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Día: 7 de enero de 2021 (página 1 de 1)

Muere un médico en Miami después de recibir la vacuna de Pfizer contra el coronavirus

Un médico de Maiami, el doctor Gregory Michael, falleció dieciséis días después de recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus.

Fue vacunado el 18 de diciembre y 3 días después vio un gran número de venas reventadas en sus pies y manos, lo que le llevó a la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico en el que trabajaba.

El análisis de sangre completo (CBC) que le hicieron a su llegada mostró un recuento de plaquetas de cero (un recuento de plaquetas normal está entre 150.000 y 450.000 plaquetas por microlitro de sangre). El diagnóstico fue de trombocitopenia .

Durante dos semanas el equipo médico intentó aumentar su recuento de plaquetas, lo cual no lograron. Estuvo consciente y animado durante toda la convalecencia, pero sufrió una apoplejía sangrante causada por la falta de plaquetas, que en pocos minutos acabó con su vida.

El martes le realizaron la autopsia, aunque aparentemente es un caso clínico de trombocitopenia inmune aguda causada por una reacción a la vacuna. Consiste en la disminución de la capacidad del cuerpo para coagular la sangre y detener una hemorragia interna.

Darren Caprara, director de operaciones de la oficina del forense de Miami, dijo que trabaja con el Departamento de Sanidad de Florida y los CDC para averiguar las causas del fallecimiento de Michael. Pfizer también investiga las causas de la muerte.

Los CDC confirmaron que tienen conocimiento de la muerte del médico de Florida, dijo una portavoz por correo electrónico ayer por la noche.

Michael tenía 56 años y era ginecólogo privado en el Centro Médico Mount Sinai de Miami Beach, donde ejerció los últimos 15 años.

https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article248340795.html

El Parlamento Europeo premia los crímenes de guerra nazis

Quienes conocen de cerca los organismos internacionales saben que sus miembros son un hatajo de vagos y vividores. Es el caso de las instituciones de la Unión Europea que a cada paso buscan sumideros que los pongan ante las cámaras de la televisión.

Es también el caso del Premio Sajarov que concedió en octubre el Parlamento Europeo a… la “oposición democrática” de Bielorrusia porque son un ejemplo de “libertad de conciencia”.

“Estamos destinados a ganar y ganaremos”, dijo Svetlana Tijanovskaya, cabecilla que quiere derrocar al Presidente electo Lukashenko como sea, por lo civil o por lo militar.

Menos de dos meses antes, el 9 de agosto Lukashenko había ganado las elecciones con más del 80 por ciento de los votos porque a Tijanovskaya sólo la conecen en Bruselas. Sus votos no llegaron al 10 por ciento.

Tijanovskaya es el típico producto manufacturado por las grandes cadenas de comunicación para consumo de los espectadores occidentales y las ONG que defienden los derechos humanos.

A los que entregaron el Premio no les importó que durante la desestabilización de agosto la “oposición democrática” portara por las calles la bandera de los colaboracionistas nazis.

La bandera rojiblanca es un símbolo del período de ocupación nazi en Bielorrusia y del gobierno títere de la época, involucrado en grandes masacres cuya dimensión es imposible exagerar: los nazis y sus socios bielorrusos llevaron a la tumba a una cuarta parte de la población, incluidos 800.000 judíos.

Biden pone a un criminal de guerra al frente del Pentágono

Biden ha nombrado Secretario de Defensa al general Lloyd Austin. Será el primer negro en ponerse al frente del Pentágono.

Como buen farsante, durante la campaña electoral Biden dijo que la Guerra de Irak había sido un “error”. Pues bien, Austin ayudó a dirigir dicho “error”. Primero dirigió la invasión y luego la ocupación militar.

En 2010 dirigió el entrenamiento de las ISF (Fuerzas de Seguridad Irakíes), que pronto destacaron por los crímenes de guerra que cometieron en Mosul. Una unidad de las ISF fue grabada golpeando y matando a irakíes desnudos, incluyendo a un niño.

En 2013 fue nombrado comandante del Centcom, oficialmente conocido como Comando de Combate, que está al mando de todas las tropas de Estados Unidos en Oriente Medio. Es uno de los 11 grupos de tropas de Estados Unidos en una región específica del mundo.

Entre las atrocidades más documentadas cometidas por las tropas de Austin en Oriente Medio figura la destrucción de ciudades enteras de Siria, el bombardeo de un hospital en Afganistán, en el que murieron 42 personas, y el comienzo de la guerra infame que Estados Unidos desató contra el pueblo yemenita, junto con Arabia saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Después de retirarse del ejército en 2016, Austin se unió a la empresa Raytheon, el tercer mayor contratista de defensa de Estados Unidos y uno de los mayores fabricantes de armas del mundo.

