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Destituido un ministro de Túnez por vincular a Arabia saudí con el terrorismo

El ex ministro Abdeljalil Ben Salem
El ministro tunecino de Asuntos Religiosos, Abdeljalil Ben Salem, fue destituido ayer de su cargo por unas declaraciones en las que vinculó a wahabismo saudí con el terrorismo. Las palabras exactas del jefe de Gobierno, Youssef Chahed, aluden a un “atentado a los fundamentos de la diplomacia tunecina”, poniendo de manifiesto que la política exterior tunecina se dicta desde el Golfo.

El jueves Ben Salem pronunció un valiente discurso en el Parlamento en el que interpeló a dos altos responsables saudíes, entre ellos el embajador en Túnez, acerca de la nefasta influencia del wahabismo como “vector” del terrorismo.

“He dicho a los saudíes que reformen su escuela porque históricamente el terrorismo viene de ahí. Os lo digo con amor y con modestia”, afirmó el antiguo ministro, según una grabación difundida por la cadena privada de radio Mosaico FM.

“Lo que en el mundo islámico vemos como extremismo y terrorismo proviene de esta escuela [wahabita], sea de buena o mala fe […] Este tipo de pensamiento y esta escuela no pueden engendrar más que extremismo”, añadió.

El ministro tunecino ha durado muy poco en su cargo. Entró en agosto en el nuevo gobierno de unión de Youssef Chahed y en su discurso en el Parlamento respondía a un diputado del Frente Popular, de la oposición de izquierda, sobre la voluntad de combatir la propaganda wahabita en Túnez.

El ministro intentó apaciguar la polémica con los saudíes afirmando en un comunicado que la relación con Riad era “plenamente armoniosa […] al servicio de nuestra religión”. Su solidez es tan grande, dijo, “que nadie puede perturbarla”.

Pero la prensa había llevado las palabras del ministro contra el wahabismo a las portadas, provocando una catarata de editoriales que fueron más allá de Túnez, hacia todo el Magreb. “El ministro ataca al wahabismo como incubador del terrorismo”, escribió el diario Ecchuruk. “El terrorismo procede de la escuela wahabita”, tituló Le Quotidien.

Túnez es la cuna de la Primavera Árabe y el mayor contribuyente al yihadismo internacional en proporción a su población. Ha exportado a miles de jóvenes que se encuentran combatiendo en Libia, en Siria y en Irak.

El salafismo se promovió en Túnez para frenar el desarrollo que estaban tomando el marxismo y las corrientes laicas pero, finalmente, se ha vuelto contra el país, que ha empezado a ser una víctima propiciatoria de los peores atentados, especialmente dirigidos contra turistas, soldados y policías.

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Las contrarreformas laborales durante los gobiernos de Felipe González (y 5)

Raúl Navas

Un informe del FMI sobre España publicado en octubre de 1993 recomendaba facilitar el despido, el empleo temporal, la movilidad geográfica y el poder empresarial para modificar jornadas y funciones al trabajador. Mientras tanto, la patronal volvió a la carga insistiendo en las “rigideces del mercado laboral” y la “dificultad de despedir”. Aunque un informe de CC.OO. de 1993 señalaba que en los últimos 10 años habían sido despedidos 2.3 millones de trabajadores.

El gobierno siguiendo los dictados del FMI y la CEOE volvió a la carga con más precarización y a finales de ese año presentó una nueva y profunda reforma laboral (Ley 11/94 y la Ley/1994 de Medidas urgentes de fomento de la ocupación) que ponía patas arriba el Estatuto de los Trabajadores y otras normativas laborales. Se incluía la puesta en vigor de una nueva modalidad de contratación más precaria para los jóvenes en paro. Esto significaba la generalización de “los contratos basura” y la legalización de la precarización gracias a la Ley 14/94 que legalizaba las Empresas de Trabajo Temporal. El gobierno quería justificar estas medidas alegando que la tasa de paro era muy alta (24 por ciento), mientras que la CEOE achacaba el alto índice de paro a la retirada del plan de empleo juvenil de 1988. José María Cuevas lo resumía así:

“Al dinamitar el Plan de Empleo, Juvenil, el 14-D contribuyó a que hoy estén parados 25 de cada 100 españoles (proporción que llega al 40 por ciento entre los jóvenes). Precisamente ahora uno de los puntos clave de la reforma laboral es resucitar el Plan de Empleo Juvenil a través de los llamados ‘contratos de aprendizaje’. ¿Volveremos a permitir que unos sindicatos insolidarios y cegatos vuelvan a oponerse a cualquier reforma que nos saque del atolladero actual?”(5).

Por tanto, la excusa era la misma y una vez más se utilizaba en la exposición de motivos de las leyes, la crisis económica y la promesa de crear empleo para recortar derechos. En resumen, la reforma laboral consistía en aprobar la tabla reivindicativa de la CEOE:

– romper con el monopolio del INEM para colocar a parados
– aumento de las causas de despido objetivo, como las organizativas y de producción
– se facilitaba la introducción en los convenios de nor más basadas en la precarización y se allanaba el camino para aplicar movilidad geografía o funcional
– se reducía la eficacia y generalización de los contenidos de los convenios colectivos, apuntando a una convergencia a la baja en derechos laborales
– potenciación de las relaciones individuales en detrimento de la negociación colectiva
– legalización de las ETT (Empresas de Trabajo Temporal)
– creación de un contrato precario, llamado de aprendizaje

El capital acusaba a quienes se oponían a estas medidas de despreocuparse de los parados. Esta es y ha sido la excusa preferida de los capitalistas para atacar la estabilidad en el empleo. Incluso el gobierno del PSOE decía que la reforma laboral era “progresista”. José Antonio Griñán, entonces el ministro de trabajo, decía que se pretendía “evitar despidos” y justificaba así la nueva agresión a los trabajadores: “Se trata de enriquecer la negociación colectiva; eliminar obstáculos al mantenimiento y creación de empleo”(6).

La nueva normativa contó con el apoyo de la CEOE y el Círculo de Empresarios. En diciembre de 1993 el real decreto-ley que modificaba la contratación fue aprobado en el parlamento con 317 votos a favor (PSOE-PP-CiU-PNV-PAR), 22 negativos (IU, ERC y CC), y dos abstenciones (EA-UV).

