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Twitter deniega a un juzgado de Guadalajara datos de varios activistas de la PAH por estar protegidos por la Constitución de Estados Unidos

Twitter ha denegado al Juzgado de Instrucción nº1 de Guadalajara los datos personales y las direcciones IP’s asociadas a la cuenta del nodo local de esta ciudad, al advertir desde la empresa radicada en Estados Unidos que «la naturaleza del Delito no les permite aportar la información requerida«,
según ha informado al Juzgado la Unidad de Delitos Especializados y
Violentos (UDEV) de la Policía Nacional en un informe fechado en febrero de 2020.
Este Juzgado de Instrucción, a cargo de la jueza Cristina Vicenta Guerra Pérez, inició una investigación penal contra varios activistas de la PAH, a partir de la difusión en redes sociales de las imágenes de los miembros de una Comisión Judicial que, en marzo de 2019, estaban desahuciando a dos jóvenes y un bebé de pocos meses que habían ocupado una vivienda en el Barrio del Alamín de esta ciudad.

La jueza admitió a trámite una denuncia del Servicio de Ejecuciones de los juzgados de Guadalajara, y además dictó una medida cautelar consistente en que «se abstengan en lo sucesivo de volver a publicar fotos de los integrantes de la comisión judicial» así como de realizar comentarios «similares» respecto a este desempeño de su función en esta actuación, todo ello bajo apercibimiento de imputar «un delito de desobediencia«.

Si bien en la causa hay ya al menos dos activistas investigados, el juzgado requirió a Twitter datos personales que a juicio de la red social no cumplen con los requisitos mínimos para su acceso, ya que al tener esta empresa su sede social en Estados Unidos, los datos requeridos están protegidos por la Primera Enmienda de la constitución norteamericana, que establece la libertad de culto, de expresión, de prensa, petición y de reunión.
 
La cautelar que adoptó la jueza provocó un terremoto en las redes sociales, ya que diputados y periodistas alertaron de lo que este tipo de resoluciones suponen a la libertad de expresión, y ahora Twitter, empresa que no es sospechosa de simpatías hacia este derecho, parece estar alarmada por el cariz que toman determinadas resoluciones judiciales  
Joaquín Urías es letrado del Tribunal Constitucional

Este juzgado, y como consecuencia de esto, tiene abierta otra investigación paralela sobre 15 usuarios de redes sociales de toda España que hicieron comentarios sobre esta noticia y a los que se les acusa de «injurias» contra la jueza.


Es sin duda paradójico que haya tenido que ser una constitución extranjera la que sirva, al menos en este caso, para proteger la libertad de expresión en España.

Suiza también lanza su aplicación para rastrear apestados con el móvil

Desde ayer la aplicación SwissCovid está disponible para su descarga en todos los móviles suizos.
A diferencia de España, en Suiza no han instalado la aplicación por narices y de manera clandestina. Se lo instala el que quiera.
Como siempre, el sistema de seguimiento de contactos, diseñado con el pretexto del coronavirus, promete que garantizará la intimidad y el control de los datos personales de los usuarios.

Con esto concluye la fase experimental que involucró a más de 15.000 usuarios desde el 25 de mayo. Ahora, el principal desafío es convencer al mayor número posible de ciudadanos de que utilicen este instrumento de vigilancia, según la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) y las escuelas politécnicas federales de Zúrich y Lausana, que participaron en el desarrollo de la aplicación.

“Esta aplicación garantiza la máxima protección de los datos y la privacidad gracias a la descentralización de la información y la tecnología Bluetooth, que excluye la geolocalización”, explicó Sang-il Kim, responsable de la División de Transformación Digital de la OFSP.

La aplicación utiliza un sistema descentralizado de registro de datos para convencer a los usuarios de que su intimidad está a salvo y evitar el uso indebido de la información personal. Todas las operaciones sensibles, como el análisis de los contactos de cada usuario, se realizan directamente en el teléfono móvil y no en un servidor central, como ocurre con las aplicaciones centralizadas.

Esta característica asegura que los datos recogidos por la aplicación permanezcan en su dispositivo hasta 14 días. La información permanece anónima y cifrada.

Un usuario puede compartirla voluntariamente con la burocracia sanitaria mediante un código que recibe de ella, en cuyo caso se transfiere al servidor central de la Confederación.

El protocolo detecta contactos de proximidad entre dos móviles que estén al menos a 1,5 metros de distancia durante al menos 15 minutos.

Según Carmela Troncoso, responsable del proyecto DP-3T (Seguimiento descentralizado de proximidad, garante de la intimidad), este sistema marca un importante punto de inflexión en la forma en que se conciben y desarrollan las tecnologías de masas. “Por primera vez, una solución para millones de personas ha sido diseñada con la privacidad en su núcleo desde el principio. Esto nunca había sucedido antes”, dijo.

