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La policía canadiense se refuerza para hacer frente a las protestas contra las restricciones sanitarias

El alcalde de Ottawa ha declarado el estado de emergencia en la capital ante las protestas de los camioneros, que exigen el levantamiento de todas las restricciones sanitarias.

Por su parte, la policía ha anunciado un nuevo operativo en asociación con los organismos de inteligencia para crear “operaciones e investigaciones de inteligencia mejoradas” que se centrarán en las protestas contra las restricciones sanitarias, los camioneros y quienes les apoyan, entre ellos los campesinos, que han aportado sus tractores a la movilización.

En una rueda de prensa, el portavoz de la policía dijo que también está colaborando con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para investigar las “amenazas en línea”.

Hasta el jueves los camioneros mantuvieron bloqueado el paso fronterizo con Estados Unidos y las calles de Ottawa siguen colapsadas, con importantes retenciones en el tráfico.

El portavoz añadió que la “investigación reforzada” comenzará centrándose en los participantes en la caravana de protesta y utilizará la vigilancia para “identificar y perseguir a los manifestantes que financian, apoyan o permiten actividades ilegales y perjudiciales de los manifestantes”.

La policía quiere recopilar “pruebas financieras, digitales, de registro de vehículos, de identificación del conductor, del estado del seguro y otras pruebas relacionadas para su uso en los procesos penales”.

También dijo que estaba trabajando con la policía de Ontario, la RCMP y la Seguridad de Quebec.

La protesta de los camioneros contra las restricciones sanitarias comenzó a finales de enero. “Queremos que se eliminen las restricciones del covid, y también queremos que se abandone el sistema de pasaportes de covid y el sistema de códigos QR para entrar en el país”, dijo B.J. Dichter, vicepresidente del denominado “Convoy por la Libertad”.

Dichter ha denunciado la intoxicación de los medios de comunicación durante la movilización, a la que califican, como el Primer Ministro Justin Trudeau, de ser «odiosa y racista”. Los medios escriben al dictado del gobierno y de sus subvenciones. El último rescate para la prensa fue de 600 millones de dólares el año pasado. “Eso supone un total de 1.200 millones de dólares para mantener a flote estas antigüedades mediáticas, que nadie mira”, afirma Dichter.

“El ambiente es muy bueno […] Han llevado su compromiso con la comunidad a niveles muy superiores a los que cualquier político es capaz de hacer en Canadá. Los políticos podrían aprender mucho de estos camioneros”, añade.

Para el portavoz, los canadienses están “hartos de los políticos” y muchos ven ahora a los camioneros como una oposición real, como demuestran las importantes donaciones que ha recibido el movimiento, que no han sido entregadas a sus destinatarios porque las ha robado la plataforma digital GoFundMe.

GoFundMe suspendió la campaña de apoyo económico en apoyo de la movilización, alegando la necesidad de “proteger a los organizadores y a los donantes”. Se ha apoderado de casi 9 millones de dólares en donaciones, afirmando que sólo se reembolsaría a los donantes si lo solicitaban expresamente. Los organizadores de la movilización cambiaron y recurrieron a otra plataforma de apoyo económico, GiveSendGo. Ya han recaudado 2,1 millones de dólares.

Pandemia y deriva fascista

La historia no deja lugar a dudas: las pandemias, tanto si son reales como ficticias, suponen una declaración de guerra, o la ley marcial o ambas cosas simultáneamente. Uno de los ejemplos es el ghetto de Varsovia, cuando los nazis quisieron mantener los barrios “limpios” de una inexistente epidemia de tifus, a costa de encerrar a una parte de la población en determinados recintos.

Al comienzo de la pandemia actual se habló en términos militares, pero tras la declararon de la guera al virus, lo que hicieron los gobiernos fue declarar la guerra a su propio pueblo, encerrándolo en sus viviendas (si las tenían) y preservando la “distancia social” de unos con otros.

El año pasado la Universidad de Cambridge volvió a recordar el estrecho vínculo entre la pandemia y la represión política (*). “La salud y la política pueden estar más entrelazadas de lo que imaginábamos”, dicen los autores.

