El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, fue el que se puso el pasado lunes a hacer llamadas a todos los bancos y reguladores españoles para activar definitivamente las fusiones que estaban en el aire. Leer más
Día: 4 de septiembre de 2020 (página 1 de 1)
Richard Doll fue un epidemiólogo de renombre mundial porque fue el primero en indicar la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón en 1954. Al mismo tiempo, era un lacayo a sueldo de las mayores multinacionales químicas del mundo.
Los estudios de Doll fueron reconocidos en todo el mundo y recibió más de diez títulos honorarios de diferentes universidades. Ganó innumerables premios, incluido el de la ONU para la Investigación del Cáncer en 1962 y la medalla de oro de la Sociedad Europea del Cáncer en 2000. También fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 1971.
No es tan conocido que Doll era un sicario a sueldo -entre otras- de la multinacional Monsanto (*). Al morir en 2005, entre sus papeles, que se conservan en el archivo de la biblioteca de la Fundación Wellcome, apareció un contrato que firmó con la multinacional el 29 de abril de 1986.
El contrato del científico con Monsanto ampliaba por un año el acuerdo entre ambas partes que había comenzado en 1979 y mejoraba las condiciones económicas. “Durante el período de un año de esta prórroga, sus honorarios de consultoría serán de 1.500 dólares diarios”, dice el contrato.
Monsanto es la empresa fabricante del “agente naranja” utilizado en Vietnam por el ejército de Estados Unidos. El “agente naranja” también produce cáncer, pero eso no lo descubrió Doll, a pesar de que durante más de 20 años estudió el asunto. Monsanto le pagaba para que mantuviera la boca cerrada.
Doll descubría unas cosas y otras no. Como buen pelele de las multinacionales, se valió de su prestigio científico para escribir a una comisión australiana que investigaba las propiedades cancerígenas del “agente naranja”. No había pruebas de que el producto químico causara cáncer, les dijo.
Pero ese no era el único dinero que le pagaban las empresas. También cobraba 15.000 libras de la Asociación de Fabricantes de Productos Químicos de Reino Unido y de conocidas empresas químicas, como Dow Chemicals e ICI. Su “estudio científico” sobre el cloruro de vinilo (PVC) concluía que no tiene ninguna relación con el cáncer.
El estudio de Doll fue utilizado por los capitalistas del sector para defender el PVC durante más de una década. Desde los científicos hasta la Organización Mundial de la Salud, pasando por la universidades, hay quien cobra por mirar hacia otro lado.
El caso Doll recuerda que cuanto más “prestigioso” es un científico, más dinero tienen que poner las empresas para que convertirlo en un sicario a su disposición.
Por su parte, los falsificadores de la historia exponen los méritos de Doll con el cáncer, pero se olvidan de la otra cara del científico. También miran para otro lado. ¿Cobran por ello o simplemente no saben nada?
(*) https://www.theguardian.com/science/2006/dec/08/smoking.frontpagenews
Las comunidades autónomas se han lanzado como posesos a hacer tests de coronavirus.
¿Por qué?
Porque de esa manera encontrarán más “casos”, más “positivos” y más “brotes”.
¿Para qué quieren más “contagiados” las comunidades autónomas?
La explicación está en el Decreto-Ley 22/20 de 16 de junio, por el que se crea el Fondo Covid-19 y se establecen las reglas para el reparto de la pasta (*). Hay 16.000 millones de euros para repartir en varios tramos.
Es una carrera. Cuantos más “casos”, más dinero. Para obtener más subvenciones hay que encontrar “casos” por todas partes.
En su primer tramo (6.000 millones de euros), el 30 por ciento del Fondo Covid-19 se repartirá entre las comunidades autónomas según el número de “contagiados” que se hayan notificado hasta el 30 de abril.
Otro 10 por ciento se distribuirá entre ellas según el número de pruebas de PCR realizadas hasta esa misma fecha.
Finalmente, otro 25 por ciento quedará a expensas del número de casos de coronavirus notificados y de pacientes que han precisado hospitalización hasta el 30 de abril.
En su segundo tramo (3.000 millones de euros), el reparto es parecido, pero alcanza a los “casos” hasta el 31 de octubre. El reparto se llevará a cabo “según el número de casos de Covid-19 notificados y de pacientes que hayan precisado ingreso en UCI a 31 de octubre de 2020”.
Otro 10 por ciento de este tramo se repartirá en función del “número de pruebas realizadas mediante PCR”.
