La web más censurada en internet

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La Unión Europea sólo admitirá un pensamiento uniforme y uniformado

El viernes entró en vigor en la Unión Europea la Ley de Servicios Digitales, un instrumento más al servicio de la censura.

La Comisión Europea presentó en 2020 la “Ley de Servicios Digitales”, con dos reglamentos destinados oficialmente a “regular” internet.

El primero pretende afrontar los retos que plantean los gigantescos monopolios tecnológicos, empezando por los más conocidos: Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Se presenta como si estuviera dirigido contra el dominio de los monopolios sobre sectores enteros de la economía digital y, a partir de ahí, sobre la economía en su conjunto.

Pero hay otro objetivo más concreto, ideológico, que se presenta con el pretexto de la lucha contra “el odio” y la “desinformación” en línea.

La Unión Europea aprovecha la oportunidad para limitar la libertad de expresión de los medios independientes, particularmente en el área de lo que la Unión Europea llama “desinformación”, que es aquella que escapa de la ideología dominante.

En definitiva, la nueva ley tiene como objetivo combatir a aquellos a quienes la Unión Europea identifica como sus enemigos, internos y externos. Los monopolios digitales tienen el deber de cooperar para cesurar los contenidos etiquetados como “odiosos”.

Ambos aspectos están vinculados en los planes de los miembros de la Comisión Europea y, en particular, de Thierry Breton, comisario europeo del Mercado Interior.

El hilo conductor de la ley es: sólo lo que está autorizado fuera de línea debe autorizarse en línea. Todo contenido ilegal se debe eliminar de internet: falsificación, antisemitismo, pornografía infantil, amenazas de muerte o venta de drogas. El contenido de odio, la amplificación de la violencia verbal y física y la desinformación deben identificarse como tales y tratarse en consecuencia.

Entonces, la desinformación sobre la pandemia procedente de los gobiernos europeos, como los confinamientos, declarados ilegales en España, entrarían en el marco de la ley.

Ciertamente no va a ser así ya que se trata de desinformación oficial, es decir, propaganda ideológica destinada a intoxicar a intimidar a la población.

La Unión Europea privatiza la censura y pone la eliminación de un derecho constitucional en manos de los monopolios tecnológicos. Las redes sociales tienen la obligación de “moderar” los contenidos y Amazon debe impedir la venta de ciertos libros.

Además, las plataformas digitales, en particular Twitter, Facebook y Google, tienen la obligación de ser transparentes en cuanto a la forma en que los algoritmos imponen su publicidad.

La Comisión Europea quiere que la población piense correctamente, vote correctamente, se exprese correctamente y consuma correctamente. Es una verdadera declaración de guerra contra las libertades de los europeos.

Filipinas aprovecha el hambre para probar los documentos de identidad digitales

Filipinas está probando un documento de identidad digital de la población (PhilSys) mediante la distribución de vales de comida a los más pobres. El país insular planea usar PhilSys y su tarjeta de identificación PhilID para acelerar la transformación digital de los servicios públicos y la distribución de beneficios sociales.

“El sistema de identificación nacional estará en el corazón de esta red de servicios públicos transformada digitalmente. Cambiará fundamentalmente la vida de cada filipino. Con una tasa de registro total del 87 por cien, ahora estamos cerca de tener nuestra propia base de datos digital completa, precisa y fiable para toda la población”, ha dicho el Presidente Ferdinand Marcos.

El gobierno ha lanzado un programa de cupones para alimentos llamado Walang Gutom 2027 en un distrito de Manila. Está probando la integración de la identificación digital con los beneficios sociales a los más pobres. En julio la Oficina de Estadística firmó un memorando de entendimiento con el Sistema de Seguridad Social para adoptar PhilSys en los servicios de la Seguridad Social.

El fichero PhilSys también se ha integrado en una base de datos de beneficiarios de la asistencia social denominada Sistema Nacional de Focalización de Hogares para la Reducción de la Pobreza o Listahanan.

Otras instituciones públicas también han prometido su apoyo a ePhilID, la versión digital de la tarjeta PhilID, incluido el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD), el Departamento de Relaciones Exteriores y el Banco Central de Filipinas. El DSWD ha establecido una base de datos central de mendigs que viven en la calle utilizando datos biométricos.

Más de 80 millones de personas se han registrado para obtener su identificación. Alrededor de 36 millones recibieron tarjetas físicas, mientras que 40 millones recibieron la versión electrónica. Sin embargo, la emisión de tarjetas se ha ralentizado ya que el país necesita más capacidad para imprimirlas.

—https://www.biometricupdate.com/202308/philippines-id-system-expands-across-government-agencies-and-social-benefit-programs

La policía francesa considera el cifrado de las comunicaciones como ‘terrorismo’

En Francia siete personas fueron acusadas en 2020 de “asociación de malhechores con propósitos terroristas”. Así comenzó el “Caso 8 de Diciembre”, cuyo juicio está previsto para el mes de octubre. Será el primer juicio “antiterrorista” contra grupos izquierdistas franceses desde hace un tiempo.

El Estado francés ha sido condenado por mantener en aislamiento en la cárcel al principal acusado durante 16 meses, del que sólo fue liberado tras una huelga de hambre de 37 días. Se ha presentado una segunda denuncia, pendiente de juicio, contra los repetidos cacheos ilegales a los que fue sometido otro de los acusados durante su detención preventiva.

Los acusados denuncian un juicio político, una investigación sesgada y falta de pruebas. La fiscalía ha convertido hechos triviales y cotidianos en delitos graves. Califica como “prueba” las prácticas digitales de los acusados y, sobre todo, el uso de sistemas de mensajería cifrados. Es una ficción de “clandestinidad” que, a su vez, “demuestra” la existencia de un “plan terrorista”, aunque la policía reconoce que tras diez meses de vigilancia intensiva no ha identificado ningún plan preciso.