Dado que un tercio del equipo de transición de Biden proviene de empresas de la industria armamentista y de equipos de consulta, es lógico que los intereses comerciales de Raytheon estén representados por el secretario de Defensa.

Austin también forma parte de la junta directiva de Tenet Healthcare, un conglomerado de empresas con fines de lucro dedicadas a la atención de la salud que utilizó el dinero de los impuestos del seguro médico “Cares” para llenarse los bolsillos durante la pandemia.

Para que los civiles pudieran controlar mejor al ejército, en 1947 Estados Unidos aprobó una ley que prohíbe a los militares retirados, como Austin, ocupar cargos en el Pentágono cuando llevan menos de siete años jubilados.

Es papel mojado. Trump ya se la saltó al nombrar a James Mattis como secretario de Defensa. Lo mismo va a ocurrir con Austin.

Para tapar el asunto y la biografía de Austin, la prensa internacional va a iniciar una campaña de imagen destacando que Austin es negro y que es la primera vez que un negro se pone al frente del Pentágono. Para ascender a esas alturas, los negros tienen que cometer tantos crímenes como los blancos, por lo menos.

Las trabajadoras camboyanas ocupan una fábrica cerrada a causa del confinamiento

En marzo el propietario de una fábrica textil a 50 kilómetros al sur de la capital de Camboya, Phnom Penh, la tuvo que cerrar a causa del confinamiento impuesto por el gobierno. A las trabajadoras no les pagaron sus salarios, ni tampoco ninguna clase de indemnización.

Creyendo que el cierre era temporal, las trabajadoras pidieron préstamos para alimentar a sus familias y se endeudaron.

En diciembre una parte de la plantilla ocupó la fábrica. Vigilan las máquinas de coser porque el dueño ha enviado matones para desalojarlas y apoderarse de las instalaciones.

“Estas máquinas son mi dinero; son mi vida”, dijo Vanna, una trabajadora, prometiendo retenerlas hasta que reciba unos 2.000 dólares en sueldos y bonificaciones adeudados desde el cierre.

El sector textil de Camboya, con un volumen aproximado de 7.000 millones de dólares -el mayor empleador del país, con 800.000 trabajadores, en su mayoría mujeres- ha sufrido un doble golpe este año debido al confinamiento y a los recargos ilegales impuestos por la Unión Europea con el pretexto de las violaciones de los derechos humanos.

‘Trabajo en la mina para comprarme un televisor de pantalla plana’, dice un niño boliviano

Hace 700 años, el cerro de Porco ya era el primer yacimiento de plata en Potosí, antes del descubrimiento del Cerro Rico. Hoy en día, más de un millar de cooperativistas aún rasgan el mineral de las entrañas de ese macizo, entre ellos adolescentes y niños pertenecientes a familias de bajos recursos económicos que migran desde otras regiones del país.

En las cooperativas mineras de Porco el trabajo infantil es un secreto a voces. Cuando la cotización de los minerales está en alza, decenas de familias de escasos recursos con adolescentes y niños llegan para trabajar en la mina atraídos por la buena paga.

Mientras los dirigentes niegan aquel extremo al afirmar que hay jóvenes desde los 18 años, otra es la realidad en los polvorientos senderos que conducen al yacimiento minero a más de 4.100 metros de altitud, hasta donde suben cada mañana, entre mineros adultos, algunos menores de edad.

En Bolivia, el trabajo de los adolescentes es legal desde los 14 hasta los 18 años y para ello se debe llenar un formulario que permite a las autoridades hacer un seguimiento a sus derechos. Esa tarea fue encargada a la jefaturas de trabajo departamentales, gobiernos municipales y departamentales a través de sus unidades de protección a los niños, niñas y adolescentes.

La norma no se cumple. “Sí, sí, hay menores de 14 años y cuando subimos (al cerro) a realizar una inspección laboral, ellos se van. Saben (los cooperativistas) que no deben estar ahí los menores de 18 años. (Pero) Les hacen trabajar clandestinamente y creo que por eso a las dos semanas ya los empiezan a sacar” de las cooperativas, sostiene Jhosseline Gaspar, directora del SLIM (Servicio Legal Integral Municipal) de Porco.

