La web más censurada en internet

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Cuanto más internet, más control social

En los viejos tiempos, cuando escribías una carta, Correos no inspeccionaba el contenido. Era un mecanismo neutral de comunicación.

Lo mismo ocurría cuando llamabas por teléfono: el operador no se ponía a escuchar la conversación para valorar lo que decía alguno de los interlocutores.

Al llegar internet, los usuarios pensaron que todo seguiría igual y las plataformas digitales fomentaron esa ilusión. Twitter se declaró como el ala más radical del partido de la libertad de expresión (“the free speech wing of the free speech party”), según las palabras de su responsable en Gran Bretaña.

En un foro o una red social cabían todo tipo de contenidos. En 1996 Estados Unidos aprobó una ley curiosa, llamada “de Decencia de las Comunicaciones”, cuyo artículo 230 exoneraba de responsabilidad a las empresas digitales. Los responsables de los contenidos eran quienes los introducían. Las plataformas son neutrales. No crean contenidos, ni los editan, ni los censuran, ni los comentan.

La llamaron “sociedad de la información”. El universo virtual creció gracias a esa ficción de neutralidad, lo que favoreció la creación de grandes empresas monopolistas y buscadores, que hoy son una de las fuerzas más influyentes en el mundo, hasta el punto de que encumbran tantos gobiernos como derriban.

Su poder es tanto que se ha convertido en su punto más débil: los gobiernos necesitan controlar internet. La pandemia ha vuelto a demostrar que quien vigila internet, vigila la sociedad. Cuanto más internet, más control social. De ahí que la pandemia quiera transformar en virtual la vida social.

El fenómeno se ha convertido en su contrario: hay que controlar internet y para ello hay que controlar a las empresas que dirigen el tráfico de contenidos. En una red social la información ha pasado a ser tan selectiva casi como en cualquier otra cadena de comunicación.

En casos así hay que ponerse a analizar los tabués, ese tipo de contenidos que jamás prospera en un buscador o en una red social. No son diferentes que los de cualquier otro medio de comunicación convencional.

La pandemia actual, por ejemplo, está siendo uno de los mejores laboratorios de censura y lo mismo ocurre con las presiones sobre las cadenas rusas y con quienes difunden contenidos alternativos en esa misma línea, lo cual ha conducido a encargar a las centrales de espionaje el control de internet.

Pero hay también casos menos conocidos en los que la propia censura hace las delicias de los conspiranoicos, como es el caso de los fraudes cometidos por Biden, el nuevo Presidente de Estados Unidos, en Ucrania, algo que ya contamos aquí el año pasado. En una campaña electoral lo normal es que el fraude hubiera sido aireado a los cuatro vientos. No ha sido así.

No obstante, hasta la Wikipedia tiene una entrada sobre el chanchullo, donde se puede leer que, siendo vicepresidente con Obama, Biden “desempeñó un papel importante en la política de Estados Unidos hacia Ucrania” (1). El caso no puede ser más goloso: al mismo tiempo que en 2014 los fascistas daban un Golpe de Estado en Kiev, al hijo de Biden le nombraban miembro de la dirección de Burisma, el mayor productor de gas natural de Ucrania.

Mientras los neonazis del Batallón Azov masacraban a 46 manifestantes en Odesa, sus amigos “progres” del partido demócrata se llenaban los bolsillos. El hijo de Biden salió exculpado de cualquier acusación de fraude y los neonazis igual. Los fascistas y los socialfascistas siempre han ido de la mano.

Son los medios de comunicación ecuánimes, objetivos e imparciales los que tienen que lavar la cara a personajes como Biden y su hijo. “Durante semanas, Hunter Biden fue acusado por la candidatura de Trump de haber realizado negocios oscuros tanto en Ucrania como en China”, dice El Confidencial (2).

Quienes denuncian las corrupción de los Biden son, pues, sospechosos de apoyar a Trump y, por lo tanto, a las corrientes más reaccionarias del imperialismo estadounidese, o quizá se trata de mantener la equidistancia entre unos (republicanos) y otros (demócratas) que, una vez más, son esencialmente iguales.

De esa manera se genera el silencio, que es la peor forma de censura y que no es característica sólo de las grandes cadenas de comunicación. Quienes no siguen la corriente dominante aparecen como marginales que, además de conspiranoicos, le hacen el juego a lo peor de la reacción imperialista.

