas tropas ha coincidido con la movilización de mercenarios ucranianos en el Sahel, lo que ha provocado la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Bamako y Kiev. El gobierno de Senegal llegó a convocar al embajador de Ucrania en Dakar y lo mismo hizo Niamey.

A los africanos les preocupa que la colusión de Ucrania con la oposición armada en Sudán se extienda a otros países de la región. De hecho, el gobierno de Zelenski está llevando a cabo operaciones secretas junto con las Fuerzas de Apoyo Rápido de Mohamed Hamdane Daglo, conocido como Hamedti, de la mano de Emiratos Árabes Unidos.

Desde el comienzo de la guerra contra Rusia en 2022, Ucrania ha desatado una gran ofensiva diplomática en África y planea desatar otras adicionales, lo que el continente interpreta como “una nueva colonización que no pronuncia su nombre”.

Son muchos los países que han reprimido con dureza las muestras de solidaridad con Palestina, pero entre ellos destaca Marruecos por ser un país árabe y presidir actualmente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

13 solidarios han sido condenados a seis meses de prisión. Son miembros del Frente Marroquí de Apoyo a Palestina y de Lucha contra la Normalización. Es un ejemplo muy poco edificante: si Marruecos desprecia los derechos humanos en su propio territorio, ¿cómo defenderlos a escala mundial?

La pradoja no puede extrañar con un gobierno que en 2020 firmó los Acuerdos de Abraham para “normalizar” las relaciones diplomáticas con Israel.

El movimiento BDS Marruecos (Boicot, Desinversión, Sanciones) ha declardo que los juicios políticos revelan la hipocresía de los discursos oficiales que dicen apoyar la causa palestina, mientras establecen alianzas militares con el ocupante y reprimen a quienes se le oponen.

Por su parte, el Grupo de Acción Nacional para Palestina denunció, en un comunicado de prensa, las condenas injustas contra los 13 opositores a la “normalización” con Israel, calificando la represión como un grave ataque a la libertad de expresión, al derecho de manifestación y a los derechos fundamentales.

El viernes el Frente Marroquí de Apoyo a Palestina y de Lucha contra la Normalización celebró una rueda de prensa para discutir las detenciones y los juicios contra sus actividades en favor de la lucha palestina. Estas prácticas criminalizan la lucha contra la “normalización” y el apoyo al pueblo palestino.