En 2016 los Papeles de Pandora y los de Panamá dieron a conocer la existencia de una red internacional de periodistas de la que, hasta aquel momento, casi nadie sabía de su existencia. En inglés la asociación lleva las siglas OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y su fundador fue Drew Sullivan. En 2016 ya denunciamos en una entrada que la CIA estaba detrás de los Papeles de Panamá.
La OCCRP es la red de noticias más grande del mundo. Trabaja con docenas de periódicos influyentes para publicar un determinado tipo de primicias, como los Papeles de Panamá o los de Pandora. La mayor parte del dinero procede del Departamento de Estado, aunque también aparecen los mismos filántropos de siempre: George Soros, la Fundación Ford…
La red se creó envuelta en la retórica repetitiva de siempre: un medio informativo, sin fines de lucro, respaldado por filántropos que han comprendido la necesidad de luchar contra la corrupción a escala mundial. “El periodismo de investigación tiene que ser un fenómeno mundial. Se necesita una red para luchar contra una red de corrupción. Y el OCCRP es esa red”, dijo Sullivan.
50 de los medios de comunicación más influyentes del mundo están asociados al OCCPR, como el Guardian, el Times, el Washington Post, Rolling Stone, Der Spiegel, Le Monde… El presentador del programa “Conspiranoicos” de La Sexta, el charlatán Joaquín Castellón, es otro de los que forman parte del tinglado.
De lo que nadie habla es del dinero. ¿Quién paga el tinglado? Como anunciamos en su momento, la respuesta es simple: la mayor parte del presupuesto procede del gobierno de Estados Unidos y, dentro del gobierno, el mayor donante es la Usaid, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Entre 2014 y 2023 el gobierno estadounidense proporcionó más de la mitad del dinero gastado por la red. Desde su fundación en 2008 ha destinado al menos 47 millones de dólares y ha comprometido 12 millones más. Por eso, no aparecen estadounidenses en los Papeles de Panamá, dijimos en 2016. Daba la impresión de que en Estados Unidos no hay corrupción.
Otros gobiernos occidentales, incluidos Gran Bretaña, Francia, Suecia, Dinamarca y Países Bajos, han aportado al menos 15 millones de dólares durante los últimos 10 años. Aunque la red ha admitido que acepta “algún dinero” de los gobiernos, incluido el de Estados Unidos, el alcance total no se sabía hasta ahora (*).
Es importante tener en cuenta que, aunque en Europa, es común que los gobiernos financien a los medios, en Estados Unidos resulta verdaderamente extraño, lo que multiplica las sospechas acerca del OCCRP.
Al enterarse de la magnitud de la financiación del gobierno de Estados Unidos, la radio pública alemana NDR decidió suspender su colaboración con el OCCRP. El miembro de la dirección de consorcio, Lowell Bergman, dimitió en 2014 cuando descubrió sus conexiones con el gobierno. “Estaba abrumado por mis compromisos en otros lugares. También fue entonces cuando me di cuenta de la participación del gobierno de Estados Unidos. Como era claramente un tema complicado, expresé mi preocupación a Drew Sullivan y otros, y respetuosamente renuncié a la junta”, explicó.
Todos los gastos están pagados
Naturalmente, para aparentar independencia política, la OCCRP destapó algunos chanchullos de Estados Unidos, como la entrega de armas del Pentágono a los yihadistas sirios a través del mercado y de traficantes internacionales, entre otros.
Pero, como cabía esperar, la red se centró en los adversarios de Estados Unidos, sobre todo en Rusia y China, junto a todos esos países del Tercer Mundo que son sinónimo de corrupción… sólo si se oponen a Estados Unidos.
El OCCRP ha creado una enorme base de datos, llamada Aleph, que incluye datos que ha obtenido, así como documentos disponibles públicamente que a menudo son difíciles o costosos de recopilar y buscar.