Pero la historia sigue su curso y, lamentablemente, cuando las elecciones han pasado y ya nadie se acuerda, siguen saliendo trapos sucios: la fiscalía de Delaware abre una causa contra el hijo de Biden por fraude fiscal, es decir, un paraíso fiscal persigue al hijo del Presidente de Estados Unidos por delito fiscal (3).

Así funciona Estados Unidos, tanto en el caso de los Biden como en el de Al Capone. No importa que los peores crímenes queden impunes, pero es intolerable dejar de pagar impuestos. “La fiscalía federal estudia si Hunter y sus socios violaron leyes sobre impuestos y lavado de dinero durante sus negocios en el extranjero”, dice Antena3.

La investigación fiscal contra el hijo de Biden empezó en 2018, pero nos acabamos de enterar ahora, cuando la campaña electoral ya ha pasado. La fuente es el propio Hunter Biden, que ha publicado un comunicado a través del equipo de transición de su padre.

Dentro de poco vamos a ver si las grandes cadenas dispensan a Baiden el mismo tratamiento informativo que han estado dispensando a Trump durante cuatro años o dejarán las noticias en manos de los conspiranoicos, de la censura y de los cazadores de bulos.

(1) https://es.wikipedia.org/wiki/Hunter_Biden
(2) https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-12-10/hunter-biden-hijo-joe-biden-investigacion-fiscal_2866152/
(3) https://www.antena3.com/noticias/mundo/el-hijo-de-biden-investigado-por-temas-fiscales-en-delaware-eeuu_202012105fd1e1c4d4aa1e0001262f90.html

Los datos que extraen de tu móvil acaban en Estados Unidos

La información privada de los usuarios de móviles de todo el mundo acaba en las bases de datos estadounidenses, según el periodista noruego Martin Gundersen.

Quizás no estén escuchando las conversaciones, pero al menos rastrean los desplazamientos allá a donde vamos.

El 15 de febrero Gundersen comenzó un experimento: instaló 160 aplicaciones en su móvil y se dedicó a llevar el dispositivo consigo a todas partes.

Ninguna de las 160 aplicaciones instaladas nombraban a Venntel en sus condiciones de uso, pero pidió documentación y Venntel le respondió informándole sobre los lugares en los que había estado en más de 75.000 ocasiones.

Venntel se encarga de vender datos de localización que obtiene de usuarios de todo el mundo a organismos estadounidenses como el FBI, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Diferentes organismos públicos de Estados Unidos utilizan los datos recopilados por Venntel para localizar a inmigrantes indocumentados y las rutas que recorren para cruzar la frontera.

Los traficantes de datos dejaron claro que habían compartido esos datos con sus clientes, cuya identidad no quisieron especificar, aunque se trata de organismos policiales y de espionaje estadounidenses.

Venntel confesó que consiguieron la información gracias a Gravy Analytics, otro traficante de datos que se encarga de recopilar información sobre usuarios para mostrarles publicidad personalizada.

A su vez, desde Gravy Analytics afirman desconocer dónde se originan la mayoría de los datos con los que trafican, pero aparecieron los nombres de dos empresas: Predicio (francesa) y Complementics (estadounidense).

El periodista noruego descubrió que los datos que acabaron en Venntel fueron recopilados por una empresa eslovaca llamada Sygic, que tiene un total de 70 apicaciones para descargar de Google.

Gundersen se puso en contacto con Lawiusz Fras, desarrollador de una de las aplicaciones instaladas en su móvil, “Funny Weather”, quien afirmó no conocer a la empresa Venntel.

https://www.genbeta.com/seguridad/mi-telefono-me-espia-periodista-noruego-averiguo-como-sus-datos-localizacion-acabaron-contratista-gobierno-ee-uu

La distancia social es control total

El objetivo de la ingeniería social introducida con la pandemia es la desocialización de las personas, su atomización, que todo se lleve a cabo distanciados unos de otros: teletrabajo, telepago, telemedicina…

La distancia social se logra gracias a las conexiones informáticas, que tienen dos caras. La primera es el control social y la segunda la piratería. Las sociedades quedarán bajo vigilancia, bien sea legal o ilegal.

Durante el confinamiento, Ian Beer, un pirata del Proyecto Cero de Google, desarrolló una técnica para rastrear los móviles con una sencilla antena casera que apunta hacia ellos.