El miedo es, como siempre, una de las claves porque el verdadero poder político no consiste sólo en moldear el pensamiento político de las masas, sino su conducta, sus hábitos y su comportamiento. El poder es una fuerza capaz de lograr que millones de personas hagan lo que nunca hubieran imaginado siquiera, como ponerse una mascarilla, por ejemplo.

No hay factor más enfermizo que el miedo. La salud es una preocupación que llega a convertirse en verdadera obsesión. Hay quien cree que va a preservar su salud alejándose de otras personas, cuya cercanía le puede perjudicar o contagiar. Incluso hay quien durante las fiestas de fin de año ha renunciado a compartirlas en familia porque prefieren aislarse. Hasta sus más allegados se han convertido en enemigos.

El estudio de la Universidad de Cambridge, el mayor realizado hasta ahora para investigar los vínculos entre las epidemias y la ideología, revela una fuerte conexión entre el miedo al contagio, con el conformismo político y, en consecuencia, la pérdida de la capacidad crítica, de lucha y de rebeldía, materializada en los aplausos públicos y colectivos a las 7 de la tarde.

Pero no se trata sólo de una actitud pasiva. Las epidemias conducen a grandes masas de la población al apoyo activo a las medidas represivas y a exigir más medidas o medidas más severas. Es algo que ya apareció en la época del sida y que al comienzo de la pandemia se llamó “gestapo de balcón”, es decir, vecinos que se dedicaban a espiar y denunciar a la policía.

En España la actual pandemia ha supuesto el apogeo de la ley mordaza, que el gobierno de coalición se había comprometido a derogar y de la que usó y abusò en abundancia, por más que resultara ilegal, lo mismo que los estados de alarma.

Por si no fuera suficiente con la policía y el ejército, han salido a la calle bandas de matones para imponer las restricciones sanitarias. El miedo ha conducido a altercados y enfrentamientos en los espacios públicos y medios de transporte, con agresiones a quienes no portaban la preceptiva mascarilla o no guardaban la distancia de seguridad.

“Encontramos una relación consistente entre la prevalencia de las enfermedades infecciosas y la preferencia psicológica por la conformidad y las estructuras de poder jerárquicas, pilares de la política autoritaria”, afirma el autor principal del estudio, el doctor Leor Zmigrod, especialista en psicología de la ideología política.

“Las tasas más altas de enfermedades infecciosas predijeron actitudes y resultados políticos como el voto conservador y las estructuras legales autoritarias. A través de múltiples niveles geográficos e históricos de análisis vemos que esta relación emerge una y otra vez”, añadió Zmigrod.

“Estos hallazgos son una señal de advertencia de que los comportamientos que evitan las enfermedades tienen profundas implicaciones para la política”, apunta Zmigrod. “El covid-19 podría moldear las tendencias de las personas hacia la conformidad y la obediencia, y esto podría convertirse en preferencias políticas autoritarias, patrones de voto y leyes”, concluye el director de la investigación.

Los autores abordan la investigación desde el punto de vista individual, pero con mayor énfasis se pude decir lo mismo de los colectivos y grupos políticos, sociales y sindicales, convertidos durante la pandemia en auténticas correas de transmisión de las políticas públicas, incluidas las represivas, que han aceptado de manera casi unánime.

(*) https://jspp.psychopen.eu/index.php/jspp/article/view/7297

El nuevo gobierno checo elimina la obligatoriedad de las vacunas y demás medidas coercitivas

Las restricciones sanitarias han sido y son medidas exclusivamente políticas, de manera que cambian de un país a otro, de un momento a otro y de un gobierno a otro. Si cambia el gobierno, cambian las restricciones, que es lo que ha ocurrido en la República Checa. Este mes hay un nuevo gobierno de coalición que quiere “vivir con el virus”, es decir, iniciar la desescalada y acabar con la ley marcial.

El gobierno ha eliminado las restricciones por la presión de la calle o, como dicen los políticos y los medios de comunicación checos, “para no enfrentar a la sociedad”. Las manifestaciones en Praga contra las restricciones y la vacunación obligatoria, totalmente silenciadas, han estado entre las más numerosas y más contundentes de la Unión Europea.

