Entrevista de Manel Carrere y Daniel Escribano a Juan Manuel Olarieta. Nacido en Barakaldo, Bizkaia, en 1955, es un abogado histórico de procesados políticos. Sufrió su primera detención y encarcelamiento en 1977 y desde entonces ha sido detenido en más de diez ocasiones. Ha defendido, entre otros, a activistas del GRAPO y también ha trabajado a escala internacional en los juicios de las
Brigadas Rojas italianas y de la Fracción Ejército Rojo (RAF), en la República Federal de Alemania. Más recientemente, ha formado parte de los equipos de defensa de los raperos Valtònyc y Pablo Hasél. Asimismo, es autor de varios trabajos sobre la represión jurídico-política en el Reino de España. El programa de radio Ona de Xoc, del digital L’Accent, le entrevistó recientemente para hablar sobre la actualidad represiva en Cataluña.
Has participado en la defensa de Pablo Hasél. ¿En qué situación se encuentra actualmente Pablo? ¿Cómo ves la situación y las protestas que se han desencadenado a raíz de su encarcelamiento?
Pablo ahora mismo está preso en la cárcel de Ponent, en Lleida, en el módulo de ingresos, lo cual significa que su situación es provisional y que la situación definitiva se determinará a partir de criterios políticos, en función de la evolución, por una parte de su situación dentro de la cárcel, y, por la otra, de la situación general que haya en la calle. Yo creo que las protestas han sido muy positivas, sobre todo porque han roto un año sabático, en el cual todas las movilizaciones han estado paralizadas como consecuencia del estado de alarma. Y las movilizaciones en solidaridad con Pablo han sido un salto muy importante, sobre todo porque han puesto encima de la mesa aspectos fundamentales que hay en este país, que son la represión política, la falta de libertades y, en definitiva, la amnistía.
También has defendido al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, Valtònyc. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no admitió a trámite la demanda contra España interpuesta por su defensa por vulneración del derecho a la libertad de expresión por la condena que le impuso la Audiencia Nacional (AN). ¿Cómo es eso posible, si la condena de la AN contradecía la jurisprudencia del TEDH en materia de libertad de expresión?
Pues yo creo que por eso precisamente: porque la sentencia estaba condenada a ser revocada. Y eso iba a suponer otro golpe también contra la represión política en España y, en concreto, contra la represión de los delitos de opinión. Lo que ocurre es que, de alguna manera, el Tribunal de Estrasburgo tenía que justificar su inacción, porque no había enaltecimiento [del “terrorismo”], por supuesto; no había delito de amenazas, no había delito de injurias a la Corona. Y, además, cantar, estar en un escenario, participar en la creación artística, es algo mucho más serio y más importante que la mera libertad de expresión, porque afecta a otros valores fundamentales como son el arte y la cultura. Y la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en este sentido claro que es evidente y claro que la condena de la AN la contradecía. Precisamente por eso se ha tenido que lavar las manos.
Venimos de una actualidad muy judicializada, con el juicio del procés en el Tribunal Supremo (TS) bastante reciente. ¿Cómo viste las estrategias de defensa de los procesados de esta causa? Hubo estrategias diferentes en un mismo procedimiento…
El problema de los procesos políticos es que, normalmente, son procesos colectivos. Es decir, son procesos en los cuales, a través de una serie de personas, se juzgan a organizaciones y movimientos. Lo ideal en un proceso político como el del procés es que la defensa sea coordinada. Y, en este caso, creo que no fue posible, porque los procesados pertenecían a organizaciones diferentes que tienen diferentes planteamientos políticos. Pero yo creo que no hubo un juicio de ruptura con el sistema, con el proceso ni con el tribunal, ni por parte de los procesados ni de los abogados, porque, en última instancia, todos los procesados y las organizaciones a las que pertenecen forman parte del mismo sistema y no han roto con él, son organizaciones que se caracterizan por el reformismo y el legalismo. Tengo la impresión de que las estrategias que adoptaron en el juicio las decidieron los abogados, y no los propios procesados. El reformismo es una negociación y, tanto en el caso de Cataluña como en otros casos, lo que pretenden todos o una parte de esos movimientos es ampliar el radio de acción dentro del mismo Estado.
De hecho, los procesados ni siquiera ejercieron sus derechos lingüísticos. El ex presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Josep Lluís Carod-Rovira ha apuntado que los procesados desaprovecharon “la emblemática imagen de un juicio político en que los acusadores de un país acusan y quieren condenar, en castellano, a los acusados de otro país que hablan otra lengua”. ¿Tenía sentido renunciar a los derechos lingüísticos —con la fuerza simbólica y política que tiene la visibilización del conflicto lingüístico—, y más en un juicio como éste, donde parecía claro que la sentencia estaba decidida de antemano?
