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La justicia consiste en que unos se tapan a los otros para que todos queden impunes: el caso de los ‘chalecos amarillos’

La Fiscalía francesa le ha dado el carpetazo a 54 sumarios que tenía abiertos contra policías por las palizas propinadas a los  “chalecos amarillos” desde que el año pasado comenzaron las movilizaciones.

Al mismo tiempo próximamente iniciará un juicio contra dos de ellos dentro de una cárcel, que es el primero en su género.

Durante un año las denuncias contra la policía han inundado las dependencias judiciales porque en Francia creían que el apaleamiento de manifestantes era propio de los países tercermundistas, como decía uno de los “chalecos amarillos” a la televisión.

Han salido de su estupor a palos y han creído que los jueces y los fiscales son algo diferente de los de la porra. Se tragaron lo del “Estado de Derecho”: el remedio a un mal policía son buenos jueces y fiscales que van a enmendar lo que los otros han torcido.

Pero las cosas funcionan de otra manera. El fiscal parisino Rémi Heitz confiesa que se han desembarazado de 212 denuncias enviándoselas a la Inspección General de la Policía Nacional, es decir, algo así como “yo me lo guiso yo me lo como”. La policía se investigará a sí misma.

En casi el 70 por ciento de los casos las investigaciones (por llamarlas de alguna manera) han concluido y los expedientes se han trasladado al Ministerio Público de París para que decida el camino a seguir.

En dos casos la fiscalía considera que las denuncias justifican la apertura de un procedimiento judicial. Ambos se refieren a los acontecimientos ocurridos durante la manifestación del Primero de Mayo de este año, que se caracterizó por el terrorismo policial.

Uno de los policías será juzgado por abofetear a uno de los “chalecos amarillos” gracias a que la escena fue grabada y publicada en las redes sociales. El policía está acusado de “violencia voluntaria por parte de un responsable de la autoridad pública” que causó una incapacidad superior a ocho días a su víctima.

El otro policía está acusado de lanzar una piedra a los manifestantes, una escena que también fue grabada y reproducida por las redes sociales. Le acusan del mismo delito, aunque en este caso no haya incapacitado a la víctima.

Ambos casos presentan tres características: son hechos insignificantes, fueron grabados y se difundieron por internet. De lo contrario hubieran quedado impunes, como los cientos de denuncias que han acabado en la papelera.

En Francia se abrieron 313 investigaciones contra la policía por el terror desatado contra los “chalecos amarillos”.

Un caso es el de Jerome Rodrigues, un manifestante gravemente herido en el ojo el 26 de enero, cuya denuncia dio lugar a la apertura de una investigación judicial por el delito de siempre.

Otro es la denuncia presentada por la madre de un adolescente al que le rompieron la mandíbula por un disparo con munición de caucho en Estrasburgo durante una manifestación convocada en enero.

Un total de 72 casos aún están siendo analizados por la fiscalía, mientras que otros 54 han sido cerrados sin más medidas, principalmente por «delitos insuficientemente graves”, pero también por “falta de identificación de los acusados”, según explicó el fiscal Heitz.

“Así es la justicia”, dijo con toda la cara dura del mundo el ministro de Interior, Christophe Castaner. “Consiste en llevar a cabo un estudio, una investigación que se pone bajo la autoridad de la policía, la gendarmería y luego un fiscal y los jueces deciden las medidas que deben tomar”.

En otras palabras: la justicia consiste en que unos de se tapan a los otros para que todos queden impunes. La fiscalía ha cerrado los procedimientos sin más. En algunos casos porque no quisieron identificar a los policías que dispararon.

Según un recuento del periodista David Dufresne, 24 personas han sido asesinadas por la policía desde que el 17 de noviembre del año pasado comenzó el movimiento de los  “chalecos amarillos”.

Más información:

-‘Chalecos amarillos’: cambia el discurso de la represión
– La policía francesa ha empezado a ‘fichar’ a los miembros de los ‘chalecos amarillos’
– ‘Perro ladrador poco mordedor’: hay que preocuparse de los fascistas que muerden más que de los que sólo ladran
– Cientos de medios denuncian la represión policial en Francia durante las manifestaciones
– El lanzamiento de marcadores químicos contra los ‘chalecos amarillos’ en las manifestaciones
-Francia no es capaz de contener las movilizaciones de los ‘chalecos amarillos’
– De los ‘chalecos amarillos’ a los ‘brazaletes blancos’: cómo domesticar una movilización espontánea
– Francia aprobará su propia ‘ley mordaza’ contra el derecho de manifestación 

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‘Chalecos amarillos’: un año de lucha y un año con cifras de represión nunca conocidas en Francia

Desde el inicio del movimiento de los “chalecos amarillos” hace un año, más de 3.100 personas han sido condenadas por los tribunales franceses por ejercer su derecho a manifestarse. Casi 400 de ellos han sido condenados a penas de prisión.