Aunque la fase de prueba ha confirmado la solidez del sistema desde el punto de vista del anonimato y la protección de los datos, algunas cuestiones críticas podrían dar lugar a un seguimiento ineficaz.

La primero se refiere al riesgo de crear falsos positivos y falsos negativos. La tecnología Bluetooth utilizada para establecer el contacto de proximidad está influenciada por varios factores externos. La presencia, por ejemplo, de obstáculos como paredes y de otras personas u objetos entre dos teléfonos inteligentes afecta a la precisión de la detección. El segundo gran desafío es la interoperabilidad del sistema suizo con aplicaciones de otros países.

Además, la aplicación utiliza interfases de programación de Google para permitir la interoperabilidad entre los dispositivos Android e iOS y no se puede descartar que en el futuro cambien las reglas de juego. “Google y aplicaciónle han elegido implementar la solución menos intrusiva para la privacidad. Pero quién sabe si este gesto de buena voluntad no es un arma de doble filo que se utilizará para justificar nuevas normas de recopilación de datos o incluso el abuso de datos en el futuro, por ejemplo, para lograr el codiciado objetivo de dominar el mercado de la telemedicina”, subrayan Matthew Dennis y Georgy Ishmaev, investigadores de la Universidad Técnica de Delft.

https://www.swissinfo.ch/spa/respeto-a-la-privacidad_suiza-lanza-su-app-de-rastreo-swisscovid/45857368

Nueva subnormalidad: otro apestado al que los médicos ponen en busca y captura

José María Vergeles
Un inmigrante al que los médicos imputan el brote de contagios de coronavirus en Navalmoral de la Mata se encuentra en busca y captura. Lo ha confirmado José María Vergeles, el consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura.

Los médicos se han convertido en un cuerpo represivo y, en el colmo del delirio, los medios de comunicación califican al inmigrante como “fugado”, como si hubiera huido tras cometer algún crimen.


Vergeles ha detallado que tuvieron conocimiento de ese hecho ayer y que los médicos han dictado una resolución de busca y captura para su detención: “Es cierto que ya han pasado 14 días desde que se le hicieron las pruebas, por lo que probablemente su PCR sea negativa, pero la Delegación del Gobierno ya está informada de que está en paradero desconocido”.

Según explicó anteriormente el consejero de Sanidad, se trata de un inmigrante que llegó a Extremadura desde Almería el 24 de mayo.

El brote detectado en Navalmoral de la Mata cuenta con 20 personas confirmadas de coronavirus, todas ellas con síntomas leves, y otras 30 personas aisladas a la fuerza, repartidas en seis viviendas.

El origen de este brote es un inmigrante magrebí que llegó en patera a las costas de Almería, y posteriormente fue trasladado a Extremadura el 24 de mayo, en el marco del Programa de Atención Humanitaria y Protección Internacional dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del gobierno central.

El viaje de Almería a Extremadura del inmigrante se produjo a pesar de estar vigente el estado de alarma, lo cual está recogido en la normativa como «un traslado de consideración esencial» en el caso del programa de acogida, atención humanitaria y protección internacional, y por lo tanto permitido.

El inmigrante era asintomático, pero se le hizo la prueba PCR y dio positivo, por lo que se inició el programa de rastreo de contactos.

Más información:
– Una nueva profesión represiva creada por la pandemia: los ‘gorrillas’ sanitarios
– 60.000 matones sanitarios para vigilar a los apestados en Italia

Un juez ordena la busca y captura de un apestado para imponerle el confinamiento forzoso

La ley marcial no ha acabado, ni acabará nunca. Ha llegado para quedarse. No nos confundamos. Un juez ha avalado, por primera vez, la localización y aislamiento obligatorio de un vecino contagiado de A Coruña. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela ha ratificado la medida adoptada por la Consellería de Sanidade ayer por la que se acuerda la medida «con la finalidad de que se le aplique la medida sanitaria correspondiente, hasta que deje de representar un riesgo para la salud pública, dependiendo su prolongación del dictamen del Servizo de Medicina Preventiva del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela».

Es el Estado de Desecho en vivo y en directo: un juez que carece de competencias en materia penal, impone una pena de reclusión por tiempo indefinido, sin juicio y sin posibilidad de defensa.

La persona fugada fue diagnosticada el pasado domingo “y habiéndose indicado por las autoridades sanitarias el aislamiento en su domicilio, no se encuentra en el mismo”. Pero, como ocurre en estos casos, el juez actúa amparado por el aval de un “experto”, en este caso un médico forense con menos luces que un farol apagado.

El forense ha emitido un informe al Juzgado en el que se expone que el apestado es “peligroso” para sí mismo y para otros, por lo que ordena su confinamiento forzado.