El control total de un móvil sólo cuesta unos 100 dólares (1). No cabe duda que habrá que comprar nuevos móviles, nuevos ordenadores y nuevas tabletas para impedirlo. A su vez, dichas terminales irán equipadas con nuevos sistemas operativos a prueba de piratas, pero sólo es cuestión de tiempo que los piratas mejoren sus ténicas de intrusión.

Beer grabó un vídeo (2) en el que aparece pirateando 26 móviles a la vez con una sola emisión. Envía una señal inalámbrica que funciona incluso si los móviles atacados no están conectados a la red.

En un video técnicamente más complejo (3), Beer da una explicación detallada del ataque.

Lo mismo se puede lograr con un vehículo autónomo. El mes pasado Lennert Wouters, un investigador belga, clonó la llave de un coche Tesla modelo X, entró en su interior, lo arrancó y lo puso en movimiento.

Sólo necesitó un equipo que cuesta unos 300 dólares.

(1) https://www.vice.com/en/article/4ad3jm/watch-google-hacker-ha-26-iphones-with-zero-day-exploit
(2) https://www.youtube.com/watch?v=ikZTNSmbh00
(3) https://www.youtube.com/watch?v=_sTw7GGoJ6g

Massachusetts prohibe el reconocimiento facial por parte de la policía

Massachusetts podría ser el primer estado en prohibir el uso de tecnologías de reconocimiento facial por parte de la policía. Los diputados y senadores del Estado han aprobado un proyecto de ley de reforma de la policía que impide a la policía y otras instituciones públicas el uso de estas técnicas invasivas de la intimidad.

La ley tiene excepciones. La policía puede obtener una orden para recurrir al reconocimiento facial para comparar el permiso de conducir de alguien y para recabar pruebas en el caso de investigaciones por lesiones graves o muerte.

Los sistemas de reconocimiento facial son un atentado al derecho a la intimidad y confieren a la policía facultades de control absoluto sobre los movimientos de la población, que se suman a otros, como la videovigilancia.

La razón por la cual se prohibe el uso de sistemas reconocimiento facial es que todavía están lejos de ser perfectos, y los estudios continúan mostrando que es más probable que identifiquen erróneamente a hombres negros que a blancos.

La tecnología ha mejorado mucho en la última década gracias a la “inteligencia artificial”, pero se ha detectado que los sistemas proporcionados por empresas privadas con poca supervisión pública, presentan sesgo en áreas como la edad y la etnia, lo que hace que la herramienta no sea fiable.

El reconocimiento facial produce resultados inexactos, especialmente para las personas que no son de tez blanca, según un estudio del gobierno de Estados Unidos, que demostró que los algoritmos de reconocimiento facial mostraron tasas de falsos positivos para asiáticos y afroestadounidenses hasta 100 veces más altas que para los blancos.

Los investigadores del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), un centro público de investigación, también encontraron que varios algoritmos asignaron el género incorrecto a las mujeres negras casi el 35 por ciento de los casos.

Los errores son demasiado grandes y, por lo tanto podrían llevar al encarcelamiento de personas inocentes, además de que la tecnología podría usarse para crear bases de datos que pueden ser pirateadas.

Kade Crockford, portavoz de la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) dice que “nadie debería temer que el gobierno rastree e identifique su rostro donde quiera que vaya, o que se enfrente a una detención injusta debido a una tecnología sesgada y propensa a errores. Felicitamos a la legislatura por impulsar un proyecto de ley para proteger a todos los residentes de Massachusetts de la tecnología de vigilancia facial no regulada”.

Varias ciudades de los Estados Unidos han aprobado prohibiciones similares de reconocimiento facial en los últimos años. San Francisco se convirtió en la primera ciudad en prohibir su uso en mayo de 2019, seguida de Somerville, Massachusetts y Oakland, California. Boston prohibió la tecnología en junio, mientras que Portland, Maine, lo siguió en noviembre.

Sin embargo, las normas de esas ciudades, como Massachusetts, solo prohíben el uso del reconocimiento facial por parte de la policía y los funcionarios públicos.

El pucherazo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos no es ninguna novedad

En Estados Unidos las elecciones siempre han sido fraudulentas, aunque sólo se queja el candidato que las pierde. Cuando ganan los republicanos, protestan los demócratas, y al revés si son éstos los que ganan.

