En marzo del año pasado el gobierno de Singapur introdujo una aplicación de rastreo de contactos, llamada TraceTogether, con el pretexto de la pandemia, para controlar a quienes pudieran haber estado en contacto con un apestado.
En la misma línea, inventaron un brazalete, al estilo del que llevan los presos en libertad vigilada.
Era sólo el principio. Unos meses más tarde, el gobierno amplía las posibilidades de acceso a los datos obtenidos con el pretexto del “contagio”: la policía podrá acceder a ellos dentro de una investigación criminal.
Lo mismo que otras, la aplicación de rastreo de contactos de Singapur utiliza el “bluetooth” del teléfono para identificar a los usuarios que han estado a menos de dos metros durante más de 30 minutos.
Si un apestado ha estado cerca, envía una notificación. Por lo tanto, no registra la ubicación del GPS necesariamente. Los datos se almacenan de forma descentralizada (compartidos en los diferentes teléfonos), y se transmiten a las autoridades sólo cuando un usuario está cerca de un apestado.
A partir de ahora, pueden ser transmitidos a la policía, si ésta lo solicita.
El sistema de rastreo de contactos introducido con el pretexto de la pandemia es otro de los grandes chollos aparecidos el año pasado. Es tan funcional que pronto será obligatorio en Singapur para acceder a los lugares públicos. La policía tendrá otra importante fuente de información… pasando por encima de los derechos fundamentales de los usuarios.
Como cabía sospechar, los pretextos sanitarios del gobierno de Singapur eran mentira. Al principio subrayó repetidamente que nunca se accedería a los datos “a menos que el usuario diera un resultado positivo” en un test y que el equipo de rastreo de contactos se pusiera en contacto con él. Los datos personales, como el número de identificación único y el número de móvil, también serían sustituidos por una identificación permanente aleatoria y se almacenarían en un servidor seguro.
La ministra encargada de la Iniciativa “Smart Nation” y la Ministra de Relaciones Exteriores, Vivian Balakrishnan, insistió en que TraceTogether no era un dispositivo de rastreo, ya que no contenía un geolocalizador y no podía conectarse a internet.
Señaló además que todos los datos de TraceTogether se cifrarían y almacenarían durante un máximo de 25 días, tras los cuales se eliminarían automáticamente. Se llenó la boca de promesas. La información la guardaría el Ministerio de Salud sólo cuando un individuo diera positivo en un test y que esto sólo se podría llevar a cabo entregando físicamente el dispositivo portátil al Ministerio.
Por lo demás, “sólo un equipo muy limitado y restringido de rastreadores de contacto” tendría acceso a los datos, dijo la ministra, señalando que eso era necesario para reconstruir el mapa de actividad del apestado. Todas las normas de protección de datos del sector público se aplicarían a los datos en poder del Ministerio de Salud…
Ahora dicen todo lo contrario. La policía toma el relevo de los sanitarios y podrá acceder a los datos para las investigaciones penales. No hablamos de un dato u otro, sino de todos los datos, que no los custodia el Ministerio de Sanidad sino el gobierno… Todo era un camelo.
El ministro de Asuntos Internos, Desmond Tan, dijo que el custodio de los datos de rastreo de contactos es el gobierno de Singapur y que se habían establecido medidas “estrictas” para salvaguardar los datos personales… Pero no hay nada que salvaguardar; la vida privada está a disposición de cualquiera.
Sólo los hipócritas se pueden sentir engañados. Desde febrero es la policía y no los sanitarios la que desempeña el papel fundamental en el rastreo de contactos. Es la policía la que identifica y localiza a las personas que han estado en contacto con los apestados. La policía realiza investigaciones sobre el terreno y examina las grabaciones de las cámaras de vigilancia para establecer la ubicación y el movimiento de las personas y sus contactos.
Ayer se actualizó la declaración de privacidad de TraceTogether para que a nadie le quepan dudas: “Los datos de TraceTogether pueden ser utilizados en circunstancias en las que la seguridad de los ciudadanos se vea o haya sido afectada. Los oficiales de policía autorizados pueden invocar los poderes del Código de Procedimiento Criminal (CPC) para pedir a los usuarios que suban sus datos de TraceTogether para investigaciones criminales. La Fuerza de Policía de Singapur está facultada, en virtud del CPC, para obtener cualquier dato, incluidos los datos de TraceTogether, para las investigaciones penales”.
Tampoco debe extrañar que el gobierno esté planeando hacer obligatorio el uso de la aplicación a todos los ciudadanos. En el Parlamento, el ministro de Educación, Lawrence Wong, animó a los residentes a descargar la aplicación, que se actualizó en junio pasado para incluir el registro de los números de pasaporte de los extranjeros…
