La web más censurada en internet

Etiqueta: Represión (página 29 de 123)

La policía colombiana aplasta a los manifestantes con armamento israelí

Desde hace más de un mes, una huelga nacional ha paralizado Colombia y ha sido respondida con una represión mortal por el gobierno reaccionario de Iván Duque. Mientras los sindicatos han cerrado las principales ciudades, interrumpiendo el transporte público y bloqueando la economía del país, las fuerzas gubernamentales han respondido con violencia. Según las cifras del gobierno, al menos 44 personas murieron en las protestas que comenzaron el 28 de abril. Además, se informó de la desaparición de 500 personas, más de 100 fueron alcanzadas por la munición real y al menos 28 resultaron heridas en el ojo por la policía, los conocidos antidisturbios del ESMAD o las organizaciones paramilitares vinculadas al Estado.

La represión de la disidencia está fomentada por el gobierno israelí, que se enfrenta a una revuelta económica, militar y social generalizada por parte de su población palestina cautiva. Aparte de Estados Unidos, Israel es el principal proveedor de armas del ejército y los paramilitares colombianos, y la policía y el ejército colombianos han utilizado su entrenamiento y armas israelíes contra su propia revuelta interna.

El Estado ha declarado esencialmente la guerra a los ciudadanos, convirtiendo las calles y los barrios en campos de batalla en un intento de hacer aprobar las muy controvertidas políticas neoliberales del presidente Duque, que eliminarían la sanidad pública, privatizarían las pensiones, reducirían el salario mínimo e impondrían un impuesto del 19 por ciento a los alimentos básicos, medidas que los críticos consideran un ataque en toda regla a la mayoría de la clase trabajadora colombiana. El presidente no da señales de retroceder, aunque su índice de popularidad ha caído al 18 por ciento, un mínimo histórico para los jefes de Estado colombianos.

Las fotos que circulan por las redes sociales muestran a las fuerzas del gobierno utilizando armas israelíes contra los manifestantes, mientras que los vehículos blindados Sand Cat de fabricación israelí recorren las calles de las principales ciudades de Colombia. Los fusiles estándar de todas las ramas del ejército y de la policía son israelíes; el ejército utiliza el IMI Galil, las fuerzas especiales usan el IWI Tavor, mientras que la fuerza aérea, la marina y la policía prefieren el IWI Ace.

Duque ha enviado al ejército a varias de las mayores ciudades de Colombia para hacer frente a la huelga general, una medida condenada por los grupos de derechos humanos. Estas fuerzas han sido entrenadas en “técnicas de lucha contra el terrorismo y de combate” por los agregados de las FDI [ejército israelí] para compartir su experiencia en aplastar la resistencia interna. Así que cualquier palestino que visite Colombia en estos momentos puede sentir una extraña sensación de familiaridad con lo que está sucediendo.

“Los contratistas militares privados israelíes están muy involucrados con el ejército colombiano en términos de entrenamiento militar, la realización de operaciones de contrainsurgencia, la recopilación de información, los asesinatos selectivos, las intervenciones militares transfronterizas en estados como Venezuela, junto con la guerra híbrida en general, y más. Como el segundo socio militar más importante después de Estados Unidos, Israel puede ser visto como un apoyo clave del terrorismo de estado de Colombia”, dijo Oliver Dodd desde Bogotá. Dodd es un investigador de la Universidad de Nottingham que cubre la guerra civil colombiana.

En septiembre de 2020, cuando los paramilitares reaccionarios estaban llevando a cabo numerosas masacres en Colombia, el ejército israelí dio varios días de entrenamiento a las fuerzas especiales del ejército colombiano. Incluso hicieron feos parches para conmemorar su alianza.

También se han visto drones israelíes en los cielos colombianos, que el gobierno utiliza para la vigilancia y la inteligencia militar. AMnetpro SAS, empresa fundada por dos empresarios israelíes, también suministra a las fuerzas colombianas sistemas de reconocimiento facial y otras tecnologías de seguridad.

Israel también entrena a los paramilitares colombianos

Lo más preocupante es que Israel también ha entrenado directamente a grupos paramilitares reaccionarios responsables de muchos de los peores actos de terror en el país durante los últimos 50 años. Carlos Castaño, comandante de las AUC, quizás el más notorio y despiadado de todos ellos, viajó a Israel para estudiar y ser entrenado por el infame mercenario israelí y ex teniente coronel de las FDI Yair Klein, quien afirma haber sido invitado a Colombia para entrenar a la policía nacional. Dodd explicó el interés del gobierno colombiano en utilizar los conocimientos técnicos israelíes:

“Los veteranos de las FDI también están muy involucrados en el conflicto colombiano. El Estado colombiano depende en gran medida de estos mercenarios israelíes -llamados ‘contratistas militares privados’ por sus apologistas- en el sentido de que son reclutados para importar su amplia experiencia en contrainsurgencia desarrollada en la lucha contra los palestinos. El hecho de que estos mercenarios no sean técnicamente miembros de las fuerzas armadas colombianas y no lleven uniformes oficiales del ejército, les permite proporcionar al Estado una negación plausible de los crímenes de agresión contra el movimiento revolucionario y otras fuerzas progresistas”.

Los mercenarios israelíes se han normalizado tanto en la sociedad colombiana que cuando el presidente Juan Manuel Santos apareció en un anuncio de la empresa de mercenarios israelí Global CST, dijo: “Son personas con mucha experiencia. Nos han ayudado a trabajar mejor”, dijo.

Palestina también tiene lazos con América Latina, y la comunidad palestina allí está bien. En los últimos tiempos, varios palestinos han llegado a altos cargos en la región, como Carlos Roberto Flores, presidente de Honduras de 1998 a 2002, Antonio Saca, presidente de El Salvador de 2004 a 2009, y Yehude Simon, primer ministro de Perú de 2008 a 2009.

A medida que el continente se desplazó hacia la izquierda en la década de 2000, casi toda la región comenzó a reconocer a Palestina como un Estado independiente. Durante años, Colombia fue el único país sudamericano que resistió, y no lo hizo hasta 2018.

Al mismo tiempo, el presidente Duque dejaba clara su posición. El año pasado, habló ante el AIPAC, el grupo de presión pro-Israel más poderoso de Estados Unidos, donde anunció que Colombia abriría una “oficina de innovación” en la Jerusalén ocupada, a un paso de desafiar el derecho internacional trasladando allí la embajada colombiana. También denunció una supuesta presencia de Hezbolá en la vecina Venezuela, designando al grupo libanés y enemigo militar de Israel como organización terrorista, una medida que probablemente tenga más que ver con hacer amigos que con cualquier preocupación real de seguridad.

A lo largo de estos últimos bombardeos en Gaza, que han dejado un saldo estimado de 250 muertos, casi 2.000 heridos y decenas de miles de desplazados, el gobierno colombiano se ha mantenido al lado de su aliado, condenando el lanzamiento de cohetes contra Israel. “Colombia expresa su profunda preocupación por los actos y atentados terroristas contra Israel y manifiesta su solidaridad con las víctimas de estas acciones”, escribió. No hubo ningún reproche a los misiles israelíes, mucho más mortíferos, que golpean Gaza.