En su auto, el magistrado destaca que la decisión adoptada por la autoridad sanitaria tiene “suficiente amparo legal” porque defiende la salud pública, la integridad física y la salud de la población en general.

Cuando imponen recortes económicos en sanidad, se olvidan del derecho a la salud, que sólo reaparece para acabar con los derechos más elementales.

Las órdenes de busca, captura y confinamiento de los apestados está amparado por las leyes sanitarias, al margen de que el estado de alarma esté o no en vigor, y cuentan con el apoyo de los médicos forenses, los fiscales, los jueces y, naturalmente, los policías.

Antes de que se promulgara el estado de alarma, los jueces de lo contencioso-administrativo ya impusieron el confinamiento forzoso de los 70.000 vecinos de Igualada. Nadie pudo entrar ni salir de la población.

Dentro de poco habrá recompensas para quienes capturen a los apestados, los encierren en sus casas y tiren la llave por la alcantarilla, hasta que el juez crea que ya no hay problemas de salud pública.

Más información:
– Una nueva profesión represiva creada por la pandemia: los ‘gorrillas’ sanitarios
– 60.000 matones sanitarios para vigilar a los apestados en Italia

9.000 detenidos y 1,2 millones de euros en multas: estado de alarma = estado de terror policial

El estado de alarma ha alarmado a todo el mundo. Ha sacado a la policía a la calle como en los peores tiempos del franquismo y se ha cerrado -de momento- con más de 9.000 detenidos y casi 1,2 millones de euros en sanciones, la mayor parte de la cuales se impusieron ilegalmente.

Durante estos meses, saltarse el confinamiento ha comportado propuestas de sanción que puede conllevar multas desde los 600 euros por desplazamientos no autorizados hasta los 10.400 por organizar o participar en actividades de grupos que suponen riesgo de contagio.

Apenas comenzado el estado de alarma, las redes se llenaron de vídeos con brutales palizas de la policía, un espectáculo idéntico a los estados de excepción del franquismo.

El PSOE llegó al gobierno como de costumbre, aparentando que estaba en contra de la Ley Mordaza porque suponía “una vuelta al Estado policial” (1) y lo mismo cabe decir de ese tinglado llamado Podemos, que prometió derogarla en cuanto ocuparan sus sillones (2).

Luego unos y otros se olvidaron de la Ley Mordaza y, lo que es peor, se convirtieron en sus máximos impulsores, lo que ha llegado al paroxismo con la cuarentena, donde los policías han actuado como verdaderas bandas de matones.

Hasta las ONG más babosas se dirigieron al gobierno para denunciar que la policía estaba recurriendo a “un uso desproporcionado de la fuerza”.

La policía ha inundado a las personas con detenciones, palizas y denuncias y las ONG han inundado a la policía con papeles que no servirán para nada.

(1) https://www.psoe.es/participa/no-a-la-ley-mordaza/motivos-para-decir-no-a-la-ley-mordaza/
(2) https://podemos.info/podemos-rechaza-la-ley-mordaza-y-se-compromete-a-derogarla

‘Primero te encarcelan y luego ya buscarán los motivos’, afirma el portavoz del Movimiento Antirrepresivo de Madrid

Marco Fernández es el portavoz del Movimiento Antirrepresivo De Madrid, la organización que ha dado a conocer el caso de Dani Gallardo. Este joven de 22 años ha pasado más de 7 meses en prisión preventiva por solidarizarse con el pueblo catalán. Junto a 4 personas, fue detenido el 16 de octubre en una de las protestas post-sentencia. Durante la crisis del coronavirus salió la petición de la Fiscalía sobre su caso: 6 años de cárcel y una multa de más de 6000 euros. La suspensión de las visitas a los centros penitenciarios dificultó la comunicación con los presos. Ahora, el Movimiento Antirrepresivo De Madrid intenta seguir dando voz a la lucha de Dani Gallardo.

¿Cómo fue la detención de Dani Gallardo?

Tanto nosotros como diferentes colectivos de Madrid organizamos una respuesta contra la sentencia de los líderes independentistas catalanes. Lanzamos una convocatoria para el 16 de octubre en la Puerta del Sol, dos días después que saliera la resolución. Fue una protesta exitosa que transcurrió sin prácticamente incidentes. Tan solo hubo un par de neonazis que intentaron boicotear la concentración, pero se los expulsó sin ningún problema. Cuando dimos la manifestación por terminada, de manera espontánea, se decidió improvisar una protesta dirigida al congreso. Más de 1000 personas salieron de la Puerta del Sol al grito de “Aquí están los antifascistas” y “Solidaridad con el pueblo catalán”. Ya por el camino los antidisturbios se pusieron a cargar y a reprimir duramente aquella manifestación. La actuación policial fue bastante violenta, como de costumbre. Esa noche hubo 4 detenciones, entre ellas las de Dani y Elsa, la chica con la que había acudido a la concentración.