“Todos los miembros de este grupo eran especialmente desconfiados, sólo se comunicaban entre ellos utilizando aplicaciones cifradas, en particular Signal, y crifrando sus soportes informáticos”, asegura la DGSI (Dirección General de la Seguridad Interior).

Sin embargo, en 2015 el relator de la ONU destacó la importancia del cifrado para la defensa de los derechos fundamentales y en 2020 la Comisión Europea recomendó a su personal que instalara Signal para sus comunicaciones.

Organizar y participar en cursos de formación sobre buenas prácticas informáticas y la simple conservación de documentación técnica “demuestran” que los acusados tienen un proyecto criminal. Lo mismo ocurre con el cifrado de los soportes digitales, como discos duros, o el uso de aplicaciones como Signal, WhatsApp, Wire, Silence o ProtonMail para cifrar las comunicaciones, el uso de herramientas para proteger la intimidad en internet, como un VPN, Tor o Tails, la protección contra la explotación de los datos personales por parte de las multinacionales tecnológicas a través de servicios como /e/OS, LineageOS y F-Droid.

Hay buenas y malas prácticas digitales. Las buenas son las que dejan al aire la intimidad del usuario y la malas las que protegen un derecho constitucional. La policía es el organismo encargado de separar a unas de otras.

La relación entre las malas prácticas digitales y el “terrorismo” aparece en la nota de los servicios de inteligencia que está en el origen del caso. En el documento, en el que la DGSI solicita la apertura de la investigación, se lee: “Todos los miembros contactados adoptaron un comportamiento clandestino, con una mayor seguridad de los medios de comunicación (aplicaciones cifradas, sistema operativo Tails, protocolo TOR que permite la navegación anónima en internet y wifi públicas)”.

Es una frase que aparece muchas veces en el sumario. Redactada por la DGSI, será repetida por los fiscales y magistrados, en una absoluta demostración de falta de independencia y servilismo hacia la policía política.

Conspiradores, delincuentes y terroristas

Desde el principio, la confusión interesada entre el cifrado y la clandestinidad sirvió para justificar métodos de vigilancia muy intrusivos, como las escuchas de locales privados. La DGSI los considera necesarios para vigilar a “personas sospechosas de poseer teléfonos” que “utilizan aplicaciones cifradas para comunicarse”.

Tras su detención, interrogan sistemáticamente a los acusados sobre el uso de herramientas de cifrado y les piden que se justifiquen sus prácticas informáticas: “¿Utiliza mensajería cifrada (WhatsApp, Signal, Telegram, ProtonMail)?”, “Para sus datos personales, ¿utiliza un sistema de cifrado?”, “¿Por qué utiliza este tipo de aplicaciones de cifrado y anonimato en internet?”. La supuesta relación entre cifrado y delincuencia es clara: “¿Ha hecho algo ilegal en el pasado que requiriera el uso de cifrado y protección?”, “¿Intenta ocultar sus actividades o tener mayor seguridad?”. En total, hay más de 150 preguntas relacionadas con las prácticas digitales de los acusados.

La asociación entre el cifrado y la clandestinidad se repite en los principales documentos que la Policía Nacional Antiterrorista (PNAT) presenta en el sumario. Incluso dedica un capítulo entero a enumerar los “medios seguros de comunicación y navegación” dentro de una sección titulada “Acciones conspirativas”. En más de cuatro páginas, repasa el uso por parte de los acusados de mensajería cifrada y otras medidas de protección de la privacidad. La aplicación Signal está especialmente en el punto de mira.

“Todos los protagonistas del caso se caracterizaban por un culto al secreto y una obsesión por la discreción tanto en sus intercambios como en su navegación por internet. La señal de la aplicación cifrada era utilizada por todos los acusados, algunos de los cuales se comunicaban exclusivamente [subrayado en el texto] por este medio”, dice la PNAT.

Como el habitual, el juez de instrucción le sigue la corriente a la policía sin pestañear, haciendo un inventario exhaustivo de las herramientas de cifrado que cada uno de los acusados utiliza: “Admitió ante los investigadores haber utilizado la aplicación Signal”, “No negó haber utilizado la aplicación cifrada Signal”, “Admitió también haber utilizado las aplicaciones Tails y Tor”, “Utilizó la red Tor […] para acceder a sitios ilegales”…

Los derechos son delitos

Lo mejor es ser un ignorante porque, además del cifrado de las comunicaciones, los conocimientos informáticos también incriminan. Son “peligrosos”. El informe de la DGSI destaca que uno de los acusados tiene “sólidos conocimientos informáticos y de comunicaciones cifradas” y, en consecuencia, las “aptitudes necesarias para llevar a cabo acciones violentas”.

Aunque no es un experto informático ni está versado en el cifrado de las comunicaciones, el juez instructor señala que había “instalado en sus ordenadores el sistema operativo Linux con un sistema de cifrado”, lo cual es una estupidez judicial: durante la instalación de Linux se hace esa pregunta y basta aceptar para convertir al usuario en un peligroso delincuente.

La simple posesión de documentación informática también se considera una prueba incriminatoria. Entre los documentos incautados tras las detenciones, y ampliamente comentados, figuran notas manuscritas relativas a la instalación del sistema operativo /e/OS en las que se mencionaban diversas aplicaciones de protección de la vida privada (GrapheneOS, LineageOS, Signal, Silence, Jitsi, OnionShare, F-Droid, Tor, RiseupVPN, Orbot, uBlock Origin, etc.).