Un ciclo de dependencia

La incipiente alianza política ha propiciado la profundización de los lazos económicos. En 2013 las dos naciones firmaron un acuerdo de libre comercio. “Este es un momento histórico en la relación entre el Estado de Israel y la República de Colombia”, anunció el Primer Ministro israelí, Benyamin Netanyahu. “Estas decisiones crean una plataforma de cooperación entre nosotros que llevará nuestra asociación, nuestra amistad, nuestra hermandad… a nuevos niveles políticos y económicos”.

En su mayor parte, el comercio entre los dos Estados consiste en el envío de armas y conocimientos técnicos israelíes a Colombia a cambio de reservas minerales de la nación sudamericana. En 2011, las armas de uso militar representaron el 49,6 por ciento de todas las exportaciones israelíes a Colombia. El carbón representa alrededor del 89 por ciento de lo que vuelve por el otro lado. El resto son principalmente productos agrícolas (café, fruta, azúcar, etc.).

La riqueza mineral de Colombia sólo es explotable después de décadas de presión por parte de los militares y paramilitares asociados para expulsar a los negros y a los indígenas de sus preciadas tierras para permitir la instalación de empresas transnacionales de la agroindustria y la energía. El armamento y el asesoramiento técnico israelíes han sido cruciales en este sentido. Como resultado, Israel puede cosechar algunos de los beneficios, manteniendo las luces en casa con carbón colombiano barato, en un acuerdo que beneficia a los israelíes y a las grandes empresas, pero que perjudica a la gente y contribuye a la limpieza étnica en ambos lados del mundo.

‘Puestos clave del poder estadounidense’

Colombia e Israel son los aliados más favorecidos de Estados Unidos en sus respectivas regiones. Israel recibe miles de millones de dólares en ayuda militar cada año, armas que a menudo prueba en civiles palestinos y que luego puede vender en ferias de armas de todo el mundo como “probadas en combate”.

Del mismo modo, Colombia recibe enormes cantidades de armas estadounidenses de forma gratuita (por valor de más de 461 millones de dólares en 2021), en su mayoría bajo el pretexto de la desacreditada guerra contra las drogas. El Plan Colombia -la militarización de la guerra contra las drogas en América Latina- se asocia principalmente con la administración Bush. Sin embargo, el cerebro de la operación fue en realidad Joe Biden. “Soy el que puso en marcha el Plan Colombia… enderezando este gobierno durante mucho tiempo”, se jactó el año pasado. Durante su mandato, Joe Biden tiene previsto ampliar su política sobre Colombia a América Central.

Ni la última ofensiva de Israel ni la de Colombia han provocado la censura de la administración Biden, ya que el presidente anunció inmediatamente que “Israel tiene derecho a defenderse” mientras bombardeaba objetivos civiles en Gaza. Asimismo, no hubo ninguna palabra oficial de Washington sobre la mortal represión del gobierno colombiano contra los manifestantes. De hecho, el Secretario de Defensa, Lloyd Austin, se reunió con su homólogo colombiano, Diego Molano, a principios de esta semana, donde “expresó su compromiso de fortalecer nuestra relación de defensa”, según sus palabras.

“Israel y Colombia son puestos clave del imperio estadounidense y, como tales, se les permite aterrorizar a la población civil en nombre de la lucha contra el terrorismo”, dijo Belén Fernández, periodista que cubre de cerca las relaciones entre Oriente Medio y América Latina. “Ambos estados están firmemente vinculados a Estados Unidos y entre sí en lo que equivale a un ‘ménage à trois’ militar-económico basado en la perpetuación de la inseguridad, el desplazamiento forzado y la tiranía de la derecha”, añadió.

Manuel Rozental, médico y activista de larga data, vive en el Cauca, donde la represión reciente ha sido más extrema. Rozental vio una serie de paralelismos entre Israel y Colombia: “Ahora mismo hay un levantamiento en Colombia de gente que está harta de un régimen que sólo explota y utiliza la violencia y la fuerza. Lo mismo está ocurriendo en Gaza”, dijo.

“En ambos casos, Estados Unidos no dice nada o presenta a ambas partes como parte de un proceso de polarización para ocultar el hecho de que hay un régimen ilegítimo que está reprimiendo y oprimiendo a la gente. Nada de esta violencia en Colombia ocurriría sin el apoyo de Estados Unidos y sus intereses comerciales. Y este es también el caso de Israel”.

El papel de Colombia en el sistema es claramente similar al de Israel: es el principal lugarteniente de Estados Unidos en la región, atacando a Venezuela, Bolivia o cualquiera de sus otros vecinos progresistas. También es la principal ubicación de las bases militares estadounidenses en la región. Para Rozental, los paralelismos entre Colombia y la situación israelo-palestina son evidentes:

“Israel es la punta de lanza de los intereses de Estados Unidos en Oriente Medio a cambio de una financiación masiva del gobierno para apoyar un régimen cada vez más fascista bajo el control de Benyamin Netanyahu como hombre fuerte, como el [ex] presidente Uribe en Colombia. Este modelo genera enormes sumas de dinero para la industria militar estadounidense y ha convertido a Israel en una superpotencia militar y en un productor y exportador de seguridad bélica en todo Oriente Medio y el mundo.“

Los manifestantes de ambos países reciben gases lacrimógenos procedentes del mismo fabricante de armas con sede en Pensilvania que suministra a ambos regímenes. Ambas naciones también están dispuestas a hacer el trabajo sucio que Estados Unidos preferiría no ser sorprendido haciendo. Israel, por ejemplo, se convirtió en el principal proveedor de armas de la dictadura fascista chilena del general Pinochet después de que la presión pública obligara al gobierno estadounidense a suspender su ayuda militar. También suministró cerca del 95 por ciento de las armas a la junta militar argentina proestadounidense cuando estaba en el poder (1976-1983).

Mientras tanto, el aumento del escrutinio sobre el entrenamiento estadounidense de decenas de miles de policías y militares latinoamericanos en tácticas represivas ha hecho que Estados Unidos esté menos dispuesto a continuar con esta práctica, especialmente desde que muchos graduados de la tristemente célebre Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia, han sido condenados por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Evan King, Director del Programa de Colombia del Colectivo de Solidaridad Testigos por la Paz en Bogotá, dijo:

“Colombia es el Israel de Sudamérica porque ha empezado a exportar estas tácticas a toda la región. A Estados Unidos le encanta esto, el traslado del adoctrinamiento militar al extranjero. No tienen que hacerlo porque los colombianos lo están haciendo ahora. Así que se ven fuerzas colombianas entrenando a la policía hondureña o salvadoreña o mexicana. Más recientemente, se ha visto a las fuerzas especiales colombianas ir a Haití para entrenar a las fuerzas de seguridad haitianas, que ahora también están disparando a los manifestantes en las calles.