Desde la Unión de Niñas Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (Unatsbo) Héctor Soliz, el responsable y colaborador en Potosí, confirma que hay niños mineros trabajando en varias minas del departamento de Potosí. Cita además al Cerro Rico y los centros mineros de Llallagua y Uncía.

Por una pantalla plana de televisión

En Porco y el Cerro Rico de Potosí, en muchos casos, los niños y adolescentes crecen con el ideal de convertirse cuando sean grandes en mineros exitosos. Las historias de familiares que encontraron una veta de plata que les cambió la vida son habituales en un contexto donde hay pocas oportunidades de trabajo. La primera alternativa es la mina, la otra opción es migrar a la Argentina.

En Porco el mítico cerro alberga a tres cooperativas y una empresa privada. Huayna Porco es una de las cooperativas, que posee unos 380 socios y si contamos a los obreros, la cifra fácilmente supera los 600 trabajadores, que en épocas de buenos precios del mineral puede duplicarse.

En afueras de uno de los socavones, un adolescente espera que el reloj dé las 9:00 para ingresar a la mina. “Yo vine con mi papá, él es de Cochabamba y estoy acá porque quiero ganarme algo de dinero para comprarme un televisor de pantalla plana. El trabajo no es peligroso, sólo hay que cuidarse de las explosiones” de dinamita, cuenta José. Asegura que tiene 15 años, su rostro dice otra cosa.

Los cascos les quedan grandes, los uniformes quedan sueltos para estos adolescentes que desafían el frío con poleras deportivas para luego entrar al cerro, donde las decenas de galerías dejaron al macizo como un verdadero hormiguero, un rincón por el que transitan los “niños topos”.

“El 2019 también vine (tenía 14 años). El polvo (copajira en interior mina) nos hace mal, de eso también hay que cuidarse”, añade José (nombre ficticio). Al igual que otros mineros, no usa barbijos pese al riesgo del contagio del coronavirus aún latente en Bolivia: otra amenaza sanitaria que ignoran en las minas.

Trabajar en la mina es peligroso, pero lo es aún más en el sistema cooperativista, donde en algunos casos los obreros y los adolescentes, que dependen de un socio, no cuentan con el seguro médico. Cada uno se protege y cuando hay un accidente se comunican entre ellos, para auxiliar. El socio se hace cargo y se le paga su indemnización al obrero, que puede ser menor de edad, cuenta el minero Ubaldino Rodríguez.

Nicolás Marín, uno de los responsables de la Fundación Voces Libres, que ayuda a niños y mujeres guarda en el departamento, refiere que “los niños se accidentan en las minas, pero nadie se hace cargo de los gastos”.

Accidentes laborales de los niños

Reyna Paucara Canaza, directora del Centro de Salud de Porco, hasta donde llegan muchos cooperativistas después de algún accidente laboral, informa que entre julio y octubre de 2020, seis mineros fallecieron. La cuarentena por la pandemia, que paralizó las operaciones desde marzo hasta mediados de julio, redujo también el número de lesionados.

No obstante, cuando el precio del mineral está alto, llegan más obreros y por semana muere una persona, por lo que en un año se puede llegar hasta 48 fallecidos en la montaña. “Tenemos tres accidentes mínimos por semana (144 por año) y las muertes son de uno por semana (48). Eso pasó en 2017”, cuenta Paucara. Lesiones por caída de rocas, planchones son las más comunes. En muchos casos los mineros asumen los gastos.

El centro de salud de Porco recibe pacientes mineros cooperativistas adultos, pero también a menores. Los más jóvenes son de 11, 12 y 13 años, pero también de 15 y 17 años, “que es lo más común”, corrobora la directora.

No sólo llegan pacientes mineros varones. En 2017, producto de una intoxicación con los gases minerales, un grupo de mineros fue evacuado hasta ese centro. “El gas se impregna a la ropa y, claro, teníamos que desvestirlos y en esa tarea encontramos a una jovencita. Era mujer. Se visten de hombres para trabajar en la mina, porque les pagan bien”, indica Canaza.

En Porco, además de las cooperativas, opera la empresa Illapa, que tiene trabajadores asalariados que, según la empresa, acceden al seguro de salud dotados de ambulancias y equipos médicos para la atención inmediata. Los cooperativistas deben acudir al sistema de salud pública, entre ellos niños y adolescentes.

Los cooperativistas lo niegan

Carlos Mollo, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí, que agrupa al menos unas 80, que dan empleo a unos 50.000 trabajadores en toda esa región, rechaza que exista trabajo infantil en las minas.

