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Mes: septiembre 2020 (página 13 de 15)

Cuantos más ‘casos’ descubran, más dinero recibirán las comunidades autónomas del Fondo Covid-19

Las comunidades autónomas se han lanzado como posesos a hacer tests de coronavirus.

¿Por qué?

Porque de esa manera encontrarán más “casos”, más “positivos” y más “brotes”.

¿Para qué quieren más “contagiados” las comunidades autónomas?

La explicación está en el Decreto-Ley 22/20 de 16 de junio, por el que se crea el Fondo Covid-19 y se establecen las reglas para el reparto de la pasta (*). Hay 16.000 millones de euros para repartir en varios tramos.

Es una carrera. Cuantos más “casos”, más dinero. Para obtener más subvenciones hay que encontrar “casos” por todas partes.

En su primer tramo (6.000 millones de euros), el 30 por ciento del Fondo Covid-19 se repartirá entre las comunidades autónomas según el número de “contagiados” que se hayan notificado hasta el 30 de abril.

Otro 10 por ciento se distribuirá entre ellas según el número de pruebas de PCR realizadas hasta esa misma fecha.

Finalmente, otro 25 por ciento quedará a expensas del número de casos de coronavirus notificados y de pacientes que han precisado hospitalización hasta el 30 de abril.

En su segundo tramo (3.000 millones de euros), el reparto es parecido, pero alcanza a los “casos” hasta el 31 de octubre. El reparto se llevará a cabo “según el número de casos de Covid-19 notificados y de pacientes que hayan precisado ingreso en UCI a 31 de octubre de 2020”.

Otro 10 por ciento de este tramo se repartirá en función del “número de pruebas realizadas mediante PCR”.

Finalmente, un 20 por ciento de la pasta se distribuirá “según el número de casos de Covid-19 notificados y de pacientes que hayan precisado hospitalización”.

(*) https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf

Estados Unidos impone sanciones económicas a los laboratorios rusos que han creado la primera vacuna contra el coronavirus

A los platós de televisión deberían ir los economistas o los expertos en geoestrategia para hablar del coronavirus porque lo que está en juego es algo más que la salud.

La carrera para desarrollar la primera vacuna contra el coronavirus ha sido como la carrera espacial. Ha ganado el mismo (o parecido) corredor, el competidor ha quedado humillado y no admite su derrota porque es muy mal deportista.

Algo tienen que hacer porque los organismos sanitarios han dado sus bendiciones a la vacuna rusa y hay que impedir su difusión por cualquier medio. Si no es por motivos sanitarios, será por motivos abiertamente imperialistas, como las sanciones económicas, y entonces se acuerdan del Departamento de Comercio.

Por la puerta falsa introducen a los laboratorios rusos que han creado la primera vacuna contra el coronavirus en la lista negra de sanciones (1). Es evidente, pues, que las vacunas son uno de tantos métodos de guerra económica.

Por eso el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, ha hablado de “competencia desleal” respecto a los fármacos rusos.

Más de una cuarta parte de la población mundial vive en los países sometidos a las sanciones de Estados Unidos. En abril una empresa rusa envió respiradores a Estados Unidos como ayuda humanitaria para los hospitales que trataban a los pacientes. Más tarde Reuters reveló (2) que la empresa rusa había estado sometida a las sanciones desde 2014. Pero el envío era gratuito y no lo podían rechazar, ni siquiera aunque procediera de Rusia.

La vacuna rusa ha sido desarrollada por el Instituto de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya del Ministerio de Sanidad de Rusia, en un proyecto de investigación conjunto con el 48 Instituto Central de Investigación del Ministerio de Defensa de Rusia (3).

El 27 de agosto el Departamento de Comercio impuso sanciones al referido 48 Instituto. Washington le acusa de estar asociado a los programas rusos de armas químicas y biológicas (4).