Lo mismo que en Dinamarca, el fin de la pandemia no llega porque haya menos muertes, o menos hospitalizaciones o menos “incidencia acumulada”, sino todo lo contrario. El jueves de la semana pasada los casos se dispararon hasta alcanzar un máximo de 54.685 casos, en un país con poco más de 10 millones de habitantes.

En consecuencia, las medidas coercitivas no desaparecen por razones epidemiológicas. “Todos los traidores a la nación y sus secuaces acabarán en la horca”, rezaba una pancarta junto a una soga colocadas frente al Parlamento durante una de las protestas, cuando el gobierno aún intentaba ampliar la ley marcial hasta finales de noviembre, especialmente para los no vacunados, que son casi el 40 por ciento de la población.

Ha ocurrido lo contrario. La semana pasada el nuevo gobierno de coalición anuló la vacunación obligatoria para los mayores de 60 años, una medida que el ministro de Sanidad, Vlastimil Válek, calificó de “absurda desde el principio”. En una rueda de prensa, el primer ministro Petr Fiala sugirió que la vacunación obligatoria sólo haría más vehemente la oposición a las vacunas. Válek ha planteado la posibilidad de que, en el futuro, las vacunas contra el coronavirus se traten de forma similar a las vacunas contra la gripe: se administran de forma estacional y sólo a los grupos vulnerables.

Yo no hay contagios. La República Checa es uno de los primeros países de la Unión Europea en autorizar que las personas “infectadas” vayan a trabajar. Los médicos y las enfermeras pueden hacer una cuarentena laboral si los pacientes se ven afectados por su ausencia. Si dan positivo en los tests, se les permitirá trabajar en los centros sanitarios.

Algunos miembros del gobierno checo ya han pedido que se amplíe su alcance para incluir otras profesiones clave, como los bomberos, la policía y los trabajadores del transporte. Por su parte, algunos expertos en salud recomiendan que el gobierno abandone por completo las cuarentenas. Sería la etapa final para “vivir con el virus”. Exactamente lo contrario de la manera en que empezó la pandemia, con los gobiernos empeñados en “erradicar al virus”.

El Consejo Constitucional francés convalida el uso de drones por la policía

El Consejo Constitucional francés acaba de convalidar una ley sobre “responsabilidad penal y seguridad interior”, aprobada el pasado mes de noviembre por la Asamblea. Eso significa que los drones de la policía se pueden utilizar para vigilar el espacio público.

La decisión del Consejo incluye una excepción: los policías municipales no podrán utilizar estos aparatos, lo que no ha gustado a algunos ayuntamientos, como el de Niza, que han invertido mucho dinero en estas tecnologías de vigilancia masiva.

El Consejo Constitucional ha enumerado los casos en los que se pueden utilizar drones, tras obtener la aprobación del prefecto de policía. Se trata de garantizar la prevención de atentados contra la seguridad de las personas y los bienes en lugares especialmente expuestos a riesgos de comisión de determinados delitos, pero también la protección de los edificios e instalaciones públicas y de su entorno inmediato especialmente expuesto a riesgos de intrusión o daños.

Como es corriente en este tipo de nueva legislación represiva, el “terrorismo” sirve lo mismo para un roto que para un descosido, igual que cualquier clase de manifestaciones que vayan más allá de las procesiones festivas e inofensivas.

Son razones válidas para recurrir a los drones la seguridad de las concentraciones de personas en la vía pública o en lugares abiertos al público cuando dichas concentraciones puedan causar graves alteraciones del orden público. Esos drones no podrán llevar dispositivos de reconocimiento facial.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, se congratuló de la decisión porque la policía nunca tiene bastante: “Por fin, la policía y la gendarmería podrán utilizar drones, herramientas esenciales para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas”.

El gobierno francés lleva varios años intentando obtener esta autorización legal. A pesar de la oposición del Consejo de Estado, del Consejo Constitucional, pero también de la CNIL, equivalente de la agencia de protección de datos en España, estos drones se utilizaron siempre a escondidas y de forma ilegal.