Estados colonizadores

La frase “el Israel de América Latina” fue originalmente un epíteto contra la Colombia del ex presidente venezolano Hugo Chávez, destacando cómo Colombia es una herramienta del imperialismo estadounidense. Sin embargo, el ex presidente colombiano Santos se apropió de la frase como un cumplido, declarando a su pueblo israelita honorario y señalando sus similitudes.

En efecto, los dos estados son mucho más parecidos de lo que muchos creen. Ambos son gobiernos altamente militarizados que libran guerras aparentemente interminables contra sus poblaciones indígenas, mientras utilizan la retórica de perseguir un “proceso de paz” que nunca parece traer la paz.

Del mismo modo, ambos gobiernos califican a sus oponentes de “terroristas”. En Colombia, son los sindicatos, los grupos guerrilleros de izquierda y los líderes indígenas y sociales; en Israel, son los médicos, los periodistas y la población palestina en general. Así, cualquiera que se interponga en su camino puede ser designado como terrorista y, por tanto, se convierte en un objetivo legítimo.

“El tipo de paz que le gustaría al gobierno israelí es una paz en la que puedan hacer lo que quieran con la tierra y no devolverla nunca. Y hay un enfoque similar en el conflicto que está ocurriendo aquí [en Colombia]. El gobierno apoya el proceso de paz, pero principalmente como una herramienta para abrir el país a la inversión extranjera”, dijo King, y añadió: “Ahí es donde creo que Colombia y la Unión Europea tienen un papel que desempeñar“:

“Aquí es donde creo que Colombia e Israel se parecen mucho; la contrainsurgencia ya no es una táctica o una estrategia para hacer frente a una amenaza, sino que es una forma de gobernar y una razón de ser del Estado. El Estado ya no está para prestar servicios sociales o garantizar los derechos de las personas, sino para protegerse de un enemigo interno en todo momento y a toda costa.

El gobierno colombiano, bajo el mentor de Duque, Álvaro Uribe, ha supervisado una larga serie de ejecuciones extrajudiciales y masacres que han dejado hasta 10.000 muertos. Bautizado como el “escándalo de los falsos positivos”, las fuerzas gubernamentales asesinaron a quien quisieron y luego afirmaron que sus víctimas eran miembros de organizaciones narcoterroristas. Esto permitió al gobierno eliminar cualquier oposición a él e intimidar a otros posibles opositores para que guardaran silencio. Por eso fue especialmente llamativo que el año pasado el Primer Ministro Netanyahu aplaudiera a Duque diciendo: “Iván, tu liderazgo en la lucha contra el terrorismo es un ejemplo para el resto de América Latina. Una semana después del inicio de las actuales protestas, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, dijo que el país “enfrenta la amenaza terrorista de las organizaciones criminales”.

Ambos gobiernos también están llevando a cabo lo que equivale a proyectos de colonización. En Colombia, es una élite decididamente blanca la que trata de librar la tierra de los agricultores indígenas y afrocolombianos para dar paso a las corporaciones multinacionales, mientras que en Israel, es la construcción de un estado supremacista judío sobre un estado palestino ya existente. La magnitud de la violencia en Colombia es casi desconocida en Occidente; la ONU calcula que actualmente hay 7,4 millones de colombianos desplazados, una cifra superior a las estimaciones más altas sobre los refugiados palestinos.

“El gobierno central trata a los indígenas y a los afrocolombianos como ciudadanos de segunda clase. Realmente no les dan derechos. No es algo formal, pero si se va a ciudades con mayoría de negros, como la ciudad portuaria de Buenaventura, la diferencia es muy marcada”, dijo King. “La forma en que la gente vive allí es, supongo, más parecida a las condiciones de Gaza que del resto de Colombia. No existe un régimen formal de apartheid, pero está claro que se trata de que abandonen el territorio tras unas dificultades económicas y humanitarias tan extremas que acaben por despoblar el territorio ellos mismos, sin necesidad de utilizar la fuerza”.

Israel en América Latina

En toda América Latina, Israel es una cuestión partidista. Mientras que los movimientos de izquierda del continente han ofrecido su apoyo a los palestinos, viendo su lucha contra el imperialismo como íntimamente ligada a la suya, la derecha ha hecho de Israel su causa.

En 2010, el presidente Chávez ofreció su pleno apoyo a la independencia de Palestina. “Desde el fondo de mi alma, ¡maldito seas, Estado de Israel! ¡Terroristas y asesinos! Viva el pueblo palestino”, declaró. Cuatro años después, tras otro ataque israelí a Gaza, el presidente boliviano Evo Morales declaró oficialmente a Israel como “Estado terrorista”.

Casi inmediatamente después de que Morales fuera derrocado por un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en 2019, el nuevo gobierno de extrema derecha restableció los lazos con el Estado de Oriente Medio e inmediatamente invitó a oficiales de las FDI al país para ayudar a gestionar las protestas a nivel nacional contra el golpe. “Les invitamos a ayudarnos. Están acostumbrados a tratar con terroristas. Saben cómo manejarlos”, dijo el nuevo ministro del Interior, Arturo Murillo, sobre sus invitados. El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, expresó su satisfacción por el hecho de que un nuevo “gobierno amigo” haya tomado las riendas de Bolivia. En Venezuela, una de las primeras cosas que hizo Juan Guaidó tras anunciarse como presidente del país fue revelar que estaba trabajando para renormalizar las relaciones con Israel.

En Brasil, el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro parece casi obsesionado con Israel, hasta el punto de que rara vez se le ve en un mitin sin múltiples banderas israelíes cerca. El ex oficial del ejército, de 66 años, también ha abierto una oficina comercial en Jerusalén y ha insinuado que la embajada no tardará en llegar. Otros Estados de derecha, como Honduras, han prometido hacer lo mismo. Los hijos de Bolsonaro también se dejaron fotografiar con camisetas de las FDI y del Mossad. Netanyahu expresó su gratitud, diciendo que su gobierno no tenía “mejores amigos que el pueblo y el gobierno de Brasil”.

La razón de la preocupación por Israel en gran parte de la región proviene del aumento de la iglesia evangélica conservadora. Como explicó el periodista y ministro ordenado Chris Hedges a MintPress la semana pasada, muchas profecías cristianas de derecha sobre el fin de los tiempos predicen el regreso de los judíos a Tierra Santa y la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Sólo entonces los justos ascenderán al cielo y los condenados (incluidos los judíos y otros no creyentes) serán arrojados al infierno. Bolsonaro y otros líderes de la nueva derecha sacan su apoyo más fiel de estos grupos.

Israel también está ayudando a apuntalar al presidente chileno Sebastián Piñera, que se encuentra en medio de protestas nacionales y de un desprecio generalizado, como hizo con Pinochet hace 40 años. Como señaló Fernández, Israel ha vendido armas y material antidisturbios a Chile, y ha entrenado a su ejército y a su policía, experiencia que podría haber sido útil para hacer frente a una revuelta nacional.

¿Un futuro mejor?