Ocurre como en cualquier república bananera, si bien antes los pucherazos se hacían de forma manual, con documentación falsa, haciendo votar a los muertos o falsificando el voto por correo.

Hoy se lleva a cabo de manera digital, moderna, gracias a la “inteligencia artificial”. Lo llaman “voto electrónico”.

Para encubrir el fraude hace cuatro años los demócratas lanzaron la cortina de humo del “candidato manchú”: quienes habían manipulado las elecciones eran los rusos.

En 2002 Bush llegó a la presidencia gracias a un recuento de votos rocambolesco que hizo historia y prorrogó el cargo cuatro años después con otro trucaje, que dio lugar a la película “Hacking democracy”, rodada en 2006 (*).

En el mundo moderno las elecciones se piratean y es algo tan corriente que en 2004 el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que privatizó el recuento electoral, encomendándolo a ciertas empresas. Se llama Ley Hava o ley de ayuda al voto de América.

Ya no es ningún misterio que quienes designan al Presidente de Estados Unidos son las empresas privadas. La Ley Hava fue acompañada de la creación de una Comisión Electoral y de fondos para sustituir los vetustos métodos de recuento electoral por los modernos.

Unas elecciones modernas se piratean de dos maneras: bien porque los ordenadores están diseñados para el fraude, o bien porque alguien las controla “desde fuera”. Donde hay un ordenador, al lado hay un pirata informático que puede hacerse con el control y la Ley Hava se olvidó de la piratería, de modo que no hace falta ser un experto consumado para alterar un recuento electoral.

Un informático ha demostrado que con un destornillador y una tarjeta de memoria se puede piratear un ordenador de recuento de votos en 7 minutos. Si está conectado a internet también se puede hacer de manera remota, mucho menos cutre.

Los fraudes electorales han dado luchar a varios juicios en Estados Unidos. En uno de ellos, celebrado en 2007 en Nueva Jersey, el profesor de informática de la Universidad de Princeton, Andrew Appel, intervino como perito y declaró que es “muy fácil reemplazar el programa de un ordenador para que el votante piense que está votando por un candidato, cuando en realidad está votando en la columna equivocada […] Incluso se puede programar para que lo haga sólo el día de las elecciones”.

Aquel mismo año el Secretario de Estado de California impugnó las elecciones porque los ordenadores permitían la inserción de programas del tipo “caballo de Troya” a través de un dispositivo de almacenamiento extraíble que podía alterar los resultados de los votos. Los ordenadores se podían diseñar para mover los votos de un candidato a otro y el desplazamiento no es detectable en el recibo que se le entrega al votante.

En Alemania el voto electrónico se implementó en 2005 y cuatro años después se dejó de utilizar. El Tribunal Supremo lo declaró inconstitucional porque las personas que carezcan de conocimientos técnicos no pueden controlar el recuento. No tienen más remedio que confiar en la palabra de una empresa o de un experto.

En Holanda se dejó de usar el voto electrónico en 2006 después de dos décadas porque se comprobó la facilidad de violar el secreto del voto. Un grupo de informáticos demostró que a 25 metros de distancia —y con un equipamiento accesible y barato— se podía saber a quién había votado alguien.

En Finlandia se realizó una prueba del voto electrónico en tres municipios durante las elecciones de 2006. Sin embargo, luego esos comicios tuvieron que ser anulados.

El gobierno de Irlanda gastó en 2002 ciento de millones de euros en las elecciones digitales y dos años después, la comisión que supervisó el sistema declaró que no era capaz de garantizar la seguridad del recuento. En 2012 el gobierno irlandés vendió las 7.500 máquinas de voto electrónico que habían comprado.

En España tanto Ciudadanos como Podemos quisieron dar muestras de modernidad y lo que hicieron fue cometer fraudes gloriosos contra sus propios afiliados.

(*) https://www.imdb.com/title/tt0808532

Suecia: del dinero fiduciario a la moneda digital y regreso al punto de partida

A comienzos de este año Suecia, pionera en la erradicación del dinero fiduciario, dio marcha atrás. El gobierno promulgó una nueva norma que entró en vigor el 1 de enero para obligar a los bancos a entregar billetes y monedas.

Los suecos pueden volver a retirar dinero en efectivo en un radio de 25 kilómetros de su casa. La ley se aplica al 99,7 por ciento de la población y el banco central vigila para que los bancos recalcitrantes cumplan con la norma.