El gobierno de Estados Unidos no quiere que la vacuna rusa interfiera en los 6.000 millones de dinero público que se están asignando a las empresas farmacéuticas estadounidenses dentro de la Operación Velocidad Punta, a la que ya nos hemos referido en otras entradas.

(1) https://www.federalregister.gov/documents/2020/08/27/2020-18909/addition-of-entities-to-the-entity-list-and-revision-of-entries-on-the-entity-list
(2) https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-usa-sanctio/russian-ventilators-shipped-to-us-made-by-firm-under-us-sanctions-rbc-idUSKBN21L243
(3) https://tass.com/science/1183689
(4) https://www.rferl.org/a/us-blacklists-russian-entities-for-chemical-biological-weapon-research/30805564.html

En 2014 la CIA prometió que ya no volvería a utilizar las vacunas como tapadera para espiar

En 2014 la Casa Blanca anunció su compromiso de no volver a usar nunca una campaña de vacunación como tapadera en una operación de espionaje. Nunca lo hicieron, pero por si acaso prometieron que no lo volverían a hacer.

En enero de 2013 los rectores de 16 institutos de salud pública de Estados Unidos escribieron a Obama protestando por el recurso a un programa de vacunación de hepatitis en Abbottabad (Pakistán), donde se escondía Osama Bin Laden, para lograr muestras de ADN que permitieran saber si allí estaba el cabecilla de Al Qaeda.

La Casa Blanca no reconoció los hechos, pero garantizó que la CIA no volvería a utilizar falsas campañas de vacunación.

Antes del supuesto asesinato de Bin Laden en mayo de 2011 en Abbottabad, la CIA utilizó al médico paquistaní Shakil Afridi en una operación de vacunación encubierta en las cercanías del recinto en el que se refugiaba el dirigente de Al Qaeda, para tomar muestras de ADN que permitieran establecer que había familiares de Bin Laden en la zona.

Anteriormente Afridi había participado varios programas de vacunación financiados por Estados Unidos. En enero de 2012 funcionarios estadounidenses admitieron públicamente que el médico había trabajado para sus servicios de inteligencia.

La operación de vacunación en Abotabad fracasó y el médico-espía fue condenado a más de 30 años de cárcel en Pakistán por traición. Estados Unidos salió en su ayuda redujo la ayuda a Pakistán por en 33 millones de dólares: un millón por cada año de cárcel.

Luego las presiones diplomáticas lograron que su sentencia fue revocada. En Estados Unidos el médico es un héroe y en su campaña electoral de 2016 Trump prometió que lograría su liberación a los “dos minutos” de ser elegido. No ha sido así.

La falsa campaña de vacunación llevó a que se extendiera la desconfianza hacia cualquier grupo de médicos o enfermeros que pretendían programas de inmunización.

El fraude que representaba el doctor Afridi fue revelado en 2011, tras la muerte de Bin Laden, por un periódico británico y confirmado por el entonces director de la CIA Leon Panetta. La exposición a la luz pública de la estratagema llevó a que varios grupos de aldeanos de las zonas tribales en la frontera afgana y grupos de talibanes dieran por abierta la veda contra los trabajadores sociales que llevaban a cabo campañas de vacunación, acusándolos de espías. En su momento, la OMS (Organización Mundial de la Salud) reconoció que la treta de la CIA había sido un duro revés para sus campañas.

El uso de espías camuflados en misiones sanitarias ha sido un obstáculo importante para conseguir llevar la vacuna a algunas zonas de países como Afganistán, Pakistán o Nigeria. Tras destapare el caso Afridi, hubo varios ataques al personal sanitario en Pakistán y Nigeria, con un par de decenas de muertes.

