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Día: 21 de febrero de 2023 (página 1 de 1)

Multan a Pfizer por estafar a los pacientes que consumen sus fármacos

En mayo de año pasado a la multinacional Pfizer le volvieron a pillar con las manos en el tarro de la mermelada. Le multaron con 290.000 dólares por engañar deliberadamente a 5.000 pacientes en Estados Unidos.

Les obligó a gastar más dinero para comprar los medicamentos que fabrica (1).

Entre 2014 y 2018 el gigante farmacéutico estadounidense ofreció vales a las pacientes pobres con el fin de ayudarles a comprar medicamentos para combatir los síntomas de la menopausia.

En los vales en cuestión, sin embargo, se decía muy claramente que las beneficiarias no gastarían más de la cantidad indicada en el vale. Era completamente falso. La investigación judicial demostró que se trataba de una estafa: pagaron mucho más dinero.

El caso dio lugar a un procedimiento judicial que finalmente fructificó, ya que el laboratorio estadounidense fue multado con la suma de 290.000 dólares. En cualquier caso, en Colorado, Pfizer tendrá que pagar 107.000 dólares para compensar a unos 1.500 pacientes estafados.

Además, un comunicado de prensa publicado el 20 de mayo por la oficina del Fiscal General de Colorado informó de que la farmacéutica también había sido condenada a pagar 30.000 dólares para reembolsar las costas del pleito (2).

El pago de la multa no supone un gran quebranto para Pfizer, cuyos ingresos se estiman en varios miles de millones de dólares desde hace dos años gracias a la venta masiva de sus vacunas contra el “covid” en casi todos los países del mundo en unas condiciones inusuales de falta absoluta de transparencia.

En Europa los dirigentes de los grupos parlamentarios se han negado categóricamente a permitir que Von der Leyen, la Presidenta de la Comisión Europea, testificara públicamente sobre la negociación de los contratos de vacunas que firmó con Pfizer.

Nadie va a rendir cuentas después de haber recibido miles de millones de euros de dinero público. No es de extrañar que las farmacéuticas sean las empresas más multadas porque operan con una opacidad total.

Tampoco debería extrañar que las multas sean un paripé: merece la pena estafar porque es mucho más barato. Las indemnizaciones nunca superan los beneficos obtenidos.

(1) https://www.denverpost.com/2022/05/20/pfizer-coupon-consumer-refund-colorado/
(2) https://coag.gov/press-releases/5-20-22/

‘Hemos arrasado todas las ciudades de Corea del norte’

El gobierno de Corea del norte siempre llega señalado por su extraordinaria hostilidad militar. ¿Por qué los dirigentes de Pyongyang señalan con el dedo a Estados Unidos cada vez que prueban otro misil o bomba atómica? Setenta años después de que Estados Unidos incendiara todas las ciudades de Corea del norte, el ejército estadounidense bombardeó o destruyó simultáneamente siete países que no tenían armas nucleares. Estados Unidos realiza maniobras militares con Corea del Sur frente a las costas del Norte dos veces al año.

Estados Unidos prueba regularmente misiles nucleares de largo alcance Minuteman-3 desde la base aérea de Vandenberg, en California, que podrían alcanzar y aniquilar Pyongyang. Varios gobiernos estadounidenses han calificado a Corea del norte de “malvada”, de Estado “patrocinador del terrorismo” y de “amenaza”. Los militares estadounidenses han calificado al pequeño Estado norcoreano de “amenaza primaria” para la seguridad de Estados Unidos. Corea del Norte tiene motivos para estar preocupada.

En el libro de Robert Neer de 2013 “Napalm”, el autor relata que el general Lemay escribió: “Fuimos allí, hicimos la guerra y finalmente quemamos todas las ciudades de Corea del Norte de una forma u otra, dijo el general estadounidense Curtis LeMay. “En un período de unos tres años, matamos, ¿cuánto?, ¿el 20 por cien de la población?” añadió.

El libro cita al oficial químico del Octavo Ejército, Donald Bode, diciendo que, como promedio, un “buen día” los pilotos estadounidenses en la Guerra de Corea arrojaban 70.000 galones de napalm: 45.000 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de 10.000 a 20.000 por su Marina, y de 4.000 a 5.000 por los Marines, que llamaban “aceite de cocina” a la gasolina gelatinosa ardiente.