En un país en el que todo se puede pagar con tarjeta, sin compra mínima, desde la más pequeña hasta la más grande, cada vez más suecos no llevan monedas o billetes. El sistema de pago digital “swish” es instantáneo por teléfono y vincula cada número a una cuenta bancaria. Suecia fue uno de los primeros en adoptar la nueva tecnología, que muchos celebraron como la divisa de una sociedad modélica… en todo menos en la pandemia.

En Suecia sólo circulan 56.000 millones de coronas, lo que representa sólo el 1,2 por ciento del PIB, y el dinero en efectivo se utiliza ahora en sólo en el 6 por ciento de las transacciones. Es el nivel más bajo del mundo, dado que el promedio de la zona euro es de más del 10 por ciento. Hasta este año las tiendas rechazaban el dinero en efectivo.

La motivación principal del cambio es social. El dinero digital tiene un coste que muchos no pueden pagar. Exige tener un móvil, número de registro universal, una cuenta bancaria y una dirección fija que no tienen los inmigrantes, los turistas o las personas en situación precaria.

Requiere el dominio de las aplicaciones digitales y la capacidad de consultar la cuenta bancaria en una terminal: un móvil, un ordenador o una tableta, que no todos tienen y no todos pueden comprar.

También requiere una conexión permanente a la red telefónica y a internet, lo que no siempre es posible en las zonas rurales. Por lo tanto, impide a todos aquellos que no cumplen estas condiciones comprar bienes y servicios.

A los ciudadanos también les preocupa el riesgo de ataques informáticos o la caída de la conexión a internet. Se quedarían sin medios de pago.

Tecnología y lucha por los mercados en una economía de guerra

La economía de guerra ha tomado un nuevo giro desde la llegada de las redes 5G al mundo de las telecomunicaciones. Es una guerra tecnológica donde Estados Unidos intimida a China y se muestra dispuesto a cualquier cosa para detener el ascenso de empresas punteras como Huawei.

África ha quedado en medio del fuego cruzado. Hace años que China es un protagonista de primer orden en el Continente Negro y Huawei también. La empresa está presente en los 63 países en los que ofrece una amplia gama de servicios: venta de móviles, formación universitaria, servicios en la nube, red de Internet, sistemas de vigilancia, ciudades inteligentes…

Huawei vende terminales y servicios que son un 15 por ciento más baratos que Nokia y Ercisson, por lo que se ha apoderado del mercado africano. Cubre más del 60 por ciento de las instalaciones de 3G-4G y quiere desarrollar las redes 5G, que son el escaparate del choque tecnológico entre ambas potencias.

Esto explica las sanciones impuestas por Estados Unidos en mayo del año pasado, tanto a Huawei como a ZTE, otra empresa china de telecomunicaciones.

El año pasado Washington puso encima de la mesa 60.000 millones de dólares para ayudar al desarrollo de los países africanos que renuncien colaborar con Huawei.

Como en el resto del mundo, también en Estados Unidos ha puesto en marcha la maquinaria de propaganda mediática para acusar a la empresa china de espionaje y vigilancia masiva. El periódico francés Le Monde asegura que el Partido Comunista de China ordenó a Huawei espiar las reuniones de la Unión Africana.

Estados Unidos también ha recurrido al chantaje para impedir que Huawei acceda a los microprocesadores y China ha respondido amenazando con cortar el suministro de las tierras raras necesarias para fabricarlos.

Los grandes monopolios tecnológicos (Google, Facebook, Amazon, Microsoft) han salido al rescate. El año pasado Google eliminó las aplicaciones de los móviles de Huawei y los chinos reaccionaron prometiendo un nuevo sistema operativo y aplicaciones de reemplazo para sus usuarios.

Estados Unidos ha logrado que sus secuaces también le respalden. Australia, Canadá, Reino Unido, Japón, Singapur y Nueva Zelanda han adoptado medidas contra la empresa china.

Pero Estados Unidos no es inmune a las acusaciones de vigilancia y espionaje por medio de las nuevas tecnologías de la información, como se demostró tras las revelaciones de Edward Snowden en 2013.