Aunque la violencia en Colombia y Palestina ha ocupado los titulares, hay algo de esperanza en el horizonte para los que sufren en ambos países. Las encuestas muestran que el gobierno de Duque parece debilitado como fuerza política y que el ex guerrillero de izquierda Gustavo Petro está muy por delante de sus competidores en las elecciones presidenciales del próximo año.

Petro perdió en 2018 en medio de amenazas contra su vida, compra de votos y amaños generalizados, y una amenaza generalizada de paramilitares reaccionarios que prometen matar a cualquiera que se atreva a votar por él. Sin embargo, la desastrosa gestión de Duque de la pandemia y su impulso a la terapia de choque económica han alienado a gran parte de su base. Si Petro consigue mantenerse con vida hasta el año que viene -tarea nada fácil para los políticos progresistas colombianos- la victoria podría ser suya.

También en Palestina parece que los ánimos están cambiando. Donde antes el apoyo incondicional a Israel era la norma, políticos de alto nivel, presentadores de televisión por cable y columnistas han denunciado inequívocamente la agresión israelí, y muchos se han hecho eco de las organizaciones de derechos humanos al calificar al Estado de apartheid. El movimiento Black Lives Matter ha ofrecido su apoyo a Palestina, y muchos funcionarios electos vinculan abiertamente la violencia contra los palestinos con la violencia contra la gente de color en Estados Unidos.

“Hoy me solidarizo con el pueblo palestino”, comenzó el discurso de la diputada Cori Bush (demócrata) ante el Congreso a principios de este mes, una declaración impensable hace tan sólo unos años. “El equipo que utilizaron para brutalizarnos [en Ferguson] es el mismo que enviamos al ejército y a la policía israelíes para aterrorizar a los palestinos”, añadió. “La limpieza étnica está en marcha ahora”, dijo la congresista de Michigan Rashida Tlaib en una protesta frente al Departamento de Estado. “Lo que están haciendo al pueblo palestino es lo que siguen haciendo a nuestros hermanos y hermanas negros aquí… Todo está interconectado”. Con sus innumerables conexiones, también debemos considerar que la violencia contra los colombianos y los palestinos está interconectada. Quizás su liberación también lo sea.

Alan Macleod https://www.mintpressnews.com/birds-fascist-feather-why-israel-aiding-colombia-crackdown-protesters/277406/

Más información:
— El papel de los mercenarios israelíes en las matanzas políticas colombianas

El gobierno británico recula ante los pasaportes de vacunas

El gobierno británico va a abandonar su plan para imponer el pasaporte sanitario en un requisito para los grandes eventos, según The Telegraph (1). Los funcionarios que trabajan en el certificado creen que es inviable. No hay ninguna posibilidad de cambiar la ley para imponer su uso en Reino Unido.

“No va a suceder”, dijo una fuente gubernamental bien situada y cercana al proyecto. “Todo el mundo dice que está muerto”.

El gobierno británico expresó por primera vez su interés por los pasaportes de vacunas en febrero. Formaban parte del plan del gobierno para acabar con el confinamiento.

Afortunadamente, los problemas para los pasaportes de vacunas parecen insuperables. Las aerolíneas han comenzado a advertir a las personas vacunadas que no deberían volar, por el riesgo que tienen de padecer coágulos sanguíneos (2).

Dentro de Reino Unido el pasaporte es objeto de controversias, incluso por parte de los más sumisos. Los ministros han estado estudiando la posibilidad de cambiar la ley para exigir los pasaportes de vacunas en eventos como partidos de fútbol, conciertos, festivales y conferencias de negocios.

Boris Johnson ya ha descartado su uso para actividades esenciales, como la visita al supermercado o al médico de cabecera, y ha indicado que no está a favor de su uso en bares y restaurantes.

Algunos miembros del grupo de trabajo que forma parte del ejecutivo y ha estado estudiando las certificaciones, van más allá y creen que el plan es inviable. Los visitantes extranjeros no disponen de la aplicación certificadora del NHS, lo que socavaba el sistema.

Otros señalan que hay algunas exenciones médicas para recibir las vacunas, como las personas que tienen reacciones alérgicas y los jóvenes, lo que complica aún más el plan.

Israel, cuyo pasaporte sanitario se convirtió en el modelo estudiado de cerca por el gobierno británico, abandonará pronto su “salvoconducto verde”.

(1) https://www.telegraph.co.uk/politics/2021/05/30/uk-vaccine-passport-plans-scrapped/
(2) https://www.hinzuu.com/2021/05/29/haben-sie-eine-impfung-keine-fluege-mehr/

A disposición del mejor postor las bases de datos sanitarias de 55 millones de británicos

El tráfico con las bases de datos del sistema británico de salud vuelve a estar en el centro de la polémica, incluido el pasaporte de vacunas. Hace unas semanas un experto en seguridad informática afirmó que los datos utilizados para el nuevo pasaporte de vacunas del NHS podrían acabar siendo utilizados para otros fines, aparte de los viajes internacionales.

Ahora la forma en que el NHS maneja los datos médicos confidenciales vuelve a la primera plana, tras conocerse el plan para crear una base de datos de hasta 55 millones de registros de pacientes.

La base de datos recogerá los historiales médicos de millones de pacientes del NHS y albergará información confidencial, como detalles sobre salud mental y sexual, antecedentes penales y consumo de drogas. También se recogerán detalles sobre la orientación sexual, el origen étnico y las vacunas, entre otros.

El archivo agrupa los historiales médicos de todos los pacientes de Inglaterra inscritos en una consulta de medicina general. La información sensible contenida en ella estará a disposición de terceras partes académicas y comerciales para fines “de investigación y planificación” que estaban previstos inicialmente.

Los británicos no quieran que sus datos se incluyan en ningún archivo, sólo tienen unas semanas para solicitarlo. Tienen que descargar un formulario de un sitio web del NHS, rellenarlo y entregárselo a su médico de cabecera antes del 23 de junio.

En un mensaje en línea en el que explica la recopilación de datos médicos, el NHS dice: “Los datos sólo se pondrán a disposición en respuesta a las solicitudes apropiadas de las organizaciones que son aprobadas tras el examen independiente de nuestro Grupo Independiente de Asesoramiento sobre la Divulgación de Datos”. En otro mensaje, el NHS entró en más detalles sobre las instituciones con las comparten los datos de los pacientes y los tipos de instituciones que pueden presentar solicitudes de acceso a dicha información.

Además del Departamento de Salud y Atención Social, Public Health England y NHS England, podrán acceder a las bases de datos “las organizaciones de investigación, incluidas las universidades, las organizaciones benéficas, las organizaciones de investigación clínica y las empresas farmacéuticas”. Sin embargo, la lista no es exahustiva las instituciones que “probablemente necesiten acceder” a los datos de los pacientes “puede que no se limiten a” las mencionadas.

El sitio web de NHS promete que los “datos de la práctica general para la planificación y la investigación” no recogerán los nombres ni las direcciones de los pacientes. Los datos que podrían utilizarse para identificar a un paciente (como el número del NHS, la fecha de nacimiento o el código postal completo) se sustituirán por códigos únicos.