“No entran (los menores) porque no son productivos. Los hijos de las palliris (seleccionadoras de mineral) venden mineral, pero no entran a la mina”, afirma enfático Mollo desde su oficina en el centro de la ciudad de Potosí. Para él los jóvenes que ingresan a interior mina tienen 18 años. Consultado sobre la realidad en Porco, a 52 kilómetros de la capital potosina, Mollo indica que en esa zona minera tienen normas distintas y está alejada de nuestra federación.

Cuando se le informó que el centro de salud atiende también a mineros de 11 hasta 17 años, Mollo respondió sorprendido: “Son 80 cooperativas que hay que atender, tenemos poco tiempo, pero tenemos dirigentes que trabajan en los talleres de sociabilización contra el trabajo infantil, pero no siempre estamos llegando al 100 por 100 (de las cooperativas). Esa es una de nuestras debilidades, haremos que mejore, porque no podemos permitir que niños y niñas estén corriendo ese riesgo”.

Elías Choque, presidente de la administración de la Cooperativa Huayna Porco, sostuvo por su lado que no admiten el trabajo infantil. “No permitimos en áreas mineras el trabajo infantil, porque es un delito que un menor de edad trabaje en la mina. Es riesgoso”.

Explicó que en algunos casos, hijos acompañan a sus padres que a la vez son socios, pero los menores no trabajan. El socio debe ser responsable de su hijo, no puede entrar a la mina. Ahora, de vez cuando, los llevan para que se distraigan, pero no se permite que trabajen en interior mina.

Hebert Ruiz, jefe departamental de Trabajo en Potosí, no respondió. Con anterioridad, el entonces responsable de ese despacho, Alberto Calle, sostuvo que ese despacho no tiene la tuición para fiscalizar a las cooperativas mineras.

Desde los 7 años, los niños realizan 7 tareas en las minas

En los centros mineros, niños y adolescentes que en la mayoría de los casos son hijos de mineros o mujeres guarda, ineludiblemente comienzan a temprana edad su vínculo con esta actividad. En un primer momento escogen el mineral con sus madres, hasta convertirse en perforistas cuando cumplen los 18 años.

Nicolás Marín, activista de la Fundación Voces Libre, que ayuda a mujeres y niños que cuidan las bocaminas en Potosí, revela que los menores de edad desempeñan cinco oficios en el trayecto hasta convertirse en mineros adultos.

Un dirigente de la mina San Germán tenía a sus dos hijos de siete y ocho años trabajando y cuando yo le pregunté por qué lo hacía, me respondió: “Por si me pasa algo a mí, ellos deben aprender”, relata Marín.

En las minas del Cerro Potosí y también de Porco algunos niños de siete y ocho años, pertenecientes a familias de mineros cooperativistas, empiezan con tareas sencillas. “A los siete y ocho años comienzan a elegir el mineral (pequeños palliris) como sus madres”, añade Marín.

Luego al cumplir los 12 años comienzan a ingresar a los socavones para empujar las carretillas y por ello son bautizados como los carretilleros. Dos años después, cuando cumplen 14, entran a la mina a chasquear con pala material minero a los carros. Cargar con pala el producto minero.

“A los 16 años comienzan a carretear”, indica Marín. Aquella labor requiere de mucha fuerza porque se debe empujar el carro con el mineral por los rieles y tras toda esa experiencia de aproximadamente ocho años, el adolescente ya está listo para ser perforista, que también requiere de mucha energía para sostener la máquina y soportar el golpeteo sobre la roca.

En Porco, la directora del SLIM (Servicio Legal Integral Municipal), Jhosseline Gaspar, informa que debido a que algunos cooperativistas no avisan que tienen a menores de edad trabajando para ellos. Cuando hay accidentes o fallecen sus papás y quedan niños, no nos avisan (los cooperativistas) y tenemos que investigar para ayudarles, porque en algunos casos no les quieren resarcir económicamente.

Héctor Soliz, coordinador y colaborador de la Unión de Niñas Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (Unatsbo), añade que tras una inspección laboral detectaron a 19 menores de edad en cooperativas de Llallagua y Uncía, pero que no hay datos generales del departamento de Potosí.

No obstante, la directora del centro de salud de Porco, Reyna Paucara, confirmó que los pacientes mineros, que atienden periódicamente, tienen entre 11 y 17 años. En 2017, una jovencita, que se disfrazó de varón sufrió un accidente laboral y fue evacuada al nosocomio.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/4/ninos-topos-eslabon-oculto-de-mineria-cooperativizada-en-porco-279978.html

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