La organización tiene más de 200 empleados en unos 60 países y funciona como un centro para periodistas locales de todo el mundo. Para proyectos de colaboración, OCCRP no solo ofrece su apoyo logístico, editorial y de investigación, sino que también paga los gastos de los periodistas locales, incluidos los salarios. “Pagamos los gastos de la historia. El periodista tiene que viajar a algún lugar, un periodista tiene que obtener cierta información de una base de datos […] Estamos cubriendo esos costos. Y luego también cubrimos un salario para el periodista mientras trabaja en la investigación”, confiesa Paul Radu, cofundador de OCCRP.
“Es la primera organización mundial de periodismo de investigación”, dijo Sullivan. “Tenemos editores en todos los continentes. Tenemos personal en todos los continentes. Y somos la primera organización [periodística] que se ha vuelto mundial. Y hemos participado en casi todos los proyectos de colaboración internacional más importantes”.
Inicialmente Sullivan cuestionó la idea de que OCCRP tuviera un único donante principal, pero luego reconoció que Estados Unidos cumplía esa función.
Un aparato ideológico del imperialismo
Una de las primeras tareas del OCCRP condujo a un golpe de Estado en Filipinas. En 2001 el Centro Filipino de Periodismo de Investigación (PCIJ), otra organización sin fines de lucro, expuso la corrupción del entonces presidente Joseph Estrada, que mantenía una relación distante con Estados Unidos. La revelación condujo a una investigación de juicio político, que fracasó, pero también produjo importantes protestas callejeras, que llevaron a su derrocamiento en un golpe de Estado.
No era necesario sacar los tanques a la calle. Lo mismo que la etiqueta de “dictadura”, la de “corrupción” también mostraba una importante capacidad desestabilizadora, siempre que los medios de comunicación la airearan suficientemente.
Un funcionario del Departamento de Estado destinado en las islas, Michael Henning, fue un importante impulsor del PCIJ que, además, se beneficiaba de la subvenciones procedentes de Estados Unidos.
Henning fue posteriormente destinado a la embajada estadounidense en Bosnia, que entonces se estaba recuperando de la Guerra de los Balcanes. En una entrevista con la radio alemana NDR, confesó que cuando estaba en Bosnia llegó a la conclusión de que “lo que realmente necesitamos es un centro de periodismo de investigación independiente. Y dije que sé algo porque serví en Filipinas”.
Por aquel entonces Sullivan también estuvo en Bosnia, comenzando como ingeniero para un contratista de la NASA, trabajando con una autorización de seguridad. Viajó por primera vez a Bosnia en 1999 para captar a periodistas locales. Henning dijo que puso a Sullivan en contacto con Sheila Coronel, del PCIJ.
El primer millón de dólares
El primer millón de dólares que en 2008 hizo posible la creación del OCCRP provino de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), que forma parte del Departamento de Estado). La Usaid se reunió con el ex funcionario del Departamento de Estado Dave Hodgkinson, que ahora es uno de los principales dirigentes del espionaje estadounidense, encargado de supervisar las relaciones de las centrales de inteligencia con el sector privado.
La subvención se destinó al “Journalism Development Group”, que luego dio origen a OCCRP. Aunque la INL puso el dinero, fue la Usaid quien lo administró. Meg Gaydosik, la funcionaria de la Usaid que se hizo cargo de las funcionies que antes desempeñaba Henning, confirmó que no solo había presionado para obtener fondos para OCCRP internamente, sino que incluso ayudó a reescribir la solicitud del grupo para una importante subvención de Usaid. El apoyo original clave del proyecto procedió de la Usaid, según Gaydosik. Shannon Maguire, antigua funcionaria de la Fundación Nacional para la Democracia, reemplazó a Gaydosik y continúa administrando las relaciones con el OCCRP.
Henning confesó que obtener fondos para programas como los del OCCRP fue fácil porque sus misiones se alineaban con los intereses estadounidenses. “De repente había dinero para alimentar a los bebés”, dijo.
Maguire, la funcionaria de Usaid que ahora maneja el expediente de OCCRP en el gobierno estadounidense, dijo que están orgullosos del trabajo que ha hecho para impulsar la difusión de noticias. “Estamos orgullosos de ser el primer donante público, de que la Usaid sea el primer donante público”, añadió.