El ataque fue respondido con una huelga general convocada por UGT, CC.OO y CGT para el 27 de enero de 1994. Un grupo de 500 personas compuestas por catedráticos, inspectores de trabajo y abogados laboralistas elaboraron un manifiesto contra la reforma laboral y en favor de la huelga general. El documento alertaba de que la nueva normativa iba a generar indefensión entre los trabajadores.

La huelga tuvo una gran incidencia y seguimiento, aunque sin llegar a los niveles del 14-D. CiU amenazó con retirar el apoyo parlamentario al gobierno del PSOE en minoría si Felipe González daba marcha atrás. IU ofreció negociar su texto alternativo sin éxito. La huelga no consiguió sus objetivos de retirar la reforma laboral y los sindicatos mayoritarios UGT y CC.OO. no sacaron la conclusión de que era necesario endurecer la movilización, sino todo lo contrario. Desde entonces las cúpulas sindicales profundizaron en una política sindical basada en los pactos, la desmovilización y en el “mal menor”. Mientras tanto el mercado laboral se precarizaba a pasos de gigante en un ambiente de retroceso en la conciencia social y de clase. Se abandonó cualquier planteamiento movilizador, lo que ocasionó el surgimiento del sector crítico en CC.OO. y el enfrentamiento de la cúpula de este sindicato con el PCE y Julio Anguita. Tras la huelga general, se puede destacar la manifestación de enero de 1995 convocada por la Plataforma Cívica por los Derechos Sociales, aprovechando el primer aniversario de la Huelga General, con el lema: “Por los derechos sociales y contra la reforma laboral y el ataque a las pensiones”. El manifiesta estaba firmado entre otros por Julio Anguita, Marcelino Camacho, Luis Eduardo Aute, Rafael Alberti o Antonio Gala.

Durante la última etapa de Felipe González en el gobierno, tuvo lugar el inicio de la recuperación económica, con el efecto de detener el nivel destrucción de empleo. Según datos del Ministerio de Economía, en 1995 los empresarios despidieron a 322.314 trabajadores, un -11.8 por ciento más que en 1994. La tendencia de aumento del paro fue sustituida por la creación de empleo precario en un contexto de crecimiento económico. Pese a la promesa de que esta reforma laboral iba a crear empleo indefinido, los datos del INEM y la EPA señalan que de los 8.60 millones de contratos realizados en 1996, solo hubo 204.235 contratos indefinidos, mientras que el 96 por ciento fueron temporales. Además, según los datos que suministró el Ministerio de Trabajo en el informe titulado “La contratación y paro registrado en 1996”, el 70 por ciento de los contratos de 1996 tuvieron una duración inferior a tres meses y el 50 por ciento no llegaron a un mes. Sólo el 0.42 por ciento fue superior a doce meses. Las ETT hicieron proliferar contratos que incluso solo tenían la duración de un día, produciéndose trabajadores con cerca de 15 contratos al mes.

Con estos datos no es de extrañar que una encuesta del CIS publicada en enero de 1996 señalara que siete de cada diez españoles consideraban que la reforma laboral contribuía poco o nada en la creación de empleo.

Pero pese a que el gobierno del PSOE continuaba tomando medidas que beneficiaban al capital, la patronal empezó a apostar por un gobierno del PP que abordara de lleno sus reivindicaciones pendientes, como un abaratamiento del despido o privatizaciones masivas. Ya en 1994, Cuevas dio su apoyo públicamente a Abel Matutes como candidato a las elecciones europeas por el PP. Además comenzó a pedir elecciones anticipadas.

Durante los años 80 y principios de los 90, el PSOE no solo se había derechizado a sí mismo, sino que había trabajado duro para derechizar a la sociedad. Las políticas procapitalistas aprobadas durante casi 14 años, allanaron el camino a la victoria de la derecha de Partido Popular en las elecciones de 1996, que una vez en el poder, procedió a aplicar su agenda neoliberal y de recorte de derechos laborales.

Notas:
(5) José María Cuevas, Derecho a la huelga, derecho al trabajo, El País, 15 de enero de 1994
(6) José Antonio Griñan, Reforma laboral, un compromiso y una necesidad, El País, 26 de enero de 1994
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Las contrarreformas laborales durante los gobiernos de Felipe González (4)

Raúl Navas

En el sistema capitalista ninguna victoria es eterna hasta el derrocamiento revolucionario del mismo. Por tanto siempre que un gobierno hace concesiones con una mano, intenta quitártelos con la otra en ese momento o más adelante, tal y como ocurrió en los años 90. En 1991 según la EPA había 2.463.700 parados, y desde el gobierno se aseguraba que era necesario recortar el subsidio de desempleo y precarizar los contratos para crear empleo. En esta situación, en abril de 1992 el gobierno aprobó un Real Decreto con el apoyo de CiU y la abstención del PP, que recortaba las prestaciones del paro, tanto en su cuantía como en su duración, y que endurecía las condiciones para acceder a cobrar el paro, en un momento en el que había 1.3 millones de parados que no recibían ningún tipo de prestación. La nueva normativa establecía que el requisito para cobrar el subsidio consistía en que debías haber trabajado al menos 360 días para cobrar seis meses de prestación como tope. Hasta entonces seis meses cotizados concedían el derecho a tres meses de prestación, por tanto se endurecía su acceso. Además se reducía el cálculo de la prestación para disminuir su cuantía. Estas medidas contradecían al programa electoral del PSOE de 1989 que prometía un aumento en la protección a los desempleados. También entraba en contradicción el hecho de que el propio PSOE se había opuesto en su día a la ley de empleo de UCD de 1980, mientras que doce años más tarde aprobaban en el gobierno una reforma parecida y con el mismo objetivo.

El objetivo consistía en disminuir el número de parados con derecho a prestación y disminuir el gasto público en subsidios en desempleo. En 1993 las prestaciones por desempleo dejaron de estar financiadas en los presupuestos, mientras que la cobertura del subsidio disminuyó sustancialmente entre el conjunto de parados.