Sin embargo, el propio NHS admite que este código podría volver a convertirse en datos que identifiquen a un paciente en circunstancias específicas cuando haya una “razón legal válida”.

Los pacientes no serán identificados directamente en los datos. Lo hacen indirectamente. El NHS podrá convertir los códigos únicos en datos que puedan identificar a los pacientes en determinadas circunstancias y cuando exista una razón legal válida.

Un portavoz de NHS reconoció que “los datos de los pacientes ya se utilizan todos los días para planificar y mejorar los servicios sanitarios, para la investigación que da lugar a mejores tratamientos y para salvar vidas”.

“Durante la pandemia, los datos de los médicos de cabecera se han utilizado para beneficiar a millones de personas: han ayudado a identificar y proteger a los más vulnerables, a desplegar nuestro programa de vacunas líder en el mundo y a identificar los tratamientos hospitalarios que han evitado la muerte de personas a causa del virus”.

“Hemos colaborado con médicos, pacientes, expertos en datos, privacidad y ética para diseñar y construir un sistema mejor de recogida de estos datos. Los datos sólo se utilizarán con fines de planificación sanitaria y asistencial y de investigación, por parte de organizaciones que puedan demostrar que tienen una base legal adecuada y una necesidad legítima de utilizarlos”, añadió.

—https://www.express.co.uk/life-style/science-technology/1442242/NHS-plans-share-patient-records-third-party-opt-out-app-data-controversy

La guerra contra el virus requiere del estado de guerra y la economía de guerra, dice la ONU

Lo venimos diciendo desde el primer minuto de esta locura y el lunes de la semana pasada lo confirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres: el mundo está “en guerra” contra el coronavirus, por lo que la “comunidad internacional” debe adoptar una lógica bélica contra la pandemia.

“Estamos en guerra contra un virus. Necesitamos la lógica y la urgencia de una economía de guerra para aumentar la capacidad de nuestras armas”, aseguró Guterres en Ginebra, al inicio de la principal reunión anual de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

China, donde esta historia comenzó y que siempre ha rechazado de plano que el coronavirus pudiera haber escapado de uno de sus laboratorios, desmintió al diario The Wall Street Journal, que afirmó que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, ciudad que fue epicentro de la epidemia, padecían una enfermedad parecida al “covid” que requirió tratamiento hospitalario en noviembre de 2019.

Además Guterres deja claro quién es el enemigo en la guerra que han desatado: “Se han destruido unos 500 millones de puestos de trabajo”, dijo Guterres. “Los más vulnerables son los que más sufren, y me temo que esto está lejos de terminar”.

Poco a poco los eufemismo remiten y empiezan a llamar a las cosas por su nombre. La pandemia ha puesto a los militares en un primer plano, incluso en las ruedas de prensa, aunque sólo sea para aparentar. En unos casos se les ha mostrado fumigando las calles y en otros vacunando a la población.

En la “nueva normalidad” deberemos acostumbrarnos a su presencia porque, en efecto, estamos en guerra y son muchos los que aún no se han enterado. Hay que prepararse para la economía de guerra con la que nos amenazan.

Más información:
— Contagio: si aplaudimos la ley marcial, también aplaudiremos la censura total
— Ley marcial: el Pentágono asegura el control militar de Washington con el pretexto del coronavirus
— La ley marcial aprobada en Gran Bretaña amenaza con la posibilidad de un Golpe de Estado en cualquier momento
— El Ejército prepara una nueva ley marcial para estas navidades
— Está el mundo entero bajo la ley marcial a causa de un catarro?

Liberan de la cárcel a un médico argentino a condición de que se calle la boca sobre la pandemia

El fundador de Médicos por la Verdad de Argentina, Mariano Arriaga, quedará en “libertad condicional” tras pagar una fianza de 200.000 pesos y tendrá prohibido convocar y participar de movilizaciones. En caso de volver a organizar algún tipo de acto, como el realizado en Rosario el 25 de mayo, volverá a quedar detenido.

Este jueves se presentaron a la audiencia imputativa Arriaga y otros dos imputados, entre ellos, un médico concejal chaqueño. En el caso de los otros imputados, también fueron liberados, pero con condiciones más leves y deberán pagar una fianza de 100.000 pesos cada uno.

Arriaga y los demás fueron detenidos e incomunicados el pasado 25 de mayo mientras participaban en una manifestación en el Monumento a la Bandera en Rosario. Dicha manifestación fue promovida con el objetivo de llamar a un debate científico sobre el coronavirus y cuestionar las restricciones impuestas por el gobierno argentino.

En referencia a Arriaga, la jueza penal de Rosario, María Trinidad Chiabrera, remarcó que “su situación es diferente” a la de los otros imputados, ya que pudo acreditar la “probable participación en los delitos que le imputaron” y remarcó que deberá cumplir “sí o sí” con la sentencia, “porque si no va a quedar detenido y complicado”.

Además, tiene la “prohibición total y absoluta de participar y convocar por cualquier medio a reuniones, marchas mientras se mantengan vigentes las medidas sanitarias contra el covid” y está obligado a la constitución de domicilio en la ciudad de Rosario y “prohibición de salir del país”.

El fiscal del caso, Marcelo Vienna, había acusado a Arriaga, al concejal de la localidad chaqueña de Las Breñas, Juan Domingo Schanovskoy, y al médico José Luis Gettor, de instigación a cometer delitos al “incitar e inducir públicamente mediante la difusión por diferentes redes sociales de acceso público” a la convocatoria al Monumento a la Bandera, violando el decreto que prohíbe los encuentros sociales para evitar la propagación de la pandemia.

El fiscal también imputó a Arriaga por mantener una reunión social “con más de 10 personas” sin mascarilla en un domicilio de Rosario.

—https://kontrainfo.com/liberan-al-fundador-de-medicos-por-la-verdad-mariano-arriaga-a-condicion-de-no-participar-ni-convocar-a-nuevas-reuniones-ni-marchas-lo-obligan-a-pagar-250-000-de-caucion/

Comienza el ‘cierre perimetral’ de la Unión Europea: Bruselas revisa el Tratado Schengen

La Comisión Europea ha anunciado un plan para revisar las normas del espacio Schengen para crear otro más controlado y restringido. El plan se une al llamamiento de Macron para reformar el control de fronteras de la Unión Europea. La previsión es que la nueva política fronteriza del espacio Schengen se establezca este mismo verano.

Adiós a la libertad de desplazamientos. Comienza un “cierre perimetral” a escala europea, una de las novedades que han llegado para quedarse y contra las nadie protestará. Bruselas revisará el código sobre las fronteras del espacio de libre circulación Schengen, la identificación, la cartilla sanitaria, los pasaportes, los visados y otros requisitos para entrar, salir y moverse dentro de la Unión Europea.