A medida que se acerca el primer aniversario del movimiento, el 17 de noviembre del año pasado, Le Monde muestra un rostro sombrío de lo que califica como “excesos” y “repetidos enfrentamientos” entre manifestantes y policías.

El diario revisa las cifras de la represión, subrayando que se trata sólo de una “evaluación provisional” para el período comprendido entre el 17 de noviembre de 2018 y el 31 de junio de este año.

El número de condenas supera las 3.100, lo que constituye “un récord para un movimiento social”, señala Le Monde. De estas 3.100 personas condenadas, unas 400 fueron condenadas a penas de prisión, y otras 600 a penas de prisión con condicional.


“Las penas impuestas oscilan, por término medio, entre unos meses y tres años de prisión, con o sin codicional”, escriben.

Más de 10.000 personas fueron “detenidas e interrogadas en toda Francia durante los más intensos siete meses de manifestaciones”, aseguran.

Hubo casi 2.200 casos de detención policial sin que se adoptaran nuevas medidas y 2.400 casos fueron objeto de medidas alternativas al enjuiciamiento.

Se iniciaron procedimientos judiciales contra 5.300 personas, de las cuales 2.100 fueron juzgadas en comparecencia inmediata y otras 2.000 recibieron una citación judicial para comparecer en el juicio en una fecha posterior. Los jueces de menores tuvieron que intervenir en 410 detenciones y 620 acusados prefirieron declararse culpables para reducir su condena.

Los jueces han trabajado “con relativa rapidez en los casos de manifestantes”, mientras que los casos de violencia en los que están implicados los policías son mucho más lentos.

La brecha alimenta parte del “resentimiento de algunos activistas”, dice Le Monde, que señala también que hasta ahora sólo dos policías han sido llevados ante un tribunal penal de París.

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Un invierno muy crudo acecha a más de 60.000 mendigos que llenan los albergues de París

En París los alojamientos de emergencia están repletos. El 1 de noviembre comienza la campaña de invierno y la situación es insostenible para las personas que viven en la calle. Eric Pliez, Presidente de la red de albergues públicos, ha emitido una alerta sobre un sistema que califica “al borde de la implosión”.

“Más de 7.000 personas están en la calle, casi la misma cantidad duermen en centros de emergencia y 45.000 personas, con sus familias, viven en albergues”, dice Pliez. El sistema está sobrecargado; 115 albergues ya no pueden proporcionar asistencia adicional.

Eso explica que las familias tengan que dormir en la calle. “Cada noche el [teléfono] 115 de París recibe unas 20.000 llamadas, sólo 1.000 son atendidas. De este 5 por ciento de respuestas, estamos obligados a dar 1.500 negativas, que afectan a unas 1.000 familias, entre ellas 300 y 400 niños. Es inaceptable y la creación de plazas de invierno no cambiará nada”.

La situación que expone Pliez ni siquiera tiene en cuenta los campamentos de migrantes. Se estima que 3.500 personas viven en la pobreza total en París. Pliez da la voz de alarma ante una situación que se deteriora año tras año.

El problema radica en las dificultades de acceso a la vivienda. A los pobres se les niega la vivienda por razones inútiles o burocráticas. También hay trabajadores que no pueden encontrar vivienda; el 25 por ciento de las personas que viven en albergues son trabajadores.

Se necesitan 6.000 plazas más de alojamiento de emergencia en París. Hay razones para estar enfadados, confiesa Pliez, cuando sabemos que una gran parte del parque inmobiliario parisino está vacío. Los ricos prefieren ver a la gente morir en la calle que dejar el acceso a los edificios desocupados. El gobierno no hace valer la posibilidad de la requisar viviendas desocupadas.

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Holanda dispone de un sistema de vigilancia permanente sobre los pobres e inmigrantes

“Holanda edifica un estado de vigilancia permanente contra los pobres”, resumió recientemente el abogado Merel Hendrickx, un experto de la ONU. “Es un proyecto digital equivalente a la intervención de un escuadrón de fuerzas de seguridad que llegara a tu casa y comenzara a rebuscarlo todo”, añade Hendrickx, cuya organización The Public Interest Litigation Project (PILP) se opone en los tribunales al panóptico.