Los grupos contra la represión van a cambiar de estrategia, según han explicado en un comunicado: “Hoy es una lucha nacional que se ha perdido. Tendremos que volver al ámbito local para documentar e impugnar en los tribunales la necesidad e información de cada dron. No es necesario ocultar que esta lucha requerirá una energía considerable y una atención constante”.

—https://www.presse-citron.net/la-surveillance-policiere-par-drones-est-desormais-legale/

Israel ensaya sus técnicas de vigilancia total en la población palestina

La policía israelí ha estado utilizando el programa espía Pegasus para vigilar ilegalmente a la población, según informó el martes el diario Calcalist (1). La aplicación puede controlar los teléfonos, extraer información o intervenirlos, todo ello de forma casi indetectable.

El programa se justificó porque era necesario para detectar a “terroristas y delincuentes”, pero la diana es el conjunto de la población. Los vigilantes rastrearon 50.000 números de teléfono, entre ellos los de periodistas, jefes de Estado, abogados, activistas y políticos de diferentes países del mundo.

Los que introducen Pegasus en los móviles capturan una gran cantidad de información que les permite chantajear a los usuarios. Según Calcalist, el espionaje en Israel se dirigió esencialmente a los opositores del Primer Ministro Netanyahu para tomar el control de sus dispositivos con el fin de tener la capacidad de escuchar todas sus llamadas y leer todos sus mensajes.

Aprovechando la pandemia, el Grupo NSO se sumó al control de la población, esta vez con pretextos sanitarios y de rastreo. Para ello utiliza un sistema de análisis epidemiológico llamado Fleming, una herramienta cartográfica avanzada que -supuestamente- identifica la propagación del coronavirus en tiempo real (2).

El programa espía Pegasus se hizo famoso en el mundo entero en 2016, aunque nadie recordó que previamente se había ensayado con los teléfonos móviles de los palestinos. La Unidad 8200 del ejército israelí utiliza estas técnicas de vigilancia para identificar a los palestinos.

Tanto en Cisjordania ocupada, en Gaza o en Israel, los palestinos viven bajo una permanente vigilancia israelí (3). El ejército sionista utiliza los territorios ocupados como laboratorio para probar tecnologías de vigilancia invasivas.

Recientemente el ejército israelí ha desplegado la tecnología de reconocimiento facial Blue Wolf, que culminó con un concurso que premió a los soldados que habían fotografiado a más civiles palestinos.

Desde el inicio de la ocupación en 1967, Israel ha aumentado progresivamente su control sobre las tecnologías de la información y la comunicación en Cisjordania y Gaza, desafiando los Acuerdos de Oslo, que exigían que Israel transfiriera gradualmente el control a los palestinos.

Israel prohíbe los avances tecnológicos a las comunidades palestinas, al tiempo que controla la infraestructura que sustenta el estado de vigilancia. Los israelíes tienen acceso a la tecnología 5G, mientras que los palestinos de la Cisjordania ocupada sólo se tienen que conformar con la 3G y los de Gaza con la 2G.

Los israelíes escuchan todas las conversaciones telefónicas de Cisjordania y Gaza y todos los teléfonos móviles importados a Gaza a través del puesto de control de Kerem Shalom están equipados con un dispositivo israelí de rastreo.

Israel ha creado herramientas de vigilancia para cribar el contenido de las redes sociales palestinas, y desde 2015 ha detenido a cientos de palestinos por sus mensajes en las redes sociales a través de un programa de policía predictiva.

El gobierno de Tel Aviv también ha utilizado la pandemia como pretexto para desplegar nuevas medidas invasivas de vigilancia. Las restricciones sanitarias sirvieron para limitar aún más los desplazamientos de los palestinos, sustituyéndolos por aplicaciones en línea.

Aunque los sionistas la presentaron como una medida de salud pública, los usuarios debían conceder a los ocupantes un acceso a los datos almacenados en sus teléfonos, como llamadas, mensajes y fotos.