Teletrabajo más dinero virtual: el capitalismo inicia el Gran Reajuste

Recientemente el Banco Central Europeo organizó un panel de discusión en el Foro Virtual de Bancos Centrales. “Esta crisis sanitaria ha acelerado una serie de cambios tecnológicos ya en marcha. En general, los cambios tecnológicos están causando una aumento de la productividad. A largo plazo, los beneficios se reparten a gran escala. Sin embargo, puede que no sea así a corto plazo. Nos estamos moviendo hacia una economía diferente; una que será más dependiente del cambio tecnológico”, dijo el Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Es una opinión que coincide con la de los expertos que anticipan que los nuevos comportamientos inducidos en gran partel del mundo, que impactarán en las relaciones personales, el ambiente de trabajo, la economía e incluso la política y el gobierno. Las nuevas herramientas son el teletrabajo, la telemedicina, la gobernanza electrónica, el voto electrónico, la realidad aumentada y la adopción de monedas virtuales.

Las empresas van a intentar imponer el teletrabajo de forma masiva. La pregunta es si este objetivo se puede alcanzar si no es vinculante, es decir, hasta qué punto tienen que mantener la ola de histeria para imponerlo, de una manera más o menos forzosa, e incluso mistificada: no sólo no es una imposición sino un “derecho” de los trabajadores.

El Ministerio de Trabajo alemán ya lo ha puesto en marcha. Desde abril los trabajadores tienen “derecho” a trabajar desde casa. El gobierno alemán ya trabaja en un proyecto de ley que se publicará en las próximas semanas. Un 88 por ciento de las empresas e instituciones animan o fuerzan a sus trabajadores a trabajar desde casa, según una encuesta.

La ola de histeria podría tener repercusiones aún más profundas, en particular en el sector financiero y, más concretamente en términos monetarios. En Estados Unidos el partido demócrata presentó en marzo un proyecto de ley de dólar digital al Congreso. El objetivo es otro misticismo: apoyar económicamente a las personas que atraviesan dificultades económicas como consecuencia del confinamiento.

La iniciativa tiene por objeto estimular la economía, que está en recesión debido a la crisis económica. Es otro catalizador para extender el acceso de la banca a las personas que hasta ahora estaban fuera de ella, que suman unos 63 millones.

El Servicio Postal les proporcionará una cuenta digital en dólares, así como cajeros automáticos para que puedan acceder a sus fondos. Se espera que el proyecto atraiga a cientos de miles de estadounidenses a un mundo de dinero virtual de miles de millones de dólares inyectados por la Reserva Federal.

El Banco de Inglaterra también ha iniciado una ronda de consultas para emitir libras digitales. El Banco Central Europeo, por su parte, se prepara para el euro virtual como complemento de los billetes fiduciarios. Por supuesto, China encabeza los planes para lanzar su propio moneda digital.

Europa sigue al asalto de las conversaciones privadas de sus ciudadanos

El Consejo de la Unión Europea quiere volver a poner encima de la mesa el acceso a las conversaciones cifradas, un asunto que ya fue discutido entre 2015 y 2017. Se trata de abrir puertas traseras a los sistemas de cifrado de las comunicaciones que garantizan la confidencialidad de los mensajes.

En el primer artículo de los textos legales, los europeos tienen derechos; el segundo es el que habla de su anulación. En el caso del derecho a la intimidad, se trata de introducir autorizaciones para que la policía, los espías, los piratas o las empresas comerciales tengan acceso a las comunicaciones cifradas de extremo a extremo (P2P).

La Radio Austríaca ORF ha difundido (1) el borrador de una nota enviada por la Presidencia del Consejo de la Unión Europea a las delegaciones de otros países. El documento fechado el 6 de noviembre se titula: “Seguridad a través del cifrado y seguridad a pesar del cifrado” (2).

El cifrado de extremo a extremo P2P es un sistema de seguridad utilizado por WhatsApp, Apple iMessage, Signal y muchos otros servicios de mensajería, para impidir que terceros -incluso quien está a cargo del servicio- lea las conversaciones entre dos interlocutores. Si alguien intercepta un diálogo entre el emisor y el receptor, sólo obtiene una secuencia aparentemente inconsistente de números y letras.

Cuando el cifrado se aplica de extremo a extremo, las conversaciones sólo se pueden leer en los terminales de las personas involucradas en ellas. La policía sólo tienen una forma de acceder a esas comunicaciones: desbloquear el móvil del remitente o del destinatario.