Lo llaman Syri (System Risk Indication o Sistema de Alarma por Riesgo) y comenzó hace cinco años, pero entonces casi todos miraron hacia otro lado. Fue aprobado por el parlamento sin ningún debate.

En este tipo de iniciativas siempre hay un pretexto, que en este caso consiste en perseguir más eficazmente el fraude contra el “estado del bienestar”. Se trata de combinar toda una serie de datos digitales que son fácilmente accesibles pero que, hasta ahora, estaban dispersos. Son innumerables y proceden de numerosas fuentes: de los ayuntamientos, hacienda, bancos, aseguradoras u oficinas del paro e inmigración. Un algoritmo se encarga de cruzarlos, haciendo que suene la alarma si aparecen anomalías, es decir, posibles contradicciones que pondrían sobre aviso a los vigilantes.

La semana pasada los jueces de un tribunal de La Haya se enfrentaron a una coalición de organizaciones sociales que llevaron a juicio al Estado holandés. Según los demandantes, el SyRI representa una grave violación de las libertades individuales.

El abogado del Estado no opinaba igual: imagínese a una persona que recibe subsidios porque vive en un cierto tipo de infravivienda, dijo. El SyRI alerta porque el consumo de agua en dicha vivienda es pequeño. Entonces los vigilantes tienen que llevar a cabo una investigación a fondo para verificar que, en efecto, esa persona que recibe ayudas vive realmente en dicha infravivienda.

Los contadores “inteligentes”, ya sean de agua o de electricidad, miden el consumo cada 15 minutos. En total, hacen 96 mediciones al día, suficiente para dar una visión muy detallada de la vida de una persona.

Pero el panóptico no se detiene ahí. Está muy lejos de buscar simples anomalías y abre la puerta a un estado de vigilancia generalizado. El SyRI puede acceder a una gama increíblemente amplia de datos.

Lo realmente inteligente no son los panópticos sino personas como Tijmen Wisman, que los ha investigado en la Universidad Libre de Amsterdam. Dedicó su doctorado al derecho europeo sobre los objetos relacionados entre sí, lo que le llevó a deshacerse de su “teléfono inteligente”. Es consciente del rastro digital que deja cada vez que introduce su abono (también “inteligente”) para entrar en el metro que le lleva a la universidad.

El colmo ha sido que el Estado holandés se niega a revelar los detalles de SyRI, alegando que permitiría a los defraudadores contrarrestar las alertas. “Dejarían el grifo abierto”, dijo el abogado del Estado en el juicio. Ante la falta de transparencia los cargos electos del Ayuntamieto de Rotterdam se enfadaron, lo que llevó a la suspensión del programa en varios barrios de la ciudad.

“Esta insistencia en el secreto por parte del Estado siempre ha sido prerrogativa de los servicios secretos o de la policía, o de la lucha contra los delincuentes. Sin embargo, en el caso del SyRI, nadie se sintió ofendido por esa misma opacidad”, dice Wisman.

Tuvieron que presionar mucho para obtener una lista con media docena de barrios en los que el proyecto estaba empezando a ser implementado. Todos ellos tienen una particularidad: están habitados por pobres e inmigrantes.

Si hay sospechas contra alguien un Estado moderno tiene medios suficientes para investigarle. Lo que Holanda ha hecho ahora es convertir a decenas de miles de personas en potenciales defraudadores, es decir, a todos los que viven en esos barrios convertidos en “conflictivos”. Es sobre esas personas, sobre los más pobres sobre las que se está llevando a cabo una política represiva que busca aumentar todos los mecanismos de control y vigilancia.

Hasta ahora en Europa las políticas sociales alardeaban ante el mundo de ayudar a la población necesitada de la mejor manera posible. Ahora se trata de reducir las ayudas con el pretexto de perseguir a los defraudadores.

Christiaan van Veen, asesor en materia de nuevas tecnologías del Relator Especial de la ONU sobre la pobreza extrema, advierte contra los panópticos. “El principal peligro al que se enfrentan los estados de bienestar digitalizados es que sólo sirven a los intereses de una élite de funcionarios y empresas de tecnología. Al mismo tiempo, una desafortunada subclase, sometida a vigilancia constante, experimentará una distopía digital en la que la más mínima desviación será detectada y castigada”.

https://www.letemps.ch/monde/paysbas-batissent-un-surveillance-pauvres

Más información:


– Las ‘puertas traseras’ son las puertas abiertas a la represión fascista
– Google lo sabe todo de ti
– ‘Minority Report’: delincuentes en potencia y policías del futuro
– Algo más sobre ‘Minority Report’
– ‘Minority Report’(3): la policía predictiva de Los Ángeles ya está en marcha
– Minority Redport(4): La represion fascista con algoritmos matemáticos (PredPol)
– Minority Report(5): la policía predictiva se concentra en los ‘puntos calientes’ de la ciudad
– Minority Report(6): cómo detener a los futuros manifestantes antes de que cometan actos violentos
– Minority Report(7): el funcionamiento de la policía en una sociedad dividida en clases sociales
– Minority Report(8): el panóptico ya es una realidad, el ojo que todo lo ve
– Empresas informáticas creadas y subcontratadas por la CIA: el Caso Palantir
– La CIA quiere manipular las redes sociales 

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‘Las Waffen SS son el orgullo del pueblo letón’

El Ministro de Defensa letón, Artis Pabriks, no se corta. En la conmemoración del 28 de septiembre declaró que los letones que lucharon en las Waffen SS durante la Segunda Guerra Mundial son “el orgullo del pueblo letón y del Estado”.

La Unión Europea es así y no le importa volver a su pasado más negro; como si nda hubiera cambiado.

Quien condena al nazismo no son los “demócratas” de Bruselas sino los de Moscú. La embajada rusa en Letonia ha condenado enérgicamente la rehabilitación de criminales de guerra, lo que “pone los pelos de punta”, dice el comunicado oficial.

En la Unión Europea lo más parecido a España son, pues, los países Bálticos, con la diferencia de que éstos tienen sobre sí el ojo vigilante de Moscú, del que no pueden librar muy fácilmente.

Es un arma de doble filo porque a los imperialistas les vale cualquier cosa, sobre todo los nazis bálticos, con tal de poner en dificultades a Rusia.

Veremos. En Bruselas se creen que pueden abrir la  caja de los truenos cuando les de la gana y la OTAN hace lo propio. El Centro Cooperativo de Excelencia para la Ciberdefensa de la OTAN está situado en Tallin, a tiro de piedra desde cualquier sitio.

La Legión Letona se creó en 1943, en plena guerra mundial, integrándose dentro de la Waffen SS. Anualmente celebran un desfile millar en el que se reúnen unos 1.000 nazis procedentes de varios países de Europa.

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El peor rostro sionista de la Unión Europea: Katharina von Schnurbein

El sionismo en Europa: Katharina von Schnurbein
Desde hace cuatro años en Europa la campeona de los sionistas es Katharina von Schnurbein, que ha llevado a cabo una tarea meticulosa para equiparar el sionismo con el antisemitismo y erradicar cualquier forma de apoyo al pueblo palestino, que también entra dentro del antisemitismo.

Como además las expresiones antisemitas están consideradas como un delito de odio, el Estado de Israel se acabará convirtiendo en un tabú. Es el “todo es ETA” que aquí ya conocemos desde hace tiempo, pero a escala europea.

Se trata de que siempre hablen los mismos para decir lo mismo: más soah y más holocausto para que los judíos sigan siendo las víctimas de una persecución iniciada hace ya 2.000 años.

Von Schnurbein es la sicaria de Israel ante la Unión Europea, donde dirige el grupo de presión más poderoso de los que operan en Bruselas: el sionista.

En 2015 la nombraron coordinadora de la Unión Europea contra el antisemitismo y ha sido galardonada con un Premio de Derechos Humanos por una asociación que apoya los asentamientos ilegales de Israel en la Cisjordania ocupada y sus crímenes de guerra en Gaza.

La idea de crear una coordinadora de la Unión Europea contra el antisemitismo no nació en Bruselas sino en Tel Aviv, por más que la Unión Europea lo presente como algo propio.

En mayo de 2015 el gobierno israelí organizó en Jerusalén un Foro mundial para Combatir el Antisemitismo, donde los grupos de presión israelíes de Gran Bretaña, Francia y Holanda elaboraron un plan de acción para la Unión Europea.

Una de las recomendaciones del grupo de presión fue que la Unión Europea designara un coordinador contra el antisemitismo y otra que las policías europeas se involucraran en defender los intereses de los judíos como si fuera cosa propia.

Una propuesta similar se hizo ese mismo mes en una conferencia organizada en Bruselas por el Comité Judío Americano, una influyente asociación sionista.

El llamamiento a la acción afirmó que “los judíos de todo el continente [europeo] habían sufrido brotes de violencia y amenazas antisemitas el verano anterior, en el momento del conflicto con Israel inducido por Hamás”.

La realidad ocurrió al revés: el ataque a Gaza fue provocado por Israel, pero aquí a todo hay que darle un vuelta de 180 grados.

