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El Estado de Nueva York estudia la aprobación de un proyecto de ley que permitiría detener a cualquier persona sospechosa de portar o estar expuesta a una enfermedad contagiosa, retenerla indefinidamente e incluso medicarla por la fuerza.

El proyecto, que lleva el número A416, fue presentado la semana pasada por el diputado Nick Perry, del partido demócrata (*) y hoy será examinado por el comité de salud del Congreso.

Los neoyorquinos podrían ser sacados de sus hogares y encerrados por la mera sospecha de haber estado “expuestos” al coronavirus, sin que se necesiten pruebas positivas ni síntomas. Una vez encarcelados en una de las instalaciones construidas especialmente para la ocasión, las personas pueden verse obligadas a someterse a un “tratamiento” que incluye medicamentos y vacunas, e incluso entonces, la libertad no estaría garantizada.

El proyecto de ley, que anteriormente se presentó con el pretexto del virus del Ébola, podría encerrar a las personas hasta 60 días. Aunque el preso tiene derecho a un abogado, los médicos tendrán la última palabra para decidir si son apestosos o no (suponiendo que alguna vez lo hubieran estado).

Las cárceles se inundarán con los contactos de personas sanas erróneamente consideradas como “apestados”, “positivos” y “casos”.

Esta ley podría mantener a las víctimas encerradas durante meses, incluso años. Alemania y Suiza ya han comenzado a apuntar a disidentes de alto perfil para su institucionalización, incluidos médicos y abogados, y otros países han facilitado que sean encerrados.

El mes pasado, un neurólogo de California publicó un artículo en el que afirmaba que la creencia en las “teorías de conspiración” sobre la pandemia era el resultado de un daño cerebral e insinuaba que la institucionalización podría ser la única opción para estos “pacientes incurables”.

A diferencia de un caso penal, los médicos que quieran encarcelar a una persona no necesitan proporcionar pruebas del potencial “contagioso” del individuo. Simplemente deben asegurar que la persona es un peligro para ellos mismos o para los demás, un criterio deliberadamente vago que deja mucho espacio para abusos de todo tipo.

Tras la cuarentena, en Sajonia, Alemania, el gobierno liberó casi dos docenas de habitaciones en clínicas siquiátricas para que la policía pudiera recluir a la fuerza a quienes violaran el encierro.

En abril una abogada especializada en derecho sanitario de Heidelberg, Beate Bahner, fue detenida e internada a la fuerza en un siquiátrico por llamar a manifestarse contra el confinamiento.

Pocos días después un médico suizo de 58 años, Thomas Binder,  fue detenido en Wettingen, con un aparatoso despliegue de las unidades antiterroristas de la policía, que le internaron en un siquiátrico por oponerse a la cuarentena.

En setiembre la policía australiana sacó a una mujer embarazada de su casa por convocar una manifestación contra el confinamiento a través de las redes sociales.

(*) https://legislation.nysenate.gov/pdf/bills/2021/A416

Más información:
– Primera mujer internada en un siquátrico en Alemania por oponerse a la cuarentena
– Terrorismo de Estado con pretextos sanitarios: Sajonia interna en hospitales siquiátricos a quienes rechazan la cuarentena
– Internan en un siquiátrico a un médico suizo que se opone al toque de queda
– La policía detiene a una mujer embarazada delante de sus hijos por convocar una protesta contra el confinamiento en Australia

En marzo del año pasado el gobierno de Singapur introdujo una aplicación de rastreo de contactos, llamada TraceTogether, con el pretexto de la pandemia, para controlar a quienes pudieran haber estado en contacto con un apestado.

En la misma línea, inventaron un brazalete, al estilo del que llevan los presos en libertad vigilada.

Era sólo el principio. Unos meses más tarde, el gobierno amplía las posibilidades de acceso a los datos obtenidos con el pretexto del “contagio”: la policía podrá acceder a ellos dentro de una investigación criminal.

Lo mismo que otras, la aplicación de rastreo de contactos de Singapur utiliza el “bluetooth” del teléfono para identificar a los usuarios que han estado a menos de dos metros durante más de 30 minutos.

Si un apestado ha estado cerca, envía una notificación. Por lo tanto, no registra la ubicación del GPS necesariamente. Los datos se almacenan de forma descentralizada (compartidos en los diferentes teléfonos), y se transmiten a las autoridades sólo cuando un usuario está cerca de un apestado.

A partir de ahora, pueden ser transmitidos a la policía, si ésta lo solicita.

El sistema de rastreo de contactos introducido con el pretexto de la pandemia es otro de los grandes chollos aparecidos el año pasado. Es tan funcional que pronto será obligatorio en Singapur para acceder a los lugares públicos. La policía tendrá otra importante fuente de información… pasando por encima de los derechos fundamentales de los usuarios.

Como cabía sospechar, los pretextos sanitarios del gobierno de Singapur eran mentira. Al principio subrayó repetidamente que nunca se accedería a los datos “a menos que el usuario diera un resultado positivo” en un test y que el equipo de rastreo de contactos se pusiera en contacto con él. Los datos personales, como el número de identificación único y el número de móvil, también serían sustituidos por una identificación permanente aleatoria y se almacenarían en un servidor seguro.

La ministra encargada de la Iniciativa “Smart Nation” y la Ministra de Relaciones Exteriores, Vivian Balakrishnan, insistió en que TraceTogether no era un dispositivo de rastreo, ya que no contenía un geolocalizador y no podía conectarse a internet.

Señaló además que todos los datos de TraceTogether se cifrarían y almacenarían durante un máximo de 25 días, tras los cuales se eliminarían automáticamente. Se llenó la boca de promesas. La información la guardaría el Ministerio de Salud sólo cuando un individuo diera positivo en un test y que esto sólo se podría llevar a cabo entregando físicamente el dispositivo portátil al Ministerio.

Por lo demás, “sólo un equipo muy limitado y restringido de rastreadores de contacto” tendría acceso a los datos, dijo la ministra, señalando que eso era necesario para reconstruir el mapa de actividad del apestado. Todas las normas de protección de datos del sector público se aplicarían a los datos en poder del Ministerio de Salud…

Ahora dicen todo lo contrario. La policía toma el relevo de los sanitarios y podrá acceder a los datos para las investigaciones penales. No hablamos de un dato u otro, sino de todos los datos, que no los custodia el Ministerio de Sanidad sino el gobierno… Todo era un camelo.

El ministro de Asuntos Internos, Desmond Tan, dijo que el custodio de los datos de rastreo de contactos es el gobierno de Singapur y que se habían establecido medidas “estrictas” para salvaguardar los datos personales… Pero no hay nada que salvaguardar; la vida privada está a disposición de cualquiera.

Sólo los hipócritas se pueden sentir engañados. Desde febrero es la policía y no los sanitarios la que desempeña el papel fundamental en el rastreo de contactos. Es la policía la que identifica y localiza a las personas que han estado en contacto con los apestados. La policía realiza investigaciones sobre el terreno y examina las grabaciones de las cámaras de vigilancia para establecer la ubicación y el movimiento de las personas y sus contactos.

Ayer se actualizó la declaración de privacidad de TraceTogether para que a nadie le quepan dudas: “Los datos de TraceTogether pueden ser utilizados en circunstancias en las que la seguridad de los ciudadanos se vea o haya sido afectada. Los oficiales de policía autorizados pueden invocar los poderes del Código de Procedimiento Criminal (CPC) para pedir a los usuarios que suban sus datos de TraceTogether para investigaciones criminales. La Fuerza de Policía de Singapur está facultada, en virtud del CPC, para obtener cualquier dato, incluidos los datos de TraceTogether, para las investigaciones penales”.

Tampoco debe extrañar que el gobierno esté planeando hacer obligatorio el uso de la aplicación a todos los ciudadanos. En el Parlamento, el ministro de Educación, Lawrence Wong, animó a los residentes a descargar la aplicación, que se actualizó en junio pasado para incluir el registro de los números de pasaporte de los extranjeros…

https://www.zdnet.com/article/singapore-police-can-access-covid-19-contact-tracing-data-for-criminal-investigations/

El lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que las identidades de aquellos que decidan no vacunarse contra el coronavirus quedarán recopilados en un registro compartido con todos los países de la Unión Europea.

Tras afirmar que cuantos más se vacunen, mejor, y apelando a la “solidaridad” de la ciudadanía para “evitar contagiar a otros”, sobre el plan de vacunación en España, Illa detalló que se irá citando a los ciudadanos -a quienes pidió “que acudan”- para administrarles la vacuna, y quien la rechace entrará en un registro que se compartirá con otros socios europeos.

Sobre si tal documento será público, Illa adelantó que el registro de los nombres de las personas que no se vacunen será totalmente confidencial. “Los rechazos a la vacunación se consignarán en un registro, pero no será un documento público, se respetarán siempre los datos que se recojan”, aseveró.

La vacunación contra el coronavirus es voluntaria en España. “Sin perjuicio del deber de colaboración que recae sobre los individuos, la vacunación frente a COVID-19 será voluntaria, y ello, a salvo de lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en materia de salud pública”, se indica en la última actualización de la Estrategia de Vacunación contra el coronavirus.

No obstante, a pesar de que previsiblemente no habrá sanción alguna por no vacunarse, hay diversas actividades que podrían excluir a los que se nieguen. Por ejemplo, hay empresas que ya están barajando la opción de despedir -o no contratar- a aquellos trabajadores que no hayan sido inmunizados.

Acerca de para qué registrarán los nombres, el ministro aclaró que el objetivo de esta recopilación de datos es “registrar los casos de rechazo a la vacunación en el Registro de vacunación, con la finalidad de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población”.

El seguimiento forma parte de una de las modificaciones que ya se proponían para las estrategias de vacunación en España. En los “Criterios de Evaluación para Fundamentar Modificaciones en el Programa de Vacunación en España”, adjuntado por Sanidad en la actualización del plan de vacunación, se propone la opción de que, ante la negativa de un paciente a vacunarse quede reflejada “en la historia clínica o registro de vacunación, pudiendo recogerse la negativa firmada del interesado o sus responsables si se considera pertinente”.