En el futuro los “sin papeles” seremos casi todos. Hay que reunir tantos documentos para viajar que va a ser imposible reunirlos todos. La palabra de moda será “Etias” (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), un tinglado burocrático que ya tiene su propio sitio en internet. Su entrada en funcionamiento está prevista para finales del año que viene.

Los cambios pretenden reforzar los controles y los mecanismos de identificación de las personas. Además pretenden cambiar las normas actuales de entrada, sin comprometer la libertad de circulación —según dicen— salvo “como medida de último recurso y por un periodo de tiempo limitado”, aunque es de sobra conocido qué es lo que entienden por “último recurso” (que suele ser el primero) y por “tiempo limitado” (que suele ser para siempre).

Bruselas quiere introducir más políticas discriminatorias, incluso para los viajeros que estén exentos de visado, que también tendrán que registrarse en línea antes de entrar en Europa. Para ello han creado Etias, que consideran esencial para “proporcionar a los guardias de fronteras la información que necesitan para saber quién cruza las fronteras de la UE”. Unos tienen las puertas abiertas y otros nunca lograrán cruzar el umbral porque siempre falta algún papel.

La palabrería con la que envuelven en Bruselas estas reformas oscilan entre “terrorismo” y “pandemia”, pero no hay ninguna diferencia entre uno y otro porque, como hemos repetido tantas veces. En Europa un apestado es un terrorista, y al revés.

Por ejemplo, el visado “Etias” está calcado del modelo de cartilla sanitaria y de vacunaciones que acaban de aprobar en Bruselas. Los viajeros deberán responder a un cuestionario inquisitorial para que la policía pueda admitir su entrada en Europa, basándose en información sobre inmigración, seguridad, antecedentes penales, salud, vacunas…

Otras reformas están en la linea abierta por las nuevas tecnologías (reconocimiento facial) y la colaboración represiva, tanto entre policías como entre jueces, el intercambio de información, los controles policiales y los equipos conjuntos de investigación.

Una feria de libros cancela la presentación de uno que no se ajusta al canon oficial sobre la pandemia

Los autores del libro “Covid-19. La respuesta autoritaria y la estrategia del miedo” han sido víctimas de un nuevo acto contra la libertad de expresión. La presentación del libro programada para la Fira Literal de Libros e Ideas Radicales ha sido suspendida menos de 24 horas antes de celebrarse.

La primera explicación que se da a Ediciones El Salmón, entre múltiples disculpas, es que, habida cuenta de las dificultades y trabas puestas por las autoridades para la celebración de esta edición de la Fira, temen que la presentación de un libro crítico con la gestión del coronavirus pueda ser utilizada en su contra para futuras ediciones.

Cuando los editores preguntaron, estupefactos, si es que “el festival de libros e ideas radicales” teme hipotéticos problemas futuros por un coloquio de media hora sobre un libro, se nos brinda un segundo argumento: los organizadores de la Fira Literal no estarían de acuerdo con el contenido de la obra.

Pero el origen de la decisión era otro, y apenas cuarenta y cinco minutos después lo hacían público: “Avisados por diversos periodistas y miembros de la comunidad médica, hemos procedido a anular una de las presentaciones de libros para mañana. La situación es muy grave como para alimentar discursos ambiguos sobre la pandemia de la Covid-19”.

Dejando a un lado la bajeza y cutrez de improvisar burdas excusas, así como el nulo margen de acción (el editor en el tren, y el médico José R. Loayssa, coautor del libro y ponente del acto, ya en Barcelona), resulta extremadamente grave que se impida el coloquio cuando es evidente que los organizadores de la Fira Literal renuncien a formarse un criterio propio leyendo ellos mismos el libro. ¿De verdad se veta este acto en base al “aviso” de médicos y periodistas?

¿Por qué opta Literal por el boicot y la censura, en lugar de alentar un debate con esos médicos y periodistas? ¿Quiénes son estos médicos y periodistas? ¿Se atreverán a dar la cara? ¿Qué puntos del libro consideran ellos, o Literal, que son “ambiguos”, y por qué? ¿La situación es tan grave como para impedir incluso el libre debate de ideas sobre la gestión política y sanitaria de la pandemia de la covid-19? ¿Tanto miedo tiene Literal de los libros y de las ideas radicales?

Nosotros no hemos leído el libro, pero lo leeremos y desde ahora mismo recomendamos su lectura.

Un ayuntamiento utiliza a sus vecinos como cobayas en un experimento de control social

El Ayuntamiento de Suresnes, una localidad cercana a París, ha aceptado que una empresa local, XXII, analice las más mínimas acciones de los vecinos en la vía pública. Durante un año y medio la empresa podrá utilizar las imágenes de videovigilancia del municipio para desarrollar algoritmos de “detección de comportamientos sospechosos”, que quedarán en su poder.

La empresa ha creado una aplicación de vigilancia urbana, XXII SmartCity, que está en fase experimental. Su porcentaje de error es inferior al 10 por ciento, pero la empresa lo quiere mejorarlo antes de comercializar la tecnología.

Durante una reunión del consejo municipal, el alcalde afirmó que las empresas francesas “no tienen acceso a suficientes bases de datos, bases de datos de imágenes y bases de datos de eventos que les permitan ejercitar sus algoritmos tan rápidamente”.

La empresa necesita cobayas y el ayuntamiento se las pone en bandeja porque considera los datos personales de los vecinos como si fueran una mercancía, pero no es tan seguro que luego la empresa entregue una parte de sus beneficios al Ayuntamiento.

Transformados en auténticas ratas de laboratorio, los vecinos verán diseccionada su vida cotidiana para enseñar a los programas informáticos lo que distingue a una buena rata de una mala…

El acuerdo del Ayuntamiento con la empresa permite la presencia, por tiempo ilimitado, de un operador de XXII en el CSU (centro de supervisión urbana), el compromiso de proporcionar toda la información necesaria para el proyecto y la formación de un comité técnico, formado en parte por miembros del CSU.

Durante el experimento, XXII se beneficiará de la colaboración de los funcionarios públicos, encargados de informar de los fallos y errores presentes en los programas informáticos de la empresa.

Los recursos públicos facilitarán una de las principales dificultades con las que se encuentran las empresas que desarrollan algoritmos de videovigilancia automática: el etiquetado de las bases de datos. Supongamos que la empresa XXII quiere probar un algoritmo para detectar a las personas sin hogar. Además del vídeo, un operador debe validar sobre el terreno si las alerta es correcta para poder corregirla. El acuerdo municipal permitirá a XXII llevar a cabo esta operación, ya sea mediante la presencia de su operador sobre el terreno, o a través de la retroalimentación de los funcionarios públicos de la CSU.

El alcalde insiste en que la operación contribuye al desarrollo de una empresa local. Uno y otra son un ejemplo de la connivencia entre los políticos y la industria de la seguridad, que carece escrúpulos a la hora de implantar sistemas masivos de vigilancia y control.