El recelo a estas campañas sanitarias no es nuevo. En 2004 hubo un parón en las actividades de vacunación al norte de Nigeria. Los grupos islamistas denunciaron que los fármacos producían esterilidad en la población, lo que se interpretó como un intento de las potencias occidentales para reducir el auge demográfico del país.

https://elpais.com/sociedad/2014/05/20/actualidad/1400599997_336601.html

Todo lo que sale de un científico es ciencia y todo lo que sale de un tribunal es justicia (amén)

Varios centenares de científicos de la Spilf (Sociedad Francófona de Patología Infecciosa) han presentado recientemente una denuncia contra el profesor Raoult acusándolo de utilizar su tratamiento contra el coronavirus a base de hidroxicloroquina y azitromicina sin que haya pruebas científicas de su eficacia.

La batalla contra la hidroxicloroquina llega, pues, a los tribunales y unos científicos demandan a otros… Perdón: se nos ha olvidado decir que estos últimos no son en realidad científicos, sino otra cosa, es decir, que el patrimonio de la ciencia es exclusivo de los demandantes.

Pero, ¿quiénes son esos demandantes que, a modo de nuevos y feroces inquisidores llevan la ciencia ante los estrados de los tribunales?

Es algo que no se le hubiera ocurrido a ningún científico por su cuenta, ni tampoco a una asociación como Spilf.

Este tipo de asociaciones tienen muchas caras y caretas y, dependiendo de la función de teatro que tienen que representar, muestran unas u otras. Incluso a veces también muestran su cara científica (pero sólo a veces).

Lo han adivinado: Spilf está financiada por varios laboratorios farmacéuticos. Dime quién te paga y te demostraré que eres un chapero al que le da igual servir a un cliente que a otro; lo importante es que pague.

En los últimos tres años Spilf ha recibido más de 200.000 euros anuales en “donaciones” en forma de remuneración, prestaciones o convenciones.

La prensa europea ni siquiera se ha tomado la molestia de recordarlo porque es de dominio público: la información está disponible en la base de datos eurofordocs.fr.

La financiación de Spilf por las empresas farmacéuticas crece con el transcurso de los años: 858.000 euros en subvenciones durante veinte años y 610.000 sólo en los últimos tres.

Tampoco se sorprenderán: Gilead es uno de los principales donantes de los científicos de verdad. En 2017 les entregaron 40.000 euros y otros tantos al año siguiente para que pudieran celebrar dos convenciones científicas.

Lo venimos diciendo desde el principio: Gilead quiere imponer su fármaco antiviral, el remdesivir, que compite con la hidroxicloroquina en condiciones muy desfavorables porque es mucho más caro.

El 29 de julio la Comisión Europea firmó un contrato con Gilead que le garantiza el suministro de Veklury, que es el nombre comercial del remdesivir.

En otras palabras: toda la campaña “científica” en la que participan “científicos”, revistas “científicas”, asociaciones “científicas”, prestigiosas universidades y medios generalistas no es más que la competencia de unos capitales contra otros.

Lo nuevo es que ahora se meten los tribunales por medio, que juzgarán al profesor Raoult como juzgaron a Galileo hace 400 años.

Pero en ningún caso deben dudar que si todo lo que sale de un científico es ciencia, todo lo que sale de un tribunal es justicia. ¿Verdad que sí?, ¿o son Ustedes unos malos conspiranoicos?

 

 

La afirmación de Angela Merkel sobre el envenenamiento de Navalny a manos de Putin es falsa

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko afirma haber interceptado una conversación entre Varsovia y Berlín sobre la falsificación del envenenamiento del opositor ruso Navalny.

Hoy Lukashenko ha declarado que su país ha interceptado una conversación entre Varsovia y Berlín de la que se desprende que la reciente afirmación de la canciller alemana Angela Merkel sobre el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny es una falsificación.

“Observando los acontecimientos rusos, me di cuenta de que Occidente tiene una nueva característica distintiva: otra vez el novichok, otra vez envenenamiento. Debo decirle que ayer o anteayer, antes del discurso de Merkel —esta dijo que a Navalny le querían cerrar la boca— interceptamos una conversación… Entendemos que Varsovia habla con Berlín”, afirmó Lukashenko durante una reunión en Minsk con el primer ministro de Rusia, Mijail Mishustin.