No muerdas la mano que te da de comer
Maguire y otros funcionarios de Usaid han asistido a las conferencias anuales de OCCRP y la financiación viene con algunas condiciones, exigidas por las regulaciones estadounidenses, que, sin embargo, son inusuales en una red de noticias. El gobierno puede vetar al personal de alto rango, incluidos los editores de alto rango.
También puede vetar contrataciones de alto nivel. En respuesta a una pregunta sobre el poder de veto del gobierno de Estados Unidos sobre los editores, la junta de OCCRP explicó a la radio alemana: “Esas restricciones son comunes en todas las subvenciones gubernamentales”, y agregó: “En 2017, en el marco de una ley que sancionaba a Rusia, el Congreso autorizó otros 250 millones de dólares para el programa” del OCCRP, añadiendo que el dinero también financiaría esfuerzos “para desarrollar la capacidad de la sociedad civil, los medios de comunicación y otras organizaciones no gubernamentales que contrarrestan la influencia y la propaganda de la Federación Rusa para combatir la corrupción y priorizar el acceso a una información veraz”.
Dos años antes la OCCRP recibió una importante subvención del gobierno de Estados Unidos con el propósito expreso de investigar la “esfera mediática de Rusia” y, en los años siguientes, recibió fondos para investigar otras áreas temáticas y países considerados prioritarios por Washington. Entre 2015 y 2019 el Departamento de Estado otorgó 2,2 millones de dólares a la OCCRP con el propósito de “equilibrar la esfera mediática rusa”. Entre 2019 y 2023, la OCCRP recibió 1,7 millones de dólares, también del Departamento de Estado, para “fortalecer el periodismo de investigación en Eurasia”, una región que incluye a Rusia y Bielorrusia. En 2021 y 2022 la OCCRP dirigió la investigación internacional “Russian Asset Tracker”, basada en la creación de la base de datos no gubernamental más grande del mundo sobre los activos de políticos y capitalistas rusos.
En 2022 la INL otorgó un millón de dólares durante dos años para “fortalecer la capacidad de los periodistas”, “exponer el crimen y la corrupción” y “acelerar el impacto del periodismo de investigación” en Malta y Chipre, dos paraísos fiscales muy apreciados por los capitalistas rusos.
Durante el mismo período, la OCCRP participó en la investigación internacional Cyprus Confidential. El 14 de noviembre de 2023, al día siguiente de la publicación, el presidente de Chipre anunció el inicio de una investigación sobre posibles violaciones de las sanciones contra Rusia, reveladas por los artículos. Tres semanas después, más de veinte agentes del FBI y FinCEN llegaron a Nicosia para ayudar a sus colegas chipriotas.
La INL parecía estar satisfecha con el trabajo realizado. El programa dedicado a Chipre y Malta se renovó en el mes de septiembre siguiente, con 1,3 millones de dólares más dedicados a financiar el OCCRP.
Periodistas y ‘socios’ del gobierno de Estados Unidos
En junio de 2021 el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca reunió a los periodistas para lo que se conoce como una sesión informativa de antecedentes. En ellas las identidades de los dirigentes que hablan deben mantenerse confidenciales, apareciendo solo como “altos funcionarios del gobierno”. La sesión informativa se centró en un nuevo memorando que expone los esfuerzos de Estados Unidos para combatir la corrupción en el mundo.
Ante una pregunta un alto funcionario del gobierno dijo: “La forma en que se expone la corrupción es a través del trabajo de periodistas de investigación y ONG de investigación. El gobierno de Estados Unidos (como dije antes, en términos del apoyo que ya estamos brindando) en algunos casos brinda apoyo a esos actores. Y veremos qué más podemos hacer en ese frente también”.