La videovigilancia y las aplicaciones de reconocimiento facial son otra realidad cotidiana para los palestinos. En 2000 se instalaron varios cientos de cámaras de circuito cerrado de televisión en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

En 2015 el sistema se amplió enormemente, y hoy en día la tecnología de reconocimiento facial se ha extendido tanto que muchos palestinos ya no se sienten seguros en sus propios hogares.

Algunas cámaras de vídeovigilancia están colocadas de forma que pueden ver lo que ocurre en los domicilios particulares, lo que lleva a algunas mujeres a dormir con el hiyab puesto, mientras que otras familias se resisten a dejar que sus hijos jueguen en la calle.

El año pasado, Microsoft, ante una auditoría pública, anunció que vendería su participación en la empresa israelí de reconocimiento facial AnyVision.

(1) https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3927410,00.html
(2) https://www-nsogroup-com.translate.goog/fighting-the-covid-19/
(3) https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-surveillance-tech-dystopia

También Washington internará en campos de concentración a los que no se vacunen

El estado de Washington ha presentado un nuevo proyecto de ley para detener en campos de internamiento a los que no se vacunen. La norma se aplicará a toda la población a partir de los cinco años de edad y los encargados de su ejecución no son policías, jueces ni fiscales, sino sanitarios “a su entera discreción” (*).

La burocracia sanitaria se reconvierte en uno de los aparatos represivos del Estado y podrá emitir “órdenes de detención de emergencia” de las personas o grupos de personas “con fines de aislamiento o cuarentena”.

Los sanitarios pueden pedir a la policía que les ayude a capturar a los apestados y recalcitrantes a las vacunas y, además, ostentarán la condición de “agentes de la autoridad” para hacer cumplir inmediatamente las órdenes emitidas para detener y encarcelar a quienes estimen necesario por el bien de la salud pública.

La “orden de detención de emergencia” legaliza el aislamiento y la detención de los que no se sometan voluntariamente a las inyecciones “durante un periodo no superior a diez días”.

Sin embargo, un juez puede prorrogar la cuarentena forzosa “por un periodo no superior a treinta días” si la persona o familia aislada persiste en rechazar la vacunación.

El miércoles el Consejo de Salud del Estado de Washington celebrará una reunión pública virtual para debatir la aplicación de la nueva norma.

El miércoles de la semana pasada el gobernador del estado, Jay Inslee, que aparece en la foto de portada, lanzó nuevas amenazas a no los vacunados, un estilo de gobierno que, junto a los insultos y chantajes, se ha convertido en norma política habitual durante la pandemia.

Inslee está contratando un “equipo de respuesta” para gestionar las instalaciones del campo de internamiento. Los consultores del equipo ganarán entre 3.294 y 4.286 dólares al mes por sus servicios.

El estado también se ha asociado con el monopolio Amazon para crear un portal web a fin de que las personas se hagan pruebas regulares de coronavirus en casa y seguir manteniendo la ficción de brotes, casos y contagiados.

(*) https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=246-100-040

Los implantes de microchips ya están aquí

Hasta hace muy pocos meses los implantes subcutáneos de microchips eran una de tantas paranoias, que a muchos les daba risa. Ahora son una realidad que va creciendo en muchos países, con empresas emergentes del ramo, como la sueca Epicenter, que ha probado con éxito un microchip del tamaño de un grano de arroz.

El implante se utiliza ahora para rastrear el estado de las personas, tanto si se han vacunado, como si no. Es cuestión de tiempo que los gobiernos de todo el mundo marquen a sus ciudadanos con estas inyecciones, que también son capaces de almacenar información financiera, lo que significa que serán necesarias para comprar y vender.

“Hoy en día es muy cómodo tener un pasaporte covíd siempre disponible en el implante”, afirma Hannes Sjöblad, director de DSruptive, uno de los socios de desarrollo tecnológico de Epicenter.

El gobierno sueco obliga a los ciudadanos a presentar una prueba de inyección si se les solicita en cualquier reunión en la que participen más de 100 personas. Esto incluye conciertos, eventos teatrales e incluso iglesias.

El anuncio del gobierno sobre esta cuestión ha hecho que muchos suecos se apresuren a implantarse los microchips de seguimiento de Epicentre en la piel. Las últimas cifras sugieren que al menos 6.000 suecos están ya etiquetados y preparados para participar en otro experimento social.