Uno de los participantes en la conferencia de 2015 del Comité Judío Americano fue Vera Jurova, Comisaria Europea de Justicia, que colabora con Von Schnurbein para hacer pasar el antisionismo como antisemistismo, inmunizando a Israel de cualquier clase de crítica.

En junio de este año Jurova creó un grupo de trabajo dedicado oficialmente a la elaboración de nuevas estrategias contra el llamado “antisemitismo” que incluye a representantes de las policías de los países de la Unión Europea.

El trabajo de la Unión Europea en este ámbito se rige por una definición de “antisemitismo” aprobada en 2016 por un club de 33 países, conocido como la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.

La definición va acompañada de ejemplos de comentarios considerados como antisemitas. Entre ellos se encuentra la afirmación de que la creación de Israel fue un caso de “racismo”, lo cual es un obviedad histórica.

Israel fue concebido como un Estado donde los colonizadores judíos tendrían más derechos que los palestinos indígenas. A los palestinos expulsados por la fuerza de sus tierras en el momento de la creación de Israel, así como a sus descendientes, se les negó el derecho a regresar a sus hogares por la única razón de que no eran judíos.

Esta definición fue redactada originalmente hace más de diez años por asociaciones sionistas, como parte de una tarea encomendada por la Unión Europea.

En teoría, esta definición no es jurídicamente vinculante. Sin embargo, la participación de las policías europeas en la evaluación de los comentarios sobre Israel no es más que un intento de criminalizar a quienes dicen lo más evidente: que Israel es un Estado racista y criminal, basado en el apartheid y la limpieza étnica.

El papel de Von Schnurbein consiste en impedir el movimiento de solidaridad con Palestina. Al visitar Jerusalén a principios de este año, dijo que desde la Segunda Guerra Mundial hay dos nuevas formas de antisemitismo en Europa.

La primera procede de la reacción y pretende “trivializar el holocausto”. La segunda procede de las fuerzas antimperialistas, que consideran al Estado de Israel como “racista”.

Luego -ya saben Ustedes- viene todo aquello de “unos y otros”, “todos son iguales”, “los extremos coinciden” y bla bla bla bla bla bla bla bla bla… Es la imbecilidad en la que ha incurrido Von Schnurbein al sugerir que los nazis son comparables a quienes se oponen a la opresión del pueblo palestino por parte del Estado de Israel.

La semana pasada Von Schnurbein participó en la presentación de un informe del gobierno israelí acusando a la campaña palestina BDS (boicot, desinversiones y sanciones) de antisemita. En su discurso señaló que en 2015 durante una gira por España militantes de la campaña BDS le pidieron al cantante Matisyahu que se pronunciara sobre el Estado de Israel.

Matisyahu es un cantante estadounidense y aunque su religión sea la judía, no es responsable de lo que hace Israel, dijo Von Schnurbein. Un buen argumento… de no ser porque nos toma por imbéciles: Matisyahu apareció en los vídeos de propaganda del ejército israelí para recaudar fondos para que cometan más y mejores crímenes.

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Un tercio de los diputados al Parlamento Europeo están en el bolsillo del magnate Soros

Hunor Both

Ha valido la pena que George Soros haya gastado millones de euros en la Unión Europea, en particular en los grupos de presión de la Comisión Europea, que haya ido allá más de veinte veces para reunirse con los cabecillas de la Comisión y que haya enviado grupos de presión permanentes al Parlamento Europeo y a la Comisión.

El especulador bursátil estadounidense ha conseguido triplicar el apoyo del Parlamento Europeo a la “protección de los valores democráticos” y, en particular, a las ONG del imperio Soros, en el presupuesto marco de la Unión Europea 2021-2027 aprobado en la sesión plenaria del 17 de enero en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo.

Según el informe aprobado por 426 votos a favor y 152 en contra, la Unión Europea destinará 1.800 millones de euros al nuevo programa europeo “derechos y valores” en los próximos siete años, en lugar de los 642 millones de euros previstos inicialmente por la Comisión Europea.

El otro colegislador de la Unión Europea, el Consejo Europeo, que reúne a los gobiernos de los Estados miembros, aún no ha definido su posición sobre la creación y la financiación del programa de las ONG, tras lo cual pueden comenzar las negociaciones interinstitucionales.

Soros se reúne regularmente con la Comisión Europea, personalmente y a través de sus grupos de presión.

Como lo resumió Origo sobre la base de las investigaciones preliminares del diario Magyar Idök, de los datos disponibles públicamente se desprende que George Soros ha celebrado más de veinte reuniones con las principales comisiones europeas desde que Jean-Claude Juncker asumió el cargo el 1 de noviembre de 2014.