Neer descubrió que en Corea se utilizaron 32.357 toneladas de napalm, aproximadamente el doble de lo que se lanzó contra Japón en 1945. En Corea se lanzaron más bombas que en todo el teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, 635.000 toneladas frente a 503.000 toneladas. “En Pyongyang, una ciudad de medio millón de habitantes antes de 1950, sólo dos edificios quedaron intactos después de la guerra”, escribió Neer. Esto sigue siendo un recuerdo vívido en Corea del norte.

En su libro “A People’s History of the United States”, Howard Zinn escribió: “Tal vez dos millones de coreanos, del norte y del sur, fueron asesinados en la Guerra de Corea, todo en nombre de la oposición al ‘imperio de la fuerza’”.

Bruce Cumings explica en su libro “The Korean War” que “de los más de 4 millones de bajas, al menos 2 millones fueron civiles. Las bajas norcoreanas se estiman en 2 millones, de las cuales cerca de 1 millón eran civiles”. También se calcula que 900.000 soldados chinos perdieron la vida en combate.

Después de que Truman destituyera al general MacArthur en mayo de 1951, el antiguo Comandante Supremo declaró ante el Congreso: “La guerra de Corea ya casi ha destruido esta nación de 20 millones de habitantes. Nunca he visto tal devastación. He visto, creo, tanta sangre y desastre como cualquier hombre vivo, y la última vez que estuve allí, se me heló el estómago. Después de ver esos escombros y esos miles de mujeres y niños […] vomité”.

Dos candidatos demócratas a la presidencia afirmaron en 2007 que retirarían de la mesa la amenaza de un ataque nuclear, en referencia a su incomodidad con la idea de la destrucción masiva deliberada de la bomba. En abril de 2006 a Hillary Clinton le preguntaron en una entrevista televisiva sobre su postura respecto a Irán. Respondió: “He dicho públicamente que no hay que descartar ninguna opción, pero desde luego yo retiraría las armas nucleares de la mesa. Este gobierno [Bush] ha estado muy dispuesto a hablar del uso de armas nucleares de una forma que no hemos visto desde los albores de la era nuclear. Creo que es un terrible error”.

El 2 de agosto de 2007 Obama declaró: “Creo que sería un grave error que utilizáramos armas nucleares en cualquier circunstancia”, haciendo una pausa antes de añadir “que implicara a civiles”. Obama se retractó rápidamente de la declaración: “Permítanme borrar eso”, pero su intención era clara y debe repetirse: la antigua amenaza de Estados Unidos de “mantener todas las opciones abiertas”, es decir, su disposición a utilizar armas nucleares contra seres humanos, debe ser abolida. Las bombas H no pueden utilizarse sin matar indiscriminadamente a cientos de miles, si no millones, de civiles, crear una mortífera lluvia radioactiva que se traslada a zonas no conflictivas, todo ello en violación de las leyes de la guerra, la Carta de la ONU y las Convenciones de Ginebra.

La crítica pública de los ataques nucleares por parte de Clinton y Obama es a la vez rara y audaz por sus implicaciones para el empleo de armas nucleares. Al menos una docena de antiguos planificadores de guerras nucleares -Kissinger, Jimmy Carter, Melvin Laird, los generales George Butler, Charles Horner, Andrew Goodpaster, y los almirantes Stansfield Turner, Noel Gayler y Hyman Rickover, entre otros- han denunciado las armas nucleares y han pedido su eliminación.

En la posguerra Ucrania será carroña para los buitres

Las oportunidades que presenta Ucrania no han pasado desapercibidas. Desde BlackRock (a quien Zelensky ha dado oficialmente la bienvenida) hasta los fondos europeos, el país está siendo observado por los gigantes financieros y por las organizaciones internacionales, decididas a imponer un clima favorable a la inversión privada. El menú es la desregulación, las privatizaciones y una “fiscalidad eficaz”.

El gobierno ucraniano no ha esperado al final de la guerra para aplicar esas reformas.

El final de la guerra no será el final del calvario para Ucrania. En los últimos meses, el jugoso asunto de la reconstrucción de la Ucrania de posguerra ha abierto el apetito.