Finalmente, un 20 por ciento de la pasta se distribuirá “según el número de casos de Covid-19 notificados y de pacientes que hayan precisado hospitalización”.
(*) https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf
A los platós de televisión deberían ir los economistas o los expertos en geoestrategia para hablar del coronavirus porque lo que está en juego es algo más que la salud.
La carrera para desarrollar la primera vacuna contra el coronavirus ha sido como la carrera espacial. Ha ganado el mismo (o parecido) corredor, el competidor ha quedado humillado y no admite su derrota porque es muy mal deportista.
Algo tienen que hacer porque los organismos sanitarios han dado sus bendiciones a la vacuna rusa y hay que impedir su difusión por cualquier medio. Si no es por motivos sanitarios, será por motivos abiertamente imperialistas, como las sanciones económicas, y entonces se acuerdan del Departamento de Comercio.
Por la puerta falsa introducen a los laboratorios rusos que han creado la primera vacuna contra el coronavirus en la lista negra de sanciones (1). Es evidente, pues, que las vacunas son uno de tantos métodos de guerra económica.
Por eso el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, ha hablado de “competencia desleal” respecto a los fármacos rusos.
Más de una cuarta parte de la población mundial vive en los países sometidos a las sanciones de Estados Unidos. En abril una empresa rusa envió respiradores a Estados Unidos como ayuda humanitaria para los hospitales que trataban a los pacientes. Más tarde Reuters reveló (2) que la empresa rusa había estado sometida a las sanciones desde 2014. Pero el envío era gratuito y no lo podían rechazar, ni siquiera aunque procediera de Rusia.
La vacuna rusa ha sido desarrollada por el Instituto de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya del Ministerio de Sanidad de Rusia, en un proyecto de investigación conjunto con el 48 Instituto Central de Investigación del Ministerio de Defensa de Rusia (3).
El 27 de agosto el Departamento de Comercio impuso sanciones al referido 48 Instituto. Washington le acusa de estar asociado a los programas rusos de armas químicas y biológicas (4).
El gobierno de Estados Unidos no quiere que la vacuna rusa interfiera en los 6.000 millones de dinero público que se están asignando a las empresas farmacéuticas estadounidenses dentro de la Operación Velocidad Punta, a la que ya nos hemos referido en otras entradas.
(1) https://www.federalregister.gov/documents/2020/08/27/2020-18909/addition-of-entities-to-the-entity-list-and-revision-of-entries-on-the-entity-list
(2) https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-usa-sanctio/russian-ventilators-shipped-to-us-made-by-firm-under-us-sanctions-rbc-idUSKBN21L243
(3) https://tass.com/science/1183689
(4) https://www.rferl.org/a/us-blacklists-russian-entities-for-chemical-biological-weapon-research/30805564.html
En 2014 la Casa Blanca anunció su compromiso de no volver a usar nunca una campaña de vacunación como tapadera en una operación de espionaje. Nunca lo hicieron, pero por si acaso prometieron que no lo volverían a hacer.
En enero de 2013 los rectores de 16 institutos de salud pública de Estados Unidos escribieron a Obama protestando por el recurso a un programa de vacunación de hepatitis en Abbottabad (Pakistán), donde se escondía Osama Bin Laden, para lograr muestras de ADN que permitieran saber si allí estaba el cabecilla de Al Qaeda.
La Casa Blanca no reconoció los hechos, pero garantizó que la CIA no volvería a utilizar falsas campañas de vacunación.
Antes del supuesto asesinato de Bin Laden en mayo de 2011 en Abbottabad, la CIA utilizó al médico paquistaní Shakil Afridi en una operación de vacunación encubierta en las cercanías del recinto en el que se refugiaba el dirigente de Al Qaeda, para tomar muestras de ADN que permitieran establecer que había familiares de Bin Laden en la zona.
Anteriormente Afridi había participado varios programas de vacunación financiados por Estados Unidos. En enero de 2012 funcionarios estadounidenses admitieron públicamente que el médico había trabajado para sus servicios de inteligencia.
La operación de vacunación en Abotabad fracasó y el médico-espía fue condenado a más de 30 años de cárcel en Pakistán por traición. Estados Unidos salió en su ayuda redujo la ayuda a Pakistán por en 33 millones de dólares: un millón por cada año de cárcel.
Luego las presiones diplomáticas lograron que su sentencia fue revocada. En Estados Unidos el médico es un héroe y en su campaña electoral de 2016 Trump prometió que lograría su liberación a los “dos minutos” de ser elegido. No ha sido así.
