Al menos 11 manifestantes murieron el miércoles en los suburbios del norte de Jartum, la capital de Sudán, durante las protestas populares contra el Golpe de Estado militar. Al día siguiente las manifestaciones continuaron y fueron dispersadas por la poicía con el lanzamiento de gases lacrimógenos.
En la mañana del jueves, mientras se restablecían las comunicaciones telefónicas, que fueron por el gobierno durante la represión, la policía volvió a intentar dispersar a los manifestantes que permanecían en sus barricadas en los suburbios del norte de la capital. Allí, al menos once personas, entre ellas una mujer, fueron acribilladas el miércoles por balas disparadas, según un sindicato de médicos, por los antidisturbios, que apuntaban “a la cabeza, el cuello o el torso”. En total, desde el golpe, 39 personas, entre ellas tres adolescentes, han muerto y cientos han resultado heridas.
Después de más de tres semanas de apagón de internet -que continuaba ayer- la brutal desconexión de los 45 millones de sudaneses ha iniciado la movilización: donde los manifestantes eran decenas de miles el 30 de octubre y el 13 de noviembre, esta vez, sólo eran miles el miércoles.
Frente a ellos, la policía era igual de numerosa, bloqueando los puentes que unen Jartum con sus suburbios y las avenidas que suelen recorrer los manifestantes desde 2019 para derrocar a Omar Al-Bashir y luego al general Abdel Fattah Al-Burhane, director del golpe militar. Ayer se desplegaron de nuevo e intentaron despejar las barricadas en el norte de Jartum.
El día anterior una manifestante de 42 años, Soha, denunció una feroz represión con continuos disparos de gases lacrimógenos y granadas de sonido. En el país donde más de 250 manifestantes fueron asesinados durante la revuelta que puso fin a 30 años de dictadura en 2019, una de las puntas de lanza del levantamiento de entonces, la Asociación Profesional Sudanesa, denunció crímenes contra la humanidad.
Para este movimiento, a pesar de todo, la masacre del miércoles no hace más que reforzar las consignas: “ninguna negociación, ninguna asociación, ningún compromiso” con el ejército, coreadas desde el 25 de octubre en las calles de Sudán, a pesar de los cientos de detenciones de militantes, periodistas o simples transeúntes. La policía ha dicho que no abrirá fuego y la televisión pública ha anunciado una investigación sobre los manifestantes muertos.
El miércoles por la noche el sindicato de médicos acusó a la policía de perseguirlos en los hospitales y de disparar granadas de gas lacrimógeno contra los heridos y las ambulancias. El 25 de octubre, el general Burhane reorganizó una transición que se tambaleaba desde hacía meses. Apartó a casi todos los civiles del poder y puso fin a la sagrada unión formada en 2019 por civiles y militares.