El dirigente bielorruso señaló que compartirá la grabación junto con la transcripción con el FSB, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, y también se lo dará a leer a Mishustin. Según Lukashenko, la grabación “claramente dice que es una falsificación: no hubo ningún envenenamiento de Navalny”.

“Que yo entienda, un grupo de especialistas prepararon los hechos para la Administración de Merkel y a lo mejor también las declaraciones que hizo. Lo hicieron para —voy a citarlo— ‘quitarle las ganas a Putin de meter las narices en los asuntos de Bielorrusia’”, declaró Lukashenko.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, ha señalado que el Kremlin de momento no dispone de los detalles acerca de los datos de los servicios de inteligencia de Minsk que apuntan que el envenenamiento de Navalny pudo haber sido falseado.

Ayer el gobierno alemán anunció que tenía “pruebas inequívocas” de que Navalny fue envenenado “por un agente nervioso del tipo novichok”.

El 20 de agosto Navalny fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Omsk después de desvanecerse en el interior un avión que iba a llevarlo de vuelta a Moscú desde Tomsk, en Siberia.

De Omsk fue trasladado a un hospital de Berlín, donde el ejército le ha examinado, concluyendo con que la causa de su estado era el envenenamiento.

Un envenenamiento con novichok habría causado la muerte a Navalny y no un coma, según uno de los científicos que desarrollaron el tóxico.

La teoría de la conspiración ‘buena’: Putin ha envenenado a otro de sus opositores

¿Creían Ustedes que sólo había una teoría de la conspiración y una única especie de conspiranoicos? Se vuelven a equivocar porque hay dos, como todo en este mundo: los buenos y los malos. ¿Quiénes son los buenos? Nosotros, claro. ¿Quiénes son los malos? Los que no están de acuerdo con nosotros.

Una teoría de la conspiración “buena” es la que leímos ayer en las cadenas de información del mundo entero: Alexei Navalny, el opositor a Putin, ha sido envenenado por orden del Presidente ruso con un derivado del ya famoso novichok.

¿Cuál es la fuente? Un laboratorio del ejército alemán que le ha examinado. Naturalmente, la fuente que hasta ahora ha dicho lo contrario, que fue una hipoglucemia, miente porque es un hospital ruso.

Apenas hacen falta más pruebas porque, como ha dicho el Washington Post, es un método tradicional con el que Putin elimina a sus adversarios políticos (1), como es el caso de Piotr Verzilov (de los Pussy Riots), Vladimir Kara-Murz y otros que nosotros añadimos por nuestra cuenta: Anna Politovskaia, Alexander Litvinenko, Boris Nemtsov, Serguei Skripal

Seguro que los lectores no han podido evitar escuchar ese tipo de noticias. Tan seguro como que jamás han leído que el dirigente palestino Yasser Arafat fue envenenado con polonio-210, es decir, igual que Litvinenko.

Ahora bien, que Navalny haya sido envenenado por Putin es moneda corriente, pero que Arafat haya sido envenenado por el Mosad es propio sólo de conspiranoicos y por eso los medios nunca han dicho nada al respecto.

En la larga lista de envenenados, El Mundo incluyó a Katerina Yushenko (2), la mujer del Presidente ucraniano de 2005 a 2010 que llamó a “limpiar de suciedad” su país, renunciar a los símbolos “satánicos” del comunismo y mandarlos al “basurero de la historia”. Hasta que los ucranianos no lo hicieran “no podrán recibir el bienestar ni la bendición divina”.

Poco después llegó esa “bendición divina” en forma de Golpe de Estado fascista, pero antes su marido también fue envenenado. Por lo menos eso dijeron los médicos que le trataron en el hospital Rudolfinerhaus de Viena, aunque aquella vez el veneno utilizado fueron dioxinas ingeridas por vía oral.

En 2004 los Yushenko participaban en la campaña electoral que los llevaría a la Presidencia y su enemigo era Viktor Yanukovich, al que sólo barrerían del mapa diez años después con el Golpe de Estado fascista.

Este tipo de batallas no se entablan sólo entre un gobierno y la oposición. A veces todo es mucho más familiar, como en el caso de Navalny: su mujer es hija de Boris Abrosimov, un antiguo jefazo del KGB que ahora ejerce como banquero a cargo de los activos rusos en Londres. Abrosimov es un hombre muy cercano a Alexander Lebedev, antiguo coronel del KGB. En 2008 la revista Forbes lo incluyó entre los oligarcas rusos más poderosos y la 358 persona más rica del mundo. Es propietario de varios periódicos británicos, como “The Independent” o “Evening Standard” y a su hijo le han nombrado recientemente “par” del Reino Unido.

Navalny no es, pues, ningún opositor ruso. Mucho menos los medios le pueden presentar como un campeón de la lucha contra la corrupción en Rusia. Es un peón de la oligarquía, metido hasta las cachas en todos y cada uno de sus tejemanejes. Lo pueden llamar “corrupto” si la palabra no fuera otra cosa que un sinónimo del mismo capitalismo ruso.

En otras palabras: Navalny ha luchado contra la corrupción tanto como Bárcenas.

(1) https://www.washingtonpost.com/world/2020/08/21/why-poison-is-weapon-choice-putins-russia/
(2) https://www.elmundo.es/internacional/2020/08/20/5f3eb3be21efa0543d8b459f.html

Estados Unidos sanciona a la fiscal del Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda

Ayer Estados Unidos anunció que sancionaba a la fiscal del Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, y a todos los que la ayuden en sus tareas. Bensouda es una jurista gambiana de 59 años, que ejerció como ministra de Justicia de su país.

“Cualquier individuo o entidad que continúe ayudando materialmente a la fiscal también está sujeto a sanciones”, dijo Mike Pompeo, secretario de Estado, en una conferencia de prensa.

Como cualquiera que se interpone en su camino, Bensouda se ha convertido en la diana de Estados Unidos porque intenta abrir una investigación sobre los crímenes cometidos por los soldados estadounidenses en Afganistán.

En junio de este año Trump emitió una orden ejecutiva por la que autorizaba la imposición de sanciones a “funcionarios, empleados y agentes, así como a sus familiares directos” que trabajaran en la Tribunal Penal Internacional.

Hasta ahora el Tribunal Penal Internacional se ha dedicado a perseguir a políticos africanos en exclusiva, lo que desató numerosas críticas en el Continente Negro, que lo vieron como un nuevo instrumento colonialista.

Entonces nombraron a Bensouda para el cargo de fiscal y trataron de lavar su imagen con una investigación dirigida contra los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán.

En una entrevista a la cadena France 24, Bensouda dijo que las sanciones estadounidenses contra el Tribunal Penal Internacional constituyen un “ataque sin precedentes” contra la independencia del sistema judicial internacional ya que, generalmente, están reservadas a los terroristas y a señores de la guerra.

De momento no está claro si los jueces del Tribunal también están sancionados.

Una búsqueda en la base de datos SDN, donde constan los países, instituciones, empresas y personas sancionadas por Estados Unidos, muestra que la fiscal gambiana aparece dos veces, una con su nombre completo, Fatou Bom Bensouda, en la categoría de sanciones del ICCP impuestas por la orden ejecutiva de Trump.

El confinamiento arruina a los campesinos africanos

Con cara seria, Jean Woulabonn mira sus tomates, deteniéndose para ver la podredumbre que los corroe. Habla de “hecatombe” y nos recuerda que en siete años de gestión del cultivo, nunca ha tenido que enfrentarse a tantas pérdidas.

A su lado, Dorcas Ther Andjick, la esposa del propietario de la plantación de seis hectáreas en Nyokon II, un pueblo del centro de Camerún, pone una cifra al desastre: más de 8 millones de francos CFA (más 12.200 euros) invertidos, más de 7 millones de francos CFA de deuda, salarios atrasados de los diez trabajadores, una cosecha arruinada. “Al principio, estábamos vendiendo con pérdidas. Preferimos dejar que la fruta se pudra en el campo”, dice.

Los confinamientos y el cierre de fronteras han arruinado a muchos campesinos africanos. Desde que el Camerún declarara su primer caso de coronavirus el 6 de marzo, el gobierno cerró las fronteras terrestres, marítimas y aéreas.

En aquel momento, creyendo que la medida era sólo temporal, los cultivadores de tomates, que ya se dedicaban a la siembra, no cambiaron sus planes.

Más de 329.000 pequeños campesinos, principalmente en las regiones occidental, central y noroccidental, se ganan la vida con este cultivo, que proporciona 1,65 millones de puestos de trabajo.

En los últimos años, se ha convertido en lo que Alain Kantar, un joven productor de Nyokon II, ha rebautizado como “oro rojo”.

“Cuando inviertes 1,5 millones de francos CFA, puedes obtener un beneficio anual de casi un millón”, dice. Una docena de otros campesinos confirman que los tomates son “extremadamente rentables”. O más bien lo eran.

El confinamiento ha dificultado el comercio con los países de la región. Gabón y Guinea Ecuatorial, que se encuentran entre los principales clientes, han ralentizado considerablemente las transacciones. Y el cierre de las fronteras con Nigeria interrumpió las compras a ese país, el principal importador.

El tomate que antes se exportaba permanece en Camerún. Este excedente se devuelve al mercado local, lo que hace que la oferta sea mayor que la demanda, provocando una fuerte caída de los precios.

Aunque los tomates se han convertido en la fruta más consumida por los cameruneses, la producción media, estimada en 889.800 toneladas anuales, inunda ahora los mercados, donde las cajas han visto caer sus precios a 1.000 ó 2.000 francos CFA o incluso menos. Este es un precio de dos a diez veces más bajo que en años anteriores.

Las consecuencias son catastróficas para los productores que no han podido recuperar sus inversiones. Al menos tres de ellos se han quitado la vida, “arruinados”, “endeudados”, “acosados por sus acreedores”. Temiendo ser encarcelados por no poder pagar sus deudas, abandonaron sus campos y huyeron de sus pueblos.

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/31/au-cameroun-la-detresse-des-producteurs-de-tomates-face-au-covid-19_6050494_3212.html

La pandemia rescata los campos de concentración para migrantes y apestados

Cientos de etíopes han sido recluidos en al menos dos “centros cerrados” en Arabia saudí, supuestamente destinados a frenar la propagación del coronavirus y donde las condiciones de supervivencia son literalmente espantosas.

La información la publicó el domingo el periódico británico The Telegraph. Procede del periodista etíope Zecharias Zelalem y el británico Will Brown y va acompañada de imágenes y filmaciones de vídeo.

“Los guardias tiran los cadáveres como si fueran cubos de basura”, dijo uno de estos reclusos etíopes que fue contactado clandestinamente por los periodistas.

Todos los presos entrevistados describen un infierno en el campo de concentración: la promiscuidad de cientos de hombres con un calor terrible, azotados al ritmo de gritos racistas, poca agua, poca comida…

Las imágenes filmadas por los teléfonos móviles y enviadas al periódico son horribles: letrinas desbordadas, ventanas bloqueadas, llamadas desesperadas de hombres con sus camisas y pies descalzos, vadeando en una alcantarilla, e incluso una adolescente que se suicida colgándose de una ventana.

Los datos de geolocalización de las imágenes indican que hay al menos dos centros en el sur y el oeste del país, cerca de Jazán y La Meca. Los migrantes etíopes fueron recluidos allá en el mes de abril, tras las redadas realizadas para “reducir la propagación del coronavirus”.