<

p style=»font-size: x-small;»>—https://technopolice.fr/blog/les-suresnoiss27es-nouveaux-cobayes-de-la-technopolice/</>

‘El problema de la amnistía es político; si hay una lucha popular por la amnistía, habrá amnistía’

Entrevista de Manel Carrere y Daniel Escribano a Juan Manuel Olarieta. Nacido en Barakaldo, Bizkaia, en 1955, es un abogado histórico de procesados políticos. Sufrió su primera detención y encarcelamiento en 1977 y desde entonces ha sido detenido en más de diez ocasiones. Ha defendido, entre otros, a activistas del GRAPO y también ha trabajado a escala internacional en los juicios de las
Brigadas Rojas italianas y de la Fracción Ejército Rojo (RAF), en la República Federal de Alemania. Más recientemente, ha formado parte de los equipos de defensa de los raperos Valtònyc y Pablo Hasél. Asimismo, es autor de varios trabajos sobre la represión jurídico-política en el Reino de España. El programa de radio Ona de Xoc, del digital L’Accent, le entrevistó recientemente para hablar sobre la actualidad represiva en Cataluña.

Has participado en la defensa de Pablo Hasél. ¿En qué situación se encuentra actualmente Pablo? ¿Cómo ves la situación y las protestas que se han desencadenado a raíz de su encarcelamiento?

Pablo ahora mismo está preso en la cárcel de Ponent, en Lleida, en el módulo de ingresos, lo cual significa que su situación es provisional y que la situación definitiva se determinará a partir de criterios políticos, en función de la evolución, por una parte de su situación dentro de la cárcel, y, por la otra, de la situación general que haya en la calle. Yo creo que las protestas han sido muy positivas, sobre todo porque han roto un año sabático, en el cual todas las movilizaciones han estado paralizadas como consecuencia del estado de alarma. Y las movilizaciones en solidaridad con Pablo han sido un salto muy importante, sobre todo porque han puesto encima de la mesa aspectos fundamentales que hay en este país, que son la represión política, la falta de libertades y, en definitiva, la amnistía.

También has defendido al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, Valtònyc. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no admitió a trámite la demanda contra España interpuesta por su defensa por vulneración del derecho a la libertad de expresión por la condena que le impuso la Audiencia Nacional (AN). ¿Cómo es eso posible, si la condena de la AN contradecía la jurisprudencia del TEDH en materia de libertad de expresión?

Pues yo creo que por eso precisamente: porque la sentencia estaba condenada a ser revocada. Y eso iba a suponer otro golpe también contra la represión política en España y, en concreto, contra la represión de los delitos de opinión. Lo que ocurre es que, de alguna manera, el Tribunal de Estrasburgo tenía que justificar su inacción, porque no había enaltecimiento [del “terrorismo”], por supuesto; no había delito de amenazas, no había delito de injurias a la Corona. Y, además, cantar, estar en un escenario, participar en la creación artística, es algo mucho más serio y más importante que la mera libertad de expresión, porque afecta a otros valores fundamentales como son el arte y la cultura. Y la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en este sentido claro que es evidente y claro que la condena de la AN la contradecía. Precisamente por eso se ha tenido que lavar las manos.

Venimos de una actualidad muy judicializada, con el juicio del procés en el Tribunal Supremo (TS) bastante reciente. ¿Cómo viste las estrategias de defensa de los procesados de esta causa? Hubo estrategias diferentes en un mismo procedimiento…

El problema de los procesos políticos es que, normalmente, son procesos colectivos. Es decir, son procesos en los cuales, a través de una serie de personas, se juzgan a organizaciones y movimientos. Lo ideal en un proceso político como el del procés es que la defensa sea coordinada. Y, en este caso, creo que no fue posible, porque los procesados pertenecían a organizaciones diferentes que tienen diferentes planteamientos políticos. Pero yo creo que no hubo un juicio de ruptura con el sistema, con el proceso ni con el tribunal, ni por parte de los procesados ni de los abogados, porque, en última instancia, todos los procesados y las organizaciones a las que pertenecen forman parte del mismo sistema y no han roto con él, son organizaciones que se caracterizan por el reformismo y el legalismo. Tengo la impresión de que las estrategias que adoptaron en el juicio las decidieron los abogados, y no los propios procesados. El reformismo es una negociación y, tanto en el caso de Cataluña como en otros casos, lo que pretenden todos o una parte de esos movimientos es ampliar el radio de acción dentro del mismo Estado.

De hecho, los procesados ni siquiera ejercieron sus derechos lingüísticos. El ex presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Josep Lluís Carod-Rovira ha apuntado que los procesados desaprovecharon “la emblemática imagen de un juicio político en que los acusadores de un país acusan y quieren condenar, en castellano, a los acusados de otro país que hablan otra lengua”. ¿Tenía sentido renunciar a los derechos lingüísticos —con la fuerza simbólica y política que tiene la visibilización del conflicto lingüístico—, y más en un juicio como éste, donde parecía claro que la sentencia estaba decidida de antemano?

Yo creo que no tenía sentido renunciar a los derechos lingüísticos, y menos si, como dices, la sentencia estaba decidida de antemano. Pero el problema fundamental no es que renunciaran a los derechos lingüísticos, que ni siquiera es lo principal (es un ejemplo más de otra serie de renuncias dentro del proceso). Yo creo que los acusados renunciaron a la ruptura con el Estado, que es la esencia misma del procés. Es decir, no es posible abrir un proceso hacia la independencia de Cataluña si no se rompe con el Estado. Y, para romper, primero hay que dejar de negociar, o, por lo menos, de negociar en los términos en los que los acusados han intentado y siguen intentando negociar, de una manera inútil. Y digo inútil porque, para negociar, hacen falta dos partes, y una de ellas no quiere negociar. Entonces, no tiene sentido el mantener un proceso de connivencia como es el que vimos.

En el marco de la causa general contra el independentismo se ha iniciado una campaña por la amnistía para todos los condenados y encausados. De entrada, existe un debate sobre si, en el marco constitucional español —que, al fin y al cabo, el procesismo no ha querido abandonar en ningún momento— tiene cabida una ley de amnistía. ¿Tú crees que la tiene o, simplemente, se trata de un acto propagandístico más?

En un país represivo como España, la amnistía ha estado históricamente en primer plano, desde la época franquista, desde los años cincuenta. Y yo creo que en el futuro seguirá en primer plano, por esa naturaleza represiva, porque este Estado en concreto todo lo fía a la represión. Pero el problema de la amnistía no es un problema legal, no es un problema de si la amnistía es constitucional, es anticonstitucional, de si cabe o no una ley de amnistía. Es un problema político; si hay una lucha popular por la amnistía, habrá amnistía, y si no hay una lucha popular por la amnistía, no habrá amnistía. Y el Estado se las tendrá que apañar, si tiene que ceder y tiene que sacar a los presos políticos, para ver la manera de sacar una ley de amnistía, un indulto general o lo que ellos entiendan. Pero es que yo creo que todo este tipo de problemas, y más dentro del movimiento independentista catalán, no se pueden plantear desde el punto de vista legal, jurídico, de tribunales, de abogados y de jueces. Hay que plantearlo en términos políticos y en términos de lucha popular.