El pasado noviembre Zelensky firmó un memorando con BlackRock que permite al Consejo financiero de la empresa -una unidad de consultores diseñada para trabajar en países en crisis- asesorar a su ministro de Economía sobre una hoja de ruta para reconstruir el país. En palabras de BlackRock, el objetivo del acuerdo es “crear oportunidades para que inversores públicos y privados participen en la futura reconstrucción y recuperación de la economía ucraniana”.

En el comunicado de prensa del Ministerio, los funcionarios son más directos y explican que quieren “atraer principalmente capital privado”. El acuerdo formaliza una serie de conversaciones mantenidas el año pasado entre Zelensky y el presidente de BlackRock, Larry Fink, durante las cuales el ucraniano subrayó la necesidad de que el país sea “atractivo para los inversores”. Según un comunicado de la oficina del presidente, BlackRock ya había asesorado al gobierno ucraniano “durante varios meses” a finales de 2022.

Ambas partes acordaron centrarse en “coordinar los esfuerzos de todos los posibles inversores y participantes” en la reconstrucción de Ucrania y “canalizar las inversiones hacia los sectores más relevantes y prometedores”. No es la primera vez que el Consejo financiero de BlackRock actúa así. BlackRock es un asesor de los Estados en materia de privatizaciones, “muy activo a la hora de contrarrestar cualquier intento de regularlas”. La empresa utilizó la crisis de 2008 -a su vez resultado de los valores respaldados por hipotecas basura en los que Larry Fink se había convertido en un maestro- para aumentar su poder e influir en los responsables políticos, a través de conflictos de intereses, puertas giratorias entre los sectores privado y público y tráfico de influencias.

En Estados Unidos, BlackRock ha suscitado una considerable controversia por su gestión del programa de inversión en el mercado de bonos de la Reserva Federal durante la pandemia, que dio lugar a que la mitad de los fondos del programa se invirtieran en… BlackRock.

Ucrania ya se encontraba en una dinámica favorable para la inversión extranjera. En diciembre del año pasado, cuando Kiev y BlackRock ya llevaban varios meses negociando, el Parlamento ucraniano adoptó una legislación favorable al desarrollo inmobiliario que había sido bloqueada antes de la guerra. Su objetivo es desregular la legislación urbanística en beneficio del sector privado, que ha estado codiciando la demolición de lugares históricos.

Se suma a los anteriores ataques del Parlamento a la legislación laboral ucraniana, heredada de la era soviética, que legalizó los contratos de 10 horas, debilitó el poder de los sindicatos y sumió al 70 por cien de la población activa en la informalidad. Estos cambios legislativos no habían sido sugeridos al Parlamento por BlackRock, sino por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y apoyados por el partido de Zelensky. Este último argumentaba: “La regulación extrema del empleo contradice los principios del mercado autorregulado […] crea barreras burocráticas a la autorrealización de los empleados”.

“Estos primeros pasos hacia la desregulación y la simplificación del sistema fiscal son emblemáticos de medidas que no sólo han resistido el impacto de la guerra, sino que se han visto aceleradas por ella”, dijo The Economist. “Con un público nacional e internacional a favor de la reconstrucción y el desarrollo de Ucrania”, suponía el periódico, las reformas se acelerarían después de la guerra, anticipando una mayor desregulación que “suavizaría el flujo de capital internacional hacia la agricultura ucraniana”. La receta para el éxito, afirmaba, era una mayor privatización de las “empresas públicas deficitarias” que “pesan sobre el gasto público”. Esta fase final de la privatización, señalaba amargamente The Economist, “se había detenido con el estallido de la guerra”.

Sin embargo, The Economist no debería haberse preocupado. La privatización es una de las principales prioridades de la Ucrania de posguerra. El pasado mes de julio, una miríada de grandes empresas europeas y funcionarios ucranianos asistieron a la Conferencia de Reconstrucción de Ucrania, diseñada para medir el progreso de la privatización del país, impuesto por Occidente tras el Golpe de Estado de 2014.