Y aquí entráis vosotros…

Bueno, nos empezaron a llegar noticias de las detenciones e intentamos averiguar quiénes eran y que necesitaban. Aun así, los casos de aquel octubre fueron inusuales. Normalmente, los detenidos en protestas suelen formar parte de algún colectivo, están dentro de alguna plataforma. Esto nos hace relativamente más sencillo el trabajo de solidaridad más inmediato. Nos ponemos en contacto con dicha organización y pactamos el camino a seguir, ayudando en lo que haga falta. En esos casos tenemos alguien a quien dirigirnos. Sin embargo, muchos de los detenidos durante aquel mes no formaban parte de ningún colectivo. No sabíamos quien eran esas personas. Nos encontramos con que no sabíamos nada: nada de nada.

Entiendo que esto dificultó vuestro trabajo

Básicamente. Lo cierto es que tuvimos mucha suerte durante el proceso. Nosotros lo que hicimos fue lanzar mensajes en redes sociales explicando que había habido detenciones y que no sabíamos quien eran aquellas personas. Pedimos a todo aquel que tuviera alguna noticia o alguna sospecha que nos contactara. De este modo nos empezó a llegar información de amigos perdidos, de chicos detenidos, hasta que acabamos dando con ellos. En el caso de Dani Gallardo podríamos decir que se nos alinearon los astros. Un compañero de Dani se enteró de los hechos y contactó con un abogado amigo suyo a quien nosotros ya conocíamos. Eso nos ayudó un poco.

¿En qué sentido?

La comunicación era mucho mejor. Teníamos alguien a quien dirigirnos. Al día siguiente nos pudo informar de que tanto Dani como Elsa iban a declarar. Él mismo nos informó de que iban a dictar prisión provisional por Dani. Cuando supimos esto, desde Movimiento Antirrepresivo De Madrid nos pusimos en contacto con otros amigos de Dani para dar a conocer su situación.

¿Cómo fue la adaptación de Dani en la cárcel?

La verdad es que, en este sentido, la personalidad de Dani es una suerte. Él es una persona bastante positiva, alegre y animada. Tiene muy buen ánimo y mucha entereza para casi todo, incluso para enfrentarse a lo que se está enfrentando. Ha encajado muy bien con los otros presos. Aun así se nos ha informado de que el trato con los funcionarios no es siempre tan correcto. Creemos que Dani ha sido tratado diferente por el hecho de ser un preso político. Por ejemplo, cuando estuvo en comisaría recibió maltratos por parte de los policías allí presentes. Vejaciones y humillaciones dirigidas a ellos únicamente por temas políticos. Además, algún funcionario ha increpado a Dani por el tema de las cartas. Cuando entró en prisión, nosotros subrayamos la importancia de la solidaridad con Dani. De hecho, es el preso que más cartas recibe del módulo, con diferencia. Tenemos constancia que se le ha preguntado por qué él recibe tantas cartas o que quien es él para que le escriba tanta gente. Ya no es que lo digamos solo nosotros. Hay muchos organismos y plataformas internacionales que han denunciado el carácter sistémico de la tortura en las comisarías y cárceles españolas. Esto es una cosa que la gente no conoce, niega y dice que es mentira.

¿Habéis tenido ningún impedimento legal para hablar o ver a Dani?

Obviamente ha existido el problema de comunicación. Nosotros prácticamente no nos comunicamos directamente con él, normalmente su novia nos hace de intermediaria. Le escribimos muchas cartas y algunas veces un compañero nuestro que es abogado lo vista en representación del Movimiento. Pero creemos que si no ha habido más impedimentos es únicamente porque sería entrar en la ilegalidad. Aun así, sí que es cierto que hubo algunos problemas con algunas de las cartas. Para que alguien pueda visitar a Dani en la prisión, él tiene que hacer una autorización des de dentro. Una de las cartas que se le mandó llevaba nombres y teléfonos de personas, para que él pudiera hacer este trámite, y por algún motivo no le llegó nunca.

¿En qué estado se encontraba el proceso judicial antes de la pandemia?