Basándose en el calendario de la Comisión Europea o en los sitios web de las propias ONG de Soros, puede decirse que el Open Society European Policy Institute está acreditado ante el Parlamento Europeo.

Los 12 grupos de presión se reunen 52 veces al año con representantes de la Comisión Europea, es decir, una vez a la semana por término medio.

El periódico Magyar Idöka ha encontrado una lista de reuniones celebradas con Comisarios, miembros del Gabinete o Directores Generales de la Comisión Europea desde noviembre de 2014. La Comisión Europea no publica información sobre las actividades de los grupos de presión con personal de nivel inferior.

En las actas de las 45 reuniones también han constatado que, desde 2015, Franz Timmermans y Jean-Claude Juncker han debatido regularmente sobre asuntos de la Unión Europea, en particular sobre la situación de la migración y, por supuesto, sobre Hungría.

Los millones de euros gastados por Soros en los grupos de presión europeos han dado sus frutos. Magyar Idöka descubrió que la organización de Soros se había infiltrado en el Parlamento Europeo de una manera asombrosa.

Los miembros de las fundaciones de la Open Society ya habían estado presentes en Bruselas desde 2008, pero sólo se activaron centrándose en las elecciones de 2014. Luego, al comienzo de la ola migratoria, encendieron el turbo y activaron a docenas de cabilderos oficialmente acreditados que iban al Parlamento todos los días.

Sólo entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2016, tiempo durante el cual 10 de los 17 grupos de presión ya estaban acreditados, los costes de los grupos de presión se situaron entre 2.250.000 y 2.499.999 euros, según datos oficiales.

En 2017 el equipo fue complementado por otros dos grupos de presión, que se reunieron cincuenta veces con los dirigentes de la Comisión.

Como resultado, un tercio de los diputados al Parlamento Europeo están en el bolsillo de Soros.

La decisión tomada por el Parlamento Europeo el jueves no es sorprendente, ya que, como recordamos, encontramos en la base de datos interna de la Soros Open Society Foundation, una lista de diputados cercanos al millonario.

Bajo el título “Aliados fiables” se pueden leer los nombres de los responsables de la toma de decisiones, y resulta que George Soros tiene una influencia directa en 226 de los 751 diputados al Parlamento Europeo.

Con esto, Soros es la facción más grande del Parlamento Europeo, con un tercio de los diputados en su bolsillo.

http://www.origo.hu/nagyvilag/20190117-civil-szervezetek.html

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Balance de la represión contra los ‘chalecos amarillos’: 3.000 condenas y 1.000 manifestantes encarcelados (de momento)

La represión contra los “chalecos amarillos” ha sacudido todos los rincones de Francia. Las condenas más antiguas se las inventó la policía con informes falsos, pero las más recientes se han basado en grabaciones de videovigilancia o en grabaciones tomadas durante las manifestaciones.

Según el Ministerio de Justicia, se han dictado más de 3.000 condenas, un tercio de las cuales han dado lugar a penas de prisión firmes. Hasta principios de julio se habían emitido aproximadamente 440 órdenes de busca y captura (1). Entre noviembre y julio, tribunales pequeños, como el de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), juzgaron 44 casos por las manifestaciones de los “chalecos amarillos”. En Tarbes (Altos Pirineos), 86 personas han sido procesadas. En París, el escenario principal de las manifestaciones, la fiscalía ha acusado a 626 personas de los casi 3.000 detenidos por la policía (2).

A finales de marzo se habían impuesto más de 300 penas de prisión, con suspensión condicional de la ejecución. De febrero a junio la actividad del Juzgado de lo Penal de Clermont-Ferrand se centró en los hechos ocurridos el 23 de febrero, el Acto 15 de los “chalecos amarillos”.

Un hombre de 28 años acusado de violencia grave y desacato fue condenado a finales de junio a 18 meses de prisión, incluidos 12 meses de trabajo en una granja. Los videos lo mostraban de frente rompiendo una piedra para lanzar proyectiles a los policías. “He sido contrario a la policía desde que era un niño”, dijo el acusado en el juicio.

La violencia contra la policía y los daños siguen siendo las principales razones para condenar a prisión. “Han sido procesados por violencia contra la policía, la mayoría de las veces negada por los acusados”, según una abogada de Lille que defiende a los “chalecos amarillos”. Muchas de las condenas se basan únicamente en el testimonio de la policía.

Los actos condenados no sólo incluyen los cometidos durante las manifestaciones. Alrededor de 30 sentencias se refieren a incendios y daños a los radares, que van desde cuatro meses de prisión con suspensión de la ejecución de la pena, hasta un año de prisión.