La falsa campaña de vacunación llevó a que se extendiera la desconfianza hacia cualquier grupo de médicos o enfermeros que pretendían programas de inmunización.
El fraude que representaba el doctor Afridi fue revelado en 2011, tras la muerte de Bin Laden, por un periódico británico y confirmado por el entonces director de la CIA Leon Panetta. La exposición a la luz pública de la estratagema llevó a que varios grupos de aldeanos de las zonas tribales en la frontera afgana y grupos de talibanes dieran por abierta la veda contra los trabajadores sociales que llevaban a cabo campañas de vacunación, acusándolos de espías. En su momento, la OMS (Organización Mundial de la Salud) reconoció que la treta de la CIA había sido un duro revés para sus campañas.
El uso de espías camuflados en misiones sanitarias ha sido un obstáculo importante para conseguir llevar la vacuna a algunas zonas de países como Afganistán, Pakistán o Nigeria. Tras destapare el caso Afridi, hubo varios ataques al personal sanitario en Pakistán y Nigeria, con un par de decenas de muertes.
El recelo a estas campañas sanitarias no es nuevo. En 2004 hubo un parón en las actividades de vacunación al norte de Nigeria. Los grupos islamistas denunciaron que los fármacos producían esterilidad en la población, lo que se interpretó como un intento de las potencias occidentales para reducir el auge demográfico del país.
https://elpais.com/sociedad/2014/05/20/actualidad/1400599997_336601.html
Varios centenares de científicos de la Spilf (Sociedad Francófona de Patología Infecciosa) han presentado recientemente una denuncia contra el profesor Raoult acusándolo de utilizar su tratamiento contra el coronavirus a base de hidroxicloroquina y azitromicina sin que haya pruebas científicas de su eficacia.
La batalla contra la hidroxicloroquina llega, pues, a los tribunales y unos científicos demandan a otros… Perdón: se nos ha olvidado decir que estos últimos no son en realidad científicos, sino otra cosa, es decir, que el patrimonio de la ciencia es exclusivo de los demandantes.
Pero, ¿quiénes son esos demandantes que, a modo de nuevos y feroces inquisidores llevan la ciencia ante los estrados de los tribunales?
Es algo que no se le hubiera ocurrido a ningún científico por su cuenta, ni tampoco a una asociación como Spilf.
Este tipo de asociaciones tienen muchas caras y caretas y, dependiendo de la función de teatro que tienen que representar, muestran unas u otras. Incluso a veces también muestran su cara científica (pero sólo a veces).
Lo han adivinado: Spilf está financiada por varios laboratorios farmacéuticos. Dime quién te paga y te demostraré que eres un chapero al que le da igual servir a un cliente que a otro; lo importante es que pague.
En los últimos tres años Spilf ha recibido más de 200.000 euros anuales en “donaciones” en forma de remuneración, prestaciones o convenciones.
La prensa europea ni siquiera se ha tomado la molestia de recordarlo porque es de dominio público: la información está disponible en la base de datos eurofordocs.fr.
La financiación de Spilf por las empresas farmacéuticas crece con el transcurso de los años: 858.000 euros en subvenciones durante veinte años y 610.000 sólo en los últimos tres.
Tampoco se sorprenderán: Gilead es uno de los principales donantes de los científicos de verdad. En 2017 les entregaron 40.000 euros y otros tantos al año siguiente para que pudieran celebrar dos convenciones científicas.
Lo venimos diciendo desde el principio: Gilead quiere imponer su fármaco antiviral, el remdesivir, que compite con la hidroxicloroquina en condiciones muy desfavorables porque es mucho más caro.
El 29 de julio la Comisión Europea firmó un contrato con Gilead que le garantiza el suministro de Veklury, que es el nombre comercial del remdesivir.
En otras palabras: toda la campaña “científica” en la que participan “científicos”, revistas “científicas”, asociaciones “científicas”, prestigiosas universidades y medios generalistas no es más que la competencia de unos capitales contra otros.
Lo nuevo es que ahora se meten los tribunales por medio, que juzgarán al profesor Raoult como juzgaron a Galileo hace 400 años.
Pero en ningún caso deben dudar que si todo lo que sale de un científico es ciencia, todo lo que sale de un tribunal es justicia. ¿Verdad que sí?, ¿o son Ustedes unos malos conspiranoicos?
