En España la policía habla de los “cordones policiales” o de “embolsar” a los manifestantes para reprimir el ejercicio de un derecho fundamental, como es el de protestar en la vía pública.
Por extensión, sus altavoces mediáticos utilizan el mismo lenguaje y casi parece un delito romper el “cordón” que la policía impone sobre una calle.
No es más que una demostración de fuerza: la policía es capaz de rodear a los manifestantes, en lugar de que sean los manifestantes los que rodean a la policía.
Fue inventada por la policía británica en los años setenta, donde se llama “kettling” o “bubbling”. Pero su aplicación ganó fama en 1984 durante la llamada “Batalla de Orgreave”, un brutal enfrentamiento de la policía contra los mineros en huelga.
La táctica represiva tiene por objetivo separar a unos grupos de manifestantes de otros. Normalmente unos son los “buenos”, los que sólo van a pasear y gritar, mientras que los demás son “malos” porque quieren levantar barricadas o romper las cristaleras de los bancos.
La labor represiva la facilitan los propios manifestantes que se reparten disciplinadamente en cohortes en función de las siglas, las pancartas y las consignas.
En Francia lo llaman “nasas”, que es un lenguaje muy gráfico: igual que los cangrejos, los manifestantes acaban cayendo en trampas o jaulas, cuya característica más importante es que no son herméticas. Se puede entrar y salir, siempre dejando claro que es la policía la que controla la zona y, por derivación, a la multitud.
El poder político es dominación y el Estado necesita hacer ostentación de su fuerza, precisamente cuando la multitud critica sus acciones. Las técnicas para reforzar el control no han hecho más que reforzarse desde hace décadas. Por ejemplo, en 2021 se convocó en Madrid una manifestación contra el encarcelamiento de Pablo Hasel en la Plaza de Atocha, un lugar en el que es muy difícil imponer un cerco, por sus numerosas posibilidades de entrada y salida.
Como es habitual, los primeros en llegar al punto de reunión fueron los policías, que dejaron abierta una única puerta de entrada desde la que pudieron controlar la llegada de la multitud. Lo mismo ocurrió durante el acto, en el que los manifestantes permanecieron cercados, sin poder moverse, y al finalizar, donde dejaron una única vía de salida, en la que identificaron a los participantes, uno por uno, fotografiando los documentos personales.
En ocasiones los cordones policiales se imponen para proceder a detenciones selectivas, e incluso para reventar la manifestación. En medio de un movimiento de masas, las detenciones no son otra cosa que una provocación dirigida a provocar cargas y disturbios, lo que ayuda a pintar una mala imagen de los que protestan, que en España son siempre los “alborotadores”.
En otros lugares, como Estados Unidos no ocurre así. Por ejemplo, en 2020 el Ayuntamiento de Nueva York tuvo que indemnizar a unos 300 manifestantes que fueron acorralados violentamente por la policía durante las protestas contra el racismo. Los manifestantes fueron detenidos en masa, esposados y golpeados con porras. Cada uno de ellos cobró más de 20.000 dólares.
En 2012 el Tribunal de Estrasburgo legalizó por primera vez el cerco porque la policía no quiere privar a los manifestantes de sus libertades, sino todo lo contrario: lo hace para protegerles a ellos, así como la propiedad privada.
Sin embargo, el Tribunal precisa que estas “restricciones temporales de la circulación” deben ser excepcionales. Están justificadas si no se convierten en una rutina. Deben ser necesarias para prevenir un riesgo real de daños graves a personas o bienes y que “no se limitan al mínimo requerido para este fin”.
En 2021 el Consejo de Estado francés fue mucho más contundente. Tras la ola represiva desatada contra los chalecos amarillos, concluyó que es ilegal rodear a los manifestantes.
El Consejo de Estado declaró que la táctica policial afecta significativamente al derecho de manifestación y a la libertad de desplazamiento. Los jueces también dictaminaron que el manual de la policía para el mantenimiento del orden público no garantiza que su uso sea “adecuado, necesario y proporcionado a las circunstancias”.