Dani aún no había sido juzgado, ni siquiera había salido la petición de Fiscalía. Estaba todo en la fase de instrucción. Eso sí, se han negado una y otra vez a darle la libertad. Esta prisión preventiva no se sostiene por ningún lado. Las pocas pruebas que hay son las aportadas por agentes y atufa por todas partes a montaje policial. Cuando judicialmente se decreta la provisional, se intentó recurrir. La respuesta se basó en argumentos como que su padre vive en Cádiz, que no se entiende muy bien que tendrá a ver. Obviamente el riesgo de fuga es al extranjero, no que te vayas a ir a Cádiz. Y eso que se ha demostrado que Dani estaba plenamente establecido en Madrid. Allí tenía un contrato de alquiler, un contrato laboral, su pareja, sus amigos… Se volvió a pedir la libertad provisional y se lo volvieron a denegar. De hecho, esta segunda vez aún fue más grave, porque el juez se ventiló la demanda en cinco líneas. Sin apenas argumentos. La única razón que dio para mantener a Dani en prisión fue literalmente que “lo que había hecho era muy grave”. Dani es inocente, no se ha demostrado que haya hecho nada. No ha sido juzgado y, según nos lo venden, no debería ser culpable. Aun así, el juez está dando por buena la versión de la policía y la Fiscalía, usando sus pruebas por mantener a Dani en prisión.

¿Consideráis que se está haciendo un mal uso de la prisión provisional?

Sin entrar a valorar la figura de la prisión provisional, creemos que en este caso se está usando claramente de modo arbitrario e injustificado. Dani es un chivo expiatorio, una cabeza de turco, con la que el estado ha querido mandar un mensaje, un aviso para navegantes. Es evidente que se ha querido propagar el miedo para ahogar todas las muestras solidaridad y rebeldía con el pueblo catalán. Este caso es otro ejemplo del estado de excepción permanente en el que vivimos y la falta de derechos totales. El caso de Dani es el modus operandi de la represión española: primero te encarcelan y luego ya buscarán los motivos. Aun así, como suele ocurrir muchas veces, ese terror solo se transforma en más solidaridad. Acaba cayendo en su contra. Aquí es donde entra nuestro trabajo de difusión para hacer llegar los casos a todo aquel que no los conozca. Denunciándolos se pone aún más al descubierto la verdadera cara antidemocrática y autoritaria del régimen español y la gente sale más a la calle.

¿Cómo está viviendo la pandemia Dani, dentro de la cárcel?

Hemos estado preguntando y afortunadamente está bien. Dani no ha tenido problemas de salud, al parecer. Él está tranquilo, no ha habido ningún caso de coronavirus en el centro y no ha habido mayor problema. Al principio le afectó un poco anímicamente, porque si la situación ya es rara para todos, vivirla dentro de la cárcel y estar lejos de los tuyos lo hace aún más difícil. Además, nada más empezar todo esto, suspendieron las visitas a los presos. Aunque mentalmente esto le afectó ahora ya está mejor.

La relación no debe ser la misma…

No. De hecho, des del principio de la pandemia reclamamos poder volver a hacer visitas, o establecer nuevas vías de contacto con los reclusos. Nosotros y un montón de plataformas de derechos de los presos. Podemos entender que suspendan las visitas vis a vis, pero no las visitas en locutorio. ¿Qué vas a contagiar haciendo una visita a través de un cristal de 5 cm de grosor? Hemos hecho muchas propuestas. Se ha reclamado, por ejemplo, poder hacer videollamadas, o que las llamadas por teléfono sean gratuitas. Aun así, no ha habido mucha suerte.

¿Como afrontáis el futuro juicio de Dani?

Sin ideas concretas, no hemos hecho ningún balance. De hecho, la primera vez que pedimos la revocación de la prisión provisional, recuerdo que estábamos convencidos de que lo iban a soltar. Fue un varapalo y ahora mismo no queremos vaticinar nada, pero optimistas no somos. Hay que tener en cuenta que aquellos días en Cataluña hubo hasta 40 personas encarceladas provisionalmente. Me acuerdo de que el ministro Grande-Marlaska salió a decir públicamente, sin un ápice de vergüenza, que estarían en prisión mientras duraran las protestas. Vamos, reconoció que eran rehenes para chantajear al pueblo catalán para que cesaran las movilizaciones. Efectivamente fue así, cuando pararon las manifestaciones empezaron a salir los 40 que había más o menos. Ahora mismo salvo los dos chicos magrebíes que están en un CIE, ya no queda ninguno. Sin embargo, Dani no, a él le han mantenido. El estado se ve en minoría en Cataluña y tiene que ceder un poquito. Sin embargo, en Madrid no se puede permitir regalar ni un milímetro de terreno. Van a ir a por todas hasta el final. Por eso, siete meses después, Dani sigue en prisión sin ser juzgado y, por eso, nos seguiremos manifestando.

https://noticiesentrereixes.wordpress.com/2020/06/07/primero-te-encarcelan-y-luego-ya-buscaran-los-motivos/

Racismo y terror policial en las favelas de Río de Janeiro

Cuando Rafaela Matos vio los helicópteros de la policía sobre su favela y escuchó disparos, cayó de rodillas y pidió a Dios que protegiera a su hijo, João Pedro. Luego llamó al chico para asegurarse de que estaba bien.

«Tranquilo», respondió João Pedro, explicando que estaba en casa de su tía y que todo estaba bien. Unos minutos después de que enviara el mensaje, la policía irrumpió y disparó al chico de 14 años en el estómago con un rifle de alto calibre a corta distancia.

João Pedro Matos Pinto es una de las más de 600 personas asesinadas por la policía en el estado de Río de Janeiro en los primeros meses de este año. Esto es casi el doble de la cantidad de personas asesinadas por la policía durante el mismo período en el conjunto de los Estados Unidos, que tiene 20 veces la población de Río. Al igual que João Pedro, la mayoría de los muertos en Río eran negros o mestizos y vivían en los barrios más pobres de la ciudad o en las favelas.

Mientras que en Estados Unidos el movimiento antirracista saca a cientos de miles a las calles de todo el mundo, los manifestantes indignados por la muerte de João Pedro hace un mes han estado organizando las mayores manifestaciones contra la brutalidad policial en años en las calles de Río.

Sin embargo, las protestas no se acercan al impacto público de otros países. Los brasileños quieren que su lucha cobre impulso porque en su país más de la mitad de la población es negra o mulata, con un problema de terrorismo policial que eclipsa con creces al de otros países.

El año pasado la policía de Río asesinó a 1.814 personas, según datos oficiales. Es el triple que cinco años antes. Este año el número de muertes está en camino de repetirse.

“Matan a adolescentes tras adolescentes en sus casas todos los días. Estamos aquí porque tenemos que estar”, dijo João Gabriel Moreira, estudiante de ingeniería civil de 19 años, en una protesta el 10 de junio en Duque de Caxias, una ciudad pobre de la zona metropolitana de Río. Dijo que hasta este año nunca había protestado en la calle.

“Matar a un joven negro en una favela, se ve como algo normal; debe ser un traficante de drogas”, dice Moreira. “El racismo siempre ha sido velado en Brasil. Es por eso que tan pocos de nosotros estamos aquí. Si Brasil tuviera conciencia racial, esta calle estaría llena”.

La policía de Río de Janeiro dijo inicialmente que estaban persiguiendo a un criminal en una operación conjunta de las policíaes civil, militar y federal cuando dispararon a João Pedro el 18 de mayo. No había signos de actividad ilegal en la casa del complejo de favelas Salgueiro, según Eduardo Benones, un fiscal federal que investiga la operación.

El padre de João Pedro, Neilton Pinto, estaba sirviendo pescado en un quiosco de la bahía cuando oyó los helicópteros. Cuando llegó al lugar, la policía ya se había llevado el cadáver de su hijo adolescente.

La policía no llevó a João Pedro al hospital y su familia tuvo que comenzar una búsqueda frenética. Rafaela, de 36 años, recibió un rayo de esperanza cuando leyó un mensaje de WhatsApp en el teléfono de su hijo.

No hubo respuesta de quien estuviera usando el teléfono de João Pedro. Pero se extendió una campaña por los medios sociales y su cuerpo fue localizado al día siguiente, dentro de un instituto forense de la policía.

La investigación del fiscal Benones busca responsabilizar al Estado brasileño por la muerte de João Pedro, alegando que ocurrió en un contexto de racismo institucional. Todas las declaraciones y los relatos de los testigos indican que João Pedro y los demás presentes no representaban ninguna amenaza para la policía.

“No puedes decir que es racismo de ese oficial de policía, sino una práctica de las fuerzas policiales de no tener cuidado al tratar con la población negra. Y si algo sucede, es visto como un daño colateral”, dice el fiscal.

En respuesta a la indignación por la muerte de João Pedro, el 5 de junio el Tribunal Supremo de Brasil prohibió las redadas policiales en las favelas hasta que termine el toque de queda.

https://apnews.com/8bfe3a86aa1db5b9671d9d41be8617b7

Tecnología, clases sociales y lucha de clases

La campaña a la elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1960 supuso un viraje en el recurso a las nuevas técnicas para el control de masas. No sólo se trataba de recaudar votos, para lo cual la televisión empezó a desempeñar un papel fundamental, sino de manipular a los votantes, algo que forma parte de la dominación de clase porque es una parte de la sociedad la que trata de imponerse sobre la otra. En un país esclavista, como Estados Unidos, esas clases sociales se diferencian, entre otras cosas, por el color de su piel y en 1960 el Partido Demócrata quería ganar las elecciones consiguiendo que los negros y otras minorías raciales acudieran a votar y votaran a su candidato: Kennedy.

Robert Kennedy, director de campaña de su hermano, recurrió a un miembro del MIT (Instituto Tecnológico de Massachussetts), Ithiel de Sola Pool, que puso en marcha una técnica novedosa: las bases de datos (“big data”), la recopilación y procesamiento de la información personal.

En una época en la que había muy pocos ordenadores, De Sola Pool diseñó un programa informático que, lo mismo que los informáticos que lo implementaron, permaneció en secreto durante muchos años.

Tenía una empresa llamada Simulmatics Corporation que realizó más de 100.000 entrevistas y, además, procesó más de sesenta encuestas sobre las elecciones de los años cincuenta.

Clasificó a los votantes, generando hasta 480 perfiles diferentes (afroamericanos, metropolitanos, católicos, nivel de ingresos, ideología) sobre 52 grupos temáticos diferentes.

Justo antes de la Convención Demócrata, Simulmatics estudió el voto de los negros del norte de Estados Unidos, que iba a ser clave en la votación.

Así ocurrió; se había inventado el futuro (1) y Kennedy ganó las elecciones, De Sola Pool pasó a trabajar para el Pentágono y se convirtió en uno de los fundadores de Darpa y de Arpanet, el antecedente de internet.

Aquellos años no sólo se caracterizaron por las nuevas tecnologías sino por la Guerra de Vietnam. Simulmatics realizó para Darpa la campaña masiva de intoxicación sicológica contra el Vietcong.

Aquellos también fueron años de lucha contra el racismo, que alcanzó su cumbre en 1967 cuando las ciudades estallaron en llamas en todo el país.

El Presidente Johnson creó la Comisión Kerner para atajar la agitación social (2). A su vez la Comisión se dirigió a Simulmatics para analizar los “puntos calientes” (hotspots) de la lucha y para identificar a los negros que dirigían las movilizaciones. Luego identificaron y entrevistaron a otros negros en otros lugares, desde peluquerías hasta iglesias.

En los sondeos les preguntaron su opinión sobre la cobertura mediática de las luchas y reunieron información sobre los movimientos de los vecinos de cada una de las ciudades y los barrios más combativos, quién convocaba las manifestaciones y con quién hablaban los manifestantes antes y después de las movilizaciones.

Los cuestionarios preguntaban incluso por la circulación de vehículos en los peajes, las ventas en las gasolineras y las rutas de los autobuses.

Johnson y la Casa Blanca querían utilizar la información reunida por Simulmatics para rastrear el flujo de información durante las protestas, identificar a los dirigentes y decapitar el movimiento.

La nuevas técnicas formaban parte de la represión política, tanto en su sentido formal o judicial, como parapolicial, es decir, para frenar al movimiento exterminando físicamente a sus dirigentes.

Crearon perfiles racistas que, además de aplastar un movimiento ya existente, tenía como objetivo impedir que se pudiera reproducir en el futuro. Era, pues, típicamente fascista, como ya hemos expuesto en otras entradas. Era predictiva, era discriminatoria y era selectiva, un antecedente de lo que hoy tenemos delante de nuestros ojos.

Los modelos informáticos de los sesenta son el fundamento de los asesinatos posteriores de miles de negros y latinos, así como de su encarcelamiento y persecución constantes.

Aquellos modelos han vuelto a la actualidad no sólo por motivos electorales, ni tampoco racistas exclusivamente, sino por la pandemia: los médicos acaban de descubrir que los negros, los latinos y los indígenas se han contagiado de manera desproporcionada y deben proceder a hacer seguimientos y rastreos, buscar, perseguir… por motivos de salud pública, para evitar la propagación del virus.

En Estados Unidos los negros y las minorías raciales nunca dejarán de ser una amenaza, de un tipo o de otro, política o sanitaria.

(1) https://www.newyorker.com/magazine/2020/03/09/the-problems-inherent-in-political-polling
(2) https://www.history.com/this-day-in-history/kerner-commission-report-released

Más información:
— Holanda dispone de un sistema de vigilancia permanente sobre los pobres e inmigrantes
— ‘Minority Report’: delincuentes en potencia y policías del futuro
— ‘Minority Report’(3): la policía predictiva de Los Ángeles ya está en marcha
— Minority Report(4): La represion fascista con algoritmos matemáticos (PredPol)
— Minority Report(5): la policía predictiva se concentra en los ‘puntos calientes’ de la ciudad
— Minority Report(6): cómo detener a los futuros manifestantes antes de que cometan actos violentos
— Minority Report(7): el funcionamiento de la policía en una sociedad dividida en clases sociales
— Minority Report(8): el panóptico ya es una realidad, el ojo que todo lo ve
— Empresas informáticas creadas y subcontratadas por la CIA: el Caso Palantir

‘¡Hemos eliminado a un futuro terrorista!’, gritaron los militares chilenos que torturaron a una embarazada detenida

Haydée Oberreuter

“¡Hemos eliminado a un futuro terrorista!”, gritaron los militares que torturaron a Haydée Oberreuter hasta provocarle un aborto en los albores de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Corría el año 1975 y la exdirigente universitaria, de 21 años y embarazada de cuatro meses, fue secuestrada y conducida a un cuartel de la Armada chilena en la ciudad porteña de Valparaíso, donde sufrió todo tipo de atrocidades.

Su caso no fue el único, pero sí marcó un antes y un después en la historia chilena, pues se convirtió en la primera condena contra cuatro exmarinos por torturas a una mujer embarazada en Chile.

El documental «Haydée y el pez volador», que se estrena el próximo 25 de junio en distintas plataformas en línea en Latinoamérica y Estados Unidos, narra la desgarradora historia de esta mujer y el proceso jurídico que terminó en la histórica sentencia.

“Cuando [los militares] se enteraron de que estaba embarazada, como hicieron con otras tantas mujeres jovencitas que creíamos que íbamos a tener hijos para las patrias socialistas, deciden que hay que eliminar al terrorista que viene en camino”, recordó Oberreuter, que ahora tiene 67 años.

El aborto forzado, en el que emplearon ácido, cables eléctricos y corvos, “me dejó una huella física y emocional imposible de describir y no me explico cómo sobreviví a ello”, añadió desde su casa de Santiago, donde pasa el confinamiento.

La condena, dictada en 2017, fue posible gracias a una cadena de hechos fortuitos y al “desinteresado” y “solidario” trabajo de una periodista, que publicó por primera vez en 2004 el relato de Haydée; de un abogado, que leyó el reportaje y sin conocer a la protagonista interpuso una querella; y de un juez, que acogió la demanda.

“Decimos que es histórico porque la Armada de Chile hasta ahora apenas había sido juzgada, a diferencia de personal de otros cuerpos como el Ejercito, Carabineros [policía chilena] y la Fuerza Aérea”, explicó la directora del documental, Pachi Bustos.

Durante la dictadura de Pinochet, que llegó al poder en 1973 tras derrocar con un golpe de Estado al presidente socialista Salvador Allende, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.

“Si bien la condena alguien podría decir que es justicia poética porque la cumplieron en arresto domiciliario y no pasaron ni un día en la cárcel […] sus hijos, sus nietos y sus familiares van a saber que fueron condenados por torturas y eso ya sienta un precedente importante”, explicó Bustos.

Según la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más de 3.500 mujeres fueron abusadas sexualmente durante la dictadura. Al menos 316 fueron violadas y 229 fueron detenidas estando embarazadas, de las cuales 20 abortaron y 15 tuvieron a sus hijos bajo presidio.

“Este país nunca buscó a esos niños y tienes el ejemplo al otro lado de la cordillera [en Argentina], donde los gobiernos y las familias han buscado a esos niños. En Chile, siendo infinitamente menos las personas, no se ha querido saber qué paso”, lamentó Oberreteur.

El estreno del documental, ganador este año del Premio del Público en el Festival de Cine Chileno (FECICH), se ha pospuesto ya en dos ocasiones. La primera, el pasado noviembre, cuando el país estaba sumido en la mayor ola de protestas sociales desde el restablecimiento de la democracia en 1990.

Y la segunda, en abril, por el confinamiento. “Como el escenario es tan incierto y no sabemos qué va a ocurrir con las salas, optamos por esta oportunidad de estrenarlo online”, reconoció la cineasta.

https://es.noticias.yahoo.com/lucha-mujer-embarazada-torturada-dictadura-100000749.html

21 manifestantes detenidos ayer durante las movilizaciones de París contra el racismo y el terror policial

21 manifestantes fueron detenidos ayer durante la movilización en París contra el racismo y el terror policial, según ha informado la fiscalía. Les acusan de daños y ataques a la policía.

Además se produjeron otras 39 detenciones al margen de la manifestación en la Plaza de la República, según la policía.

Las fuentes oficiales aseguran que 15.000 personas se manifestaron contra el racismo convocados por el «Comité para Adama», que lleva el nombre del joven negro que murió en 2016 tras su detención, erigido por su familia como símbolo de la violencia policial.

El 2 de junio el Comité Adama movilizó a 20.000 personas frente a los tribunales de París, y la manifestación degeneró en fuego de gas lacrimógeno por la respuesta de la policía a los proyectiles y los daños a pequeños grupos de manifestantes. Once personas fueron detenidas.

Se celebraron otras concentraciones en toda Francia que movilizaron a unos 12.000 manifestantes.

En Lyon, donde se reunieron unos 2.000 manifestantes, la situación se puso tensa al final de la tarde, lo que llevó a la policía a detener a cinco manifestantes.

En Marsella lanzaron proyectiles contra la policía, quemaron la fachada de un bar y colocaron barricadas. La policía detuvo a tres manifestantes.

En Nantes, un millar de personas se manifestaron al final de la tarde, mientras que en el este de Francia hubo movilizaciones más pequeñas en Metz (200), Nancy (550) y Besançon (550).

La policía no ha informado de ninguna detención.

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