En Arabia saudí los trabajadores emigrantes que proceden de Asia y África constituyen el 20 por ciento de la población y carecen de los más elementales derechos laborales y civiles.

En cuanto The Telegraph publicó la investigación, la reacción internacional fue inmediata. Las instituciones oficiales, británicas e internacionales, y las ONG comenzaron a darse golpes en el pecho, incluida la ONU. Piden “una investigación”.

Los sátrapas saudíes han prometido “arrojar luz” sobre las impactantes imágenes. En una declaración enviada al periódico, el gobierno saudí dice que están “estudiando el estado de todos los centros gubernamentales”, añadiendo que si algunos de ellos “no satisfacen sus necesidades”, serían cerrados. Sin embargo, se han negado a devolver a los etíopes a su país “por la cuarentena”.

El gobierno Etiopía, por su parte, le dice al periódico que no sabe nada de los “campos de detención”. La ministra de la Diáspora, Tsion Teklu, dijo que lo único que sabía es lo que había revelado el periódico británico y que plantearía la cuestión a los saudíes.

Arabia saudí no es el único caso, ya que también El Salvador abrió “albergues” especiales para recluir en ellos, por tiempo indefinido, a los apestados y a todos los demás equiparados a ellos que la policía recogió por las calles. La reclusión no necesitaba orden judicial, ya que se trataba de “emergencias sanitarias”.

http://www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/investigation-african-migrants-left-die-saudi-arabias-hellish/

La Comunidad de Madrid volverá a un estado de alarma encubierto con nuevas restricciones de derechos

Los gobiernos autonómicos se preparan ante el inicio del curso escolar y la vuelta a los trabajos presenciales. Las vacaciones ya han llegado a su fin y se preparan las nuevas medidas de restricción de derechos, empezando por Madrid, que anunciará las nuevas medidas a finales de esta semana.

Las nuevas limitaciones se aplicarán “por periodos de quince días y en función de cómo avance la epidemia, nos pondremos en un escenario o en otro” según ha informado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista a “EsRadio”.

Madrid volverá a una especie de estado de alarma con fases como las que ya se aplicaron anteriormente a escala general.

Aunque las medidas concretas serán publicadas a finales de esta semana, la presidenta regional ha querido dar un adelanto sobre algunas de las limitaciones que se impondrán.

Entre esas medidas están las nuevas normas para los aforos, la habilitación de hoteles para familias de apestados y la contratación de más rastreadores.

El nuevo estado de alarma no llevará tal nombre porque es una trampa tendida por el PSOE a los gobierno autonómicos y, especialmente, al de Ayuso. El gobierno central se ha puesto a disposición de las autonomías para retornar a algunas de ellas al punto de partida, pero delega también la responsabilidad.

La reacción del PP en Madrid ha sido la de ponerse a practicar pruebas PCR en los barrios obreros del sur, a los que quieren identificar con los “nuevos brotes” en un ensayo claramente contrainsurgente ante el otoño que se avecina.

Es la táctica de los “confinamientos restringidos”. En Madrid todo seguiría igual, excepto en los barrios obreros, que quedarían sometidos a controles permanentes por parte de la policía, con el pretexto de los “brotes”.

Pero no sólo el PP. El ministro Illa ha apoyado los “confinamientos perimetrales de importantes contingentes” así como los “confinamientos domiciliarios de tipo quirúrgico”, en referencia a la cuarentena de diez días que aplicó el gobierno autonómico cántabro a finales de junio a los residentes de un edificio en Santander.

La ley marcial afectaría a barrios de la capital como Usera, Carabanchel y Puente de Vallecas, así como a municipios del sur, como Fuenlabrada, Parla, Móstoles y Leganés.

La presencia de Usera en la diana pone de manifiesto que los trabajadores inmigrantes también están en el ojo del huracán.

En dichos barrios se han hartado de hacer pruebas PCR y una de cada cinco ha dado positivo, un porcentaje absolutamente increíble, como todas las demás cifras de esta pandemia.

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