El decretazo del gobierno también aumentaba la duración de los contratos temporales. Concretamente, el contrato temporal de fomento del empleo pasa de tener un tope de seis meses, a un año. También se suprimían las becas para que los parados participaran en cursos de formación.

El gobierno justificó esta reforma laboral alegando que se debía cumplir con el Tratado de Maastricht. Un Acuerdo europeo que exigía una reducción del gasto público. También se justificaba con argumentos parecidos a los que se utilizan ahora: “son medidas que no nos hubiera gustado tomar”, “no hay alternativa”, etc. El entonces ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, decía lo siguiente en El País: “Créanme que el Gobierno no toma esta medida alegremente, la toma con una cierta preocupación. Cuando decidimos las medidas concretas, después de una discusión bastante profunda en relación con muchas alternativas que barajamos, lo hicimos con preocupación, porque somos conscientes de que modificamos una ley que tiene incidencia social en colectivos que van a ver reducidas sus prestaciones. Pero hemos encontrado un equilibrio entre la incidencia social y el resultado económico, y la satisfacción que puede producir es que frente a ese desequilibrio financiero no dejamos a ninguna persona desprotegida”(4).

No fue una reforma pactada y CC.OO. advirtió con una respuesta más contundente que en 1988, aunque finalmente sólo fue contestada con una Huelga General de doce horas, para el 28 de mayo de 1992 (en Enseñanza fue de 24 horas por la reducción del gasto educativo), donde también se protestaba contra un proyecto de ley de huelga, exigiendo a su vez planes de reindustrialización. Los sindicatos mayoritarios tantearon con una huelga general en octubre de 24 horas si el gobierno no retrocedía, pero no cumplieron con las expectativas. Pese a la tibia respuesta sindical, la CEOE cargó contra la huelga, incluso exigiendo su ilegalización. La patronal mostró su apoyo al gobierno mientras que se intensificó una campaña contra los parados, con promesas de creación de empleo.

El gobierno, con el apoyo de la CEOE no dio marcha atrás. Se seguía al dictado las recomendaciones del FMI de 1992 que recomendaban reducir las prestaciones por desempleo, pese a que una encuesta del CIS de mayo de 1992 señalaba que el 73 por ciento de la población rechazaba los recortes en el gasto público en desempleo.

El ministro Solchaga aseguró que la reforma estimulaba que la gente buscara empleo. Pero pese a la promesa de creación de empleo, durante el primer trimestre de 1993 el número de parados se incrementó en 169.286 personas. Además según datos del Instituto Nacional de Estadística la tasa de desempleo paso del 20.3 por ciento en 1992 al 24.1 por ciento en 1994. Año en el que Solbes apuntaba a la creación de 150.000 empleos, mientras España se situaba como país de la OCDE con la tasa de paro más alta.

 Notas:

(4) El País, 22 de abril de 1992

Fuente: http://info.nodo50.org/Las-contrarreformas-laborales.html

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Las contrarreformas laborales durante los gobiernos de Felipe González (3)

Raúl Navas

Los planes estratégicos de la burguesía española no estaban plenamente aprobados. Pretendían seguir recuperando los niveles de tasa de ganancia anteriores a la crisis de los 70 a base de aumentar el nivel de explotación de la clase obrera. La CEOE exigía controlar el gasto público, más incentivos fiscales para los empresarios, rebajas de los tipos de interés, reducción de las cotizaciones empresariales a la seguridad social, facilidad para despedir, y más contratos basura. Además de pretender la destrucción de derechos laborales, exigían aplicar cuanto antes una gran reconversión industrial. El capital sabía que lo que ellos y sus gobiernos no se habían atrevido a realizar lo estaba haciendo ahora un gobierno del PSOE, con influencia entre las masas. En las elecciones de 1986, la CEOE tuvo una postura completamente diferente a la defendida en 1982, y por tanto no hicieron ninguna campaña electoral contra el PSOE. En 1986, Cuevas llegó a decir que González compartía las tesis económicas de la patronal.

En este contexto, la burguesía española apoyó de forma entusiasta la llamada Reconversión Solchaga, que suponía destrozar industrias como la siderúrgica o naval. Se impulsaron los despidos y cierres en las empresas industriales, que golpeaban a los batallones pesados del proletariado español. Los altos hornos de Sagunto, la industria naval y siderúrgica fue desmantelada. La Ley de Reconversión de julio de 1984, profundizaba en esa línea. Durante la aplicación de estos planes se destruyeron 2.700.000 millones de empleos, con un impacto tremendamente negativo en el empleo estable.

Junto a esta política, el gobierno intentó hacer semiconcesiones incumplidas, como la Ley de Protección del Desempleo, que prometía un aumento de las prestaciones del desempleo hasta alcanzar al 48 por ciento del total de los parados registrados en el INEM en 1986. Pero a finales de ese año la tasa de cobertura solo alcanzaba al 42 por ciento.

Tras la reforma laboral de 1984, la de pensiones de 1985 y con una reconversión industrial muy avanzada, el gobierno presentó en 1988 la Ley de Empleo Juvenil. Ese año también se había presentado una reforma laboral parecida en Portugal que precarizaba las condiciones de trabajo de los jóvenes menores de 25 años, que fue contestada con una huelga general en marzo de 1988.

La reforma laboral presentada por el gobierno del PSOE fue la gota que colmó el vaso para la convocatoria de una Huelga General el 14 de diciembre de 1988. Se exigía la retirada del Plan de Empleo Juvenil, recuperación del poder adquisitivo perdido, derecho de negociación publica para funcionarios, equiparación de las pensiones mínimas al SMI [salario mínimo], incremento de la cobertura de desempleo, establecer un plan de empleo, etc.

La huelga fue un rotundo éxito, que incluso fue reconocido por el propio gobierno, quien sufrió un doloroso golpe político. La CEOE exigió que no se retirase la reforma laboral y no se cediera al “chantaje sindical”, aunque ellos mismos tuvieron que admitir subidas salariales superiores al 5 por ciento para 1989. Por otra parte, Felipe González se vio obligado a retirar el contrato de inserción para jóvenes y su Plan de Empleo Juvenil, e incluso a asumir reivindicaciones ofensivas de los trabajadores. Se consiguió la implantación de las pensiones no contributivas, el derecho de los funcionarios a la negociación colectiva, ampliación de la cobertura del seguro de desempleo, cierto control sindical sobre contratos de trabajo, un incremento en el gasto social, etc.

En 1990 se consiguió el control sindical parcial sobre información de los contratos de trabajo, y la patronal exigió que se pusiera fin a la política de concesiones. Ese año se cerró un ciclo muy alto de conflictividad laboral, traducido en importantes conquistas laborales y salariales. Según un informe del Ministerio de Trabajo, en el periodo 1986-1990 España fue el segundo país de la CE con mayor índice de huelgas.

Este periodo de semiconcesiones se cerró tras la caída del Muro de Berlín con un profundo giro a la derecha que allanó el camino para la aprobación de posteriores contrarreformas laborales y de pensiones. La burguesía tuvo un poderoso regalo para profundizar en su ofensiva ideológica en un contexto en el que se multiplicaban los defensores de la economía de libre mercado, con toda su lógica (incluido el libre despido). La ideología burguesa se impuso en casi todas las esferas sociales y élites políticas y sindicales, de manera que comenzó a ser pecado defender una propuesta que fuera contra la libertad de empresa. Incluso la defensa de la estabilidad en el empleo pasó a ser considerado una herejía o algo “pasado de moda”.

Se inició un nuevo periodo, que también debe se estudiado para comprender el proceso de precarización que hemos sufrido. La comprensión histórica de estos procesos debe un paso necesario para emprender activamente la tarea sindical de luchar por dar un vuelco al panorama laboral actual y poner fin a esta correlación de fuerzas tan desfavorable entre capital y trabajo.

Fuente: http://info.nodo50.org/Las-contrarreformas-laborales.html
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En Mosul hallan un gran número de misiles estadounidenses en manos del Califato Islámico

El Ejército irakí y las milicias populares han descubierto en las posiciones del Califato Islámico al sur de Mosul varios misiles producidos en Estados Unidos. “Se hallaron varios misiles estadounidenses en la región de Al Shura, ubicada al sur de la ciudad irakí de Mosul”, dijo una fuente local a la agencia Farsnews.

El lunes 31 de octubre, fuentes oficiales de Irak informaron de que el Califato Islámico había enviado armas estadounidenses a la región de Tal Afar para reforzar así a los terroristas que han estado resistiendo allí los ataques del Ejército irakí. “El Califato Islámico envió misiles antitanque TOW a Tal Afar, lo que evidencia que el grupo terrorista está preparándose para una guerra de larga duración”, afirmó la fuente a Farsnews.

Además, el medio destaca que no es la primera vez que se hallan misiles de fabricación estadounidense en posiciones previamente controladas por los terroristas.

En varias ocasiones el Ejército iraquí ha encontrado misiles estadounidenses en la provincia de Anbar. Estas avanzadas armas fueron supuestamente enviadas a la zona por un avión de la coalición dirigida por Estados Unidos.

El año pasado el diario ruso “Svobodnaya Pressa” publicó un informe (*) elaborado por la organización Conflict Armament Research, que se basa en las armas incautadas a los combatientes del Califato Islámico por las fuerzas iraquíes y kurdas.

Entre las armas incautadas a los miembros del Califato Islámico figura el lanzacohetes manual M79 apodado Osa (Avispa), fabricado en la antigua Yugoslavia desde 1979. Estos lanzacohetes fueron suministrados por Arabia saudí en 2013 al llamado “ejército libre de Siria”. Además, el Califato Islámico cuenta con los rifles de asalto Colt M16A4 y los rifles semiautomáticos E2S XM15, con los que está equipado el Ejército de Estados Unidos.

El arsenal básico de armas de fuego de los yihadistas se completada con los fusiles de asalto AK-47, producidos en los años 1960, 1964 y 1970, y la ametralladora china Tipo 80, fabricada en los años 80 y copiada de la ametralladora soviética para uso general PK. Entre las armas hay una cantidad significativa de fusiles de asalto estadounidense M-16 y que muchas armas llevan la inscripción “Propiedad del Gobierno de Estados Unidos”.

En cuanto a las armas cortas, los islamistas están armados con pistolas automáticas Browning Hi-Power, pistolas austríacas Glock G19 y sus homólogos croatas HS Produkt HS-9.

Los islamistas utilizan ampliamente para los ataques rápidos los llamados todoterreno “gun truck” que llevan ametralladoras pesadas y cañones antiaéreos. Después de la derrota de varias unidades del Ejército iraquí, también llegaron a manos del Califato Islámico los todoterreno estadounidenses Humvee, vehículos blindados MRAP y M113 y los vehículos de combate de infantería soviéticos BTR-80, BMP-1 y BMP-2.

También disponen de los cañones automáticos antiaéreos ZU-23, que se montan sobre todoterrenos. Asimismo, los yihadistas tienen los misiles perseguidores infrarrojos tierra-aire FIM-92 Stinger, creados en Estados Unidos y que están en servicio en este país.

El periódico ruso afirmó que los yihadistas habían obtenido un botín de varios tanques pesados estadounidenses M1A1 Abrams. También disponen de los cañones automáticos antiaéreos ZU-23, que se montan sobre todoterrenos. Asimismo, los yihadistas tienen los misiles perseguidores infrarrojos tierra- aire FIM-92 Stinger, creados en Estados Unidos y que están en servicio en este país.

En cuanto a la artillería, el Califato Islámico entre otros tipos tiene en su arsenal el obús remolcado de tamaño mediano El M198, de producción estadounidense, así como morteros.

A finales de agosto del año pasado, un oficial de la inteligencia de Irak afirmó que los helicópteros de Estados Unidos habían lanzado armas y distintos tipos de material de apoyo a los milicianos del Califato Islámico en una provincia occidental de Anbar.

(*) http://svpressa.ru/war21/article/115840/
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Las contrarreformas laborales durante los gobiernos de Felipe González (2)

Raúl Navas

En 1984 se aprobó una nueva normativa que extendía la contratación temporal, que no aparecía en el programa electoral del PSOE. Concretamente fue la reforma laboral de noviembre de 1984 (Ley 32/1984) suscrita por el gobierno, la CEOE, CEPYME y con el apoyo inicial de UGT.
Por su parte, CC.OO. criticó el acuerdo, y en ese mismo año se llegó a hablar de Huelga General. La reforma permitía varias modalidades de contratación temporal con el objetivo de “incentivar la creación de empleo”. Desaparecía la necesidad de causalidad en los contratos temporales, y se utilizan para puestos que en realidad deberían ser estables. Se impulsaba el contrato a tiempo parcial y se establecía la posibilidad de despido colectivo en empresas de menos de 25 trabajadores.

También se extendía la polivalencia en las funciones del trabajador y la productividad y los complementos en el salario. Una vez más, estos se ataques se justificaban con la excusa de la crisis económica y la promesa de crear empleo.

En esta reforma se encuentran los inicios de los contratos basura y la legalización del fraude en la contratación temporal. Se imponía la temporalidad como la norma general para contratar y se autorizaban hasta 14 formas de contratación temporal. La patronal por fin había conseguido el uso del contrato temporal de forma descausalizada. No hacía falta acreditar razón alguna por la cual el empresario establecía un contrato temporal y no uno indefinido.

La nueva normativa autorizaba hasta 14 formas de contratación temporal, como “excepciones al principio general de la contratación indefinida”. Aparecían modalidades como: contrato de fin de otra, contrato por circunstancias de la producción, contrato de interinidad o contrato por lanzamiento de una nueva actividad. Además aumentaba la duración máxima de los contratos en prácticas y formación, se eliminaban los topes a la contratación temporal en función de la plantilla y se potenciaban los contratos a tiempo parcial. También se introducían numerosas bonificaciones fiscales para los empresarios, de hasta 400.000 pesetas por contratar a mayores de 45 años, e incluso deducciones de 500.000 pesetas en el impuesto de sociedades por contratar a jornada completa.

Una vez más, esta normativa basada en la precarización era justificada con la promesa de creación de empleo. En el pleno del congreso, el 1 de marzo de 1984, Almunia decía lo siguiente: “Esta reforma no va a producir 1.000 empleos diarios, como otro ministro afirmó aquí al presentar el Estatuto de los Trabajadores, pero estamos convencidos de que es la única fórmula posible para generar el máximo empleo”(1).

Es decir, desde el PSOE se asumía claramente la mentalidad empresarial y defendían que la precarización era la única manera de crear empleo y combatir el paro. Por tanto, no era de extrañar que representantes del capital alabaran la política económica del PSOE. A estas alturas los representantes del capital aplaudían la política económica de Felipe González. Desde la CEOE, José María Cuevas aplaudió públicamente al gobierno por haber aprobado la nueva normativa de contratación temporal, resaltando que no habían conseguido que otros gobiernos anteriores aceptaran aprobar una legislación laboral de este tipo. Cuevas llegó a referirse a Felipe González en 1984 como un “gran converso”. Otro ejemplo lo tenemos en Rodolfo Martín Villa, ex ministro de UCD y político del régimen durante de la dictadura de Franco, quien dijo en el periódico Cinco Días: “Suscribo la política económica del gobierno, porque no me parece, ni mucho menos de izquierdas”(2).

La normativa laboral de 1984 tuvo un impacto muy negativo en el empleo estable. Un estudio realizado por CC.OO. en 1989 señalaba que un 80 por ciento de los contratos eventuales de fomento del empleo eran irregulares, debido a la generalización del fraude en la contratación temporal. Se comenzaron a realizar contratos por obra y servicio sin detallar nada más que esas dos palabras. Se señalaba que sólo en 1988 se habían firmado 1.9 millones de contratos eventuales, y además se denunciaba que la tasa de temporalidad había pasado de un 10 por ciento antes de la reforma de 1984 al 31.5 por ciento en 1990.

El poder adquisitivo de los salarios reales se había deteriorado más de un 3 por ciento en 1984 (3). Tras atacar los salarios e imponer la precarización en los contratos laborales, el siguiente paso del gobierno fue atacar las pensiones públicas. En 1985 se aprobó la Ley de Pensiones (Ley 26/1985 de Medidas Urgentes por la Racionalización de la Estructura y Acción protectora de la Seguridad Social), que fue la actuación más impopular y contestada en la primera legislatura de Felipe González.

La ley endurecía las condiciones para tener derecho al cobro de pensiones y reducían la cuantía económica de las mismas. Aumentaba de 8 a 10 años, el mínimo de tiempo cotizado para acceder a una jubilación. Además se modificaba el sistema de cálculo de prestación en perjuicio del pensionista, eliminando el derecho de escoger los dos años cotizados de los últimos 10 como base de cotización y se establecía que el cómputo se hiciera en base a 8 años.
Así, el gobierno conseguía que muchas mujeres quedaran fuera o con pensiones muy bajas. Esta contrarreforma laboral fue respondida por una Huelga General el día 20 de junio de 1985, convocada por CC.OO. y CNT, pero sin el respaldo de UGT. Aunque Nicolás Redondo, entonces secretario general de la UGT y diputado del PSOE, rompió la disciplina de partido y voto en contra de la ley en el parlamento.

Posteriormente no se apostó por endurecer el conflicto y la reforma no pudo ser detenida. Incluso dos años después, tuvo lugar la aprobación de la Ley 8/87 de Fondos de Pensiones allanaba el camino a la privatización y su gestión por bancos y empresas.

Notas:

(1) El País, 2 de marzo de 1984, el ministro al que se hace referencia es Rafael Calvo Ortega.
(2) Cinco Días, 02/01/1985
(3) El País, 25/01/1985

Fuente: http://info.nodo50.org/Las-contrarreformas-laborales.html
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Las contrarreformas laborales durante los gobiernos de Felipe González (1)

Raúl Navas

En las elecciones de 1982 el PSOE liderado por Felipe González obtuvo un triunfo histórico, consiguiendo más de diez millones de votos (48.1 por ciento). Esta contundente victoria generó enormes ilusiones entre los trabajadores y la juventud, que veían en el nuevo gobierno una eficaz herramienta para que hubiese un autentico cambio. El PSOE había prometido reformas que de llevarse a cabo beneficiarían a la clase obrera: creación de 800.000 puestos de trabajo, mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, jubilación a los 64 años, etc.
Los primeros pasos del PSOE tras las elecciones fueron sintomáticos. No habían pasado ni quince días de la victoria electoral, cuando Alfonso Guerra y Felipe González mantuvieron una reunión con los representantes de la CEOE, Ferrer Salat, y José María Cuevas. Además Felipe González presidió su primer acto público en el desfile de la División Acorazada Brunete. Sus promesas electorales en el terreno social y laboral fueron abandonadas bajo la excusa de la “herencia recibida” de UCD. Disculpa comodín por parte de muchos gobiernos de todo el mundo a lo largo de la historia.
La política del PSOE desde el principio fue la de aceptar y gestionar el sistema capitalista y capitular ante los dictados de la banca y los empresarios. Esta política generó frustración y desengaño entre las masas, que pronto empezaron a preguntarse ¿dónde está el cambio? Por otro lado, ni la Iglesia, ni el ejército, ni la banca y los empresarios tenían nada que temer. Todo lo contrario, sabían que cuestiones como la reconversión industrial, privatizaciones, contrarreformas laborales, contención salarial, control del gasto público, etc., comprendían medidas de ajuste tan duro e impopular, que solo podían ser aplicadas por un partido como el PSOE.
El capital, pronto comprobó que el PSOE en el gobierno no era ningún enemigo. Además nos encontramos en un contexto internacional en el que la socialdemocracia europea ya había empezado a olvidarse de prioridades como el pleno empleo, derechos laborales, ayudas sociales o los servicios públicos. Estos objetivos se habían subordinado a nivel internacional a otros como el control de la inflación, desregulación de las normativas laborales o programas de privatizaciones; siempre en beneficio del capital financiero. La socialdemocracia había abrazado completamente una ideología comprometida totalmente con el capitalismo.
Mientras la banca batía beneficios récord en 1983, la CEOE exigía que para ese año la subida salarial fuese entre un 2 y un 6 por ciento inferior a la inflación prevista. Además se pretendía profundizar que el empleo temporal fuese la norma en detrimento del empleo estable. En febrero de 1983 se firmó el Acuerdo Interconfederal en febrero de 1983, por parte de UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME. Se establecía la jornada laboral de 40 horas semanales (que se aplicaría más tarde de lo prometido) y 30 días de vacaciones a cambio de moderación salarial. La patronal aseguraba que los topes salariales creaban empleo y continuó exigiendo rebajas en las cuotas empresariales a la seguridad social, despidos más baratos y fáciles, y legalizar los llamados contratos basura.
El PSOE había prometido crear 800.000 puestos de trabajo, pero en dos años el país contaba con casi 500.000 parados más, gracias a una decidida política laboral que era ineficaz en la creación de empleo, pero que satisfacía las reivindicaciones de la patronal. En dos años de gobierno, según la EPA el paro había pasado de 2.235.000 a la cifra de 2.710.500 desempleados en septiembre de 1984. En toda Europa se tomaban medidas para desregular el mercado laboral con el argumento de combatir el desempleo en un contexto de paro creciente […]
Desde el capital se repetía que para luchar contra el paro se debía precarizar el mercado laboral. En octubre de 1984 se firmó el Acuerdo Económico y Social, bajo la promesa de creación de Empleo. Almunia, como Ministro de Trabajo justificó el abandono de la promesa electoral de jubilación a los 64 años alegando que no era urgente ni prioritario.
Fuente: http://info.nodo50.org/Las-contrarreformas-laborales.html
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Noticias

Hezbollah se convierte en la fuerza dominante en Líbano

En Líbano un pacto nacional de 1943 no reparte los cargos públicos según los votos sino según las confesiones religiosas. La Presidencia de la República es para los cristianos maronitas, el Primer Ministro debe ser sunita, el Presidente del Parlamento le toca a los chiítas, la Vicepresidencia a los cristianos ortodoxos y el jefe del ejército a los cristianos maronitas.

Dicho reparto confesional ha estado ligado, además, al imperialismo porque los valedores de los cristianos fueron tradicionalmente los colonialistas franceses que separaron al Líbano de Siria y luego a Washington. Este esquema se ha acaba de romper y, después de un largo vacío de dos años y medio, el general Michael Aoun, cristiano maronita ha llegado a la Presidencia contra el dictado estadounidense y con el apoyo de Hezbollah, nada menos.

La prensa israelí ha montado en cólera: gana Hezbollah, luego gana Irán. No sólo la milicia chií jamás se va a desarmar sino que se ha ganado a los que hasta ahora eran los más fieles valedores del imperialismo en un país, como Líbano, que es caja de resonancia de Oriente Medio. Al eje de la resistencia Irán-Siria ya no se le une una parte de Líbano, sino el mismo Líbano.

Hasta el peón de Arabia saudí, Saad Hariri, ha bajado los brazos, dice el periódico “Israel Hayom”, de la corriente de Netanyahu. La unión de los maronitas con los chiítas no presagia nada bueno para Israel. Hezbollah es ya la fuerza dominante en Líbano y por encima de su naturaleza confesional tendrá la oportunidad de demostrar que, además, tiene un proyecto nacional.

El plan imperialista para el Líbano es el mismo que para Irak, Siria y Turquía: la partición del país. Un documento israelí de febrero de 1982 publicado por la Revista de Estudios Palestinos destapó (*) el proyecto de división de Líbano en cinco provincias, religiosamente diferenciadas, militarmente desarmadas y políticamente enfrentadas, sobre las que Israel podría imponer un protectorado.

Lo que cambian los tiempos: el 19 de agosto de 1989, desde el Palacio Presidencial de Baabda, Aoun pidió a Francia que llevara sus tropas a Líbano para acabar con Siria y en 2006 se puso al frente de la resistencia, “renunciando a los maletines llenos de dólares”, dice gráficamente un periódico chiíta libanés. Entonces firmó lo que parecía un rocambolesco acuerdo con Hebollah, por el que nadie daba un duro. Diez años después aquel acuerdo se ha impuesto a las presiones y a los chantajes.

Hace muchos años que el imperialismo no tenía otro objetivo en Líbano que enterrar a Hezbollah que, por su parte, reaccionó apoyando al “Movimiento Patriótico Libre” de Aoun para sostener la unidad y la independencia del país, que poco a poco ha ido ganando terreno por su firme oposición a Israel y a los planes de injerencia de las grandes potencias en Oriente Medio.

Hay que destacar las palabras del ministro Gebran Bassil, presidente del “Movimiento Patriótico Libre”, dirigidas al secretario general de Hezbollah, en la que le dice que es el segundo socio de la victoria: “Jamás hemos dudado de la sinceridad de vuestra posición a nuestro lado. No se trata sólo de la lealtad sino de la sinceridad, a fin de que todos los libaneses comprendan que aún existe una ética en la política del Líbano”. Es algo que nunca se había escuchado por aquella región.

Pero no sólo Aoun ha cambiado. Hay mucha marea de fondo que sólo se aprecia tomando una perspectiva de 25 años, cuando Estados Unidos lanzó el primer ataque contra Irak y Haffez Al-Assad le apoyó. Entonces los imperialistas aún creían poder manejar a Siria permitiéndole ocupar militarmente Líbano y acabar con Aoun, que tuvo que refugiarse en la embajada de Francia en Beirut antes de huir del país.

(*) http://www.renenaba.com/revue-detude-palestiniennes-n-14-fevrier-1982
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Guerra psicológica

De Lenin a la guerra de las galaxias

El 23 de octubre del año pasado en Odesa, la ciudad ucraniana del Mar Negro, derribaron una estatua de Lenin que llevaba décadas sobre el pedestal, para sustituirla por Darth Vader, el personaje de la película “La guerra de las galaxias”. ¿Pretendían sustituir los fascistas ucranianos la realidad por la ficción?, ¿nos obligan a elegir entre el malo de la película (Darth Vader) y el malo de la historia (Lenin)?, ¿quién es peor de los dos?

No está tan claro que la saga de películas de George Lucas sea ficción. Hace un par de años la agencia de noticias Europa Press difundía un despacho titulado “¿A qué velocidad vuela el Halcón Milenario?” (1), es decir, la nave espacial de la película. Ya no se trata sólo de una película de Hollywood sino de los medios de comunicación, que no sólo hablan de la realidad como si fuera ficción, sino de la ficción como si fuera realidad.

Era la clásica noticia imbécil con la que las cadenas de televisión abren los noticiarios para hacer publicidad encubierta del estreno de una nueva película de la interminable saga, más galáctica que el Real Madrid. Basta hacer una búsqueda en internet para darse cuenta de que la inmensa mayoría de las “noticias” de prensa sobre “La guerra de las galaxias” son una colección de banalidades convertidas en reclamos publicitarios para vender algo.

En ese mercado está la clave de que en 2012 la multinacional Walt Disney pagara 4.000 millones de dólares por la adquisición de los estudios Lucas, fundados por el cineasta que dirigió las películas galácticas. Uno de los tentáculos de los estudios, Lucas Licensing, no es más que una oficina de gestión y recaudación del dinero generado por las patentes sobre la parafernalia (“merchandising”) asociada a las películas.

En 2011 dichas patentes reportaron 3.000 millones de dólares a los estudios Lucas. Entre 1977 y 2012 las ventas de juguetes, camisetas, tazas, mochilas y demás habían alcanzado los 20.000 millones de dólares, con 4.400 millones en entradas de cine y 3.800 en DVD, VHS y demás mercancías para las tiendas de chuches, como El Corte Inglés.

La multinacional Fox estrenó “La guerra de las galaxias” en 1977 y hasta ahora la saga es la más taquillera de la historia del cine. La primera película costó once millones de dólares y, sólo en Estados Unidos, acabó recaudando más de 460.

Pero todo esto no tiene nada que ver con el cine. En las Navidades del estreno la empresa Kenner, que había comprado la patente sobre la quincalla galáctica, se vio desbordada por la demanda de chatarrería. Tuvo que expedir unos certificados que le permitían al comprador canjearlos por cuatro figuras cuando el almacén se volviera a llenar de mercancía. Al año siguiente la empresa se embolsó unos cien millones de dólares. Entre 1978 y 1985 se vendieron unos 300 millones de juguetes galácticos.

Para que le financiaran la película, George Lucas renunció a 500.000 dólares de su sueldo como director a cambio de reservarse la patente de la mercadería paralela, algo que, a mediados de los setenta, nadie valoraba en Hollywood.

La saga se retroalimenta de sí misma, de su éxito de ventas y de sus millones de víctimas abducidas por la iconografía. Tiene infinidad de seguidores en todo el mundo, a los que llaman “fans”, o sea, fanáticos porque en esta sociedad uno puede ser “fan” del Sporting de Gijón, de David Bisbal o de “La guerra de las galaxias” pero no en los asuntos políticos porque eso es extremismo, radicalismo y está mal visto. En las manifestaciones los convocantes deberían sustituir el puño en alto, que es una amenaza, por la espada láser y el disfraz de Darth Vader.

A lo largo de la vida, los “fans” nunca se liberan de algo que tiene todo el aspecto de constituir una enfermedad congénita. Es toda una técnica de ingeniería social. El capital primero lava el cerebro a los mayores para luego pasar a atacar a los niños indefensos por medio de los anteriores. Los padres sólo cuidan el cuerpo de los niños, no su cabeza. No dejan que los niños se lleven a la boca un chicle que se les ha caído al suelo pero les regalan el Halcón Milenario, un droide como C3PO o R2D2 o una máscara del clon guerrero.

No hay ningún niño al que sus familiares no le hayan torturado con algún juguete de “La guerra de las galaxias” en Navidades o el día de su cumpleaños. Pero el juguete es de plástico y no vale nada. Los precios astronómicos que pagan los incautos de los padres y familiares por un pedazo de plástico financian patentes internacionales.

Marx diría que la quincalla de “La guerra de las galaxias” no sólo tiene un valor de cambio sino un valor de uso. Las mercancías son iconos de una cultura invasora, lo mismo que las especies exóticas. Pero los ecologistas son como los padres que regalan la espada láser a sus hijos: se preocupan de los seres vivos pero no de los inertes. Nunca han cuidado el ecosistema natural.

El mercado no conoce límites. No son sólo juguetes sino toda una quincalla de corbatas, camisetas, pulseras, pijamas… En 1997 se lanzó al mercado una versión actualizada del Monopoly ambientada en las galaxias, sus personajes y sus gigantescas naves espaciales. En setiembre de cada año, puntualmente, PlanetaDeAgostini, propiedad del fascista Jose Manuel Lara, pone a la venta en los kioskos el típico coleccionable con relatos, muñecos, relojes, DVD, cromos…

Los libros, álbumes, pósters, cromos y tebeos galácticos forman un cosmos. El listado de los libros de la saga da una idea de que la bodega de carga del Halcón Milenario tendría problemas para albergar la quincalla. Con la llegada de la era Disney, muchos de esos libros han sido descartados como “inconvenientes”, pero dan para semanas y meses de lectura.

Tras los libros vienen las viejas grabaciones en VHS y Betamax que se regalaban el día de los Reyes Magos y los cumpleaños y que luego pasaban de mano en mano. La técnica nos condujo de ahí a los DVD, videojuegos…

Hay millones de mercancías-iconos que llegan a millones de víctimas en todo el mundo. Casi nadie se ha librado de aquella invasión. Posiblemente sólo nos quede pedir asilo político en Corea del norte para escapar de Luke Skywalker, Chewbacca y los antidisturbios disfrazados de clones.Los científicos, que viven en las nubes, aún se preguntan si hay vida fuera de este planeta. Precisamente donde hay más vida es allá. Es un universo, pero de patentes y derechos de autor. Los estudios de Lucas tienen una base de datos con 17.000 personajes de la saga y 20.000 años de historia a la que llaman el Holocrón. Hay material para hacer películas sin descanso. Además de una base de datos hay páginas web (2) dedicadas a desentrañar al detalle todos y cada uno de esos datos, naves espaciales, planetas, robots…

La chatarrería de “La guerra de las galaxias” es para niños, no para niñas. En la saga apenas aparecen 800 personajes femeninos, cuando deberían ser la mitad, un fallo garrafal que esperemos que Disney resuelva en el futuro hasta equilibrar los porcentajes con un número suficiente de princesas galácticas.

Gracias a “La guerra de las galaxias” el inglés ha calado entre nosotros. Antes nos referíamos así, en castellano, a la película; ahora decimos “Star wars” porque estamos a la altura de los tiempos. Nos compramos un diccionario en casa para no quedar en ridículo cuando nos hablan de ewoks, droides, jedi, sith… De ahí pasamos al manual, la gramática, los adverbios y el pretérito pluscuamperfecto del verbo to fuck…

Pero la verdadera faena es que vayas a Olot de viaje y los restaurantes tengan el menú en catalán. Hay que poner el grito en el cielo porque de lo contrario los catalanes nos acabarán imponiendo su idioma y su cultura a los españoles.

(1) https://www.europapress.es/cultura/cine-00128/noticia-velocidad-vuela-halcon-milenario-20141214113743.html
(2) https://latino.starwars.com/banco-de-datos

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Opinión

¿Humanitarismo? No, gracias

Nos están tomando por lo que quisieran que fuésemos, por aquello para lo que se gastan nuestro expoliado dinero a fin de que seamos lo que quieren que seamos, o sea: imbéciles o miembros de las fuerzas armadas que custodian la Constitución española que nos borbonea, o juez o fiscal del neoTOP, o volteriano de salón, o periodista “independiente” de los que cobran por proteger la única religión verdadera, esto es, la del Alto Estado Mayor de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, de esa organización humanitaria llamada OTAN, o trabajadores de los que piensan lo que piensa el MARCA, pues faltaría más, que ellos no son ni de derechas ni de izquierdas, como dijeran hace mucho tiempo Mussolini y José Antonio (Primo de Rivera).

Pues no, señoras y señores, aún quedan algunos que nos negamos a ser como el imperialismo quiere que seamos, procura que seamos, invierte para que seamos. Aún quedan algunos que estamos contra la tele y la radio y la prensa y todos los “medios de comunicación” al servicio del imperialismo y amamos a Marx, Engels, Lenin y el vino rojo peleón que no es estupefaciente sino metáfora popular de la razón pura, es decir, de la razón común, o sea, de la razón comunista, por la sencilla razón de que razón, lo que se dice razón, no hay ni puede haber ninguna otra. Sí, sí, aún quedan algunos a los que el nombre “España” no nos provocan suspiros sino arcadas, y nombres como OTAN nos hacen vomitar directamente. Aún quedan algunos que gritamos ¡mecagüen Bill Clinton y Aznar y Felipe González y Solana y la señora Allbright (¿para esto queríamos la liberación de la mujer?).

Aún queda quien se alegra de que un día entrasen en Praga los tanques soviéticos para aplastar a los enemigos de la heroica construcción del socialismo y el comunismo en Europa, a los mismos que hoy forman parte de la muy humanitaria banda terrorista OTAN y masacran al pueblo serbio para arrebatarles su territorio y sus riquezas.

¡Llore usted, señora, llore usted, señor, por los albaneses “refugiados”, porque así se lo ordenan las autoridades, pero no llore si en los alrededores de Belgrado caen bombas humanitarias sobre los campos de refugiados serbios en su día expulsados de sus tierras en Croacia por los nazis otánicos-croatas! Usted a lo suyo: al bakalao, a la coca y sobre todo al éxtasis de pertenecer al primer mundo. ¿Qué más quiere? Enchufe la tele y muéstrese agradecido.

El autor de este artículo fue (murió en 2007, septiembre) Pablo Sorozábal Serrano, hijo del célebre compositor de zarzuelas populares Pablo Sorozábal (donostiarra y republicano). Se publicó en el periódico alternativo EL OTRO PAÍS en mayo-junio de 1999. Un servidor, B., tuvo el privilegio de conocerle y de llorarle.