Un simple móvil sirve para escanear la muñeca de la persona e identificar el microchip, confirmando el cumplimiento de las normas gubernamentales.

Los 6.000 suecos que han dejado sus muñecas marcadas podrán ahora ir a restaurantes, hacer ejercicio en el gimnasio y participar en otras actividades sociales en las que se exige una prueba de inyección.

Al igual que el microchip sueco, la versión china se basa en la identificación por radiofrecuencia, o comunicación RFID, que utiliza campos electromagnéticos para transmitir señales que verifican la información almacenada.

Los implantes aumentaron tras el inicio de la pandemia, dada la aversión a tocar cosas, incluso en su propio domicilio. Ahora se utilizan ampliamente para realizar pagos, como si se tratara de una tarjetas bancaria.

El almacenamiento de datos de un microchip se puede ampliar eventualmente para albergar una amplia gama de informaciones de identificación, lo que plantea las viejas cuestiones del derecho a la intimidad y facilidad de vigilancia por parte de terceros.

En 2017, justo después de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca, una empresa tecnológica con sede en Wisconsin llamada Three Square Market presentó su propia tecnología de microchips implantables que se entregaba a los trabajadores y que les permitía pagar la comida y la bebida durante el descanso.

Estado de emergencia en Kazajistán por las protestas por la subida de los precios de la energía

La capital económica de Kazajistán, Almaty, vivió escenas de caos ayer por la noche, con la policía dispersando con granadas aturdidoras y gases lacrimógenos a miles de manifestantes indignados por un encarecimiento del precio del gas.

El gobierno de esta antigua república soviética en Asia Central ha dimitido en pleno y los manifestantes se han apoderado de material y vehículos militares y de la policía para intentar asaltar la sede del gobierno.

El presidente Kassym Jomart Tokayev ha impuesto el estado de emergencia en Almaty, la mayor ciudad del país, y en una región occidental rica en hidrocarburos tras unas protestas sin precedentes contra la subida de los precios de la energía.

El Ministerio del Interior informa que hay más de 200 manifestantes detenidos.

Tokayev decretó estados de emergencia desde el 5 hasta el 19 de enero en Almaty (sureste) y en la región petrolífera de Mangystau (oeste), donde surgieron las protestas. Esto supone la imposición de un toque de queda en ambos territorios desde las 23h00 a las 7h00.

Previamente, el presidente kazajo se había dirigido a la población en un vídeo colgado en las redes sociales para pedir prudencia y no ceder a las provocaciones.

La policía lanzó granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra una multitud de unas 5.000 personas que iba creciendo a medida que marchaba por el centro de la ciudad lanzando gritos antigubernamentales y atacando a veces a vehículos.

Los servicios de mensajería de WhatsApp, Telegram y Signal no funcionaban por la noche en Kazajistán, un país en el que este tipo de concentraciones son poco frecuentes.

El movimiento contra el alza de precios del gas empezó el fin de semana en la localidad de Zhanaozen, en el corazón de la región occidental de Mangystau.

La ciudad ha sido en el pasado el escenario de los disturbios más mortíferos del país desde su independencia de la Unión Soviética en 1991. En 2011, al menos 14 trabajadores de una planta petrolera murieron cuando la policía reprimió una protesta para pedir una mejora de las condiciones laborales y salariales.

El movimiento actual se extendió a la gran ciudad regional de Aktau, en las orillas del Mar Caspio, donde imágenes difundidas en redes sociales mostraban a la policía rodeando a los manifestantes la noche del lunes.

El presidente tuiteó el martes que las autoridades habían decidido reducir de 120 a 50 tengues (0,11 dólares) el litro de gas en Mangystau para “asegurar la estabilidad del país”, aunque no consiguió apaciguar las protestas.

También se han celebrado pequeñas marchas y detenciones en la capital Nur-Sultán (antes Astaná), llamada así en honor al expresidente Nursultán Nazarbáyev que en 2019 eligió a Tokayev como sucesor.

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