Ante la respuesta, el periodista le preguntó qué significaba “apoyo” en ese contexto. “A veces todo se reduce a la ayuda extranjera. Hay líneas de ayuda que han impulsado organizaciones de periodismo de investigación. Lo que me viene a la mente de inmediato es OCCRP, así como la ayuda extranjera que se destina a las ONG que, en última instancia, realizan trabajo de investigación sobre la lucha contra la corrupción”, respondió.
En noviembre de 2021 la revista Foreign Policy organizó un evento titulado “Medios independientes y el avance de la democracia” e invitó a la directora de Usaid, Samantha Power, a hablar. En sus comentarios, calificó al OCCRP de “socio” del gobierno de Estados Unidos. “Es un socio importante en la cobertura de los Papeles de Pandora y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación lo coordinó. Esta red del OCCRP no podría hacer eso solo con el libre mercado, ¿verdad? Seiscientos periodistas involucrados en la iniciativa de los Papeles de Pandora: 75 de esa red del OCCRP pasaron años revisando tres terabytes de documentos. Tenemos que pensar estructuralmente sobre cuáles son los medios, nuevamente, para apoyar esos bienes públicos”, dijo Power. “Trabajamos con medios independientes y medios locales de todo el mundo tratando de mejorar su viabilidad financiera”.
Un ejemplo de esa colaboración es el Consorcio Mundial Contra la Corrupción (GACC), un programa que utiliza las investigaciones del OCCRP como arma, intentando sistemáticamente desencadenar investigaciones penales o procedimientos de sanciones basados en los reportajes publicados. El GACC se fundó en 2016 tras una convocatoria de propuestas lanzada por el Departamento de Estado y ganada por el OCCRP, en asociación con otro peón del espionaje imperialista: la ONG Transparencia Internacional.
El GACC está cofinanciado por otros cuatro gobiernos y donantes privados, pero el gobierno de Estados Unidos es el mayor contribuyente: hasta ahora ha pagado 10,8 millones de dólares al OCCRP en virtud del GACC, de los cuales 3 millones se han otorgado como subvención a Transparencia Internacional.
El GACC cumple dos tereas. La primera es desencadenar, sobre la base de los artículos del OCCRP, investigaciones judiciales, procedimientos de sanciones y movilizaciones de la sociedad civil, gracias al apoyo de los lacayos locales de Transparencia Internacional, presentes en 65 países.
El segundo es presionar a los Estados para que endurezcan sus leyes contra la corrupción y contra el blanqueo de dinero. En mayo del año pasado, la OCCRP elaboró un informe sobre los mejores procedimientos para luchar contra los intermediarios (como testaferros y abogados) que facilitan la evasión de las sanciones impuestas a Rusia. El informe se elaboró en colaboración con el Royal United Services Institute (RUSI), un equipo británico de analistas, y fue financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo de Reino Unido. El RUSI tiene estrechos vínculos con los militares británicos y estadounidenses. Uno de sus vicepresidentes es el general David Petraeus, antiguo director de la CIA.
228 impactos policiales en el mundo real
OCCRP y Transparencia Internacional afirman que trabajan de forma independiente y que Washington no les prohíbe actuar en contra de sus intereses. Sin embargo, que una organización periodística lleve a cabo sus actividades por iniciativa y con dinero de Estados Unidos, demuestra todo lo contrario.
Un informe de evaluación del GACC elaborado por OCCRP en 2021 a petición del gobierno estadounidense, identificó “228 ejemplos de impacto en el mundo real”, de los cuales solo 11 se refieren a “las Américas”. No se menciona el número de casos relacionados con Estados Unidos, pero “las Américas” también incluyen América central y del sur. En 2013 la INL invirtió 200.156 dólares en OCCRP para el “Proyecto México” y el Departamento de Estado donó 173.324 dólares a la OCCRP para “revelar y combatir la corrupción en Venezuela”.
Transparencia Internacional abogó por que Estados Unidos pusiera fin a la opacidad que reina en sus paraísos fiscales internos, como Delaware, después de que fuera designado como uno de los mayores paraísos del planeta por una de las investigaciones resultantes de los Papeles de Pandora. Pero el OCCRP no participó en este reportaje, producido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el Washington Post y, durante los Papeles de Pandora se centró en sus zonas de interés preferidas: Rusia, Asia central y Europa oriental.
