Vuelve a fracasar el intento de Biden de imponer la vacunación obligatoria a los trabajadores

Ayer un tribunal federal volvió a desautorizar a Biden, que intenta imponer la vacunación obligatoria a los trabajadores de las grandes empresas estadounidenses. El tribunal confirmó la suspensión de la obligación. Los tres jueces del Tribunal de Apelación de Nueva Orleans declararon que el requisito de vacunación “excede con mucho” la autoridad del gobierno. Esta decisión se produce después de una sentencia similar la semana pasada que suspendió la obligatoriedad.

La orden de vacunación pretende obligar a decenas de millones de trabajadores de empresas con más de 100 personas en plantilla a vacunarse contra el coronavirus antes del 4 de enero, o enfrentarse a pruebas periódicas. La imposición afectaría a más de dos tercios de la fuerza de trabajo del país.

El Tribunal critica la imposición por “asombrosa y excesivamente amplia”. Según la sentencia, que no se pronuncia sobre el fondo del asunto, la medida podría no ser conforme a la Constitución. Amenaza con interferir sustancialmente en la libertad de los receptores renuentes […] que deben elegir entre sus trabajos y sus inyecciones”, dijo el juez Kurt D. Engelhardt.

“Desde la incertidumbre económica hasta los conflictos laborales, el mero espectro de este requisito ha contribuido a innumerables dislocaciones económicas en los últimos meses”, añadió.

El recurso fue presentado por varios estados (Texas, Luisiana, Carolina del Sur, Utah y Misisipi) así como por varias empresas y grupos religiosos. Aunque por el momento sólo se trate de una instancia, sigue siendo una gran varapalo para Biden, que acababa de anotarse su primera gran victoria legislativa con la aprobación de su plan de inversión en infraestructuras en el Congreso.

En una declaración publicada el jueves, Biden dijo que habría preferido evitar esta obligación. “Queda demasiada gente sin vacunar para que salgamos de dudas definitivamente”, dijo. Numerosos estados han recurrido ante los tribunales la orden de vacunación obligatoria de Biden.

La orden suspendida deja en manos del capitalista la adopción de las medidas que considere oportunas, incluidas las disciplinarias, contra los trabajadores se nieguen a vacunarse y a someterse a las pruebas periódicas. Según el decreto, las empresas que no cumplan la obligación se exponen a una multa que va de 13.000 a 136.000 dólares.

A mediados de este mes, alrededor del 68 por cien de la población estadounidense, y el 81 por ciento de los adultos, habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

comentarios

  1. La política de castigar a quien ose no vacunarse con el despido sin indemnización es muy difícil de llevar a la práctica por parte de la burguesía. Se acerca más al farol que a un órdago a la grande. Prescindir de un porcentaje de la fuerza laboral tan grande supone una destrucción de plusvalía enorme, amén de llevar a la quiebra a innumerables bancos, aseguradoras, etc.
    Cuando el estado burgués recula, ante la resistencia a sus políticas y la imposibilidad de imponerlas, lo hace interpretando un supuesto conflicto entre instituciones independientes, para evitar en la medida de lo posible, que las clases populares tomen conciencia del gran poder de resistencia que tienen.
    Va a ser muy difícil que la población renuncie a decidir sobre su propio cuerpo y se deje inyectar a la fuerza.
    Como en el cuento de «que viene el lobo», al estado burgués se le está acabando la credibilidad, el pueblo ya empieza a pensar por su cuenta, y empieza a espabilar de manera proporcional a la presión ideológica de la burguesía, es al menos lo que yo palpo en el vestuario del centro de trabajo.

  2. A día de hoy seguimos sin saber si le pararemos los pies a las élites sicópatas, o acabaremos todos inyectados babeando en el sillón.
    Pero hay algo que, para el caso de que ganemos, debemos recordar siempre: hay que ir a por los culpables. Hay que cazar y hacer pagar a los megarricos (lo más importante) y a sus sicarios los cargos políticos; para el caso de España, esto incluye hasta a alcaldes y ediles de poblaciones no muy grandes, que han participado en las restricciones ilegales seudosanitarias (han tomado parte y ni siquiera se han pronunciado en contra, como estaban obligados a hacer desde su cargo), cometiendo con ello prevaricación.

    Después, si ganamos, si les paramos, el alivio que podríamos sentir seguramente nos tiente a olvidar lo que nos han hecho (pelillos a la mar, que se dice, y a seguir viviendo).
    Pero, estoy bastante convencido, o enjaulamos a los verdaderos culpables (sobre todo a los de más arriba), o no tengamos ninguna duda de que, tarde o temprano, nos lo volverán a hacer.
    Y la siguiente vez puede que sí que nos ganen.

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