Un ayuntamiento utiliza a sus vecinos como cobayas en un experimento de control social

El Ayuntamiento de Suresnes, una localidad cercana a París, ha aceptado que una empresa local, XXII, analice las más mínimas acciones de los vecinos en la vía pública. Durante un año y medio la empresa podrá utilizar las imágenes de videovigilancia del municipio para desarrollar algoritmos de “detección de comportamientos sospechosos”, que quedarán en su poder.

La empresa ha creado una aplicación de vigilancia urbana, XXII SmartCity, que está en fase experimental. Su porcentaje de error es inferior al 10 por ciento, pero la empresa lo quiere mejorarlo antes de comercializar la tecnología.

Durante una reunión del consejo municipal, el alcalde afirmó que las empresas francesas “no tienen acceso a suficientes bases de datos, bases de datos de imágenes y bases de datos de eventos que les permitan ejercitar sus algoritmos tan rápidamente”.

La empresa necesita cobayas y el ayuntamiento se las pone en bandeja porque considera los datos personales de los vecinos como si fueran una mercancía, pero no es tan seguro que luego la empresa entregue una parte de sus beneficios al Ayuntamiento.

Transformados en auténticas ratas de laboratorio, los vecinos verán diseccionada su vida cotidiana para enseñar a los programas informáticos lo que distingue a una buena rata de una mala…

El acuerdo del Ayuntamiento con la empresa permite la presencia, por tiempo ilimitado, de un operador de XXII en el CSU (centro de supervisión urbana), el compromiso de proporcionar toda la información necesaria para el proyecto y la formación de un comité técnico, formado en parte por miembros del CSU.

Durante el experimento, XXII se beneficiará de la colaboración de los funcionarios públicos, encargados de informar de los fallos y errores presentes en los programas informáticos de la empresa.

Los recursos públicos facilitarán una de las principales dificultades con las que se encuentran las empresas que desarrollan algoritmos de videovigilancia automática: el etiquetado de las bases de datos. Supongamos que la empresa XXII quiere probar un algoritmo para detectar a las personas sin hogar. Además del vídeo, un operador debe validar sobre el terreno si las alerta es correcta para poder corregirla. El acuerdo municipal permitirá a XXII llevar a cabo esta operación, ya sea mediante la presencia de su operador sobre el terreno, o a través de la retroalimentación de los funcionarios públicos de la CSU.

El alcalde insiste en que la operación contribuye al desarrollo de una empresa local. Uno y otra son un ejemplo de la connivencia entre los políticos y la industria de la seguridad, que carece escrúpulos a la hora de implantar sistemas masivos de vigilancia y control.

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