Las condenas más recientes muestran también las primeras consecuencias de la nueva ley antivandalismo aprobada el 10 de abril de este año, que crea el delito de ocultación del rostro y facilita la prohibición de las manifestaciones. El nuevo delito se utilizó rápidamente contra los manifestantes detenidos. Un hombre de Toulouse fue condenado a dos meses de prisión en abril por ocultar su rostro. Otros dos meses también para una manifestante de Lyon. Otros vieron que a las capuchas se sumaba la participación en un grupo para cometer daños o violencia, con o sin armas, y otros ultrajes y agresiones los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley.

“El objetivo de esta medida no es obtener resultados judiciales”, según un abogado parisino que ha defendido a muchos “chalecos amarillos”. Es una herramienta de aplicación de la ley que permite mantener a las personas detenidas por el simple hecho de cubrir su rostro. “El propósito principal es evitar que alguien proteste”. Los policías pasan su jornada laboral viendo vídeos para identificar a las personas que esconden sus rostros y luego los citan a declarar. Los abogados consideran que es un reflejo de cualquier manifestante: cuando hay humo de gases lacrimógenos, es necesario taparse la nariz con algo.

La ley de 10 de abril ha facilitado los controles preventivos en las inmediaciones de las manifestaciones y ha logrado la prohibición de otras. Es un ejemplo típico de pescadilla que se muerde la cola: la ley se aprueba apresuradamente sobre la base de un consenso que no se puede cuestionar en la calle.

Lo mismo que las manifestaciones, la represión y las condenas no han terminado. El Ministerio de Justicia sigue llevando cabo muchas investigaciones, generalmente en fase preliminar, y se están abriendo expedientes para identificar a los autores de los actos más graves, como por ejemplo los daños del Arco del Triunfo, el incendio en la prefectura de Le Puy-en-Velay o el intento de linchar a motociclistas de la policía en los Campos Elíseos.

(1) https://www.streetpress.com/sujet/1568288596-en-prison-comme-440-gilets-jaunes-ils-racontent
(2) https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2019/07/17/la-justice-face-aux-gilets-jaunes-une-activite-hors-norme-a-paris_5490162_1653578.html

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Los nazis y el Ministerio de Interior operan conjuntamente para la censura de una página web progresista en Alemania

Dos años después del cierre de la edición alemana de la página web Indymedia, el fiscal de Karlsruhe archivó todos los procedimientos penales contra los administradores de la página web, ya que no ha logrado probar que hayan cometido ningún delito. Entre otras cosas, el sitio fue investigado por constituir una “organización criminal”, invasión de la intimidad, difamación y otros delitos.

El veredicto sobre la legalidad de la prohibición de Indymedia sigue pendiente. Probablemente el juicio se celebrará el año que viene. Sin embargo, la conclusión de los correspondientes procesos penales confirma que la prohibición del sitio fue un acto de censura política en la que el Ministerio del Interior, los servicios secretos y el partido nazi AfD trabajaron en estrecha colaboración.

El 14 de agosto de 2017 el entonces Ministro de Interior, Thomas de Maizière (CDU), cerró Indymedia cinco semanas después de las manifestaciones contra la cumbre del G20 en Hamburgo. De Maizière y el entonces alcalde de Hamburgo y actual vicecanciller, Olaf Scholz (Partido Socialdemócrata, SPD), aprovecharon las manifestaciones contra el G20 para lanzar una campaña pública contra el “extremismo de izquierda” con el fin de sentar los cimientos de un Estado fascista.

La policía atacó brutalmente a los manifestantes y miles de ellos fueron perseguidos por toda Europa. Algunos fueron multados duramente.

De Maizière justificó la prohibición de Indymedia diciendo que era “el sitio web más influyente para los extremistas violentos de izquierda en Alemania”. Lo que clausuró fue un foro centrado en la lucha contra el fascismo, el racismo y la guerra imperialista. El sitio ha desempeñado un papel importante en la denuncia del apoyo a los neonazis y ha proporcionado a muchos periodistas información antifascista.

El sitio ha sido utilizado por grupos progresistas como foro de información y discusión. Sobre la base del Código Penal, el poder judicial intervino y pidió a los administradores que eliminaran algunos artículos.

El Ministro de Interior utilizó una argucia legal para eludir la ley de libertad de prensa y cerró el sitio web. Se limitó a afirmar que se trataba de una “asociación” y la prohibió sobre la base de la Ley de Asociaciones.

