El 8 de febrero colonos israelíes atacaron a palestinos que pastoreaban sus rebaños en Sadet a-Thaleh, cerca de Hebrón, en la Cisjordania ocupada. Expulsaron a los palestinos de los pastos y utilizaron drones para asustar a su ganado. Como consecuencia de ello, los pastores sufrieron grandes pérdidas ya que muchos de sus aterrorizados animales sufrieron abortos espontáneos y nacieron muertos durante el apogeo de la temporada de partos.
La agresión forma parte de una guerra económica encabezada por los colonos que está provocando el desplazamiento de la población. Es una de las 561 agresiones de los colonos israelíes contra los palestinos que la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) registró entre el 7 de octubre y el 20 de febrero. Desde el 17 de enero los colonos han matado al menos a ocho palestinos y herido a 111, según la base de datos de OCAH. Las repetidas oleadas terroristas de los colonos, a menudo apoyados por el ejército, han provocado el desplazamiento de 1.208 palestinos, entre ellos 586 niños, repartidos en 198 hogares.
Este tipo de ataques no son incidentes separados sino una política sistemática llevada a cabo por los colonos israelíes contra la población palestina de la Cisjordania ocupada, que se suman a los del ejército israelí en Gaza.
Apoyada por las tropas israelíes y alentada por el gobierno, el terrorismo de los colonos es un elemento central de la política y el plan del Estado israelí para limpiar étnicamente el territorio palestino ocupado con el fin de establecer su plena soberanía y permitir la expansión de los asentamientos.
La colonización es una política de Estado
Todos los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional, ya que violan el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, ratificado por Israel. Además, los planes de expansión de los asentamientos se utilizan a menudo para consolidar la anexión de facto de territorios ocupados por parte de Israel.
Israel ha establecido las condiciones políticas y los incentivos económicos, así como la infraestructura, para la expansión de 279 asentamientos en Cisjordania, en los que residen unos 700.000 colonos.
La huella de los asentamientos se extiende más allá de las áreas urbanas amuralladas hacia el campo circundante, donde las familias palestinas viven con el temor constante de ataques a sus hogares, al ganado del que dependen para su sustento y a sus vidas en general.
En varias de las 16 comunidades palestinas trasladadas por la fuerza desde el 7 de octubre, como Khirbet Zanuta en las colinas del sur de Hebrón, los colonos ya han cercado la tierra, controlándola efectivamente para su propio uso e impidiendo el regreso de los palestinos.
Las agresiones de los colonos son terrorismo de Estado
Durante años los colonos armados han atacado a los palestinos bajo la protección y participación del ejército israelí. Los ministros del gobierno de Tel Aviv incitan abiertamente a los colonos a cometer actos de terrorismo contra los palestinos. El año pasado, por ejemplo, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, pidió el exterminio de la ciudad palestina de Huwara.
Los colonos no sólo se benefician del apoyo político, sino también del apoyo militar. En las últimas dos décadas, ha aumentado el despliegue de tropas israelíes en Cisjordania para defender los asentamientos israelíes ilegales. Además, el ejército israelí ha creado, entrenado y armado unidades de defensa territorial compuestas por colonos.
Desde el 7 de octubre, se han desplegado numerosas unidades del ejército en el frente de Gaza, dando a las unidades de defensa territorial de los colonos un papel aún mayor en el establecimiento del control sobre las tierras ocupadas. La línea de separación entre el ejército y los colonos es cada vez más borrosa, particularmente bajo la dirección del Ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, que en los últimos meses ha ordenó la distribución de miles de armas de fuego y otros equipos de combate a los colonos.
Aunque llevada a cabo por ciudadanos privados, el terrorismo de los colonos en la Palestina ocupada sólo puede entenderse como terrorismo de Estado. Permite a Israel tener ambas cosas. El gobierno sionista puede afirmar que se trata de violencia perpetrada por individuos (unas pocas “manzanas podridas” entre los colonos) y negar el papel de sus propias tropas, al tiempo que se beneficia de sus consecuencias (la expulsión de los palestinos de sus tierras).
Proteger al agresor y atacar a las víctimas
Según el derecho internacional, como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de proteger a la población palestina. No obstante, el terror de los colonos ocurre abiertamente. El hecho de que el ejército israelí acompañe y proteja a los colonos en sus ataques indica claramente que están ignorando sus responsabilidades legales hacia la población ocupada.
Los colonos tienen patente de corso. No rinden de cuentas de sus agresiones ante los tribunales (militares o civiles). En 2013 una misión de investigación de la ONU informó de que “las autoridades israelíes conocen la identidad de los colonos responsables de actos de violencia e intimidación, pero estos actos continúan impunemente”.
Una investigación más reciente encontró que entre 2005 y 2023, la policía israelí cerró el 93,7 por cien de los expedientes de investigación que involucraban a israelíes dañando a los palestinos y sus propiedades en la Cisjordania ocupada. Desde que el actual gobierno asumió el poder en diciembre de 2022, más de la mitad de los palestinas que han sido víctimas de crímenes israelíes han optado por no presentar denuncia porque no confían en el sistema.
El Estado de Israel ha adoptado el terror de los colonos como herramienta para acelerar el ritmo de la deportación de los palestinos. Una vez que partes importantes de la Palestina ocupada hayan sido limpiadas de población indígena, los asentamientos podrán continuar sin oposición, y también podrá tener lugar la anexión.
El Fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, está investigando el terrorismo de los colonos, destacando que “Israel tiene una responsabilidad fundamental, como potencia ocupante”, de investigar estos crímenes, procesarlos, evitar que se repitan y garantizar la justicia”.
Pero la investigación del Tribunal Penal Internacional debe abarcar el papel del Estado israelí en el apoyo a los terroristas. La deportación de civiles palestinos por parte de la potencia ocupante es uno de los crímenes de guerra más documentados en Israel.
Al atacar sólo a algunas “manzanas podridas” pero no al Estado israelí, las potencias occidentales dan vía libre a la limpieza étnica. El terror de los colonos se debe atribuir al Estado de Israel por no haber tomado medidas para prevenirla, detenerla y revertir sus efectos.