Como dejó claro el boletín de conclusiones políticas de la Conferencia, el Estado de posguerra no necesitará a BlackRock de su lado para llevar a cabo este plan de los especuladores y buitres. Entre las recomendaciones políticas se encuentran “un menor gasto público”, “un sistema fiscal eficiente” y, más en general, un avance hacia la “desregulación”. Aconseja seguir “reduciendo el tamaño del gobierno” mediante nuevas privatizaciones, una mayor liberalización de los mercados de capitales para crear un “mejor clima de inversión, más acogedor para la inversión directa de Europa y del mundo”.

La lectura de estos documentos evoca la voracidad capitalista más descabellada. Ucrania se presenta como una empresa emergente favorable a los negocios, en gran parte gracias a los nueve reactores nucleares estadounidenses de la empresa Westinghouse. No tiene nada que envidiar al lema “un país en un smartphone”, propuesto por el propio Zelensky hace tres años.

Un país en crisis que acude a gobiernos e instituciones financieras en busca de ayuda. La historia no es nueva. Luego llega la fase en la que descubre que los fondos que necesita desesperadamente se obtienen al precio de condiciones cada vez menos deseables. Entonces comienzan las reformas destinadas a desmantelar la inversión pública en la economía, abrir el mercado nacional al capital extranjero y aumentar el sufrimiento de la población.

Se trata de la repetición de un escenario que Ucrania ya ha vivido. Tras el Golpe de Estado de 2014, el FMI y representantes occidentales, como Biden, entonces vicepresidente de Estados Unidos, instaron al gobierno de Kiev a llevar a cabo reformas estructurales, como recortar las subvenciones al gas para los hogares ucranianos, privatizar miles de empresas estatales y levantar la antigua moratoria sobre la venta de tierras agrícolas. Durante la pandemia, bajo una intensa presión financiera, Zelensky aprobó esta última petición.

Por desgracia, es probable que el final de la guerra desencadene nuevos asaltos en Ucrania, dirigidos no por hombres con uniforme militar, sino con trajes de tres piezas.

De la diplomacia de las catástrofes naturales a la batalla de los terremotos

Desde Grecia ofreciendo ayuda al enemigo turco y Armenia abriendo sus fronteras con el mismo enemigo histórico, pasando por las llamadas telefónicas del presidente egipcio Al-Sissi y del rey Abdalá II de Jordania al presidente Bashar Al-Assad, hasta el aterrizaje del avión saudí en Alepo, etc., las líneas de demarcación se están rompiendo a un ritmo acelerado según el concepto que los especialistas denominan “diplomacia de las catástrofes”.

Se trata de una diplomacia basada en el principio de superar las rencillas y diferencias ante el horror de una catástrofe natural, y luego aprovechar esta superación para lograr una situación mejor y sostenible sin desenterrar los hechos del pasado. Sin embargo, el terremoto que sacudió Siria y Turquía en la madrugada del 6 de febrero pasará a la historia como el primer fenómeno de lo que podría denominarse las “batallas de las catástrofes naturales”.

Mientras un gran número de sirios recuperaban los cuerpos maltrechos de sus seres queridos de debajo de los escombros y todos los sirios se enjugaban las lágrimas para correr en ayuda de sus hermanos, una brillante idea se estaba gestando en las mentes de los expertos de la OTAN. La idea de explotar el terremoto para conseguir lo que no pudieron obtener durante los años de guerra y asedio. En otras palabras, han decidido librar la “batalla del terremoto” en lugar de practicar la diplomacia de las catástrofes naturales.

Una voluntad claramente manifestada en los últimos días en el marco de una vasta campaña mediática y diplomática dirigida por el Occidente colectivo con el único objetivo de obligar al “régimen” sirio a aceptar, bajo la presión de una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU, la apertura de pasos adicionales con Turquía, además del paso abierto en Bab Al-Hawa.

Es importante recordar que la cuestión de los pasos fronterizos se remonta a julio de 2014, cuando el Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad la Resolución 2165 presentada por Jordania, Australia y Luxemburgo. En la práctica, permite a las organizaciones humanitarias de la ONU y a sus socios entregar ayuda a través de las fronteras de Siria sin el consentimiento del Estado sirio.

“La resolución 2165 ha abierto cuatro pasos sin que el régimen sirio tenga que aprobar el acceso humanitario”, declaró encantada Samantha Power, la representante estadounidense, mientras Bashar Al-Jaafari, el representante sirio, acusaba a algunos Estados miembros del Consejo de Seguridad de utilizar la ayuda humanitaria para poner en práctica sus agendas expansionistas en Siria y Oriente Próximo.

A lo largo de los últimos años de guerra despiadada, la campaña maliciosa del Occidente colectivo se ha centrado en el aspecto humanitario para justificar la violación de la soberanía siria. Sin embargo, entre 2014 y 2023 la situación ha cambiado tanto dentro de Siria como a escala internacional. Esto permitió a Damasco, con el apoyo del aliado ruso, lograr una serie de éxitos diplomáticos, empezando por la resolución de mantener abierto un único paso fronterizo en la frontera turca, el de Bab Al-Hawa, no lejos de Idleb, y luego reducir la validez de esta resolución de 12 a 6 meses.

Con la adopción de la Resolución 2165 en 2014, y sus sucesivas renovaciones, el Consejo de Seguridad estableció un mecanismo transfronterizo que permitía a las agencias de la ONU y a sus socios utilizar los pasos de Bab Al-Salam, Bab Al-Hawa (ambos de Turquía), Al-Ramtha (de Jordania) y Al Yarubiyah (de Irak), para entregar ayuda humanitaria, sin el consentimiento de Damasco. Sin embargo, el mecanismo se redujo considerablemente en 2020 y 2021, con un único paso abierto, Bab al-Hawa (resoluciones 2504, 2533 y 2585), tras los vetos de Rusia y China.

La última prórroga de esta resolución sobre el paso fronterizo de Bab Al-Hawa fue adoptada por el Consejo de Seguridad el 9 de enero de 2023 sin sobresaltos y en calma; algunos observadores atribuyeron este hecho al enfrentamiento ruso-occidental en Ucrania, que prohibiría la apertura de nuevos frentes.

Entonces la tierra tembló y el terremoto se les apareció a los dirigtentes del Occidente colectivo como una oportunidad para volver atrás en el tiempo. Sobre todo desde que la magia se volvió contra el mago, al quedar al descubierto su práctica del doble rasero debido a su tibia respuesta a la catástrofe siria en comparación con su afán por ayudar a Turquía, y también, tras el descubrimiento de los desastrosos efectos de las sanciones y, más concretamente, de las medidas coercitivas unilaterales e ilegítimas contra Siria, sobre las posibilidades de supervivencia de las víctimas atrapadas en un clima gélido bajo los escombros.

Ante este hecho, se han alzado voces para exigir el levantamiento efectivo de las llamadas sanciones contra Siria. Voces procedentes de actores internacionales como Rusia y China, de asociaciones humanitarias, eclesiásticas, populares y mediáticas. Voces que se hacían eco del sufrimiento de los sirios, tanto en el mundo árabe como en el campo occidental, para oponerse a las sanciones internacionales y luego al levantamiento parcial y temporal anunciado por el Departamento del Tesoro estadounidense.

El 9 de febrero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que forma parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció la emisión de la Licencia General 23 (GL23) para Siria con el fin de “ayudar en los esfuerzos de socorro tras el terremoto”.

La licencia afirma: “La GL23 autoriza durante 180 días todas las transacciones relacionadas con la ayuda tras el terremoto que de otro modo estarían prohibidas… para que quienes prestan asistencia puedan centrarse en lo más necesario: salvar vidas y reconstruir… Los programas de sanciones estadounidenses no se dirigen a la ayuda humanitaria legítima… Esta nueva autorización se suma a las amplias autorizaciones humanitarias ya existentes para las ONG, las organizaciones internacionales (OI) y el gobierno estadounidense… Si bien el alivio de las sanciones por sí solo no puede revertir los desafíos estructurales de larga data y las tácticas brutales del régimen de Assad, puede garantizar que las sanciones no impidan la asistencia vital tras este desastre”.

El levantamiento de la prohibición de transferir fondos a Siria, tal y como se presenta en el artículo y el texto de la GL23, no se aplica al Estado sirio ni a ninguna de sus instituciones o sucursales, incluido el Banco Central Sirio, tampoco se aplica a ninguna empresa o asociación controlada por el Estado sirio, directa o indirectamente, dentro o fuera de Siria, ni a ninguna persona que trabaje para cualquiera de estas entidades.