Para invadir la intimidad de las personas, el repertorio argumental de la policía es siempre el mismo: proteger a los buenos vigilando a los malos. Hay sicarios que lo fundamentan de una manera un poco más sofisticada, pero no van más allá. Hay que sacrificar la libertad en aras de la seguridad.

Ese tipo de argumentos se venden por dos razones: la primera es que todo el mundo cree estar en el bando de los buenos y la segunda es que, como muestra la pandemia, están creando una sociedad de personas asustadas y atemorizadas por infinidad de riesgos, reales o ficticios.

Ese tipo de argumentos falaces se introducen en los propios proyectos legislativos: “Las autoridades competentes deben poder acceder a los datos de manera legal y selectiva, respetando los derechos fundamentales y el régimen de protección de datos, y sin degradar la seguridad cibernética”, afirma el documento del Consejo de la Unión Europea.

Dialéctica pura. Una cosa y la contraria. Es un símbolo de los equilibrios en el alambre que hacen todos los saltimbanquis: los europeos tienen derecho a la intimdidad y, al mismo tiempo, la policía debe poner interceptar sus mensajes privados.

Ese tipo de fraudes hipócritas han conducido a la situación actual, donde no hay buenos ni malos sino que todo el mundo (que puede) espía a todo el mundo. Por eso a principios de este año la Comisión Europea recomendó que en sus comunicaciones cotidianas sus funcionarios utilizaran Signal, una aplicación de comunicación cifrada de código abierto.

También es pura dialéctica: las instituciones europeas vigilan y son vigiladas. Los que vigilan quieren más facilidades para vigilar y cuando son vigilados quieren impedirlo. Todo depende del lado de la ecuación en la que se encuentren en cada momento.

Pero eso es difícil. Cuando debilitas una parte de un sistema de cifrado, lo debilitas para todos, en todas partes, reconoció Facebook (propietaria de WhatsApp) el año pasado. Cuando el fiscal general de Estados Unidos les pidió una puerta trasera para espiar a sus usuarios más fácilmente, Facebook respondió: “Las puertas traseras que están pidiendo en nombre de la ley y el orden sería un regalo para los chantajistas, los piratas y los regímenes represivos”.

Volvemos a la dialéctica: el derecho a la intimidad es bueno pero también malo. Con los sistemas de cifrado ocurre lo mismo: son buenos y malos al mismo tiempo. Se pueden utilizar mal, algo que el Consejo de Europa quiere prevenir: “Los delincuentes pueden incluir en su modus operandi soluciones de cifrado de disponibilidad inmediata y llave en mano. En su acto de equilibrio, nos recuerda que estas soluciones son creadas para un propósito legítimo”.

Los buenos son ellos; los malos todos los demás.

(1) https://fm4.orf.at/stories/3008930/
(2) https://files.orf.at/vietnam2/files/fm4/202045/783284_fh_st12143-re01en20_783284.pdf

Amazon colabora con la policía en la instalación masiva de cámaras de videovigilancia en los barrios

Ring es una filial de Amazon que fabrica dispositivos de vigilancia, incluidas cámaras de detección de movimiento en exteriores para instalar en las viviendas particulares, llamadas Ring Video Doorbell.

Además Ring ha desarrollado una aplicación, llamada Neighbors, que permite a los usuarios compartir en línea los vídeo que se graban con las cámaras de videovigilancia.

Ring aloja las grabaciones en la nube, por lo que las mismas quedan fuera del control de los usuarios y pueden ser capturadas por terceros, entre ellos la policía.

Por medio de contratos, Ring ha facilitado a más de 1.000 organismos policiales de Estados Unidos las grabaciones privadas, sin necesidad de ninguna orden judicial.

La red de cámaras que Ring tiene instaladas en los barrios proporciona a la policía un instrumento de vigilancia masiva.

La policía de Jackson, en Mississippi, ha lanzado un proyecto piloto de 45 días que permite a los clientes de Ring enviar en tiempo real las imágenes grabadas en sus viviendas a su centro de tratamiento de datos.

Será una vigilancia completa de todo lo que ocurre en la puerta de entrada de los vecinos y sus actividades cotidianas. Incluso aquellos que no quieren vivir bajo un estado de vigilancia permanente no podrán escapar de las cámaras cercanas que apuntan hacia ellos.

Lo pintoresco del caso es que recientemente Jackson se convirtió en la primera ciudad del sur de Estados Unidos en prohibir la tecnología de reconocimiento facial para fines policiales.

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