La relevancia del dispositivo también se pone de manifiesto en el desplazamiento de parte de la cúpula Ministerio del Interior a Barcelona. Está previsto que al frente del despliegue esté su ideólogo, y el de todos los anteriores coincidentes con fechas señaladas del proceso soberanista, el director adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino.
Con total seguridad estará también en Barcelona el jefe de la Unidad Intervención Policial a nivel estatal, José Miguel Ruiz Igusquiza. El comisario jefe de la UIP estará arropado por su inmediato superior, el miembro de la Junta de Gobierno de la Policía Florentino Villabona, comisario general de Seguridad Ciudadana. Solo acontecimientos del tipo de una cumbre europea, que van acompañadas de impresionantes despliegues de seguridad, han merecido en el pasado el desplazamiento desde Madrid de miembros de la cúpula policial.
Junto a los antidisturbios, también viajan en las últimas horas agentes de las Brigadas de Información de la Policía desde distintas provincias españolas. Las Brigadas de Información son las estructuras locales de la Policía para luchar contra el terrorismo y otros extremismos violentos. Según las fuentes consultadas, los policías camuflados supervisarán concentraciones, manifestaciones y crearán posibles altercados.
A apenas 300 kilómetros de la capital catalana, la policía “nacional” situará su camión con cañón de agua. El vehículo blindado estará apostado hoy en Zaragoza, a la espera de que se reclame su intervención. Supondría su estreno, ya que a pesar de haber costado 348.480 euros, aún no ha sido utilizado en las manifestaciones populares que tienen que reprimir. El camión ha sido desplazado a varios puntos de la geografía nacional en las últimas semanas.
El clima político en Catalunya mantiene desplegado de forma permanente dos grupos de antidisturbios, más de 80 policías, en la comunidad autónoma. A estos se unirán este fin de semana otros grupos llegados de Málaga, Sevilla y Oviedo, entre otros puntos de la geografía nacional. La Unidad Central de Intervención, con cinco grupos y sede en Madrid, se desplaza al completo a Cataluña este fin de semana. La movilidad de la Unidad de Intervención Policial es una de sus características y los agentes abandonan sus destinos continuamente en función de los acontecimientos que requieren impedir protestas y golpear a los manifestantes.
El envío de antidisturbios a Cataluña ya ha resultado polémico en esta legislatura. En junio de 2014 casi 300 agentes pasaron varios días en dos hoteles de Calella a la espera, según la versión oficial, de que los Mossos d’Esquadra les pidieran refuerzos para aplastar la protesta con motivo de la demolición del centro okupado de Can Vies. El envío se realizó a pesar de que la Generalitat había rechazado el ofrecimiento. Las dietas y la estancia de los policías “nacional” costaron más de 70.000 euros a las arcas públicas.
Al día siguiente de que el Tribunal Constitucional suspendiera la consulta soberanista del 9N, en septiembre del año pasado, el Ministerio del Interior envió de urgencia 180 antidisturbios a Cataluña que días después, regresaron a sus destinos habituales. Las manifestaciones en la calle relacionadas con el proceso soberanista han estado protagonizadas todos estos años por la ausencia de incidentes.
La implicación de la policía “nacional” en el combate contra los derechos de Catalunya, más allá de las funciones que tiene atribuidas por ley, ha sido una constante durante toda la legislatura, sobrepasando el ámbito de la demostración de músculo que supone trasladar a sus unidades de choque. La policía “nacional” tiene una brigada secreta dedicada a rastrear información comprometedora de políticos vinculados al independentismo.
Los policías “nacionales”, parte de ellos miembros de la Unidad de Asuntos Internos –destinada a investigar a otros agentes- han trabajado sobre el terreno sin autorización judicial con el objetivo de buscar indicios de corrupción que en la mayor parte de los casos no acabaron en un juzgado, sino en las portadas de determinados medios de comunicación, siempre en fechas próximas a acontecimientos señalados del proceso. En otras ocasiones, el trabajo les ha llevado al extranjero. Ocurrió con la falsa cuenta en Suiza del antiguo alcalde Barcelona Xavier Trias.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comparó el pasado jueves la guerra de banderas en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona con la situación que se vivía en el País Vasco “cuando ETA estaba plenamente activa”. Para el ministro, la imagen vista en el consistorio “tiene connotaciones muy negativas” al recordar a la “guerra de banderas” que se vivía años atrás en el País Vasco “cuando ETA estaba plenamente activa y operativa, sembrando regueros de sangre y terror por todas partes”.