En 2017 el OCCRP contrató como “directora de alianzas y políticas mundiales” a una alta funcionaria estadounidense, Camille Eiss, que tenía autoridad sobre el GACC. Justo antes de su contratación, era asesora anticorrupción en el Departamento de Estado. Regresó allí en 2022, para trabajar en la oficina responsable de las sanciones.
En Washington están encantados con el trabajo realizado. En un documento publicado en 2021 por la Casa Blanca, el GACC se presenta como una de las iniciativas que permitieron al gobierno estadounidense “reclutar al sector privado como socio de pleno derecho” y “dar rienda suelta a la defensa del sector privado para la reforma anticorrupción”. Al mismo tiempo, Blinken prometió aumentar las subvenciones del GACC y pidió a otros gobiernos que aportaran 10 millones de dólares adicionales.
Cualquier clase de noticias… menos las de Wikileaks
¿Por qué financiar a periodistas en lugar de enviar simplemente a la policía a descubrir delitos? Porque como se entiende que los periodistas son independientes del gobierno, tienen más posibilidades de conseguir la cooperación de las fuentes. La gente habla más fácilmente con un periodista que con un funcionario. Algunas personas que están al tanto de las actividades delictivas, a veces también quieren que se haga justicia. Pero es complicado si se trata directamente con la policía.
La afirmación de que Estados Unidos apoya el periodismo de investigación en el mundo, sin importar quién esté siendo investigado, se ve socavada por un contraejemplo bastante evidente, a saber, la postura implacablemente hostil del gobierno estadounidense hacia Wikileaks, que surgió en tándem con la OCCRP. Wikileaks alentó a los denunciantes a que le proporcionaran pruebas de corrupción y criminalidad, y luego se asoció con organizaciones de noticias de todo el mundo para publicar sus hallazgos.
Wikileaks comenzó en octubre de 2006 y en marzo de 2008 y el ejército estadounidense concluyó que era una “amenaza potencial de protección de la fuerza, contrainteligencia, seguridad operativa y seguridad de la información para el Ejército de Estados Unidos”. Sugirió que “la identificación, exposición o terminación del empleo o la acción legal contra personas con información privilegiada, filtradores o denunciantes actuales o anteriores podría dañar o destruir este centro de gravedad”.
En 2010 Wikileaks publicó “Asesinato colateral”, una prueba en vídeo de un crimen de guerra estadounidense en Irak, seguida rápidamente por los expedientes de la guerra afgana, los de la guerra irakí y, en noviembre, la publicación de miles de cables internos del Departamento de Estado. Algunos de ellos expusieron niveles extremos de corrupción en Túnez, lo que desató una indignación que pronto estalló en una revolución en toda regla. La Primavera Árabe estaba en marcha. El Departamento de Estado no era partidario de ella.
En diciembre de 2010, por presiones de la Casa Blanca, Amazon, PayPal, Bank of America, Visa, Mastercard y Western Union cortaron los servicios de Wikileaks, en un intento de paralizarlo. Assange pasó años buscando asilo en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió en 2012. La hostilidad hacia Wikileaks continuó bajo el gobierno de Trump. En 2017 el director de la CIA, Mike Pompeo, planeó su secuestro o asesinato, según Yahoo News. El Departamento de Justicia lo acusó de espionaje por publicar información clasificada y pasó años para lograr su extradición. En 2019 el nuevo presidente ecuatoriano lo entregó a los británicos. Assange fue detenido y encarcelado en Reino Unido, hasta llegar a un acuerdo de culpabilidad en junio del año pasado que le permitió regresar a Australia.
La persecución de Assange durante años choca con las subvenciones a otros periodistas. Demuestra quién es independiente y quién es un lacayo sumiso.
(*) https://www.dropsitenews.com/p/occrp-budget-funding-us-government-usaid