En el acta en el que analiza esos documentos, un policía da una pirueta en el aire: “Estos elementos confirman [un] deseo de vivir en la clandestinidad”. Es la absurda fórmula de la PNAT: “Estos escritos eran una guía para utilizar el teléfono de forma anónima, lo que confirma el deseo de […] de vivir en la clandestinidad y ocultar sus actividades”.

En otro lugar, la DGSI escribe que “la presencia de documentos relativos a la codificación de datos informáticos o móviles [en un registro] demuestra una voluntad de comunicarse por medios clandestinos”.

Lo mejor es ser un inepto en informática

La criminalización de los conocimientos informáticos va acompañada de un ataque a la transmisión de los mismos. Uno de los acusados “no se conformaba con utilizar estas aplicaciones [de protección de la intimidad], sino que enseñaba a quienes le rodeaban a hacerlo”. Esta frase de la policía la repite, palabra por palabra, el juez de instrucción.

Toda una sección del atestado policial, titulada “Formación en medios seguros de comunicación y navegación”, está dedicada a criminalizar las “criptofiestas” o sesiones dedicadas a la divulgación de habilidades informáticas, las aplicaciones abiertas y la formación en ciertas técnicas digitales específicas, como las que contribuyen a la protección de la vida privada en internet, la seguridad de los datos personales.

Por ejemplo, la policía asegura que es crimen la convocatoria de un taller para presentar Tails, un sistema operativo de uso público muy popular entre periodistas y personas que defienden las libertades civiles. Según la PNAT, durante el cursillo uno de los acusados “les equipó con aplicaciones seguras y les introdujo en el uso de medios de comunicación y navegación por internet cifrados, con el fin de garantizar su anonimato e impunidad”.

Para la policía francesa los derechos son delitos. Por eso relacionan la intimidad con la impunidad, que siempre ha sido la máxima aspiración de la policia: transparencia total para vigilar a los ciudadanos.

Según la policía, la organización de cursillos sobre informática demuestra “la participación en un grupo constituido […] con vistas a preparar actos de terrorismo”. Los responsables son tanto los que los convocan (“formándoles en medios seguros de comunicación y navegación por Internet”), como los que acuden a ellos para formarse (“siguiendo una formación en medios seguros de comunicación y navegación por Internet”).

La policía preguntó sistemáticamente a los familiares de los acusados si les habían recomendado el uso de herramientas de cifrado: “¿Les sugirieron que se comunicaran juntos utilizando mensajería cifrada?”, “¿Les pidieron que instalaran Signal?”

Una respuesta fue especialmente inspiradora para la PNAT, que no vacila en escribir: “Convenció a su madre para que utilizara métodos de comunicación no aceptables, como la aplicación Signal”.

Los ultraizquierdistas que luchan contra los monopolios digitales son sospechosos

Para la policía francesa, uno de los síntomas de que una persona se ha radicalizado es que se opone a los monopolios digitales, conocidos por el acrónimo GAFAM. Entre las preguntas que formulan a los acusados figuran: “¿Es usted anti-GAFAM?”, “¿Qué opina de GAFAM?” y “¿Tiene alguna reserva sobre las tecnologías de la comunicación?”

Esas preguntas están relacionadas con un informe de la DGSI titulada “El movimiento de ultraizquierda”, según la cual sus miembros demuestran “una gran cultura del secreto […] y una cierta reserva en lo que respecta a la tecnología”.

La DGSI está especialmente interesada en el sistema operativo /e/OS para teléfonos móviles. Según la PNAT, un acusado había preguntado por “un nuevo sistema operativo llamado /e/ […] que garantiza a sus usuarios total privacidad y confidencialidad”.

Es otra de las típicas manipulaciones policiales: que una persona no recurra a los servicios de Microsoft o Google no implica confidencialidad. Pero el truco no falla. Es como la pescadilla que se muerde la cola: como los acusados cifraban sus comunicaciones, no tenemos pruebas de nada, reconoce la policía. En un caso así lo mejor es convertir el secreto, o sea, la nada, en la prueba de todo.

En fin, como en los tiempos medievales, las sospechas han sustituido a las pruebas.

La criminalización de la solidaridad con Palestina gana terreno en Europa

La simpatía creciente por el movimiento Boicot, Sanciones y Desinversión (BDS) ha obligado a los gobierno europeos a reaccionar contra la causa palestina y en apoyo a un Estado acusado de apartheid.

El 3 de julio el Parlamento británico aprobó una ley que castiga a los opositores de la política israelí. La represión también ha cobrado impulso en Alemania y otros países europeos. La solidaridad con la causa palestina se está convirtiendo en el objetivo de una legislación represiva que en Israel coincide con un gobierno dominado por personajes que no ocultan su condición de racistas antipalestinos.

Los sionistas se están aprovechando de la adopción en Europa de la definición de antisemitismo desarrollada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que conduce a amordazar las críticas a Israel, sean cuales sean los crímenes de los que ese Estado puede ser culpable.

En 2019 los parlamentarios alemanes aprobaron una resolución no vinculante denunciando el movimiento BDS, describiendo sus métodos como antisemitas y recordando los llamados a boicotear a los judíos del III Reich. La resolución establece que Alemania se opone a la difamación de los judíos o el cuestionamiento de su derecho a existir, así como “el derecho a la autodefensa del Estado judío y democrático de Israel”.

Los tres principales partidos políticos alemanes, el Partido Socialdemócrata, la Unión Demócrata Cristiana y los Verdes aproyaron la ley.

De 1945 a 2018 el gobierno alemán pagó alrededor de 86.800 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas y supervivientes del genocidio judío, a lo que añadió obligaciones morales, en beneficio sobre todo de Israel.

