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Autor: Redacción (página 1075 de 1360)

El yihadismo como arma de guerra no convencional del imperialismo

Alejandra Loucau

La nueva cúpula de la CIA, presidida por Mike Pompeo, el flamante jefe mundial de espías y operaciones encubiertas elegido por el presidente Trump, hizo entrega de un premio al príncipe heredero saudí, Mohamad bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, en honor a su “lucha antiterrorista y sus contribuciones para asegurar la paz y la seguridad internacional”. Demasiadas ironías en una sola oración.

Inmediatamente después de este escandaloso acto condecorativo, numerosos analistas se aprestaron a juzgar el hecho como “una broma de mal gusto”, teniendo en cuenta no sólo la responsabilidad de la CIA en la creación y organización de las principales redes terroristas en todo el mundo, especialmente árabe, sino también el oscuro prontuario del reino saudí en el financiamiento y reclutamiento de los grupos extremistas activos en la región mediooriental. Pero el hecho en sí no sólo se trata de un acto de hipocresía de los que nos tienen acostumbrados los miembros de la alta política global; expresa además un elemento de continuidad en materia de política exterior que indica ciertos indicios de la relación entre el presidente Trump y su aún incierta estrategia hacia esta zona invadida, saqueada y destruida por las distintas caras de la intervención imperialista durante las últimas décadas.

Antes de adentrarnos en especulaciones debemos pensar qué tan ciertas o posibles pueden ser las ideas del nuevo presidente norteamericano, respecto a las intenciones declaradas de acabar “realmente” con Daesh y Al-Qaeda y, por decantación, con la estrategia de la CIA de utilizar al terrorismo como arma de guerra “no convencional” contra gobiernos opuestos a los planes norteamericanos. Para analizar este tema debemos tener en cuenta algunos elementos.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creó oficialmente la CIA como parte fundamental de una nueva estructura de dominación global. La llamada Guerra de cuarta generación fue introducida en la doctrina militar norteamericana muchas décadas antes, pero cobró impulso en esta época como un cambio cualitativo en la forma de ejercer el poder. Así, Estados Unidos reemplazó la vieja doctrina de lo que Eric Hobsbawn llamó el  “imperialismo formal” (a través del cual las potencias coloniales dominaban y administraban de forma directa los pueblos subyugados militar y económicamente) por una doctrina más “informal” de dominación imperialista, que se desligó del problema de la administración colonial y la ocupación militar permanente, optando por utilizar mecanismos más indirectos, claro está, sin abandonar nunca la táctica de la intervención militar directa.

Tal orientación implicó, en el plano militar, el desarrollo de técnicas no convencionales y el uso de lo que se conoce actualmente como “guerra en las sombras” o “guerra sucia” para ejercer el dominio sobre países cuyos gobiernos eran hostiles a sus designios o ejercían algún tipo de obstáculo para los intereses de los capitales transnacionales. La manipulación de los medios de comunicación, la organización de atentados y asesinatos políticos, la tortura sistemática, el reclutamiento de mercenarios, etc. fueron elementos empleados en el marco de esta estrategia. El terrorismo fue apropiado por la CIA como un método ‘anónimo’ para producir el caos, la desestabilización o a la eliminación de actores políticos a escala internacional.

Hacia el final de la Guerra Fría surgió la Doctrina Reagan que comenzó a considerarse válida contra gobiernos o grupos con respaldo soviético, y que, años después, fue revitalizada ante los atentados del 11-S por la Doctrina Bush, que implicó el desarrollo de tácticas usadas contra diferentes insurgencias, el radicalismo, el crimen transnacional y otras actividades que se empezaban a denominar genéricamente como terroristas. Desde este punto de vista, se introducía una concepción de guerra total basada en operaciones políticas y psicológicas enmarcadas en conflictos de baja intensidad. De esta manera, la estrategia militar utilizada en este tipo de conflictos se convertía en política.

Transcurridos más de 15 años de los atentados de las torres gemelas y desde que la denominada “primavera árabe” llegó al mundo árabe, fuimos testigos del surgimiento y la multiplicación de numerosos grupos terroristas surgidos en el contexto de las desastrosas incursiones por parte de Estados Unidos, con la complicidad de las potencias de la OTAN, en Medio Oriente. Hay que recordar que el grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) nació al calor de la intervención militar norteamericana en Libia, que culminó con el asesinato de su entonces presidente Muamar Gadafi, en 2011. Previamente a este suceso, los más altos estrategas norteamericanos junto a sus “seguidores” de la OTAN se encargaron de armar una compleja red de grupos radicales de índole terrorista que sirvieron como punto de apoyo para desencadenar desestabilización en aquellos países donde los gobiernos no fueran lo suficientemente colaborativos con sus intereses. La CIA formó parte constitutiva de esta orientación funcionando como nexo entre los servicios de inteligencia de las principales potencias mundiales y los colaboradores regionales. Dicha agencia organizó la entrada en Libia de estos grupos desde Túnez y Egipto, durante los bombardeos que realizó el gobierno francés.

Posteriormente, esos núcleos recibieron armamento a través de una red montada por la misma CIA cuando, después de haber ayudado al derrocamiento de Gadafi, pasaron a Siria en 2011 para derrocar a Al-Asad y seguidamente atacar Irak, en momentos en que el gobierno de Al Maliki se alejaba de Occidente y se acercaba a China y Rusia.

En consecuencia, se fueron diseminando los grupos extremistas por territorios particularmente estratégicos para asentar sus centros de mando. El infierno de la guerra y la anarquía resultaron un buen escenario para reclutar y entrenar a cientos de terroristas.

Cuando el presidente Obama puso en manos de la CIA la brillante idea de organizar a diversos grupos armados, la agencia “ya sabía que tenía un socio dispuesto a financiarla: Arabia Saudita”. Junto con Qatar, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, el reino wahabita “proporcionó armas y miles de millones de dólares, mientras que la inteligencia estadounidense dirigió el entrenamiento de los rebeldes”. Así lo documentó el New York Times en una investigación publicada el 23 de enero de 2016. Wikileaks hizo lo propio al sacar a la luz las conexiones entre la ex Secretaria de Estado y posterior candidata presidencial Hillary Clinton y el lobby saudí, para llevar adelante los mencionados planes.

Pero antes, George Bush Junior había declarado que los atentados del 11-S “fueron perpetrados por Al-Qaeda”, lo cual justificaba la invasión de Afganistán y posteriormente de Irak, luego de la escandalosa mentira mundial posteriormente probada de que Sadam Hussein albergaba en su territorio armas de destrucción masiva y planeaba utilizarlas contra la población norteamericana.

En 15 años, Estados Unidos había sacrificado a más de 10.000 vidas estadounidenses, mientras el saldo de ciudadanos medioorientales muertos fue de más de 2 millones, sin contabilizar el desplazamiento poblacional, la destrucción y la guerra inacabada en el continente. Durante todos esos años se ocultó el rol jugado por Arabia Saudí como cerebro de Al-Qaeda y, más concretamente, su relación con los terroristas que llevaron supuestamente a cabo los atentados del 11-S.

Pero la estrecha colaboración entre los servicios secretos de Estados Unidos y Arabia Saudí ya tenía sus antecedentes. En Angola la CIA apoyó, con financiamiento saudita, a los rebeldes que operaban contra el gobierno de Luanda, aliado de la URSS; en Afganistán Estados Unidos organizó una red de grupos extremistas para luchar con los soviéticos, que Arabia Saudita financió a través de una cuenta de la CIA en un banco suizo; los saudíes financiaron la operación de la CIA para ayudar a los contras en Nicaragua con 32 millones de dólares a través de una cuenta en las Islas Caimán, sólo por nombrar algunos casos recopilados por Red Voltaire.

Republicanos y demócratas han sabido aprovechar la especial relación con esta potencia del Golfo Pérsico que, a su vez, también ha recibido sus beneficios. Por ello nunca vimos que Estados Unidos condenara la violación de los derechos humanos o la ejecución de civiles entre las fronteras que protegen a esta monarquía. No obstante, este trabajo de colaboración desigual también se extiende a otras esferas. Arabia Saudí es principal exportador de crudo del mundo, de un gobierno que, por su poder es el único en el mundo árabe que puede contrarrestar el alcance regional de su archirrival Irán. De hecho, el Estado árabe constituyó una pieza clave para mantener los precios del petróleo bajos cuando estos comenzaron a desplomarse en el 2015. La petromonarquía se negó a recortar su cuota de producción, inclusive en su propio desmedro, para poder amortiguar la caída estrepitosa de la renta proporcionada por este recurso natural a partir de la disminución de la oferta. La medida fue tomada luego de una clara presión por parte de Estados Unidos, que sí logró sus cometidos al lograr desequilibrar rápidamente, en mayor o menor medida, los pilares de las economías de países que se resistían a sus órdenes como Venezuela, Rusia e Irán.

En el ocaso de su mandato, Obama aprobó una operación de venta de armas a los saudíes por un valor de 154,9 millones de dólares, en el medio de la feroz agresión que dicha monarquía sigue perpetrando aún hoy contra el pueblo yemení. Ya en 2014, Arabia Saudí se había convertido en el mayor importador de armas del mundo con la compra de equipamiento militar, principalmente de Estados Unidos, por un valor de 6.400 millones de dólares.

[…] El nuevo presidente Donald Trump no ve razón alguna para estropear tan provechosas relaciones. Si bien su administración, ya desde la época preelectoral viene declarando la intención de dejar de apoyar y financiar a grupos extremistas, no parece que la relación con los principales patrocinadores del terrorismo internacional vaya a menguar.

El objetivo principal de la utilización del terrorismo como arma se enmarca en la necesidad más general por parte de la principal potencia del mundo, de influir a través de actividades clandestinas en gobiernos extranjeros, organizaciones o personalidades, con el fin de lograr un escenario adecuado para la aplicación de su política exterior, sin tener que recurrir a la costosa (desde todo punto de vista) intervención militar clásica. Esta estrategia es constitutiva del aparato de dominación imperialista contemporáneo y, por ende, imprescindible para la conservación de la hegemonía en un mundo globalizado.

[…] Debemos analizar si efectivamente están dadas las condiciones para que el presidente Trump cambie de rumbo en la estrategia política exterior de Estados Unidos. ¿Dejará Trump en el pasado la táctica que promueve la utilización de actores indirectos como “contras” o “terroristas” en sus acciones internacionales, para pasar a desarrollar políticas de injerencia directa? ¿O combinará ambos métodos, como lo hizo el segundo presidente Bush? En el primer caso, el método resultaría por demás anacrónico y obsoleto, con casi ninguna esperanza de éxito para sus perpetradores; más bien nos hallaríamos ante el empleo de un recurso por extrema debilidad, que dejaría mucho más expuestos los mecanismos del poder imperialista. En el segundo, los resultados recientes no han sido nada exitosos para los paladines de la política imperialista y catastróficos para el resto de la humanidad.

En definitiva, sólo cuando se acabe la incertidumbre que genera el hoy imprevisible rumbo que marca el nuevo jefe de la Casa Blanca y el imperialismo norteamericano pase a la acción, se podrán resolver las actuales incógnitas, lo que nos pondrá a los incómodos analistas en la obligación de pensar la entrada en una nueva y desconocida era de “guerras no convencionales”.

http://www.resumenmediooriente.org/2017/02/18/trump-la-cia-y-medio-oriente-la-mano-invisible-de-la-guerra/

Reagan recibe en la Casa Blanca a los principales dirigentes de Al-Qaeda

Estados Unidos organizó el tráfico de drogas en todo el mundo a través de Pablo Escobar

Pablo Escobar
La ruta de la cocaína desde Colombia hasta Miami, denominada “El Tren”, por la que se enviaban 800 kilos a la semana, estaba garantizada por la CIA y la DEA, según el hijo del fallecido narcotraficante colombiano Juan Pablo Escobar en su segundo libro “Pablo Escobar: In fraganti”, presentado en Argentina recientemente.

La impunidad era tan descarada que los narcotraficantes llevaban la cocaína abiertamente en sus maletas, con las que atravesaban las fronteras y aduanas. “Lo que hacía la CIA era comprar los controles para que entrase la droga a su país y obtener un maravilloso negocio”, escribe el hijo de Escobar.

El dinero obtenido de esta operación de tres años de duración era utilizado por la CIA para financiar “la lucha contra el comunismo en Centroamérica”, en una trama que involucraba al por entonces jefe de la agencia, George Bush padre.

Además de la CIA, Pablo Escobar y los narcotraficantes colombianos tenían vínculos muy estrechos con el PSOE. Tras la victoria electoral de 1982, Escobar y sus guardaespaldas estuvieron en Madrid celebrándolo con Felipe González en persona, Carlos Zayas, Enrique Sarasola y demás socialmafiosos (*).

El hijo de Escobar afirma que “su padre fue un engranaje más de un gran negocio del narcotráfico universal. Cuando ya no les sirvió, lo mandaron a matar”. Los narcotraficantes latinoamericanos son los más pobres de la cadena del narcotráfico, donde los estadounidenses se llevan el gran bocado. Ese dinero nunca vuelve a Latinoamérica, “se queda en el sistema financiero estadounidense”, asegura el hijo de Escobar.

Durante los años ochenta la CIA y la DEA organizaron una compleja trama de tráfico de armas a Irán y venta de drogas a barrios pobres de Los Ángeles para financiar a la contrainsurgencia nicaragüense. Esta operación fue dirigida por Bush padre para sortear la restricción impuesta al gobierno de Reagan para financiar la guerra contra el gobierno sandinista de Nicaragua.

Mientras Escobar trabajaba para la CIA, uno de sus lugartenientes, Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”, trabajaba como agente encubierto del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, bajo el mando de la DEA y la Policía de Inmigración y Aduanas, de acuerdo a unos documentos oficiales del gobierno estadounidense revelados por el diario argentino Ámbito Financiero.

Tras la muerte de Escobar, López Londoño se integró en el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, dedicado a la guerra sucia contra las guerrillas colombianas y obviamente al narcotráfico.

Cuando éstos se desmovilizaron en 2006 con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pasó a operar como integrante de Los Urabeños con presencia en Colombia y Venezuela. En todo ese tiempo su trabajo estuvo relacionado a operaciones de narcotráfico y de infiltración, tal como lo hizo en el equipo de campaña del presidente Juan Manuel Santos para conocer su visión sobre la política interna de Colombia.

A López Londoño le encomendaron infiltrarse en el gobierno de Hugo Chávez para obtener información sobre las actividades de Rusia en el país sudamericano. Este narcotraficante fue extraditado de Argentina a Estados Unidos, donde pidió desclasificar los documentos que lo involucraban en el Departamento de Seguridad Nacional.

(*) ¿Qué vínculos unen al PSOE con los narcotraficantes colombianos?

El mito del ‘lobo solitario’ yihadista encubre la responsabilidad de las cloacas policiales

Dice la Wikipedia que Mohammed Merah era un joven francés que perpetró los asesinatos de Toulouse y Montauban en 2012, uno de los primeros que en Francia se imputaron a la ola yihadista.

Antes Merah, añade la Wikipedia, viajó a Afganistán y a Pakistán. Pero si al cometer los atentados tenía 23 años y jamás había trabajado, hay que peguntar de dónde sacó el dinero para pagar ese tipo de viajes, que no son baratos precisamente.

Como tantos otros yihadistas, por no decir todos, Merah era un delincuente habitual de poca monta. Fue condenado hasta en quince ocasiones, la mayoría de ellas por robos, algunos perpetrados con violencia. Por ello, estuvo en la cárcel durante cortos periodos de tiempo en 2007 y 2009, añade la Wikipedia.

Es otro rasgo típico de los yihadistas: lo que Merah sabía no lo aprendió en el Corán sino en el Código Penal. Tenía más contacto con policías, jueces, fiscales, abogados y carceleros que con su padre, que le abandonó cuando tenía cinco años. Quiso alistarse en la Legión Extranjera, pero desistió.

En uno de los ataques, dirigido contra militares, Merah mató al soldado Albert Chennouf, cuyo padre ha concedido una entrevista a la revista Le Point (*) que no aparece en la Wikipedia porque en ella afirma bien claro a quién responsabiliza de la muerte de su hijo: al jefe de la Dirección Central de Información Interior, una de las ramas de los servicios secretos franceses, al que pone nombre y apellidos: Bernard Squarcini.

Lo mismo que los demás yihadistas, en Francia y fuera de ella, Merah era un confidente de los servicios secretos, lo cual explica, como bien afirma el padre del soldado asesinado, que hubiera regresado de Siria pasando por… Israel, nada menos, algo imposible para quien alguna vez haya intentado atravesar una aduana israelí, sobre todo si su nombre es árabe.

No existen lobos solitarios, ni células durmientes, que son otras tantas estupideces para que los “expertos” en yihadismo se pongan a largar en las tertulias de televisión. Después de calificar de “asesino” al dirigente de los servicios secretos, el padre de Chennouf dice también que le mintió al juez, lo cual no es tampoco ninguna novedad, ni en Francia ni fuera de ella.

La ola de crímenes yihadistas cometidos por los apéndices de la policía francesa han servido para reforzar sus propios poderes, para imponer el estado de excepción, detener a mansalva, torturar impunemente y crear un clima de pánico que les permita retornar a donde siempre han querido: a acabar con cualquier resquicio de derechos y libertades. Todo por la libertad, pero sin la libertad.

Desde setiembre del pasado año a Squarcini le pasa como a Al Capone: los tribunales no le persiguen por sus asesinatos, sino por las menudencias de siempre (tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos oficiales…)

(*) http://www.lepoint.fr/societe/exclusif-affaire-merah-hollande-a-peur-de-la-verite-08-11-2012-1526828_23.php

El caso de los 5.000 niños yemeníes secuestrados por el Estado de Israel

En los años cincuenta 5.000 bebés judíos de origen yemenita desaparecieron de Israel y, después de ser secuestrados, fueron vendidos en adopción con la complicidad del Estado, la policía y las maternidades.

Es un caso muy parcido al de los bebés robados por los franquistas en España, entendiendo claramente que el “franquismo” se prolongó mucho más allá de la muerte del criminal Franco, hasta los años noventa, y que en tal categoría política, además del personal sanitario, se deben incluir a los católicos que participaron en los secuestros y compraventas de los recién nacidos.

En ambos casos los Estados no sólo fueron cómplices: siguen siendo cómplices cada minuto que pasa negando los crímenes y dejando de investigar los secuestros de niños para luego decir que eso ocurrió hace muchos años y hay que dar la espalda al pasado. Todos los archivos públicos que contienen información sobre este crimen colectivo se han tratado de mantener cerrados hasta 2066.

El caso de los niños judíos yemenitas comprende la etapa 1948 y 1954, es decir, el nacimiento mismo de Israel, un Estado cuyas raíces con todas ellas abiertamente criminales.

Cuando los niños eran hospitalizados por encontrarse enfermos, a los padres se les decía que habían fallecido; si reclamaban el cuerpo para darle sepultura al cadáver, les respondían que el hospital ya había procedido al enterramiento.

Como suele ocurrir, el crimen se hubiera mantenido oculto si los padres se hubieran conformado con las explicaciones falaces de los funcionarios públicos y los profesionales sanitarios, es decir, si las personas creyeran lo que les dicen y, además, si no hubieran emprendido una lucha heroica, larga y amarga, si hubieran desfallecido durante más de medio siglo sin averiguar el paradero de sus hijos.

En estos casos el Estado conoce a la perfección lo que ocurrió. Por eso mantiene el secreto de los archivos. Pero hace como que no sabe nada y cuando le presionan dice que empieza a investigar. En junio del año pasado Netanyahu encargó al ministro Tzachi Hanegbi que echara un vistazo a los archivos ocultos para ver la manera de calmar las protestas y tapar el asunto un tiempo más.

No lo lograron y en noviembre tuvieron que abrir los archivos, al menos en parte. Hay más de 100.000 documenos de los que cabe esperar que no hayan acabado en la hoguera. La decisión del gobierno, ha dicho el ministro Hanegbi, debe ayudar a que las familias de los niños secuestrados dejen de desconfiar del Estado de Israel que, a su vez, confía salir indemne de esta prueba y por eso aún no se ha disculpado.

Pero si el Estado no participó en los crímenes, no tiene sentido ni negarlos ni ocultarlos. Si todo fue obra de determinados profesionales sanitarios que actuaron a sus espaldas, debería ser el primer interesado en poner nombre y apellidos a los delincuentes que, en este tipo de asuntos, forman una red muy extendida. No se trata sólo de los autores materiales sino de los cómplices que están en la policía, en los fiscales, los jueces, los abogados, las funerarias, los burócratas de los registros…

Es imposible cometer estos crímenes masivos sin falsificar montones de documentos oficiales que garantizan el silencio para que luego Presidentes del Gobierno, como Felipe González, aseguren públicamente que “no hay pruebas ni las habrá nunca”. Los criminales pueden vivir tranquilos porque siempre hay algo que juega a favor del Estado delincuente: las víctimas son niños procedentes siempre de las familias más pobres y marginadas. Ni siquiera saben o tienen recursos para presentar una denuncia.

El rabino Uzi Meshulam

Sólo 745 padres presentaron denuncia en su época; de ellos dos tercios son yemeníes, si bien en 1994 el rabino Uzi Meshulam dio un giro a la protesta cuando extendió el radio de las desapariciones no sólo a ellos sino a los Balcanes y Oriente, donde también se habían secuestrado niños. En agosto el diario Haaretz siguió ampliando el radio de acción de las desapariciones con niños de familias originarias de Europa. No obstante, ahora que las investigaciones se han ampliado, la proporción sigue siendo parecida: el 70 por ciento de los secuestrado son yemeníes y sólo el 4 por ciento son europeos, lo que pone de manifiesto el móvil racista de los crímenes.

La vivienda del rabino Meshulam se convirtió en el centro de la protesta y la lucha, incluida la lucha armada. Durante 52 días las fuerzas especiales de la policía asediaron la vivienda, mataron a un manifestante y detuvieron a Meshulam, al que condenaron a seis años y medio de cárcel. Salió de ella a los cinco años, muriendo en 2013.

Una de las claves que va apareciendo en la investigación es que, además de maternidades y centros de salud, la mayor parte de los secuestros se llevaron a cabo en instituciones sionistas, como Hadassah (Organización Sionista de Mujeres de América) y WIZO (Organización Internacional de Mujeres Sionistas).

Muere en prisión uno de los primeros agentes de la CIA que impulsó el yihadismo

Omar Abdel Rahman
Ayer murió en la prisión federal de Butner, en Carolina del norte, Omar Abdel Rahman, que cumplía una pena de cadena perpetua por instigar el primer atentado contra el World Trade Center en 1993 y el asesinato del antiguo presidente egipcio Hosni Mubarak. Tenía 78 años de edad.

Antes de emigrar a Estados Unidos, Abdel-Rahman Omar Abdel Rahman dirigió el grupo yihadista Al Yamaa Al Islamiya en Egipto, donde había nacido. Rahman era un clérigo ciego que padecía diabetes y una enfermedad del corazón.

El 26 de febrero de 1993 un camión lleno de explosivos estalló en el estacionamiento subterráneo de una de las torres del World Trade Center, lo que causó seis muertos y más de 1.000 heridos.

A Rahman le relacionaron con el ataque cuando se descubrió que los acusados habían frecuentado la mezquita de Nueva Jersey en la que predicaba. Fue condenado en octubre de 1995 y sentenciado a cadena perpetua.

El atentado fue un presagio del ataque del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center. Poco después de su condena, en 1995, Ayman Al Zawahry, que entonces dirigía el grupo Al-Yihad y hoy Al-Qaeda, amenazó a Estados Unidos con represalias.

En 1981 el grupo yihadista Al Yamaa Al Islamiya, brazo armado de los Hermanos Musulmanes, se responsabilizó del atentado mortal contra el Presidente egipcio Anuar Al-Sadat. En 1997 la organización también se responsabilizó del atentado en Luxor en el que murieron unos 60 turistas que visitaban las pirámides.

El clérigo fallecido fue uno de los precursores del yihadismo, siempre apoyado de manera muy estrecha por la CIA. En los años ochenta, antes de que naciera Al-Qaeda, participó en la movilización de la “carne de cañón” que los imperialistas necesitaban en Afganistán para combatir al ejército soviético.

Tuvo que huir a Sudán pero, gracias a la CIA, obtuvo un visado para continuar con su labor yihadista desde Estados Unidos. Tras su condena, en 1993 Qatar estuvo dispuesto a acogerle como refugiado político y lo mismo hizo Morsi tras ganar las elecciones en Egipto en 2011. Al final del gobierno de Obama hubo varias propuestas para indultarle.

Microcréditos: el gran negocio de la pobreza mundial

Desde los años 90 del pasado siglo se produjo una expansión rápida de los microcréditos, hasta convertirse en el sector puntero de la cooperación internacional. Justificados para facilitar la subsistencia de los depauperados en los países del Sur, sobre todo mediante el empleo informal, los microcréditos se vinculan a la aplicación de políticas neoliberales en los territorios empobrecidos; y no sólo proliferaron estas instituciones microfinancieras, como se les denomina en la jerga, sino que en algunos casos pasaron a operar con criterios comerciales y bancarios.

También las ONG expandieron el modelo de los microcréditos, y no fueron pocas las que se especializaron en estos. Para ello accedieron a una proporción no menor de los fondos de ayuda al desarrollo. Un ejemplo de la expansión en el sector es el Banco del Noroeste de Brasil, que con el respaldo del Banco Mundial, constituyó una entidad dedicada específicamente a los microcréditos.

Arroja luz sobre estos mecanismos el libro del sociólogo Carlos Gómez Gil, “El colapso de los microcréditos en la cooperación al desarrollo” […] El autor resume los efectos de la apuesta: un “estrepitoso fracaso”. Actualmente las microfinanzas se enfrentan a un proceso de “cuestionamiento y desmoronamiento global”.

Tal es la importancia de los microcréditos que se constituyeron organismos internacionales para promoverlos. En 1997 vio la luz la Microcredit Summit, que agrupaba a 925 entidades de Asia, África, América Latina y Europa del Este. Además se celebran periódicamente cumbres mundiales, que cuentan con el respaldo de grandes líderes políticos y empresariales. “El Citibank es uno de los principales financiadores de los encuentros”, resalta Carlos Gómez Gil. En el mismo ámbito actúa el CGAP (Grupo Consultivo para ayudar a los pobres), con sede en el Banco Mundial, una alianza de 34 donantes y agencias de ayuda que, según su página web, “buscan promover la inclusión financiera”.

En una década se disparó el número de clientes con microcréditos, al pasar de 22,2 millones en 1999 a 128,2 millones (el 93 por ciento de ellos, pobres). Por tanto puede hablarse, sin exageración, de una industria de las microfinanzas […] “No existen datos ni estudios empíricos sobre sus efectos en cuanto a reducción de la pobreza”. Y en no pocas ocasiones se han utilizado “de forma fraudulenta para impulsar intervenciones neoliberales”.

El origen de las microfinanzas se retrotrae a los años 70 en Bangladés. La extensión de la idea no se entiende sin la figura del doctor Mohammad Yunus, economista formado en India y que amplió estudios en Estados Unidos. En 1983 constituye el Grameen Bank (“Banco del Pueblo”) y anunció la buena nueva: las microfinanzas “erradicarían la pobreza en una generación” […] Pero las condiciones reales de los préstamos no siempre resultaban tan generosas. Por ejemplo, Gómez Gil apunta la necesidad de constituir grupos, integrados por cinco personas, que se responsabilizaran solidariamente de devolver el préstamo. Este método de concesión, piramidal y colectiva, hace que los prestatarios velen por los intereses del banco. En 2002, año de constitución del Banco Grameen II, Yunus declaró en una entrevista a El País: “Los pobres siempre pagan y son dignos de confianza”. Con el tiempo la ingeniería financiera del Banco Grameen ha ido depurándose hasta vincular los microcréditos a la apertura de cuentas de “ahorro obligatorio”, incluido un fondo de pensiones, o a la compra forzosa de acciones de la entidad financiera. La mayoría de los créditos del banco –que según algunas estimaciones cuenta con 6,7 millones de prestatarios- se conceden por un año y a un tipo de interés medio (anual) del 20 por ciento.

Carlos Gómez Gil […] señala las regiones donde más se han propagado las microfinanzas. Desde la mitad de los años 90 destaca el estado de Andhra Pradesh, el quinto en población de India, donde diferentes entidades han impulsado planes agresivos de crecimiento. Algunas como SKS Microfinance han tomado como referencia a McDonald’s y Starbucks para formar a los oficiales de préstamo.

Cinco grandes entidades implantadas en el estado de Andhra Pradesh en 2010, sumaban 17,1 millones de clientes. De hecho, el 83 por ciento de las familias habían firmado microcréditos. Pero la expansión de los préstamos tiene un reverso oculto: los suicidios ante la imposibilidad de pagar las deudas. “A los campesinos indios, les mata la deuda”, titulaba el diario Liberation en febrero de 2011. Estos casos han trascendido en países como India, Bangladés y Marruecos. A partir de 2005 se empezaron a denunciar en el estado de Andhra Pradesh serias irregularidades: cobros indebidos, apropiación fraudulenta de ahorros o abusos en las tasas de interés. Finalmente las autoridades legislaron para establecer limitaciones en el negocio de los microcréditos.

Entre los estandartes del mundo de las microfinanzas destaca asimismo Marruecos. Desde los inicios del negocio en los años 90, los préstamos en el país magrebí se multiplicaron por diez en una década. Y también el Gobierno intervino y reguló el sector, ante la “bomba” del endeudamiento “cruzado” (clientes que habían contraído microcréditos con dos, tres y hasta cinco entidades). Actualmente el sector de las microfinanzas cuenta en Marruecos con 900.000 clientes y 1.300 agencias de microcrédito.

Después de los años de guerra (1992-1995), también el Banco Mundial dio un impulso a los microcréditos en Bosnia-Herzegovina. Sin embargo, el epicentro mundial es el país de nacimiento de esta modalidad de negocio, Bangladés, sede del Banco Grameen y los experimentos del doctor Mohammad Yunus. Durante la década de los 90, subraya Carlos Gómez Gil, los nuevos prestatarios en Bangladés crecían a un ritmo del 30 por ciento anual. Y lo hacían en medio de estrategias comerciales agresivas y una fuerte tendencia centralizadora: entre cuatro entidades acumulaban dos tercios de los más de 20 millones de prestatarios.

Tendencias que no suponían una novedad, pero que contaban con el beneplácito de la ONU –que declaró el Año Internacional del Microcrédito en 2005-, el Banco Mundial y las agencias internacionales para el desarrollo. Yunus y su criatura, el Banco Grameen, fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz en 2006. Dos años después, la mitad de las familias de Bangladés tenían contratado un microcrédito. La saturación codujo a los “ajustes”, la reestructuración del modelo de microfinanzas y el afloramiento de irregularidades, como los créditos “fantasma” a personas inexistentes.

Frente a este elenco de prácticas, no faltó la contestación popular. La primera “rebelión” citada por Carlos Gómez Gil se sitúa en la ciudad india de Ramanagaram, en 2009. La revuelta contra los abusos se extendió por otras ciudades indias, como Channapatna y Kolar. También a otro de los territorios señeros, Andhra Pradesh. Iniciativas promoviendo el impago se extendieron por Bangladés, Nicaragua, Ecuador, Pakistán, Bolivia, México, Marruecos y Bosnia-Herzegovina.

En sintonía con el movimiento “No Pago”, el primer ministro de Bangladés resumía la cuestión en diciembre de 2010: los microprestamistas están “chupando sangre de la gente pobre en el nombre del alivio de la pobreza”. Poco tenía que ver con los pobres –justificación teórica del modelo- los métodos puramente bancarios y las salidas a bolsa de SKS Microfinance, en India; y de Compartamos, en México. La primera de las entidades pasó de 10.000 clientes en 2003 a 75.000 en 2005. Y captó inversiones de Morgan Stanley, J.P. Morgan, BNP Paribás o Crédit Agricole, con lo que salió como un cohete en la Bolsa de Bombay…

http://www.cadtm.org/Microcreditos-en-el-Sur-hacer

15 días de movilizaciones en París contra la violación y tortura de un detenido

Desde que el pasado 2 de este mes de febrero la policía torturó y violó a Theo Luhaka, un joven negro de 22 años que permanecía detenido, los barrios de París y otras ciudades francesas no han dejado de movilizarse. El joven fue ingresado en un hospital con un desgarro anal y tuvo que ser operado de urgencia.

A pesar del estado de emergencia, en París las manifestaciones se vienen sucediendo en la zona de Barbés (norte) de manera espontánea y sin permiso de las autoridades, reuniendo a unas 400 personas. La mayor parte de ellas desembocan en graves enfrentamientos con los antidisturbios.

Los detenidos se cuentan por centenares, según cifras oficiales de la policía, y 200 vehículos y más de 160 contenedores han sido incendiados. En algunas localidades los manifestantes han lanzado cócteles molotov contra autobuses, centros comerciales y edificios oficiales, sobre todo comisarías de policía.

Los policías insultaron al detenido profiriendo comentarios racistas, y también le escupieron. Hay cuatro policías acusados de las torturas y otro más de la violación. El comisario de policía de Aulnay-sous-Bois, donde se produjeron los hechos, ya fue condenado en el pasado por ocultar una agresión policial que se produjo en 2004. El que entonces era comisario responsable de aquella brigada fue condenado a un año de cárcel, que no cumplió, y a otro año de suspensión policial por “abstención voluntaria de comisión de delito”.

La violación fue grabada por la propia policía, pero las imágenes fueron destruidas cuando la investigación interna trató de recuperarlas.

En el mes de julio del año pasado la policía mató a tiros a otro joven negro, Adama Traoré, cuando, según la versión policial, intentó escapar de un control.

El Presidente Hollande pidió a los jóvenes que “no hicieran la guerra” contra la policía, pero las movilizaciones siguen paralizado la campaña electoral. Las presidenciales francesas están previstas para dentro de diez semanas, pero han pasado aun segundo plano.

Los tumultos pueden acabar como la revuelta de 2005, con barricadas, incendio de coches y violentos enfrentamientos con los antidisturbios. Aquel levantamiento se produjo tras la muerte de dos adolescentes que huían de la policía. En aquellos altercados, que duraron tres semanas, se quemaron 10.000 coches y 6.000 personas fueron detenidas.

Gina Haspel: la reina de las torturas de la CIA irá a los tribunales

Gina Haspel, a la que Trump ha nombrado como número dos de la CIA, podría ser llamada a declarar ante los tribunales para declarar por las torturas a los detenidos y presos. La solicitud de su llamamiento fue presentada por los abogados de Bruce Jessen y James Mitchell, los psicólogos contratados por la CIA para crear el programa de torturas.

El caso que ha motivado la citación son las supuestas torturas que sufrieron cuatro presos por agentes de la CIA mientras eran interrogados. Las víctimas son Sulaiman Abdulla Salim, Mohamed Ahmed Ben Soud, Obaid Ullah, y Gul Rahman. Este último murió en un centro clandestino de detención de la CIA.

Las revelaciones de las torturas practicadas por la CIA, no obstante, no resultaron en un enjuiciamiento de las personas involucradas. Mitchell y Jessen, que habían elaborado el programa de torturas para esta entidad estatal, declararon que no eran los responsables del trabajo que desempeñaron en los gulags clandestinos de la CIA.


En 2015 la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) inició en nombre de Salim, Ben Soud, Ullah y Rahman un proceso legal contra los dos psicólogos. En abril de 2016 un juez federal del estado de Washington, Justin L. Quackenbush, satisfizo la demanda civil presentada por la ACLU.

Además, de la solicitud de llamar a Haspel, los abogados de Jessen y Mitchell han prestado también una solicitud de citación ante el juez para John Rizzo, exasesor legal interino de la agencia, y José Rodríguez, exjefe del Servicio Clandestino Nacional y del Centro Contra el Terrorismo. El juez ya ha aprobado la solicitud. Se espera que Rodríguez y Rizzo comparezcan ante el tribunal en marzo.

Gina Haspel figura en los documentos de la CIA con el alias de “Gina Doe”. Ocupó el cargo de ayudante de José Rodríguez y en 2005 ordenó la destrucción de unas 100 cintas de vídeo de torturas practicadas por la agencia. En Tailandia también dirigió una de las cárceles secretas creadas tras los atentados del 11-S. En esta cárcel se practicaron torturas, incluida la conocida como “ahogamiento simulado”, durante los interrogatorios de los detenidos.

En 2013 esta verdugo fue nombrada jefa del Servicio Clandestino Nacional de la CIA, aunque fue reemplazada a las pocas semanas tras conocerse su implicación en los interrogatorios durante los cuales se practicó la simulación de ahogamiento.

Durante su campaña electoral, Trump expresó su deseo de restaurar la tortura a los detenidos. El 25 de enero el “Washington Post” publicó un proyecto filtrado de la orden ejecutiva de Trump para restablecer el programa de detenciones e interrogatorios de la CIA, prohibido por Obama en 2009.

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/231307-subdirectora-cia-puede-llamada-estrado

La gran batalla de As Encrobas de 1977

Henrique Mariño

Usted no sólo está viendo un paraguas entre tricornios. Tampoco una mujer en mandilón que se bate en duelo con los capotes de la Guardia Civil. Agudice la vista y desgrane la foto de Xosé Castro. Quizá advierta los cañones de los mosquetones y los cetmes, pero tampoco se trata de eso. Es la tierra que se rebela contra el expolio, que tanto puede adquirir la forma de una excavadora ciclópea, como de un encorbatado señor con maletín. Son todas las gallegas —es decir, todas las mujeres del mundo— defendiendo a su matria. Hay otras Galicias posibles, pero también están en esta. Ahora ya puede girar la vista y observar el coro: “A terra é nosa, e non de Fenosa”. Un grito plural, declinado en femenino.

As Encrobas, 1977. Mil almas que viven del campo, ajenas a la crisis del petróleo: la OPEP cierra el grifo y Occidente tiembla al observar cómo se encarece el crudo. Franco, que había anegado valles y pueblos con sus embalses, concede créditos y exenciones fiscales a las empresas que inviertan en el sector minero. Fuerzas Eléctricas del Noroeste S.A. —Fenosa, la eléctrica de Pedro Barrié de la Maza, propietario del Banco Pastor y adepto al régimen— echa la garra a una explotación de caolín que también escondía lignito pardo. La dictadura ha allanado el terreno a la eléctrica, que exprime las aguas de embalses como el de Belesar para obtener su preciado jugo. O sea, la luz, que paradójicamente aún no ilumina algunas aldeas afectadas por el desarrollismo inhumano.

Los ríos y la tierra son víctimas del hurto energético. Hágase la luz para que otras geografías, foráneas y lejos del alcance de la vista, puedan industrializarse. Galicia, ubre. Una tierra ordeñada día y noche para que otros beban su leche. Fenosa quiere el carbón del valle de As Encrobas y paga novecientos millones al concesionario de la mina para hacerse con el tesoro oculto. El franquismo engrasa su maquinaria para saciar al capital: aprueba un decreto de utilidad pública, declara el lugar de interés preferente y brinda a Lignitos de Meirama (Limeisa, filial de la eléctrica) la expropiación forzosa por la vía de urgencia. Las cifras son apabullantes: el yacimiento y la central térmica ocuparán novecientas hectáreas, de las que se extraerán cien millones de toneladas de lignito durante veinticinco años.

“¿Cómo se pudo hacer tanto daño para obtener un beneficio que se acabó tan pronto?”, se pregunta Maricarmen Rodríguez cuarenta años después. Cierra los ojos y sigue teniendo dieciséis, vive en la aldea de A Quintán y los suyos miman la tierra para que, a cambio del abono, les dé su fruto. Así ha sido siempre, y así sea para los siglos de los siglos. La ganadería y la agricultura ocupan los días de los vecinos, cuyo jornal se completa con las nóminas de algunos afortunados que trabajan fuera, en sectores como la construcción, o con las remesas de la emigración en Suiza. En esos casos, las mujeres suplen la ausencia de sus hombres: el hogar, los niños, los abuelos, las leiras, los animales, la vida. Cuando una se va, llega otra. Todo gira, sin más fricción que la muerte. Una existencia, como dicen ahora, sostenible.

Maricarmen abre los ojos. En su carné figura que tiene 56 años y se apellida Rodríguez, aunque para todos es Maricarmen de Hilario da Quintán. Hilario es la casa. Quintán es el lugar. Cuando un gallego habla de una casa, no se refiere a cuatro muros coronados por un tejado, sino a quienes viven dentro —del bisabuelo al nieto— y pastan fuera. La finca que pisan las bestias también es la casa, como casa son las vacas, seres tan sagrados aquí como en la India. Todas tienen nombre, sujeto a modas. Paloma, Rubia o Linda se llevan la palma. Hay quien las trata de igual a igual y, para ello, las humaniza desde la pila bautismal: Elvira, Anacleta, Renata… El santoral pop se ha ido introduciendo con el paso del tiempo en los establos, donde ahora hay Chenoas, Beyoncés y Shakiras. También encarnan la retranca o la subversión de sus dueños, pues los prados son compartidos por Leonores y Prestiges, Letizias y Nunca Máis.

Precisamente, la lucha de Maricarmen y los suyos es un precedente de las protestas populares contra el chapapote y, más recientemente, contra las preferentes. La unión y la solidaridad entre iguales hicieron la fuerza frente a la injusticia. Sin embargo, hay diferencias insalvables: los vecinos de As Encrobas defendieron lo suyo cuando el fantasma de Franco todavía aleteaba y las fuerzas de seguridad del Estado se empleaban con saña. Años antes, hubieran sido sometidos por los culatazos de los picoletos, pero supieron aprovechar las grietas de un sistema que se resquebrajaba para colar sus reivindicaciones, que no eran otras que permanecer allí donde habían habitado sus muertos. O, en su defecto, ser trasladados a un lugar de la región que gozase de las bondades de una tierra fértil, un idioma familiar y, aunque parezca mentira, un clima similar. Si el 70% de un ser humano es agua, el 70% de un gallego es lluvia.

La empresa, en cambio, ofreció por los terrenos expropiados una cantidad irrisoria —entre 50.000 y 80.000 pesetas por ferrado—, que fue rechazada. El cura y el alcalde de Cerceda —municipio enclavado entre A Coruña y Santiago, al que pertenece la parroquia de As Encrobas— trataron de mediar con los vecinos, pero su postura sólo beneficiaba a Limeisa y a los propietarios que vivían fuera y arrendaban las tierras a los lugareños. Los responsables de la empresa y los altos cargos de la Administración pensaban que aquello era pan comido, si bien los afectados se organizaron, montaron una comisión, comenzaron a reunirse tras la misa de los domingos y recabaron apoyos más allá de los marcos de sus fincas. La propuesta de irse con la aldea a otra parte —una exigencia, al margen de la compensación económica, reconocida por la jurisprudencia de la ley de expropiaciones— no era más que un ardid legal para obligar a negociar a Limeisa, cuyos directivos pensaban que podían comprarlos por un fajo de billetes. De hecho, la posibilidad de ser dispersados por varias comarcas de la provincia de A  Coruña fue declinada, pues la condición era trasladar a toda la comunidad a un mismo emplazamiento.

Ahora que está en boga el común, la tribu, la sororidad o lo hiperlocal, no deja de sorprender la petición de los encrobenses allá por 1977: “Para nosotros, el traslado tiene que ser de toda la población, es decir, de la comunidad […] Esto es lo que nosotros valoramos: el aspecto humano, social o comunitario, nuestras costumbres, nuestra forma de ayudarnos unos a otros en la época de cosecha y de la siembra, nuestras tradiciones, nuestros amigos e incluso nuestros muertos”, rezaba un comunicado publicado en la prensa. Nada que ver, lógicamente, con el tópico del gallego indeciso, desconfiado, individualista y seguro de puertas adentro.

O sea, pedían trasladar las casas. No los edificios, sino las gentes que los habitaban, su cultura, su idioma, sus vecinos y hasta la helada que humedecía sus botas. Si la casa es una unidad familiar con sus propiedades, la aldea es la suma de casas. Y todas las aldeas juntas conformaban una parroquia, As Encrobas, que corría el peligro de ser engullida por la corta. Entonces, había casi 250 familias, distribuidas en treinta aldeas. De aquellas 1.150 personas, sólo cuatrocientas siguen viviendo allí en la actualidad, si bien 350 están concentradas en dos aldeas. Eso significa que el resto es un páramo y que algunos lugares, como A Lousa, Burís y Gontón, fueron tragados por la mina. Hasta la iglesia de esta última aldea, construida en el siglo XII y reformada en 1720, tuvo que ser trasladada a Pontoxo después de que comenzase a agrietarse. Con ella, también se fue el cementerio.

Francisca Moar resistió en Gontón hasta hace cinco años, cuando se mudó al municipio limítrofe de Carral. Roza los ochenta y está viuda. “¡Y pensar que una parroquia tan buena como ésta se quedó sin gente ninguna…! ¡Porque aquí no había ni con quien hablar!”, comenta esta encrobesa mientras rememora las reuniones que mantenían no sólo en el atrio de la iglesia, sino también en el templo nocturno La Juventud. Así había bautizado su sala de fiestas Manuel Silveira, un aguerrido paisano y líder vecinal apodado Manolo O Costiñán. “Me murió el marido y me quedé sola con los hijos. Luego me quitaron hasta el agua, y no creas que se lamentaron de mí. Sentí una tristeza muy grande y vertí muchas lágrimas”, confiesa Francisca, a quien no le quedó otra que dejar atrás Gontón. “Hubo gente que murió de pena, porque eran personas muy mayores y no querían salir de aquí. Los jóvenes pronto hacen amistades en otras partes, pero los ancianos están siempre en casa y no conocen a nadie. Esa extrañeza la terminas pagando, porque la sangre se pudre con el disgusto”.

Antes de la diáspora, hubo guerra. Para hacer efectiva la expropiación, un representante de la empresa y otro del Estado —Jesús Hervada, ingeniero jefe de la sección de minas de la delegación coruñesa de Industria— tenían que poner un pie sobre el terreno. El primer intento, en mayo de 1976, fue aplazado después de las muestras de adhesión de la sociedad gallega y de su reflejo en la prensa. El segundo, en septiembre, se tradujo en unas conversaciones en las que intermediaron tanto el alcalde como un sargento de la Guardia Civil. En noviembre, diez agentes emplearon la fuerza para acceder al monte vecinal de Pau Rañón, pero el tercer intento resultó infructuoso, por lo que pidieron refuerzos al cuartel de A Coruña. El comandante al mando, tras dialogar con los afectados, desistió de su objetivo. Finalmente, en febrero de 1977, el despliegue policial desbordó a los parroquianos, pertrechados con hoces, varas y paraguas: frente a ellos, ochenta guardias civiles con capote, tricornio y fusiles de asalto, a los que habría que sumar otros tantos agentes de paisano pertenecientes a la brigadilla, o sea, al Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC).

Casi uno por vecino, si bien las fuerzas y las armas eran asimétricas. Además, los campesinos fueron desprovistos de sus aperos de labranza y los picoletos —llegados de los cuarteles de Ordes, Carral, Santiago, A Coruña y Santiago— sólo permitieron acceder al terreno a los propietarios. Desde primera hora de la mañana, los caminos habían sido tomados y los vecinos tuvieron que acceder monte a través para burlar el cordón policial. “Cerramos las puertas de casa y salimos todas hacia Pau Rañón, acompañadas por los hombres que no trabajaban fuera, por lo que muchos de ellos eran mayores. ¡Gente de edad, vaya por dios, que debía pararse cuando subía la cuesta para tomar aliento!”, recuerda Francisca. “Íbamos a pelearnos con gigantes y pasamos muchas calamidades”. A las diez y cuarto se produjo la primera carga. Las metralletas avanzan y las mujeres contienen la embestida. A sus espaldas, empujan los varones. “Mi padre tenía muchos años y llevaba un bastón, pero un guardia le dio una patada y ya nunca apareció. A él le dieron con un fusil en la espalda y lo tiraron al suelo y a mí, después de hacerme lo mismo, me arrastraron fuera del monte. También nos ponían en el pecho los cañones, que me provocaron marcas que tardaron en desaparecer. Yo sólo he visto la guerra en la televisión, pero aquello fue peor.

Francisca afirma que las mujeres iban delante porque los hombres tenían más fuerza para empujarlas y hacer presión. Hay quien lo ha interpretado como una estrategia para que los agentes se emplearan con menos contundencia, aunque Maricarmen matiza que no fue premeditado, sino producto del aprendizaje. “Observamos lo que había pasado previamente y vimos que era más efectivo. Si un guardia civil tiene enfrente a un hombre, lo tumba de un culatazo. Para evitar reacciones violentas, nosotras fuimos primero, porque la cuestión era sobreponerse a sus embestidas y evitar que los detuvieran. Pero no fuimos escudos humanos, simplemente funcionaba mejor con nosotras al frente”, señala. Media hora después —cuando las agujas del reloj rondan las diez de una mañana desapacible de niebla, frío y lluvia— llega la segunda acometida y los labradores alzan sus paraguas y palos. Alguna anciana cae desfallecida, dos hombres son detenidos, los cetmes se repliegan. Es una danza macabra, adelante y atrás, que se va cobrando víctimas de uno de los bandos. A mediodía, un coche evacúa a un anciano inconsciente que sangra por la boca y Moncho Valcárcel, que desde entonces sería conocido como el cura de As Encrobas, es detenido. Según un testigo, el sacerdote de la parroquia de Sésamo e icono de la lucha campesina recibió una paliza tras golpear a un guardia civil al que le tiró el tricornio.

El periodista Manuel Rivas, que cubre el conflicto para la revista Teima, escribe: “La resistencia es fortísima: Disparen si quieren, disparen… Un hombre abre los brazos y se pone de espaldas”. Manolo de Hilario, el hermano de Maricarmen, también es arrestado. “Como cualquier cuerpo de seguridad, actuaba con contundencia. Digamos que llevaban a cabo su trabajo, y lo hacían bien. Después de horas peleando cuerpo a cuerpo, siempre había alguno que te pisaba, te empujaba o te pegaba con el arma. Las fuerzas estaban muy descompensadas y muchas veces nos contuvieron con rudeza”, explica la entonces vecina de Quintán, que se refiere a aquel 15 de febrero como “la gran batalla”. Rivas toma nota de las quejas de los vecinos: “Dicen que esto es para el desarrollo del país, pero ¿nosotros quiénes somos?, ¿qué desarrollo es éste? Otra vez el rico se va a hacer más rico y para el pobre… palos”. Otro tira de ironía: “Decían que la Guardia Civil está para detener a los ladrones, y resulta que ahora colaboran en esto, que es un auténtico robo de los ricos que ya son ricos a los que no tienen nada”. A la hora de comer no se come, aunque algunos guardias civiles han llevado bocadillos, señala el enviado de Teima, quien fija el final de la contienda cuando ya han dado las cinco de la tarde. Los vecinos no han cedido en ningún momento, por lo que los agentes, para doblegarlos, los han ido deteniendo uno a uno. “Por favor, recordad As Encrobas cuando veáis el interruptor de una bombilla, cuando os cobren los recibos de la luz”, pide Manuel Rivas al final de su reportaje.

Cuarenta vecinos son introducidos en un bus. Carmen de Xende, fallecida esta semana, trataba de animar a las detenidas. “Bueno, pues tampoco está tan mal. Nos sacan del monte, nos dejan cerca de casa y vamos a cuidar al ganado”. Sin embargo, el autocar no tomó el camino hacia sus hogares, sino hacia A Coruña. “Cuando pasó de largo, se nos cayó una nube encima y nos quedamos mudas”, recuerda Maricarmen, quien permaneció toda la noche en el patio del cuartel de Lonzas. “Los hombres fueron detenidos y algunos pasaron a disposición judicial, pero a nosotras no llegaron a filiarnos”. Como habían hecho en el monte horas antes, allí también tuvieron que encender fogatas para espantar el frío. La jornada no había terminado en tragedia de milagro:


– ¿Qué portan? —le preguntó el comandante a un secreta, según un testigo.
– Nada, comandante, sólo paraguas y bastones.
– Orden de descargar las armas.

“Menos mal que era una persona formada que había llegado de Madrid, porque si fuese uno de los jefes de los cuarteles de Ordes o Carral, que eran más brutos, habría muertos y heridos”, cree Xosé Castro Pepucho, el autor de las fotografías publicadas en La Voz de Galicia que inmortalizaron a las encrobenses. “El valor de las mujeres, a la vanguardia de la protesta, provocó la reacción de la ciudadanía. Si los hombres protagonizaran las fotos, no tendrían tanta repercusión, pero eran mujeres rebelándose contra la Guardia Civil en una época que para el cuerpo armado seguía siendo la dictadura. Es una historia femenina, porque ellos estaban en un segundo plano. Impidieron que se pisase el terreno y fueron las artífices de su defensa, enfrentándose con valentía a los agentes”.

Lo habían advertido un día antes, cuando cincuenta vecinas entregaron un comunicado, reproducido por El Ideal Gallego, al gobernador civil de A Coruña: “Como madres, esposas, hijas y hermanas, llamamos la atención de V.E. para que trate de evitar lo que puede ser una vergüenza para todos, de lo que nosotras no nos sentiríamos orgullosas, pero sí nos sentimos orgullosas de defender lo nuestro, con uñas y dientes, como lo defendieron nuestros hombres hasta ahora, evitando que los de Encrobas estuviéramos sin trabajo y comiendo de aquellas cuatro perras que nos daban”. Su lucha fue un ejemplo, según la profesora universitaria Nieves Herrero Pérez, autora de As Encrobas. Unha memoria expropiada (Novo Século), de “la capacidad de las mujeres de asumir y llevar a cabo tareas asignadas en exclusiva a los hombres”.

El reportero gráfico cree que son fotos irrepetibles, no sólo por el hecho en sí, sino también por la cercanía. “Tuve suerte de que no me golpeasen, porque estaba en medio del lío, entre las mujeres y la guardia civil, levantando el brazo y presionando el disparador”. Castro plasmó en imágenes otras protestas de la época, aunque asegura que la presencia de un fotógrafo no era bien vista ni por los manifestantes, ni por las fuerzas de seguridad. Las tomadas en As Encrobas amplificarían el eco de la causa, que pasó a la historia de las revueltas agrarias y supuso uno de los hitos del nacionalismo gallego, junto a Xove y Baldaio. Tanto Comisións Labregas como la Unión do Povo Galego (UPG) y la ANPG —embrión de lo que sería el Bloque— prestaron su músculo político, organizativo y propagandístico para conseguir, en el segundo caso, paralizar la construcción de una central nuclear y, en el tercero, poner fin a la extracción ilegal de áridos en la marisma ubicada en el municipio de Carballo. Pepucho estuvo en la marcha celebrada en mayo de 1976 en la capital de Bergantiños, que coincidió con el primer intento de ocupación de Pau Rañón, aunque no pudo captar una imagen que él todavía conserva en su retina. Prefirió proteger al reportero que lo acompañaba —Xosé Luis Vilela, hoy director de La Voz de Galicia— cuando estaba a punto de ser golpeado con un fusil por un guardia civil. “En vez de pensar en la cámara, grité: ¡Es periodista, es periodista! Él no resultó herido, pero yo perdí la foto de mi vida”.

La expropiación se ha consumado, pero las imágenes ponen en entredicho los modos de la empresa y la Administración, que se ven forzadas a sentarse a una mesa de negociación en el Gobierno Civil. “El movimiento estaba siendo capaz de erosionar o poner en duda la legitimidad de las autoridades públicas para ejercer el monopolio de la fuerza”, afirma el historiador Daniel Lanero en el artículo Comunidad rural, conflicto socioambiental y organizaciones políticas en la Galicia de la transición. El caso de As Encrobas, publicado en la revista HALAC. Porque, como subraya el autor, ya no era una protesta vecinal, sino un movimiento al que se habían sumado asociaciones, sindicatos, trabajadores, estudiantes y partidos de toda Galicia. La lista es ingente, pero va desde facultades hasta empleados del Banco Pastor, propietario de la mina. El arzobispo de Santiago, Ángel Suquía, recibió a la comisión y se solidarizó con la causa (“hago mío vuestro problema”), un apoyo que se extendió a decenas de curas. Los obreros que construían la central térmica se declararon en huelga y la llama prendió en institutos y centros de enseñanza. Así, Emilio Suárez, un adolescente que estudiaba en la Universidad Laboral de A Coruña, se convirtió en otro de los símbolos de la lucha tras fallecer electrocutado cuando colgaba una pancarta en solidaridad con As Encrobas. “El chico no tenía culpa de nada y murió por nosotros. Sentimos una pena grandísima y durante el funeral que le ofrecimos no paramos de llorar”, recuerda Francisca. Las manifestaciones que se sucedían en las ciudades eran reflejadas en la prensa, aunque la gran batalla trascendió las fronteras gallegas y sus imágenes llegaron a emitirse en televisiones extranjeras. Era un paso adelante, pero aún quedaban muchos que dar.

Las conversaciones se prolongan durante meses, hasta que en julio de 1977 se alcanza un acuerdo, que sería en parte incumplido. “Las mujeres no formaron parte de la comisión porque entonces era impensable que ellas fueran a negociar en el Gobierno Civil”, explica Emi Candal, cuya familia paterna vivía en A Lousa, donde todavía hoy quedan un puñado de casas aisladas entre la central térmica y el almacén de carbón. Sus propietarios siguen sufriendo los ruidos y el polvillo que desprende el lignito, sin que les ofrezcan una solución. “Además, ellas también quedaron excluidas de los empleos que Limeisa ofreció a los vecinos, algo incuestionable entonces porque no se les pasaba por la cabeza su papel como posibles trabajadoras”, añade Candal. “Incluso había debates en las casas sobre la función que debían desempeñar en la lucha y, a veces, iban a defender la tierra sin el consentimiento de los hombres. Tenían arranque, capacidad de decisión y mucho genio”, recuerda la también ayudante de producción del documental A ceo aberto, que le ha dado voz a las protagonistas. Mujeres que dejaban a sus hijos en la escuela unitaria y se echaban al monte, hasta que llegaba la hora de recogerlos y les decían a los guardias civiles: “Tenéis que dejarme marchar porque debo ir a buscar a los niños, o queréis que se queden solos a la salida del colegio”.

Sin embargo, no sólo las mujeres quedaron excluidas de los cuatrocientos puestos de trabajo que ofreció la empresa, sino también los hombres que se habían significado en la protesta. Es el caso del marido y los hijos de Francisca, que sería absuelta tras ser acusada de retener a trabajadores de Limeisa para exigir que se cumpliese lo acordado: “Nos cogieron tirria”. Maricarmen, sin perspectivas laborales, aprobó una oposición y emigró primero a Mallorca y luego a Madrid, hasta que pudo regresar a Coruña dieciséis años después, donde reside y trabaja como funcionaria. “Nos castigaron a unos cuantos y mi familia fue vetada por el director de la central, por lo que nos tuvimos que buscar la vida fuera. Fue un regalito envenenado del señor Francisco Rosado Aznar, quien decía que la comisión le había robado mucho dinero a Fenosa y no nos merecíamos trabajar en la mina. Es fue el pago que nos dieron por un compromiso con la parroquia que alguna gente nunca apreció”.

Xosé Bocixa, vecino de la desaparecida aldea de Gontón, tenía nueve años cuando estalló el conflicto, aunque con el paso del tiempo quiso hacer memoria. “No entendía muy bien lo que pasaba, hasta que de mayor fui consciente de lo sucedido. Entonces me planteé grabar un documental a modo de terapia para curarme de todo aquello”, explica el director de A ceo aberto, quien ya había criticado el expolio de su tierra al frente de Zënzar, una banda de rock de combate en la que ejerce como letrista y cantante. “Jugaron con la dignidad de las personas y decidí contar mi historia y mi verdad. Pese a las traiciones y miedos de algunos vecinos, siempre he pensado que la culpa fue del capital y del poder político que lo permitió”. Quedan fuera de su documental y de estas líneas un rosario de anécdotas que sólo conocen sus protagonistas, algunas de ellas tragicómicas. “La empresa enviaba emisarios para que visitasen a los parroquianos cuando caía la noche. Se presentaban ante sus casas portando maletines, con el objetivo de fomentar la desunión y desarmarnos”, explica Bocixa. Los líderes de la protesta contraatacaban disfrazándose con pelucas y barbas postizas. Aprovechando la falta de luz, llamaban a las puertas y tanteaban a los paisanos, quienes a veces respondían que ya habían pasado por allí otros señores. “A los periodistas también les llamaba la atención que Cesáreo Pena llevase a las reuniones en el Gobierno Civil un misterioso maletín. En realidad, escondía un transistor para que el abogado, que esperaba en un coche en el exterior, pudiese escuchar las conversaciones”.

Él ya ha fallecido, pero los miembros de la comisión que todavía viven, Manolo de Hilario y Antonio Bestilleiro, estarán presentes en la marcha de la memoria que recordará este domingo la lucha que tuvo lugar hace cuarenta años. También estarán Pepucho, Rivas, Francisca, Emi y las vecinas de As Encrobas, provistas de hoces, azadas y paraguas. “La mina se agotó hace años y ahora tienen que importar el carbón. ¡Todo la riqueza de una tierra echada a perder para conseguir tan poco! Porque el destrozo no se llevó a cabo para lograr un bien común y perdurable, sino para explotar un yacimiento con fecha de caducidad”, reflexiona Maricarmen, que vio cómo algunas personas —que habían dejado el valle por la ladera— fueron expropiadas por segunda vez. “Es como encender una cerilla, observar el chispazo, verla arder y nada más. ¿Mereció la pena romper una comunidad y estragar un valle para obtener a cambio tan poco?”, se pregunta. “Es cierto que la empresa dio trabajo y pagas, pero los empleados se jubilan y los mayores se mueren. Así, treinta años después, sus hijos, nietos y bisnietos no tienen nada. Ni tierra ni propiedades, cuando antes esa misma tierra había dado de comer generación tras generación”. La herida de la tierra ha sido cauterizada con el agua que cubre el hueco de la corta, convertida en un lago artificial. “Nosotras, en cambio, tenemos heridas que nunca se cerrarán”.

Fuente: http://www.publico.es/sociedad/conflicto-encrobas-lucha-mujeres.html

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