Yo creo que no tenía sentido renunciar a los derechos lingüísticos, y menos si, como dices, la sentencia estaba decidida de antemano. Pero el problema fundamental no es que renunciaran a los derechos lingüísticos, que ni siquiera es lo principal (es un ejemplo más de otra serie de renuncias dentro del proceso). Yo creo que los acusados renunciaron a la ruptura con el Estado, que es la esencia misma del procés. Es decir, no es posible abrir un proceso hacia la independencia de Cataluña si no se rompe con el Estado. Y, para romper, primero hay que dejar de negociar, o, por lo menos, de negociar en los términos en los que los acusados han intentado y siguen intentando negociar, de una manera inútil. Y digo inútil porque, para negociar, hacen falta dos partes, y una de ellas no quiere negociar. Entonces, no tiene sentido el mantener un proceso de connivencia como es el que vimos.
En el marco de la causa general contra el independentismo se ha iniciado una campaña por la amnistía para todos los condenados y encausados. De entrada, existe un debate sobre si, en el marco constitucional español —que, al fin y al cabo, el procesismo no ha querido abandonar en ningún momento— tiene cabida una ley de amnistía. ¿Tú crees que la tiene o, simplemente, se trata de un acto propagandístico más?
En un país represivo como España, la amnistía ha estado históricamente en primer plano, desde la época franquista, desde los años cincuenta. Y yo creo que en el futuro seguirá en primer plano, por esa naturaleza represiva, porque este Estado en concreto todo lo fía a la represión. Pero el problema de la amnistía no es un problema legal, no es un problema de si la amnistía es constitucional, es anticonstitucional, de si cabe o no una ley de amnistía. Es un problema político; si hay una lucha popular por la amnistía, habrá amnistía, y si no hay una lucha popular por la amnistía, no habrá amnistía. Y el Estado se las tendrá que apañar, si tiene que ceder y tiene que sacar a los presos políticos, para ver la manera de sacar una ley de amnistía, un indulto general o lo que ellos entiendan. Pero es que yo creo que todo este tipo de problemas, y más dentro del movimiento independentista catalán, no se pueden plantear desde el punto de vista legal, jurídico, de tribunales, de abogados y de jueces. Hay que plantearlo en términos políticos y en términos de lucha popular.
Acaso el que este legalismo no pueda traer la amnistía ni la salida del Estado español, que debería ser el objetivo final de este proceso, sea la causa de que organizaciones reformistas como En Comú Podem o Unidas Podemos, en el Congreso, tengan una posición abstencionista respecto a la propuesta de ley de amnistía. ¿Cómo valoras la posición de esta izquierda reformista respecto a los presos del procés?
A mí no me ha sorprendido. Yo creo que ha sorprendido a pocas personas. En definitiva, el problema de Unidas Podemos y de tantas otras organizaciones es que, más allá de la palabrería, de los discursos, de las grandes declaraciones, es una organización que sirvió para canalizar el descontento surgido hace diez años, un descontento que tenía un contenido popular, masivo, por muchas zonas del Estado español y que, además, era necesario tener una organización de este tipo, por la crisis que, en aquel momento, vivía el PSOE. Y, en definitiva, los que potenciaron la creación de esta organización lo hicieron para que desempeñara el mismo papel que antes estaba desempeñando el PSOE. Este tipo de organizaciones forman parte del Estado mismo, quieren lo mismo que los partidarios del procés: una negociación, aunque no saben muy bien qué es lo que tienen que negociar. Y toda la política que han venido poniendo en práctica este tipo de organizaciones es desviar la atención hacia la ley mordaza. Y digo desviar la atención, porque el problema tanto de los presos del procés como de Pablo Hasél y Valtònyc no es una cuestión de ley mordaza, de la ley aprobada por el PP, porque el PSOE también tuvo su “ley mordaza”. Es un problema relativo al Código Penal, que hay que recordar que fue aprobado por el PSOE en 1995. Yo creo que,
en el caso de Pablo Hasél, el Gobierno actual no va a derogar los delitos de opinión del Código Penal ni va a hacer absolutamente nada por Pablo Hasél. Y, si hace algo, no será por buena voluntad, porque tenga ánimo de resolver un problema. No va a hacer nada porque no hay una movilización popular suficiente como para obligarle a hacerlo. El problema de este Estado y de las fuerzas que lo sostienen es que no hacen nada por iniciativa propia; hay que empujarlos, y, si no les empujan, no se mueven.