La ley concede a los Ministros del Interior de los gobiernos federal y autonómicos la facultad de prohibir una asociación y confiscar sus bienes sin necesidad de un procedimiento judicial ni de recurso.

Diez días después de la prohibición del sitio, la policía registró los domicilios particulares de cinco personas y un centro cultural autónomo en Friburgo, incautando numerosos dispositivos técnicos, medios de almacenamiento, libros, notas privadas, folletos y otros documentos. Se les acusó de ser los administradores del sitio web.

La redada policial estuvo acompañada de una caza de brujas en los medios de comunicación. En una conferencia de prensa, el Ministro Federal del Interior declaró incluso que en los registros habían encontrado armas. Más tarde, el Ministerio del Interior tuvo que admitir que sólo se trataba de “objetos peligrosos” encontrados en un centro cultural ocupado, un edificio de varios pisos con muchas habitaciones. No se probó ningún vínculo con los acusados.

Desde el principio la policía coordinó estrechamente con los nazis de AfD y los servicios secretos la persecución de Indymedia y sus administradores.

Durante el procedimiento, los nazis de AfD presentaron varias denuncias penales ante el fiscal contra los administradores del foro. Entre otras cosas, el sitio había publicado documentos internos sobre los apoyos con los que cuentan los nazis .

La identificación de los acusados proviene casi exclusivamente del espionaje, que había introducido a un topo en el equipo de administradores del sitio, según Angela Furmaniak, abogada de dos de los acusados.

El papel del espionaje no se limitó a proporcionar a la policía información secreta, sino que también participó en el análisis de los materiales confiscados durante los registros. La policía envió al servicio secreto discos duros y otras pruebas informáticas que no pudo descifrar.

Entre ellos se encontraba un disco duro en el que se almacenaban los datos de unos 25.000 estudiantes de Friburgo. Uno de los administradores de Indymedia formaba parte de la unión de estudiantes de la Universidad de Friburgo. El sindicato de estudiantes ha intentado sin éxito prohibir legalmente el descifrado y análisis de estos datos. Sin embargo, parece que los espías aún no han logrado descifrarlos.

Los servicios secretos alemanes persiguen a los progresistas mientras trabajan en estrecha colaboración con los nazis, cuyas organizaciones han sido inundadas de confidentes, a través de los cuales los han financiado. El asesino del presidente del distrito de Kassel, Walter Lübcke, formaba parte de esa red y -contrariamente a las mentiras iniciales de los servicios secretos- era un miembro destacado de los grupos neonazis.

Hans-Georg Maassen, que dirigía el espionaje en el momento de la prohibición de Indymedia, es conocido por sus estrechos vínculos con los neonazis. Se reunió con dirigentes de AfD y les aconsejó lo que debían hacer para que su partido no fuera incluido dentro de las organizaciones de la “extrema derecha” en el informe anual que elaboran los servicios secretos y los defendió públicamente, como ocurrió durante los disturbios neonazis de Chemnitz.

Al mismo tiempo, el capataz de los espías incluyó al Sozialistische Gleichheitspartei (Partido Socialista por la Igualdad), que ha destacado siempre por su lucha contra el fascismo, entre los grupos de “extrema izquierda” y, por lo tanto, bajo la vigilancia del espionaje alemán.

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Estado de máxima alerta del capital financiero ante la posibilidad de un Brexit sin acuerdo entre ambas partes

La posibilidad de un Brexit sin acuerdo entre ambas partes representa el riesgo más grave para la economía mundial a corto plazo, dijo Lorenzo Bini Smaghi, Presidente del banco francés Société Générale.

El banquero indicó que el impacto psicológico de un Brexit duro en los mercados financieros sería destructivo, como ya ocurrió con la quiebra de Lehman Brothers en 2008.

Según él, un Brexit sin acuerdo dificultaría a los británicos viajar y encontrar muchos productos en las tiendas y, por lo tanto, tendría un efecto negativo significativo en toda la economía mundial, sus sectores real y financiero.

El jueves 12 de septiembre, el primer ministro británico Boris Johnson prometió que su país estaba listo en caso de que el Brexit no llegara a un acuerdo, un escenario cada vez más probable según la Unión Europea.

El 31 de octubre el Primer Ministro se comprometió a sacar a su país de la Unión Europea a toda costa, a pesar de una ley en el Parlamento británico que le obligaba a solicitar un nuevo aplazamiento si no se llegaba a un acuerdo el 19 de octubre.

Según un informe del gobierno que presenta el peor escenario posible del impacto económico y social de la falta de acuerdo, la falta de acuerdo podría conducir a la escasez de medicamentos y alimentos en el Reino Unido.