La siniestra ironía del apartado (b) de la GL23, que amplía la prohibición de importar petróleo sirio y sus derivados a Estados Unidos, cuando este país y sus afiliados controlan el 90 por cien de los pozos petrolíferos de Siria. Gran parte del crudo robado se envía al norte de Irak, donde se vende a bajo precio, a veces hasta 15 dólares el barril. Después se refina y se utiliza localmente o se mezcla con petróleo local para ser comprado por Turquía, donde se consume una parte y otra se exporta a diversos destinos, entre ellos Israel. En otras palabras, Estados Unidos de América es la fuente del petróleo sirio robado, no el importador. A través de la GL23, Estados Unidos simplemente intenta salvar su imagen de defensor de los derechos humanos y absorber la creciente presión popular para que se levanten las sanciones o, más exactamente, el hermético bloqueo impuesto a Siria.

Occidente trató entonces de retomar la iniciativa humanitaria, bien a la manera de la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, que afirmó que las excavadoras de socorro no podían ser entregados a los sirios porque el “régimen ha cerrado las fronteras”, ignorando las consecuencias de las sanciones estadounidenses adoptadas por su país, o mediante el uso de la fuerza militar planeando un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad, que se adoptaría en virtud del Capítulo VII y obligaría al Estado sirio a abrir todos los pasos transfronterizos, de lo contrario es la guerra y, como mínimo, la continuación de la propaganda asesina.

El propósito de esta última maniobra en el Consejo de Seguridad es un nuevo chantaje dirigido a la soberanía siria bajo el pretexto humanitario de proteger esta vez a los sirios del noroeste del país de la ira de la naturaleza. El noroeste sirio está ocupado por Turquía y los terroristas del Frente Al-Nosra y compañía.

De ahí la propaganda que difunden los medios de comunicación, las redes sociales y los llamados “revolucionarios sirios”, tanto en Occidente como en cierto mundo árabe. Una propaganda inicua que equivale a decir: “las víctimas del terremoto son víctimas de Al-Assad, el Estado sirio no está capacitado para hacer frente a la catástrofe, unas veces por falta de voluntad, otras por falta de competencia y otras por ausencia de sentido de la responsabilidad”.

Lo anterior permite comprender la decisión adoptada por el gobierno sirio “de acuerdo con la ONU” y los departamentos implicados: la apertura de dos pasos fronterizos adicionales en Bab Al-Salam y Bab Al-Rai por un periodo de tres meses. Como resultado, los planificadores occidentales, que no esperaban tal medida, salieron decepcionados de la reunión del Consejo de Seguridad celebrada a puerta cerrada el 13 de febrero, en la que la parte rusa se apoyó en la decisión siria para decir, en esencia: “No hay necesidad de una resolución internacional”. El acuerdo del gobierno sirio de abrir dos pasos adicionales es suficiente. Se trata de territorio sirio reconocido por todos los miembros del Consejo de Seguridad, territorio sobre el que el Estado sirio tiene derecho a ejercer su soberanía.

Por lo tanto, gracias a un acuerdo bilateral entre el gobierno sirio y la ONU, Damasco ha desbaratado la trampa tendida por sus enemigos y ha logrado un doble objetivo. En primer lugar, apoyar la ayuda urgente a las poblaciones del noroeste de Siria preservando al mismo tiempo la soberanía del país de una resolución restrictiva y extremadamente peligrosa. En segundo lugar, dejar claro que el terremoto es una circunstancia excepcional que no puede sufrir la continuación de las sanciones occidentales ni el cierre continuado de ciertos pasos transfronterizos. En otras palabras: circunstancias excepcionales requieren procedimientos excepcionales.

Sólo podemos esperar las réplicas de la batalla del terremoto porque, ahora que Occidente ha perdido su batalla política, son previsibles tensiones adicionales. Y aún no hay rastro de una excavadora alemana que venga a rescatar a las víctimas sirias de la terrible tragedia…

Aktham Suleiman https://www.mondialisation.ca/syrie-de-la-diplomatie-des-catastrophes-naturelles-a-la-bataille-du-seisme/5675226

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