Entendemos, entonces, que lo que nos queda es organizarnos.
Claro, efectivamente. Dentro de la movilización popular, una parte fundamental es la organización; no puede haber movilización, y la movilización no se puede sostener, si no hay una organización y, al mismo tiempo, la organización exige tener unos planes, unos objetivos y una línea política clara, que, en definitiva, no existe, porque las organizaciones populares que hay, las organizaciones con las que se puede contar, las que expresan el descontento, son organizaciones muy poco elaboradas, muy poco trabadas, muy poco desarrolladas. Son organizaciones que están en una fase incipiente de su lucha. También es verdad que hay que tener paciencia y ver en qué sentido evolucionan.
Decíamos que hay una judicialización permanente de la situación política española. Últimamente han tenido mucho peso las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del TS y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) o la Junta Electoral Central (JEC), que ni siquiera es un órgano judicial. En algunos países latinoamericanos ha destacado el uso de los tribunales como instrumento para derrocar a gobiernos progresistas (el denominado lawfare). ¿Qué futuro prevés al Reino de España en esta estrategia de desestabilización política impulsada desde estos organismos?
Este es un proceso que, en España, se inició hace muchos años, es una tendencia general dentro de los países de capitalismo monopolista de Estado, de los países más avanzados, el proceso de judicialización, de convertir las luchas y las batallas políticas en batallas legales, jurídicas y formales o formalizadas. Lo que ocurre es que, en España, a falta de mecanismos democráticos y políticos, los asuntos se llevan a los tribunales, porque de esa manera parece que se resuelven con un aspecto técnico-jurídico. Y, además, hay que tener en cuenta que, desde hace también muchos años, hay un proceso de los sectores más reaccionarios del Estado, de los sectores más fascistas, de la Iglesia, del Ejército, de poner a sus peones dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las altas instancias judiciales (del TS, de los Tribunales Superiores de Justicia), del Tribunal Constitucional (TC). Y eso se pone de manifiesto en las batallas por la renovación del CGPJ. Y eso es una perversión y supone dejar la decisión de aspectos políticos fundamentales en manos de personas reaccionarias, fascistas, miembros del Opus Dei, ultracatólicos, etc.
También has participado en varios procesos a escala internacional, como en la defensa de procesados de la RAF, en que también se persiguió a los propios abogados defensores. ¿Existe un hilo conductor de la represión en la Europa occidental?
Sí. Cuando, a principios de los años ochenta, conocí a los abogados de la RAF (entre ellos a Klaus Croissant), en el exilio, en Francia, me llamó la atención que la represión en Alemania hubiera alcanzado esas dimensiones. Nunca pensé que en España pudiéramos llegar a esos extremos. Pero es que en España el Estado no deja cabos sueltos y va a por todo aquel que no hace causa común con él, no quiere personas neutrales y, además, es un Estado que no necesita guardar las apariencias. Esto ya lo anunció Felipe González en 1987, durante un viaje a Noruega: iba a poner en la diana a los abogados de los presos políticos vascos de la izquierda abertzale. Es un proceso que se ha ido desarrollando con el paso del tiempo. Desde entonces han pasado 35 años y el proceso se ha acelerado. Y van a ir a por los abogados, pero no solamente a por los abogados, sino también a por los movimientos sociales, van a ir a por las familias de los presos, van a ir a por todo el mundo, y se está viendo actualmente en España con la criminalización de una compañera que también está en la defensa de Pablo Hasél, que es Alejandra Matamoros,a la que ya le han abierto un sumario en la AN y que tiene un proceso disciplinario en el Colegio de Abogados de Madrid. Repito, esto es consecuencia de la falta de movilización política, de organización popular, porque, sin eso, es muy difícil que haya derechos, que haya libertades, y es muy difícil contener el movimiento represivo del Estado.
Juan Manuel Olarieta es un histórico abogado de procesados políticos y autor de diversos trabajos sobre la represión jurídico-política en el reino de España. Entre sus últimos defendidos se encuentran los raperos Pablo Hasél y Valtònyc.
—https://laccent.cat/ona-de-xoc-programa-1-19-de-marc-de-2021/ Ona de Xoc. Podcast de L’Accent, 18 de març de 2021
—https://www.sinpermiso.info/textos/el-problema-de-la-amnistia-es-politico-si-hay-una-lucha-popular-por-la-amnistia-habra-amnistia