Para los partidarios de Palestina, el clima se ha deteriorado últimamente. En los últimos años, el espacio para la defensa de Palestina en Alemania se ha reducido. El discurso pro-palestino calificado automáticamente como antisemita, y tras la aprobación de la resolución anti-BDS en el parlamento alemán en 2019, las instituciones federales comenzaron a declarar antisemitas todas las acciones que apoyan el movimiento de boicot. Esto ha permitido que universidades, gobiernos regionales e instituciones públicas nieguen a los palestinos el derecho a la libertad de expresión y reunión.

Tras la adopción “no vinculante” de la ley que designa al movimiento BDS como antisemita, el director del Museo Judío de Berlín, Peter Schäfer, investigador en estudios judíos, tuvo que dimitir, presionado de los cabecillas del gobierno israelí y la comunidad judía de Alemania, quienes acusaron al museo de participar en actividades anti-israelíes y anti-judías.

Un tuit del museo del 6 de junio respaldando un artículo del diario progresista Die Tageszeitung que informaba sobre una carta firmada por 240 académicos judíos e israelíes rechazando la idea de que el BDS es antisemita.

Las consecuencias son obvias: en Alemania muy pocos se atreven hoy a apoyar el boicot a Israel. El 20 de mayo el Tribunal Administrativo Superior de Berlín-Brandeburgo confirmó la prohibición policial de una manifestación celebrada en Berlín para conmemorar la Nakba palestina incitación antisemita de la población, a la glorificación de la violencia, a la transmisión de un voluntad de usar la violencia y por lo tanto a la intimidación y la violencia”.

Se han cancelado varias conferencias recientes en las que hablarían judíos no sionistas, a veces israelíes. En julio de 2022, consternado por las acusaciones de antisemitismo escuchadas tras una conferencia en la que había participado en Alemania sobre la apropiación indebida de la memoria del Holocausto, Avraham Burg, expresidente del parlamento israelí y de la Organización Sionista Mundial, escribió un artículo de opinión publicado por Haaretz:

“¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Israel ha hecho del antisemitismo una poderosa arma diplomática. Su gobierno conservador amplió enormemente el concepto. Toda crítica es antisemita; cualquier oponente es un enemigo; todo enemigo es Hitler; cada año es 1938”.

Un juez de Estados Unidos denuncia la censura impuesta por la Casa Blanca durante la pandemia

El martes, Terry Doughty, juez del Tribunal de Distrito de Luisiana, respaldó las afirmaciones de que durante la pandemia la Casa Blanca había impuesto una censura “masiva” para silenciar cualquier cuestionamiento de la eficacia de las vacunas.

Como consecuencia de ellos, el juez prohibe a las instituciones públicas reunirse con los directivos de las redes sociales para eliminar la libertad de expresión en línea.

“Durante la pandemia de Covid-19, un período quizás mejor caracterizado por la duda y la incertidumbre generalizadas, el gobierno de los Estados Unidos parece haber asumido un papel similar al de un ‘Ministerio de la Verdad’ orwelliano”, dice el juez en una larga sentencia de 155 páginas.

En julio de 2021 Biden afirmó que Facebook estaba “matando gente” al difundir información “errónea” sobre las vacunas contra el coronavirus.

Los fiscales de Louisiana y Missouri presentaron la demanda, en la que acusaban al gobierno de estar involucrado en una “empresa de censura”. Afirmaban que había violado la Primera Enmienda al tratar de bloquear a los usuarios de las redes sociales que ejercían su derecho a la libertad de expresión.

Para demostrarlo, recopilaron y presentaron en el juicio miles de comunicaciones entre funcionarios públicos y empresas tecnológicas durante la pandemia. Una de ellas es un correo electrónico enviado en abril de 2021 por Rob Flaherty, director de estrategia digital de la Casa Blanca, a Google.

En él, Flaherty escribió que “YouTube está conduciendo a la gente a dudar” de las vacunas. Decía que la preocupación al respecto era “compartida en los niveles más altos” de la Casa Blanca.

En su correo electrónico, Flaherty pedía un “diálogo de buena fe” entre Google y la Casa Blanca que incluiría reuniones cada dos semanas.

En su fallo, el juez asegura que es “evidente” el “esfuerzo masivo” que realizaron tanto la Casa Blanca como las instituciones públlicas, para suprimir los mensajes por su contenido.

La orden judicial prohíbe que los funcionarios y las instituciones públicas se comuniquen con las empresas que administran las redes sociales para “instar, alentar, presionar o inducir de cualquier manera la remoción, eliminación, supresión o reducción de contenidos protegidos por la libertad de expresión”.

La única excepción son los casos de seguridad nacional o las amenazas criminales, según la sentencia.

La resolución judicial no es firme porque el gobierno de Biden puede apelarla.

El mes pasado también se filtró que los ministros de Reino Unido habían creado una unidad contra la “desinformación” que se utilizó para atacar a los críticos del confinamiento y a quienes cuestionaban la vacunación masiva de los niños.

El gobierno de Londres utilizó una empresa de inteligencia artificial para vigilar las redes sociales y señalar a quienes se oponían a los pasaportes de vacunas.

—https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/07/04/joe-biden-white-house-accused-covid-vaccine-censorship/

La policía francesa podrá encender los móviles sin conocimiento de su titular

El miércoles los diputados franceses aprobaron una nueva ley que prevé el encendido remoto de los móviles, ordenadores, micrófonos y cámaras telefónicas de las personas sin su conocimiento.

La medida autoriza a la policía en dos casos posibles: ya sea para geolocalizar a una persona, o para grabar sonidos (escuchas) e imágenes.

La geolocalización se autoriza a petición del fiscal o del juez de instrucción, para los casos relativos a un delito sancionado con al menos cinco años de prisión, mientras que las escuchas telefónicas pueden ser autorizadas por un juez en investigaciones relacionadas con el terrorismo o la delincuencia organizada.

Lo que la ley no dice es lo que ocurre cuando los motivos invocados, que son siempre los mismos (“terrorismo”, “crimen organizado”), resultan ser falsos, no hay tales delitos o al vigilado le declaran exento de culpa.

El ataque es particularmente grave porque la captura también afecta a terceros. El titular del móvil lo lleva en el metro y todas las conversaciones alrededor serán capturadas. Lo mismo si va a un restaurante. La policía escuchará cualquier conversación en el espacio público. Es la puerta abierta a la vigilancia generalizada.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, alivia y consuela a los franceses: no hay mada que temer porque se trata de técnicas ya autorizadas. Ya lo sabíamos, pero es bueno que lo reconozcan y lo legalicen para que nadie se llame a engaño sobre la desaparición de los derechos fundamentales, que cada vez son más un recuerdo lejano.

La policía ya utiliza técnicas de vigilancia y escucha generalizadas, como colocar balizas bajo un automóvil para rastear los movimientos de sus ocupantes.

Este tipo de leyes siempre se aprueban con las mismas excusas, que son siempre falsas. La primera es que afectan “sólo” a los delitos graves, aunque luego se aplican a todos los delitos, e incluso a casos en los que no hay tal delito.

Otro de los pretextos es que las autoriza un juez, como si fuera algo diferente del policía o como si alguno vez hubieran negado algo a la policía. Como se dice ahora en España, los jueces y fiscales “afinan” lo que les suministra la policía. Todos ellos se coordinan previamente.

Especialmente Francia, que presume de ser el país de las libertades, se ha embarcado en una frenética carrera hacia una sociedad disciplinaria, estrechamente sometida, vigilada y controlada.

El número de muertos por disparos de la policía francesa se ha duplicado desde 2020

Año tras año, la lista de personas asesinadas por la policía sigue creciendo. Con demasiada frecuencia, la tesis de la legítima defensa o la negativa a someterser no sustenta el análisis de los hechos.

“Te voy a disparar en la cabeza”, dijo el policía, apuntando su arma hacia la ventana del auto estacionado, antes de que su colega gritara “¡Dispárale!”. Al volante, Nahel, un menor de 17 años que conduce sin carnet. El pacificador cumple su amenaza y mata al adolescente a quemarropa. La escena tiene lugar este 27 de junio en Nanterre. Los policias declararon que fue en defensa propia, argumentando que el vehículo se dirigía hacia ellos, lo que el video de la escena niega. El autor del disparo es detenido. La familia de la víctima se prepara para presentar dos denuncias, una por “homicidio doloso y complicidad en homicidio”, la otra por “falsificación en escritura pública”.

La tragedia desencadena la revuelta de los habitantes del barrio de donde es oriunda la víctima. Dos semanas antes, Alhoussein Camara recibió un disparo en el pecho de un policía en condiciones similares cerca de Angulema.

En 2022 hubo trece muertos por la “negativa a someterse” y la apertura de fuego subsiguiente de la policía. Más allá de los nuevos dramas de Nanterre y Angulema, ¿cuántas personas han muerto a manos de la policía y en qué circunstancias?

Las muertes por disparos de la policía han aumentado drásticamente, con 18 y 26 personas muertas en 2021 y 2022, respectivamente, más del doble que en la década anterior. Este aumento amplifica la tendencia observada desde 2015, cuando el número de personas muertas por arma de fuego superó el umbral de diez por año. ¿En qué circunstancias se realizaron estos disparos?

Disparos letales contra personas con armas de fuego

De las 44 personas muertas a tiros en dos años, poco más de la mitad (26 personas) estaban armadas, diez de ellas con arma de fuego. Entre ellos, siete lo usaron, provocando una respuesta o fuego defensivo de la policía. Varios de estos intercambios de disparos se produjeron con personas “atrincheradas” en sus viviendas. El caso más publicitado involucra a Mathieu Darbon. El 20 de julio de 2022, en Ain, este joven de 22 años mató a puñaladas a su padre, madrastra, hermana, media hermana y medio hermano. La policía interviene, trata de negociar y luego decide derribarlo. En enero de 2021, en una pequeña estación por encima de Chambéry, un hombre que padecía trastornos psiquiátricos se encerró en su casa, armado con una pistola, en compañía de su madre, tras amenazar a un vecino. Al llegar al lugar, dispara contra la policia y toma represalias. Escenario relativamente similar unos meses después cerca de Gap. Tras una noche de negociación, el oligofrénico Nicolás Chastan fue asesinado por la policía tras haber apuntado con un rifle de caza en dirección a los gendarmes. El caso es sobreseído por legítima defensa.

En el primer trimestre de 2021 la policía fue convocada de dos a tres veces más que en años anteriores para este tipo de intervenciones, sin que necesariamente terminen en un asalto o tiroteo. La policía no sólo interviene en caso de “loco armado”. El 16 de abril de 2021 la unidad especial GIGN acompañó a los gendarmes que acudieron a detener a los sospechosos en un terreno habitado por viajeros. Muere un cincuentón que, según los gendarmes, habría apuntado con su arma en su dirección.

Armas de fuego contra sospechosos de apuñalamiento

Entre las 44 personas muertas por arma de fuego en 2021 y 2022, 16 estaban armadas con un arma blanca (cuchillo, cúter, barra de hierro). Una decena de ellos habría amenazado o agredido a los agentes antes de ser asesinados. En marzo de 2021 un policía parisino disparó a un hombre que lo atacó con un cuchillo, mientras vigilaba las bicicletas de sus compañeros.

La muerte de un bombero de Colombes también dejó perplejos a sus vecinos. En estado de embriaguez, arrojó una botella a los oficiales en el proceso de realizar un control, luego se acercó a ellos, armado con un cuchillo “mientras gritaba Allah Akbar”. Los agentes le dispararon cinco veces. Se desestima el caso, considerándose la respuesta “necesaria y proporcionada”. El verano pasado en Dreux, un oficial de policía abrió fuego fatalmente contra un hombre armado con un sable y lo consideró amenazante. El hombre también era sospechoso de violencia doméstica.

En estas situaciones la policía suele invocar la autodefensa. Sin embargo, esto genera interrogantes cuando la “peligrosidad” de la persona fallecida parece ambigua, como ilustra el caso de David Sabot, asesinado por los gendarmes el 2 de abril del año pasado. Sus padres, preocupados por la agresividad de su hijo, alcohólico, alertan a la gendarmería. Los gendarmes intervienen y disparan nueve balas a David. Según los gendarmes, se arrojó sobre ellos. Según sus padres, caminaba con los brazos colgando cuando se produjeron los disparos. “No llamamos a los gendarmes para matar a nuestro hijo”, se indignan.

El hecho de que la persona esté armada no legitima necesariamente la apertura de fuego por parte de la policía. Una persona que se defiende del peligro no es penalmente responsable si su respuesta cumple tres condiciones: inmediatez, necesidad y proporcionalidad. La pregunta surge si no hubiera forma de neutralizarla de otra manera. Un vagabundo, Garry Régis-Luce, fue asesinado por la policía cerca del aeropuerto Charles De Gaulle de Paris el pasado mes de agosto. En un video de la escena, el vagabundo armado con un cuchillo se enfrenta a cinco policías que retroceden antes de dispararle fatalmente en el abdomen. Su madre presentó una denuncia por homicidio doloso.

La negativa a someterse a una orden de la policía se paga con la vida

Varios casos plantean interrogantes sobre cómo reaccionar ante personas con trastornos psíquicos, que sin duda son potencialmente peligrosas para sí mismas o para los demás, y sobre la formación de los policías, que a menudo son los primeros en intervenir en este tipo de situaciones.

En la mañana del 4 de junio, en un barrio de París, la policía disparó nueve balas en total tras una negativa a someterse del pasajero de un vehículo, Rayana, que murió de un disparo en la cabeza.

El 21 de abril del año pasado, en Blois, la policía fue alertada del riesgo de suicidio de un estudiante, Zakaria Mennouni, que caminaba por la calle, descalza y con un cuchillo en la mano. Según el fiscal de Blois, avanzó con su cuchillo hacia la policía antes de que uno de ellos disparara una Táser y luego una LBD. Su colega también abrió fuego cuatro veces. Golpeado por tres balas en el estómago, Zakaria sucumbió al hospital. Por lo tanto, se invoca la “legítima defensa”. “¿Cómo siete policías no lograron someter a un joven sin usar sus armas de fuego?”, se pregunta quien alertó a la policía. Los familiares del estudiante, de nacionalidad marroquí, presentan una denuncia. En Twitter, su abogado denuncia una “investigación enterrada”.

Cerca de Saint-Étienne, en agosto de 2021, la policía intervino en un apartamento donde Lassie, dado de alta el día anterior de un hospital siquiátrico, pero visiblemente en descompresión, fue confinado por sus familiares, antes de que su pareja llamara a la policía para pedir ayuda. Este voluntario de una asociación humanitaria, de origen togolés, habría intentado atacar a los policías con un cuchillo de carnicero, antes de que uno de ellos abriera fuego.

¿Por qué, en este tipo de situaciones, la policía interviene sola, sin profesionales psiquiátricos? Varios estudios canadienses demuestran el vínculo entre los recortes en los servicios de atención y la frecuencia de las intervenciones policiales con perfiles que padecen trastornos psiquiátricos. Una lógica de seguridad que preocupa a varios cuidadores del sector, en particular a raíz del homicidio en marzo pasado de un paciente a manos de la policía en un hospital belga.

Se triplica el número de personas desarmadas muertas a tiros

El número de personas desarmadas que han caído bajo las balas de la policía también ha aumentado en dos años (5 en 2021, 13 en 2022). Esto es más del triple del promedio de la década anterior. Este aumento está relacionado principalmente con tiroteos mucho más frecuentes contra vehículos que huyen, como ilustra el nuevo drama, este 27 de junio en Nanterre, donde un adolescente de 17 años fue asesinado por un policía durante un control de tráfico por un disparo a quemarropa. de un oficial

Además del drama de Nanterre del 27 de junio, uno de los casos anteriores más publicitados tuvo lugar el 4 de junio del año pasado en París, en el distrito 18. Los policías dispararon nueve balas con su arma reglamentaria contra un vehículo que supuestamente se negó a detenerse. El pasajero, de 18 años, recibió un disparo en la cabeza y murió. El conductor, con un disparo en el pecho, resultó gravemente herido. Las otras dos personas que viajaban en el vehículo niegan que el vehículo chocara con la policía.

En la noche de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 24 de abril, dos hermanos, Boubacar y Fadjigui, fueron asesinados en el centro de París. Según la policía, estos tiroteos habrían seguido a la negativa de un control. Luego, el automóvil se habría dirigido hacia un miembro de la policía que se habría alejado antes de que su colega, de 24 años, en prácticas, disparara diez cartuchos de un rifle de asalto.

La policía mató cuatro veces más personas por la negativa a someterse en cinco años que en los veinte años anteriores. La ley de 2017 flexibilizó las reglas de apertura de fuego de la policía. “La policía se sintió más autorizada a usar su arma”, dijo un comandante de la policía el pasado mes de septiembre. A esto “se agrega un nivel de reclutamiento muy bajo y falta de capacitación, y tiene el resultado dramático que hemos visto durante varios años: policías que no saben contenerse y que no están suficientemente supervisados. Algunos policías quieren pelear sin discernimiento”.

‘Una persecución jamás justifica la muerte’

Los gendarmes están muy preocupados por la respuesta adecuada que deben dar a las negativas a cumplir, incluso si eso significa prohibir el uso inmediato de un arma de fuego. “La interceptación inmediata, que podría resultar accidentada, ya no es la regla, tanto más si las condiciones de la intervención y el marco legal permiten una actuación diferida, preparada y reforzada. Así, vigilamos con seguridad, soltamos si se vuelve peligroso y, sobre todo, informamos. Cualquier negativa a cumplir debe registrarse con un mínimo de información para que luego se puedan hacer esfuerzos para encontrar al perpetrador a través de una doble investigación administrativa y judicial”, explicó la comandante de la Gendarmería Céline Morin.

Para usar una frase del director general de la Gendarmería, “nunca una persecución o una detención justifican destruir una vida”. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros nos preparemos intelectualmente por adelantado para tácticas y acciones alternativas frente a negativas peligrosas a cumplir. Estamos lejos del discurso de superación de ciertos sindicatos policiales”.

Para justificar su acción, los policías invocan el peligro para ellos mismos o para los demás, a menudo considerando el vehículo como un “arma”. Aparte de la neutralización del conductor del vehículo, no tendrían por qué “escapar”, como afirma el miembro de la brigada criminal que mató a un joven de 23 años en Neuville-en-Ferrain, el 30 agosto del año pasado, quien presuntamente arrancó su vehículo cuando los policías abrieron la puerta.

Cuando la policía dispara por la espalda

Unos policías que se habrían “visto morir” dispararon a Amine B. el 14 de octubre en París. Atrapado en un callejón, el conductor reinició su vehículo en dirección a los policías que abrieron fuego. Varios testigos afirman que este ciudadano argelino, licenciado en ingeniería civil, conducía “despacio” sin dirigirse hacia ellos ni poner en peligro a nadie. Amine murió de una bala en la espalda. La familia ha pedido testigos para averiguar las circunstancias exactas de la tragedia. Raros son estos casos en los que el relato policial no es contradicho por los elementos de la investigación o los testigos.

En nombre de la autodefensa, los gendarmes dispararon nueve veces el 5 de julio de 2021 contra un fugitivo sospechoso de robo. El conductor de la camioneta no sobrevivió a la bala alojada en su pecho. “Nadie corría peligro”, dijo un familiar presente en el lugar. Según su testimonio, los policías “estaban a 4 ó 5 metros” de la furgoneta. Se realizó una reconstrucción de los hechos sin la presencia de este testigo, para disgusto de la familia que presentó una denuncia por “homicidio intencionado”.

El 7 de septiembre Zied B. fue asesinado a tiros en Niza por un ayudante de policía. Jean-Paul Benjamin fue asesinado por la brigada criminal el 26 de marzo cuando, en un conflicto con su patrono, Amazon, se marchó con uno de los vehículos de la empresa. Los videos que filman la escena desvirtúan la versión policial de las muertes. En el caso de Souheil El Khalfaoui, de 19 años, herido de bala en el corazón durante un control de tráfico en Marsella, las imágenes de las cámaras de seguridad que filman la escena, y que pueden corroborar o contradecir la versión de la policía, aún no han podido ser vistas por la familia que presentó la denuncia. Dos años después de la tragedia…

Si 2021 y 2022 estuvieron especialmente marcados por las muertes por disparos durante las intervenciones policiales, ¿qué pasará en 2023? Hasta donde sabemos, Nahel es al menos la octava persona asesinada a tiros por policías desde que comenzó el año.

—https://basta.media/Refus-d-obtemperer-le-nombre-de-personnes-tuees-par-un-tir-des-forces-de-l-ordre-a-double-depuis-2017-Darmanin

Las ciudades francesas están en pie de guerra contra los crímenes policiales

La muerte de Nahel, un adolescente asesinado el martes por un policía durante un control de tráfico en Nanterre, en los suburbios parisinos, ha despertado una oleada de indignación en Francia, que no parece estar perdiendo fuerza. Ya son cuatro noches seguidas de protestas.

La versión oficial de la policía es mentira pero, afortunadamente, el incidente fue filmado por varias personas que presenciaron la escena. Dos policías se paran al costado de un automóvil estacionado y uno de ellos amenaza al conductor a través de la ventanilla abierta. El otro le apunta con su arma. Se escucha al policía gritar: “¡Te va a disparar en la cabeza!” Luego se oye una detonación y el coche arranca con un estruendo.

No le disparó en la cabeza sino en el pecho. A quemarropa.

En 2017 ley de seguridad pública amplió las posibilidades de uso de un arma de fuego para los policías y las consecuecias del “gatillo fácil” son obvias: otro muerto más, en un barrio más, en un control policial más. Es el tercero que muere desde principios de año. El año pasado fueron 13 las personas asesinadas en controles de tráfico.

Desde el martes han estallado disturbios en toda Francia y particularmente en los barrios. La mayoría de las principales ciudades francesas han visto cuatro noches de violencia urbana, incendios, saqueos y protestas. El gobierno ha movilizado a 40.000 policías y gendarmes en todo el territorio. Anoche fueron detenidas más de mil personas.

Ciudades como Marsella, Lyon o París han reducido los horarios de determinados transportes públicos. Otros municipios incluso han decidido introducir un toque de queda a partir de las 8 de la tarde.

La sublevación de 2005

Estos hechos recuerdan el estallido de los barrios en 2005 tras la muerte de Zyed y Bouna, electrocutados en una subestación mientras intentaban huir de la policía en Clichy, también cerca de París.

Después de la tragedia, también se produjeron disturbios en los barrios de las principales ciudades. Se habían tomado las mismas medidas para calmar el descontento: toques de queda y movilización reforzada de la policía. El 8 de noviembre del mismo año el gobierno decretó el estado de emergencia.

El temor a que las manifestaciones se conviertan en una guerra de guerrillas a largo plazo está muy presente en el gobierno. Varios titulares de la prensa se preguntan esta mañana por las similitudes entre los disturbios de 2005 que duraron tres semanas y los que acaban de comenzar.

Pero en realidad, lo que hay que preguntarse es por qué Francia vive este tipo de levantamientos en los barrios de manera cíclica.

El refuerzo de la seguridad es el ‘gatillo fácil’

La ola de protestas no debería sorprender en Francia. Cada gobierno acelera los desmanes de la policía. Según cifras de la Inspección General de la Policía Nacional, el uso de armas contra los ocupantes de los vehículos ha aumentado un 39 por cien si comparamos el periodo 2012-2016 con el 2017-2021.

La policía ha matado cuatro veces más personas por negarse a parar el vehículo en cinco años que en los veinte años anteriores.

En marzo de este año, la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos alertó a la ONU sobre un grave aumento del terror policial. Las muertes a tiros no son los únicos hechos. También se producen múltiples actos de violencia física durante los controles o durante a detención.

La negación de la realidad en los barrios

Lo que se designa como “barrios” en Francia son aproximadamente 1.500 poblaciones llamadas prioritarias. 4,8 millones de franceses viven en estas áreas, que también se encuentran entre las más pobres.

Suponen el 7 por cien de la población francesa. Nueve de los veinte municipios donde la tasa de pobreza es más alta se encuentran en la periferia de París. En determinadas localidades de la periferia de la capital, como las del departamento de Seine-Saint-Denis, el paro supera la tasa del 40 por cien.

En 2016, un año antes de ser elegido presidente por primera vez, Macron prometió a los barrios un “proyecto de emancipación” y el fin del “arresto domiciliario” para sus habitantes. El plan no era más que una represión generalizada y el mantenimiento de los barrios en el abandono más absoluto.

En 2018 se hizo un intento con el Plan Borloo, propuesto por la exministra de la Ciudad. Propuso 19 medidas clave y un presupuesto de 48.000 millones de euros. Se abandonó por tener un enfoque “anticuado”. Desde entonces no han hecho nada, salvo llenar las calles de policías.

‘El que avisa no es traidor’

El que avisa no es traidor. En mayo de este año, una treintena de cargos electos locales publicaron una columna en Le Monde titulada “Los barrios al borde de la asfixia“. Era un llamamiento de los alcaldes de los barrios más marginados. Pedían ayuda para los “habitantes abandonados de la República” que están sufriendo la peor parte de la escasez de alimentos, la alta inflación y los precios de la energía inasequibles”.

Un mes después, la muerte de Nahel fue la chispa que prendió fuego a la pólvora en barrios sin aliento.

Una policía racista

No es probable que los vecinos de los barrios se callen ni se calmen porque las agresiones policiales son cotidianas. Si no estallan hoy, estallarán mañana. Las circunstancias de la muerte de Nahel hacen pensar que su origen argelino jugó en su contra. Se ha abierto una investigación por homicidio doloso del agente de orden público, por parte de la Inspección General de la Policía.

“Ahora es el momento de que [Francia] aborde seriamente los profundos problemas del racismo y la discriminación racial entre las fuerzas del orden”, dijo la ONU después de la muerte del adolescente.

Tercera noche de enfrentamientos con la policía en varias ciudades francesas

Anoche la movilización de 40.000 policías y gendarmes no impidió que jóvenes de varias regiones de Francia continuaran con su movimiento de protesta y enfrentamientos con la policía por tercera noche consecutiva tras el asesinato el martes del joven Nahal a manos de un policía durante un control de tráfico.

Hasta el momento hay 875 personas detenidas. La mayoría de ellos tienen entre 14 y 18 años.

La movilización policial decretada por el ministro del Interior francés, Gérard Darmanin, no logró impedir que 492 edificios públicos fueran atacados y 1.900 vehículos incendiados. Además se han producido saqueos en varias ciudades.

Lo mismo ocurre con los toques de queda decretados en Clamart y Meudon, Neuilly-sur-Marne y Compiègne. A pesar de este despliegue masivo, se produjeron todo tipo de disturbios en numerosas ciudades. Muchos negocios fueron destrozados, saqueados o incluso quemados.

Al igual que el día anterior, la policía también fue atacada, quemaron botes de basura, vehículos y autobuses. Los edificios públicos también fueron atacados y se arrojaron cócteles molotov en algunos lugares. Escenas de guerra que repiten el escenario de 2005, o el de la revuelta de los barrios en los tiempos de Nicolas Sarkozy, la de los chalecos amarillos en 2019 o la batalla campal contra el recorte de las pensiones de este año.

En pocos meses, más de 20 jóvenes han sido asesinados por la policía durante los controles de carretera, según cifras oficiales, sin que nadie haya protestado.

Según una intervención parlamentaria del ministro de Interior, desde la votación de la ley de 2017, que autoriza a la policía a disparar por la simple negativa a cumplir la orden de detenerse, cuando en su fuga los ocupantes de un vehículo puedan “perpetrar ataques a su vida o a su integridad física, o a la de otros”, han disminuido los disparos policiales y los casos mortales.

Es mentira; han aumentado, según muestran las estadísticas del propio Ministerio. Los disparos contra los vehículos se han multiplicado por cinco según un estudio reciente.

“Ahora es el momento de que el país aborde seriamente los problemas profundamente arraigados del racismo y la discriminación racial entre las fuerzas del orden”, ha dicho Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

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