Acaso el que este legalismo no pueda traer la amnistía ni la salida del Estado español, que debería ser el objetivo final de este proceso, sea la causa de que organizaciones reformistas como En Comú Podem o Unidas Podemos, en el Congreso, tengan una posición abstencionista respecto a la propuesta de ley de amnistía. ¿Cómo valoras la posición de esta izquierda reformista respecto a los presos del procés?

A mí no me ha sorprendido. Yo creo que ha sorprendido a pocas personas. En definitiva, el problema de Unidas Podemos y de tantas otras organizaciones es que, más allá de la palabrería, de los discursos, de las grandes declaraciones, es una organización que sirvió para canalizar el descontento surgido hace diez años, un descontento que tenía un contenido popular, masivo, por muchas zonas del Estado español y que, además, era necesario tener una organización de este tipo, por la crisis que, en aquel momento, vivía el PSOE. Y, en definitiva, los que potenciaron la creación de esta organización lo hicieron para que desempeñara el mismo papel que antes estaba desempeñando el PSOE. Este tipo de organizaciones forman parte del Estado mismo, quieren lo mismo que los partidarios del procés: una negociación, aunque no saben muy bien qué es lo que tienen que negociar. Y toda la política que han venido poniendo en práctica este tipo de organizaciones es desviar la atención hacia la ley mordaza. Y digo desviar la atención, porque el problema tanto de los presos del procés como de Pablo Hasél y Valtònyc no es una cuestión de ley mordaza, de la ley aprobada por el PP, porque el PSOE también tuvo su “ley mordaza”. Es un problema relativo al Código Penal, que hay que recordar que fue aprobado por el PSOE en 1995. Yo creo que,
en el caso de Pablo Hasél, el Gobierno actual no va a derogar los delitos de opinión del Código Penal ni va a hacer absolutamente nada por Pablo Hasél. Y, si hace algo, no será por buena voluntad, porque tenga ánimo de resolver un problema. No va a hacer nada porque no hay una movilización popular suficiente como para obligarle a hacerlo. El problema de este Estado y de las fuerzas que lo sostienen es que no hacen nada por iniciativa propia; hay que empujarlos, y, si no les empujan, no se mueven.

Entendemos, entonces, que lo que nos queda es organizarnos.

Claro, efectivamente. Dentro de la movilización popular, una parte fundamental es la organización; no puede haber movilización, y la movilización no se puede sostener, si no hay una organización y, al mismo tiempo, la organización exige tener unos planes, unos objetivos y una línea política clara, que, en definitiva, no existe, porque las organizaciones populares que hay, las organizaciones con las que se puede contar, las que expresan el descontento, son organizaciones muy poco elaboradas, muy poco trabadas, muy poco desarrolladas. Son organizaciones que están en una fase incipiente de su lucha. También es verdad que hay que tener paciencia y ver en qué sentido evolucionan.

Decíamos que hay una judicialización permanente de la situación política española. Últimamente han tenido mucho peso las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del TS y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) o la Junta Electoral Central (JEC), que ni siquiera es un órgano judicial. En algunos países latinoamericanos ha destacado el uso de los tribunales como instrumento para derrocar a gobiernos progresistas (el denominado lawfare). ¿Qué futuro prevés al Reino de España en esta estrategia de desestabilización política impulsada desde estos organismos?

Este es un proceso que, en España, se inició hace muchos años, es una tendencia general dentro de los países de capitalismo monopolista de Estado, de los países más avanzados, el proceso de judicialización, de convertir las luchas y las batallas políticas en batallas legales, jurídicas y formales o formalizadas. Lo que ocurre es que, en España, a falta de mecanismos democráticos y políticos, los asuntos se llevan a los tribunales, porque de esa manera parece que se resuelven con un aspecto técnico-jurídico. Y, además, hay que tener en cuenta que, desde hace también muchos años, hay un proceso de los sectores más reaccionarios del Estado, de los sectores más fascistas, de la Iglesia, del Ejército, de poner a sus peones dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las altas instancias judiciales (del TS, de los Tribunales Superiores de Justicia), del Tribunal Constitucional (TC). Y eso se pone de manifiesto en las batallas por la renovación del CGPJ. Y eso es una perversión y supone dejar la decisión de aspectos políticos fundamentales en manos de personas reaccionarias, fascistas, miembros del Opus Dei, ultracatólicos, etc.

También has participado en varios procesos a escala internacional, como en la defensa de procesados de la RAF, en que también se persiguió a los propios abogados defensores. ¿Existe un hilo conductor de la represión en la Europa occidental?

Sí. Cuando, a principios de los años ochenta, conocí a los abogados de la RAF (entre ellos a Klaus Croissant), en el exilio, en Francia, me llamó la atención que la represión en Alemania hubiera alcanzado esas dimensiones. Nunca pensé que en España pudiéramos llegar a esos extremos. Pero es que en España el Estado no deja cabos sueltos y va a por todo aquel que no hace causa común con él, no quiere personas neutrales y, además, es un Estado que no necesita guardar las apariencias. Esto ya lo anunció Felipe González en 1987, durante un viaje a Noruega: iba a poner en la diana a los abogados de los presos políticos vascos de la izquierda abertzale. Es un proceso que se ha ido desarrollando con el paso del tiempo. Desde entonces han pasado 35 años y el proceso se ha acelerado. Y van a ir a por los abogados, pero no solamente a por los abogados, sino también a por los movimientos sociales, van a ir a por las familias de los presos, van a ir a por todo el mundo, y se está viendo actualmente en España con la criminalización de una compañera que también está en la defensa de Pablo Hasél, que es Alejandra Matamoros,a la que ya le han abierto un sumario en la AN y que tiene un proceso disciplinario en el Colegio de Abogados de Madrid. Repito, esto es consecuencia de la falta de movilización política, de organización popular, porque, sin eso, es muy difícil que haya derechos, que haya libertades, y es muy difícil contener el movimiento represivo del Estado.

Juan Manuel Olarieta es un histórico abogado de procesados políticos y autor de diversos trabajos sobre la represión jurídico-política en el reino de España. Entre sus últimos defendidos se encuentran los raperos Pablo Hasél y Valtònyc.

—https://laccent.cat/ona-de-xoc-programa-1-19-de-marc-de-2021/ Ona de Xoc. Podcast de L’Accent, 18 de març de 2021
—https://www.sinpermiso.info/textos/el-problema-de-la-amnistia-es-politico-si-hay-una-lucha-popular-por-la-amnistia-habra-amnistia

El PSOE y Podemos aprueban un software de ‘policía predictiva’ para repremir y detener personas ‘antes de cometer el delito’

En el mismo mes en que el Gobierno y las Comunidades Autónomas van goteando una «relajación» de las medidas represivas impuestas desde hace más de un año, el Ministerio del Interior dirigido por el ex juez Fernando Grande-Marlaska ha anunciado la autorización en España de un software que cruza múltiples bases de datos para la lucha contra el delito «antes del delito». Leer más

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies