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El ‘terrorista intelectual’ que destapó el Plan Cóndor

Miembro del Partido Colorado, en el poder en Paraguay, Martín Almada no tenía nada que temer de la Operación Cóndor, cuya existencia desconocía. Sin embargo, este profesor, director de la escuela “Juan Bautista Alberdi” de San Lorenzo, llamó rápidamente la atención. Seguidor del educador brasileño Paulo Freire y su “pedagogía del oprimido”, y presidente del Congreso Nacional de Maestros de Paraguay, ¿no estaba coqueteando con los comunistas -esos “monstruos locos que se visten todos de rojo”- como se preguntaban los “pyragues” (“soplones”, en guaraní)? Almada fue a Argentina a estudiar en la Universidad Nacional de La Plata y regresó con un doctorado en educación tras defender una tesis titulada “Paraguay: educación y dependencia”.

En 1974 Stroessner está en la cima de su fama. Acababa de ser reelegido tras otra farsa democrática y regresaba de una gira triunfal por el Atlántico. Todo el mundo le recibió, “desde el General Franco hasta el Papa, desde Georges Pompidou hasta el Rey de Marruecos”. La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (conocida como “La Técnica“) está en pleno funcionamiento. Es raro que los que entran en ella salgan enteros o vivos. Enviado por la CIA, fue el teniente coronel estadounidense Robert K. Thierry quien, ya en 1956, entrenó a los primeros soldados de allí en las técnicas de tortura más avanzadas.

Detenido el 24 de noviembre, Almada fue entregado a la furia de los verdugos dirigidos por Pastor Coronel, el temido jefe de la policía política. Almada fue sometido a treinta días de interrogatorios, torturas físicas y psicológicas, y a la tortura del “tejurugudi”, un látigo con puntas metálicas en las correas. El veredicto fue: “terrorista intelectual”. Doble castigo, doble tragedia: la esposa del preso, Celestina, de 33 años, murió de un ataque al corazón en los días siguientes a la detención. Después de recibir sus ropas manchadas de sangre, una perversa llamada telefónica le anunció la muerte de su marido.

La dictadura trasladó a Almada al campo de concentración de Emboscada. Su director, el coronel Grau, fue apodado “el carnicero de la muerte”. El “profesor subversivo” debía pudrirse allí durante tres años. Fue allí donde oyó hablar por primera vez de un misterioso Plan Cóndor. Antes de ser asesinado, un coronel preso, Eduardo Corrales, ex jefe de comunicaciones de “defensa secreta” del Ministerio del Interior, le reveló el secreto: “Eres el primer preso que reconozco, en el que puedo confiar. Tengo que decírtelo: no saldré vivo de aquí, pero tú puedes tener una oportunidad… Alguien tiene que saber lo que está pasando”.

Liberado en 1977, Almada consiguió escapar a Panamá con su madre y sus tres hijos. Tras ir a Francia y encontrar un trabajo en la Unesco, investigó, obtuvo y escudriñó los boletines de la policía paraguaya, y siguió la pista del Cóndor. En 1992, tras quince años de exilio, regresó finalmente a Paraguay. Dirigido por el general Andrés Rodríguez, apodado “General Cocaína”, un Golpe de Estado acababa de derrocar a Stroessner, que se había convertido en un estorbo. En la semidemocracia recién restaurada, Almada no dejó de sacar a la luz los crímenes de las dictaduras. Se acumulan numerosas denuncias contra el Estado. La policía hace imposible cualquier investigación. Cínicamente, afirmaron que no había pruebas ni archivos que respaldaran las denuncias. Hasta el 22 de diciembre de 1992…

La prueba son los papeles, no las víctimas

Ese día, algunos cómplices -entre ellos dos ex agentes de inteligencia paraguayos- condujeron a Almada a un edificio de hormigón en los suburbios de Asunción que albergaba un anexo de la policía política. ¡Bingo! La larga cacería ha terminado. Cuatro toneladas y media, 700.000 páginas, los “archivos del terror” son exhumados. Llevando la denuncia de Almada a rajatabla, un valiente juez, Agustín Fernández, resistió las presiones de las autoridades y decidió que ningún documento debía permanecer en secreto.

A lo largo de esta historia, que parece una novela de espías (*), el lector se encuentra a veces con sorpresa, con un montón de personajes e instituciones. La tenebrosa Escuela de las Américas, que, a la sombra de la bandera de Estados Unidos, adiestró a miles de represores militares latinoamericanos en Panamá. La Liga Mundial Anticomunista, creada en 1949 por Chiang Kai-shek. Por supuesto, la CIA. Y también el FBI. Si bien Kissinger considera útil el Plan Cóndor, le preocupa que este tipo de actividad “antiterrorista” exacerbe aún más la condena internacional de los países implicados. El general de Gaulle visitó Paraguay en octubre de 1964. Instructores militares franceses dirigen el primer curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria en Buenos Aires. El intercambio de información de Valéry Giscard d’Estaing y su ministro de Defensa, Michel Poniatowski, con los servicios secretos argentinos y chilenos. El general panameño Omar Torijos luchando por arrebatarle “el canal” a Estados Unidos. El Papa Francisco, Daniel Balavoine e incluso… Pierre Rabhi.

El 20 de diciembre de 2019, cuarenta y cinco años después de los hechos, la justicia paraguaya reconoció la detención y tortura de Martín Almada y el asesinato de su esposa Celestina por las fuerzas de la dictadura, en el marco de la Operación Cóndor. Se calcula que, en todos los países juntos, el terror de Estado fue responsable de al menos cincuenta mil asesinatos, más de treinta y cinco mil desapariciones, cuatrocientos mil encarcelamientos arbitrarios, sin mencionar las decenas de miles de exiliados.

‘El cóndor sigue volando’

Tras su regreso a Paraguay, unos cómplices clandestinos le permitieron a Almada localizar los “archivos del terror”, pero no quiere dar más detalles. Ahora tiene 84 años y dice que “el Cóndor sigue volando”. El régimen paraguayo sigue siendo particularmente voraz. Víctima de un golpe de Estado en 2012, el expresidente de centro-izquierda Fernando Lugo podría dar fe de ello.

Los métodos del Cóndor y el aterrador número de sus víctimas no han sido igualados desde entonces (excepto en Colombia). Los golpes de Estado se han multiplicado en los últimos tiempos: Haití (1991 y 2004), Venezuela (2002), Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016), Bolivia (2019). Bajo la égida de Washington, los sistemas de alianzas siguen confabulando contra los gobiernos “incómodos”, como el Grupo de Lima (en peligro) contra Venezuela. Revelada en 2013 por Edward Snowden cuando implicó a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, la estrecha vigilancia de individuos y personalidades ha sido confirmada por el reciente descubrimiento del software Pegasus vendido a muchos gobiernos y “servicios” por la empresa israelí NSO para espiar los teléfonos de decenas de miles de ciudadanos.

Sin que la “comunidad internacional” y los llamados organismos de “derechos humanos” se den por enterados, Maduro vive bajo la amenaza constante de ser asesinado (al igual que los dirigentes chavistas Diosdado Cabello y Tareck El Aissami). Al poner precio a sus cabezas (15 millones de dólares para el jefe de Estado, 10 millones de dólares para los otros dos), el gobierno estadounidense está animando implícita y explícitamente a todo tipo de aventureros a entrar en acción.

Testigo de ello es la Operación Gedeón, llevada a cabo desde Colombia el año pasado para “capturar/detener/eliminar a Maduro” bajo los términos de un contrato de 212,9 millones de dólares firmado entre el mercenario estadounidense Jordan Goudreau y Juan Guaidó, el autoproclamado presidente avalado y protegido por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y sus satélites. La operación, sin duda, fracasó. A pesar de la apertura de negociaciones en México entre el gobierno chavista y sus opositores, la ofensiva criminal continúa.

En Bolivia, el golpe de octubre de 2019 contra Evo Morales fue preparado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, apoyado y avalado por Estados Unidos y la Unión Europea. Como en los buenos tiempos del “Cóndor”, Argentina (bajo Mauricio Macri) y Ecuador (bajo Lenín Moreno) entregaron apresuradamente armas a la dictadura de Janine Áñez para que pudiera reprimir las manifestaciones. Según el portavoz del gobierno boliviano, Jorge Richter (8 de agosto de 2021), la investigación se está ampliando, con fuertes indicios de que los investigadores están buscando a Brasil y Chile por su participación en este “golpe internacional”.

En julio de este año asesinaron al presidente haitiano Jovenel Moïse, que no era ciertamente un dirigente progresista. Pero en el crimen participó un comando de soldados colombianos reclutados por una empresa de seguridad privada, CTU Security, con sede en Florida y dirigida por el venezolano Antonio Intriago, notoriamente vinculado a los golpistas de su país de origen.

Al mismo tiempo, Craig Faller, jefe del Comando Sur del Ejército estadounidense, y William J. Burns, jefe de la CIA, viajaban a Colombia y Brasil. Mientras que Faller se marcó como objetivo reforzar las relaciones “en materia de defensa y seguridad”, Burns, en Bogotá, iba a tratar con el presidente Iván Duque una “delicada misión” en materia de inteligencia.

No se trata del regreso del “Gran Cóndor”. Pero es evidente que el ave de presa siempre está dispuesta a tener una cría.

(*) Pablo Daniel Magee, Opération Condor. Un homme face à la terreur en Amérique latine, prefacio de Costa-Gavras, Saint-Simon, Paris, octubre de 2020

Italia levanta el secreto de los documentos relativos a Gladio y la logia P2

El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha firmado una directiva que levanta el secreto de Estado de una serie de documentos relativos a la logia P2 y a la organización Gladio. Lo hizo -y la fecha tiene ciertamente un valor simbólico- en el 41 aniversario de la masacre de la estación de Bolonia. Unas horas antes, el Presidente de la República, Sergio Mattarella, también había expresado su deseo de que se revele toda la verdad sobre la bomba del 2 de agosto de 1980.

Según la directiva, los documentos que siguen siendo secretos, serán transferidos al Archivo Central del Estado, aunque tendrán que pasar algunos meses antes de que puedan ser consultados por todos.

Con esta nueva directiva, dice la nota, “el Presidente Draghi ha considerado su deber dar un nuevo impulso a las actividades de desclasificación. La iniciativa adoptada puede resultar útil para la reconstrucción de los dramáticos acontecimientos que han caracterizado la historia reciente de nuestro país”.

Las conexiones entre la masacre de la estación y la logia P2 están siendo investigadas por la Fiscalía de Bolonia, que en 2020 pidió que se juzgara al fascista Paolo Bellini como “ejecutor material” de la masacre en colaboración con los ya condenados Giusva Fioravanti, Francesca Mambro y Gilberto Cavallini.

Según los magistrados de Bolonia, los dirigentes de la P2 Licio Gelli y Umberto Ortolani (ambos fallecidos) inspiraron y financiaron el atentado. Los magistrados investigan, en particular, un flujo de dinero entre el jefe de la logia secreta y algunos elementos de la subversión negra y los servicios secretos.

La directiva de Draghi es similar a dos medidas ya adoptadas por Romano Prodi en 2008 y Matteo Renzi en 2014. Este último, en particular, tenía papeles desclasificados relativos a los sucesos de la masacre de Piazza Fontana en Milán (1969), Gioia Tauro (1970), Peteano (1972), la Questura en Milán (1973), Piazza della Loggia en Brescia (1974), Italicus (1974), Ustica (1980), la Estación de Bolonia (1980) y Rapido 904 (1984) guardados en los archivos de los organismos de inteligencia y de las administraciones centrales del Estado.

¿Impulsará realmente la búsqueda de la verdad sobre los años de masacres en Italia la eliminación del secreto? Paolo Bolognesi, presidente de la asociación de familiares de las víctimas del 2 de agosto de 1980, tiene algunas dudas al respecto. Para Bolognesi, el anuncio es “ciertamente positivo”, pero el problema es “cómo se desclasificarán estos documentos”. Si la persona que los investiga es la misma que los ha mantenido en secreto, es una broma. En resumen, Bolognesi dice que no debe repetirse la situación que se produjo con la directiva de Renzi, en la que un comité especial “decidía qué dar y qué no dar”, y a menudo se omitían nombres y lugares en los documentos facilitados.

—https://www.corriere.it/politica/21_agosto_03/draghi-toglie-segreto-stato-documenti-p2-gladio-874327ec-f45d-11eb-9680-9b12a81aa8eb_amp.html

La primera gran huelga general del mundo estalló en Bizkaia

Hace 131 años, Bizkaia fue el escenario de la primera experiencia de una huelga general obrera en España, y en el mundo, que conmocionó a la opinión pública de la época. En mayo de 1890 se inauguró lo que Unamuno calificaría como “el periodo de las huelgas, de las grandes huelgas”, ya que desde ese año y hasta 1910, la provincia conoció cinco parones generales de amplia dimensión. Esto convirtió a Bizkaia en uno de los polos de movilización obrera más importantes de todo el país, y en uno de los núcleos más fieles al socialismo del PSOE y relacionado con la Unión General de Trabajadores.

Dentro de esta lucha obrera, hubo un sector que tuvo mucho peso y esa fue la minería. Y si hubo un escenario que fue clave para estas protestas ese fue La Arboleda, el poblado minero de Gallarta. La minería ha sido importante para esta zona desde la época romana, y para finales del siglo XIX, el 10% de la producción mundial de minerales se extraída de estas minas vizcaínas. Hubo una enorme cantidad de personas trabajando en estos lugares de todas partes de España y hubo incluso pueblos enteros de Andalucía que se trasladaron hasta Gallarta para trabajar en las minas.

Las condiciones en las que trabajaban estos hombres no eran en absoluto las idóneas ni las mejores. Había una gran pobreza, muchos de ellos vivían en el campo y se trasladan hasta las minas a trabajar cuando no tenían como subsistir en su lugar de origen. La presidenta de la fundación Museo de la Minería del País Vasco, Ameli Ortiz, califica el trabajo de estos obreros como “una cárcel y una esclavitud” ya que tenían jornadas de más de 12 horas.

“La patronal era muy dura, muy autoritaria y no quería transigir. Los trataban como si fuera ganado y además les obligaban a consumir en la cantina y a comprar en la tienda del capataz. A veces tenían tanta deuda, que cuando pagan en la cantina se quedaban sin nada. Era una situación perversa. Los patronos de la minería han sido, sin duda, los más crueles”, explica Ameli Ortiz.

Quienes desempeñaban estas labores en las minas eran hombres. Hombres que se desplazaban hasta La Arboleda solos, sin sus familias y además siendo muy jóvenes. La mortandad en esta zona era tres veces superior a la media de Bizkaia, cayendo de los 40 a los 18 años. La llegada de grandes pandemias como el tifus, el cólera, la tuberculosis hará que mueran muchos niños y la única medida que disponían en aquella época era la limpieza, algo de lo que se ocupaban las mujeres para tratar de salvar a sus hijos.

Aunque no dentro de las minas, las mujeres desempeñaron un papel fundamental en este contexto socioeconómico. “Ellas están en sus casas y ante el aluvión tan grande de hombres que llegan, se ven obligadas a acogerlos en sus casas, aunque también como una manera de ingresar dinero en el hogar. Por poco que pagaran, tenían a tres o cuatro mineros en casa y les lavaban la ropa, les preparaban la comida… Si esto lo traducimos en dinero, la mitad de la economía revertía en estas mujeres. Tuvieron un papel fundamental”, relata Ameli Ortiz.

Todo este panorama social, económico y laboral termina reventando y desemboca en la gran huelga general de 1890. Para el 1 de mayo de ese año, el PSOE planteó una jornada reivindicativa con el objetivo de exigir la reducción legal a ocho horas de trabajo diarias y reclamar una legislación obrera protectora. Mientras los anarquistas convocaron una huelga “indefinida”, los socialistas dieron a la jornada un carácter absolutamente pacífico, e incluso la retrasaron hasta el día 4, que era domingo, para evitar problemas derivados de la paralización laboral en un día entre semana.

Este movimiento obrero, en Bizkaia nació de manera muy desorganizada y 1890 marca un antes y un después porque hasta ese momento solo había habido movimientos pequeños, sin repercusión política como sí pasaría en esta ocasión.

Pese a las notas de serenidad, se tomaron grandes precauciones ante ese día: un contingente de casi 2.000 hombres, entre Guardia Civil, Foral y fuerzas del ejército, de infantería y caballería, fueron concentrados en Bilbao, custodiando los edificios oficiales, bancos, mercados y lugares estratégicos de la ciudad y de sus accesos. El mitin de los socialistas Fernando Perezagua y Toribio Pascual en La Arboleda a las diez de la mañana dio comienzo a una jornada en la que pidieron “orden, cordura y sensatez”.

El 4 de mayo acabó sin incidentes, pacíficamente, como había empezado. Pero, sin duda, el 5 no era ya un día igual al anterior 3 de mayo. Algo muy importante había cambiado: por primera vez se había producido un amplísima movilización obrera. Sin embargo, la “gran huelga” aún estaba por llegar y la causa que la provocó fue el despido de cinco miembros del comité de La Arboleda que habían participado en la organización del 4 de mayo.

Aquélla fue la chispa que hizo estallar la protesta, ya que prendió en un ambiente de descontento generalizado. El 13 de mayo, tras los despidos, unos doscientos mineros de la Compañía Orconera se declararon en huelga, yendo de mina en mina llamando a la huelga a sus compañeros, los cuales se unían a la protesta por su propia voluntad o forzados a pedradas. Al final de la jornada del día 13 la zona minera había quedado paralizada por completo.

Esto despertó el miedo de la oligarquía que llamó a las fuerzas policiales para que los protegieran. Tras días de huelga, entra en juego la clase política. El general Loma, que tiene el mando del ejército en aquel momento, ve la situación que hay en la calle y se enfrenta al capital, amenazando a los patronos con retirar al ejército si no mejoran la situación de estos trabajadores. “A la patronal no les queda más remedio que aceptar. Los mineros llaman la atención pública de lo que estaba pasando, pero la huelga la gana el General Loma”, apunta la presidenta de la fundación Museo Minero.

Antes de la huelga de 1890 hubo una serie de protestas de forma inconexa, y que iban creciendo en número con el paso del tiempo. Lo que supuso esta fue precisamente una reunión no solo de mineros de distintos cotos, sino de mineros con obreros de los ferrocarriles, siderurgia… a la hora de exigir las mejoras en sus condiciones de trabajo. “El resultado se tradujo en un triunfo, más moral que real, tras asumir Loma una gran parte de los postulados de los huelguistas. Para los mineros, a pesar de habérseles reconocido la razón de la mayoría de sus demandas, en la práctica los cambios se llevaron a regañadientes y dilatando el proceso, de tal manera que en alguna protesta posterior aún se reclamaban esas cuestiones”, explica Jesús Esteban, geólogo de la fundación Museo Minero.

La mejora de sus condiciones laborales no fue de un día para otro, sino que fue paulatinamente. No obstante, lo que si supuso esta huelga fue el punto de partida para el movimiento obrero a partir del cual comenzó la agrupación entorno a sindicatos y organizaciones obreras de una forma más extensa y profunda, “una mejor organización y coordinación a la hora de hacer sus reclamaciones”, según concreta Jesús Esteban.

Una organización que Ameli Ortiz asegura que se mantiene a día de hoy en la zona. “El movimiento asociacionista en nuestro pueblo es increíble y conservamos esa gran capacidad de organizaciones. Creo que somos uno de los municipios con más organizaciones de todo tipo, tendremos unas 40 o 50 en un lugar con menos de 10.000 habitantes. Esa es la herencia que nos ha quedado”.

Zuriñe Gómez Camacho https://www.cronicavasca.com/recomendado/mineria-en-arboleda-primera-gran-huelga-general-origen-movimiento-obrero_543156_102.html

Comienza una investigación de las matanzas de niños indígenas de las poblaciones originarias de Estados Unidos

En Estados Unidos se ha iniciado una investigación de las matanzas de niños indígenas de las poblaciones originarias, que fueron, como en Canadá, arrebatados a sus familias y encarcelados en internados gestionados por el gobierno federal y las iglesias cristianas.

Decenas de miles de ellos desaparecieron entre 1820 y los años ochenta del siglo pasado. El número total todavía no se ha establecido, pero un erudito nativo, Preston McBride, ha estimado que la cifra podría superar ampliamente los 10.000 casos. En Canadá han encontrado los nombres de 6.000 niños que murieron o desaparecieron mientras estaban en internados cristianos.

En Estados Unidos pudo haber hasta 500 internados para niños indígenas y cada vez aparecen más fosas comunes en los cementerios de esos internados. En la última década se han producido varios descubrimientos. En 2015 la investigadora universitaria Marsha Small encontró varias fosas comunes en el emplazamiento del cementerio de la Escuela India Chemawa, en Oregón, tras registrar la zona con un radar.

La historiadora y experta en la tristemente célebre Escuela Industrial India de Carlisle, Barbara Landis, señaló las fosas comunes, así como el hecho de que los niños desaparecidos siguen siendo casos sin resolver. “De las 14 lápidas que encontramos, hallamos los nombres de todas menos de dos”.

La investigación del genocidio es independiente de las instituciones federales, que llevan más de 100 años encubriendo el crimen y carecen de credibilidad. Los que “juzgan” son los mismos que cometieron el crimen hace más de un siglo. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá no fue más que un intento de encubrir el genocidio.

Los dirigentes indígenas han hecho un llamamiento para obtener información sobre los niños que nunca volvieron a casa y desaparecieron después de ser enviados a internados de Estados Unidos. Quieren obligar al gobierno de Estados Unidos a proporcionar todos los registros sobre las escuelas y los niños que fueron encarcelados allí, incluidos los niños desaparecidos.

Varias organizaciones están reuniendo documentos y pruebas para presentarlos al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (UNWGEID). A través del UNWGEID, los grupos indígenas pedirán a Estados Unidos que “proporcione un recuento completo de los niños indígenas que fueron enviados a los internados y cuya suerte y paradero siguen siendo desconocidos”, según el comunicado de prensa.

“El gobierno de Estados Unidos nunca ha aceptado la responsabilidad de las repercusiones intergeneracionales de la política y el programa de internados, que apartaron a miles de niños indígenas de sus familias y comunidades desde 1869 hasta una fecha tan reciente como la década de 1980 con el propósito declarado de la asimilación forzosa. Estados Unidos aún no ha proporcionado cifras exactas sobre el número de niños que murieron mientras estaban bajo la custodia del gobierno bajo esta política, ni ha aportado pruebas de que las familias implicadas fueran informadas sistemáticamente de la muerte o desaparición de sus hijos, a pesar de los numerosos intentos de obtener esta información”, señala el comunicado.

La solicitud pide lo siguiente:

  • el número de internados establecidos para estudiantes nativos entre 1819 y 1972 que fueron apoyados por un presupuesto o por políticas federales

  • el presupuesto que fue asignada por el gobierno federal para el funcionamiento de los internados y la identidad de cada una de estas escuelas, iglesias, misiones u otros receptores de fondos federales

  • la ubicación geográfica de cada una de estas escuelas, el número de estudiantes para cada año de funcionamiento y la identidad de cada estudiante trasladado a estas escuelas, incluyendo su afiliación tribal

  • el destino de cada uno de estos alumnos, si volvieron a casa, si fueron trasladados a otros lugares para seguir formándose, o si murieron y fueron enterrados en las escuelas o en cualquier otro cementerio.

La primera vacunación masiva de la historia: la campaña de Napoleón en Rusia

Napoleón revolucionó el arte de la guerra, creando gigantescos ejércitos, que no eran otra cosa que “la nación en armas”, es decir, grandes agrupaciones de tropas. Esas masas armadas debían ser debidamente atendidas y cuidadas por médicos militares. Uno de ellos fue el doctor René Nicolas Desgenettes, que conoció a Napoleón en 1793, durante la campaña de Italia, cuando éste sólo era un modesto oficial de artillería de 24 años de edad.

Las enfermedades siempre han causado más bajas a los ejércitos que las batallas porque las condiciones de vida en la guerra exponen al cuerpo humano a condiciones extremas. Un ejército capaz de mantener a sus tropas en buen estado de salud era más importante que los ataques y los contrataques. Para luchar, un soldado debe comer, beber, descansar, lavarse y abrigarse adecuadamente.

En las expediciones militares napoleónicas había, además, otro condicionante fundamental para la salud de las tropas: el cambio en las condiciones ambientales. Los soldados debían aclimatarse a temperaturas tan diferentes a las suyas habituales, como la nieve o el desierto. Cuando en 1798 Napoleón invadió Egipto, nombró a Desgenettes médico jefe del ejército.

Los médicos militares napoleónicos crearon un servicio de ambulancias a base de camellos para los heridos e impusieron estrictas normas de higiene a las tropas, vestimenta, alimentación y agua, eliminación de residuos, prohibición de la prostitución… A pesar de ello, el ejército siguió teniendo más bajas a causa de las enfermedades que de los combates.

La viruela, las fiebres, las enfermedades venéreas y la peste asolaron a las tropas. Cuando la flota del almirante Nelson cortó los suministros frescos procedentes del mar, apareció el escorbuto. La disentería envió a muchos a la tumba. El tracoma, la enfermedad ocular egipcia, inflamó los ojos de los soldados. La postración por el calor y la deshidratación llevaron a los hombres a beber agua no potable que contenía pequeñas sanguijuelas, que se adherían a la faringe, se llenaban de sangre y provocaban tos, dificultad para respirar y a veces hemorragias. Podían desprenderse con gárgaras de vinagre y agua salada o extraerse con fórceps.

Napoleón inició una ofensiva en Siria, que entonces comprendía Palestina, Israel y Líbano, para neutralizar al Imperio Otomano. Durante los cruentos combates en Jaffa, apareció la peste y los enfermos empezaron a llenar el hospital instalado en un viejo monasterio ortodoxo griego. Para disipar el miedo al contagio que tenían las tropas, Napoleón visitó a los apestados en el hospital y charló con ellos. Ayudó a cargar el cadáver de un soldado que había muerto a causa de la peste y bajo cuyo uniforme roto se veían las grandes manchas negras en la piel.

El personal sanitario del hospital de Jaffa se había reclutado en las prisiones y galeras. Estaban mal pagados, pero se beneficiaban de la venta de ropa y efectos robados a los muertos y moribundos, en contra de la orden de quemarlos para combatir la enfermedad. Napoleón dispuso fusilar a los sanitarios que fueran sorprendidos vendiendo los enseres de los muertos y enfermos.

Durante el asedio de Acre, Desgenettes instaló otro hospital para los enfermos de peste. Como había hecho Napoleón en Jaffa, trató de calmar el miedo al contagio con un experimento que ha pasado a los anales de la historia de la medicina: bebió del vaso de un paciente moribundo y luego se inoculó la peste a sí mismo. La peste bubónica colorea de negro la piel y, con un bisturí, Desgenettes le extrajo líquido de la zona inflamada y se lo inoculó, a pesar de lo cual no padeció ninguna enfermedad.

En aquella época ni los médicos ni los sanitarios iban disfrazados de astronautas, como ahora. No había mascarillas, ni guantes, ni medios de protección frente a las infecciones, a pesar de lo cual, no padecieron las enfermedades de sus pacientes.

El experimento de Desgenettes lo reprodujeron otros médicos en el siglo XIX, como el alemán Virchow o el austriaco Pettenkofer. Ninguno contrajo ninguna enfermedad infecciosa. Los mismos experimentos se reprodujeron en el siglo siguiente para demostrar que la verdadera causa de las epidemias no estaba en los “patógenos”, sino en los diferentes estados de salud de las personas o, en otras palabras, en su sistema inmune. No había que obsesionarse con los “gérmenes” sino prevenir la enfermedad reforzando las “defensas” del organismo con una buena alimentación, descanso, abrigo, higiene…

Napoleón fracasó en Acre y ordenó la retirada. Pero las tropas hospitalizadas a causa de la peste no eran capaces de viajar por el desierto. Abandonarlos a los otomanos era condenarlos a los peores tormentos y llevárselos suponía retrasar la evacuación. En presencia del general Berthier, su jefe de estado mayor, Napoleón pidió a Desgenettes que hiciera lo mismo que han hecho los médicos en España durante la pandemia: poner fin a la agonía de los apestados administrándoles opio.

Desgenettes se negó y los enfermos fueron transportados a Jaffa, donde la situación se reprodujo por el asedio del ejército otomano. Había que evacuar, y esa vez Napoleón se negó a preguntar a Desgenettes. El farmacéutico jefe de la expedición, Claude Royer, suministró opio a los enfermos para que tuvieran una muerte dulce.

A raíz del incidente las relaciones entre Napoléon y Desgenettes se agriaron. Cuando el ejército llegó a El Cairo, Napoleón dijo ante los miembros del Instituto de Egipto que “la química es la cocina de los médicos”. Desgenettes le respondió: “¿Y cuál es la cocina de los conquistadores?” Dejaron de hablarse durante un tiempo.

Para preparar la expedición militar contra Rusia, Napoleón ordenó vacunar a sus tropas. Fue la primera campaña de vacunación masiva de la historia y lo más interesante de la misma es lo que significaba entonces la vacunación, que no tenía nada que ver con la actual. Las vacunas no se administraban con jeringuillas hipodérmicas sino que eran remedios bastante rudimentarios, consistentes en una especie de cataplasmas que se adherían a la piel. Tampoco se introducían sustancias químicas artificiales, sino una pasta elaborada con material procedente de una propia infección previa.

La serie “The Knick” dirigida por Steven Soderbergh y emitida por HBO tiene un capítulo que ilustra la manera en que se elaboraban antiguamente este tipo de vacunas tradicionales. El protagonista (Clive Owen) está en Nicaragua y para vacunar a la población de viruela extrae las pústulas a los enfermos con unas pinzas y con ellas fabrica la pasta que aplicará a la piel de los sanos. La historia médica de las vacunas, que es milenaria, demuestra que el sistema inmune también se puede reforzar de esa manera para prevenir determinadas enfermedades. No obstante, la teoría y la práctica de la vacunación cambia con el desembarco de la química. La “cocina de los médicos” empezó a ser otra.

Napoleón extrajo de Rusia la misma experiencia que de los desiertos de Oriente Medio. A pesar de las vacunas, sus tropas fueron diezmadas por las enfermedades porque los soldados volvieron a estar sometidos a condiciones meterológicas y ambientales extremas de todo tipo, que son las auténticas causas de las epidemias.

Su médico, Desgenettes, siempre fue un revolucionario. Miembro del partido girondino durante la Revolución Francesa, su evolución biográfica se confunde con ella. Volvió al lado de Napoleón y estuvo presente en la batalla de Waterloo. Los gobiernos revolucionarios le ascendían a la cumbre y los reaccionarios lo enviaban al ostracismo porque, como decía Virchow, la medicina no es más que política a gran escala.

Truman sabía que en 1945 Japón se hubiera rendido sin necesidad de lanzar bombas atómicas

Durante 75 años en Estados Unidos se ha aceptado que el lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y sobre Nagasaki tres días después fue la única forma de terminar la Segunda Guerra Mundial sin una invasión que habría costado cientos de miles de vidas estadounidenses y posiblemente millones de japonesas. Lógicamente, las bombas no sólo pusieron fin a la guerra, sino que lo hicieron de la forma más humana posible.

Sin embargo, las abrumadoras pruebas históricas de los archivos estadounidenses y japoneses indican que Japón se habría rendido en agosto incluso si no se hubieran utilizado las bombas atómicas, y los documentos demuestran que el presidente Truman y sus asesores más cercanos lo sabían.

La exigencia de los aliados de una rendición incondicional hizo que los japoneses temieran que el emperador, al que muchos consideraban una deidad, fuera juzgado como criminal de guerra y ejecutado. Un estudio del Mando del Pacífico Sudoccidental del general Douglas MacArthur comparó la ejecución del emperador con “la crucifixión de Cristo para nosotros”.

“La rendición incondicional es el único obstáculo para la paz”, envió el ministro de Asuntos Exteriores Shigenori Togo al embajador Naotake Sato, que se encontraba en Moscú el 12 de julio de 1945 tratando de convencer a la Unión Soviética de que negociara unas condiciones de rendición aceptables en nombre de Japón.

Pero la entrada de la Unión Soviética en la guerra el 8 de agosto lo cambió todo para los dirigentes japoneses, que reconocieron en privado la necesidad de rendirse rápidamente.

Los servicios de inteligencia aliados llevaban meses advirtiendo que la entrada de la Unión Soviética en la guerra obligaría a los japoneses a rendirse. Ya el 11 de abril de 1945, el Estado Mayor Conjunto de Inteligencia había predicho: “Si en algún momento la URSS entra en la guerra, todos los japoneses comprenderán que la derrota absoluta es inevitable”.

Truman sabía que los japoneses estaban buscando una forma de terminar la guerra; había descrito el cable interceptado desde Togo el 12 de julio como “un telegrama del Emperador de Japón pidiendo la paz”.

Truman también sabía que la invasión soviética dejaría a Japón fuera de la guerra. En la cumbre de Potsdam, en Alemania, el 17 de julio, después de que Stalin le asegurara que los soviéticos llegaban a tiempo, Truman escribió en su diario: “Estará en la guerra de Japón el 15 de agosto. No habrá más japoneses cuando eso ocurra”. Al día siguiente le aseguró a su esposa: “¡Ahora terminaremos la guerra un año antes, y piensa en los niños que no morirán!”.

Los soviéticos invadieron la Manchuria controlada por Japón en la medianoche del 8 de agosto y destruyeron rápidamente el venerable Ejército de Kwantung. Como era de esperar, el ataque traumatizó a los dirigentes japoneses. No podían librar una guerra en dos frentes, y la amenaza de una toma de posesión comunista del territorio japonés era su peor pesadilla.

El 13 de agosto, el primer ministro Kantaro Suzuki explicó que Japón debía rendirse rápidamente porque “la Unión Soviética tomará no sólo Manchuria, Corea y Karafuto, sino también Hokkaido”. Esto destruiría los cimientos de Japón. Debemos terminar la guerra cuando podamos tratar con Estados Unidos”.

Aunque la mayoría de los estadounidenses no estén familiarizados con esta historia, el Museo Nacional de la Marina de los Estados Unidos en Washington, afirma inequívocamente en una placa con su exposición sobre la bomba atómica: “La vasta destrucción causada por el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki y la pérdida de 135.000 vidas tuvo poco impacto en el ejército japonés. Sin embargo, la invasión soviética de Manchuria […] les hizo cambiar de opinión”. Pero en internet, la redacción se modificó para presentar los bombardeos atómicos de forma más positiva, lo que demuestra una vez más cómo los mitos pueden superar las pruebas históricas.

En 1945, siete de los ocho oficiales de cinco estrellas del Ejército y de la Armada de Estados Unidos coincidieron con la vitriólica evaluación de la Marina. Los generales Dwight Eisenhower, Douglas MacArthur y Henry “Hap“ Arnold, así como los almirantes William Leahy, Chester Nimitz, Ernest King y William Halsey, declararon que las bombas atómicas eran innecesarias desde el punto de vista militar, moralmente reprobables o ambas cosas.

Nadie fue más apasionado en su condena que Leahy, el jefe de personal de Truman. Escribió en sus memorias “que el uso de esta arma bárbara en Hiroshima y Nagasaki no fue de ninguna ayuda material en nuestra guerra contra Japón. Los japoneses ya estaban derrotados y listos para rendirse […] Al ser los primeros en utilizarla, habíamos adoptado una norma ética común a los bárbaros de la Edad Media”.

MacArthur creía que el uso de las bombas atómicas era inexcusable. Más tarde escribió al ex presidente Hoover que si Truman hubiera seguido el consejo “sabio y estadista“ de Hoover de cambiar sus condiciones de rendición y decir a los japoneses que podían conservar a su emperador, “los japoneses lo habrían aceptado y con gusto, no me cabe duda”.

Antes de los bombardeos, Eisenhower había insistido en Potsdam en que “los japoneses estaban listos para rendirse y no había necesidad de golpearlos con esta cosa horrible”.

Las pruebas demuestran que tenía razón, y el avance del Reloj del Juicio Final nos recuerda que la violenta inauguración de la era nuclear debe quedar confinada al pasado.

Gar Alperovitz y Martin J. Sherwin https://news.yahoo.com/op-ed-u-leaders-knew-100525153.html

Un hashtag paró al asesino de mi abuelo

En el último mes, hemos podido ver como un chico moría a golpes al grito de «maricón» en A Coruña, que el Tribunal Constitucional se niega a investigar el fusilamiento del poeta García Lorca o, como dos días antes de su aprobación, la Ley de Memoria Democrática era retirada por el Gobierno más progresista de la Historia.

El fascismo no se lava con jabón: es estructural

Más claro agua. El pueblo español está educado en la cultura establecida desde el 1 de abril de 1939. ¿Qué diferencia hay entre el pelotón de matones que fusiló a Lorca y los asesinos de A Coruña?, ¿qué diferencia hay entre aquellos jueces que llegaron al cargo a raíz de sus logros militares en guerra, y sus hijos que legislan en favor de los asesinos de sus padres?, ¿qué diferencia hay entre los tecnócratas del Opus Dei que pretendían dar un barniz democrático al franquismo y aquellos que se llaman del Gobierno más progresista de la Historia, que pretenden que el fascismo coexista con la democracia? Son los mismos que han echado para atrás la Ley de Memoria Democrática, dos días antes de su aprobación. Se llamen como se llamen y sean del color que sean, cumplen la misma función: blanquear a los fascistas.

El grado de protección en este entramado generado por el franquismo es total. Ninguno de los estamentos puede sobrevivir sin el otro. ¿Acaso las empresas del IBEX 35 o la CEOE podrían sobrevivir sin la intermediación en sus negocios de la monarquía? Y este grado de autoprotección, de tipo mafioso, llega a todos los estamentos y compartimentos. Los beneficios de los empresarios con la reforma laboral del gobierno Rajoy (que el actual gobierno prometió derogar), son enormes a pesar de las vanas promesas de su derogación: a los que hacen fortuna desde 1939 no se les toca ni un céntimo de su bolsillo.

«Nuestra cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos» F. Franco, Vigo (1942).

Catalunya quema a los fascistas

En el día de hoy, el colectivo independentista Acció per la Indepèndencia ha hecho público un comunicado en el que reclama una acción contra el monumento a los requetés (carlistas) que se ubica en la Abadía de Montserrat. Se trata de la quema de los banderines y símbolos que la Iglesia custodiaba del Tercio María de Montserrat, que fue galardonado por su participación en la toma de Catalunya.

Se trata de la única acción reivindicativa que se ha dado en todo el país. No hay mucha más información más que el vídeo públicado desde su cuenta de Twitter en el que aparecen las banderas de los tercios carlistas ardiendo.

En el resto del país…

Desde distintas asociaciones memorialistas del país y partidos políticos (ARMH, Foro por la Memoria, Podemos, PCE, ERC, EH- Bildu, Compromís, etc.) se ha lanzado la campaña #18JYoCondeno que consistió en un acto de recuerdo frente al Congreso de los Diputados y una campaña en redes sociales con el hashtag antes mencionado, donde se invitaba a realizarse una fotografía con un cartel que incluyera ese hashtag.

Póngase en situación: en el 85 aniversario del golpe de estado, cuando en menos de un mes han asesinado a golpes a un chico al grito de «maricón», cuando el Estado está tomando el pelo a las familias retrasando la aprobación de una Ley de Memoria Democrática a menos de dos días de su aprobación, cuando los jueces (hijos de los colocados por el franquismo) se niegan a investigar el asesinato de García Lorca, etc.; la respuesta de los colectivos memorialistas y los partidos denominados de izquierda es un hashtag y un acto de 20 personas frente al Congreso.

Twitter será la tumba del fascismo

Siga poniéndose en situación: aquella muchacha que fue violada y asesinada por una piara de salvajes es recordada, 85 años después, con un hashtag y una concentración de 20 personas. Aquel muchacho que salió una noche de su casa, atravesó el monte hasta unirse a las milicias y tres años después fue asesinado en una cuneta, es recordado con un hashtag y una concentración de 20 personas. A los asesinados en los Pozos de Caudé (Teruel), donde se los fusilaba y arrojaba a un pozo de más de 70 metros, son recordados con un hashtag y una concentración de 20 personas.

Es vergonzoso que quienes se hacen portavoces de la Memoria Histórica respondan así a la necesidad de miles y miles de familias que todavía no saben donde están sus familiares, cuyas casas fueron saqueadas, sus familias destrozadas, etc. Mientras tanto, los que se enriquecieron con el robo y el exterminio siguen disfrutando de su botín de guerra, sus apellidos siguen estando en los consejos de administración, siguen dirigiendo partes estratégicas del Estado, etc. Y la respuesta frente a esta calaña es una concentración de 20 personas y un hashtag. Nada de manifestarse. Nada de ir a la puerta de los genocidas, nada de señalarlos.

Igual que los derechos, la Memoria también se conquista. Villar-Mir no va a perder su fortuna por un retweet.

La derrota de los nazis en 1945 prohibió las vacunas experimentales, que ahora resurgen

Desde hace 2.500 años al menos la práctica de la medicina se basa en el juramento hipocrático: la tarea de un médico es curar al enfermo o, por lo menos, conseguir que su estado de salud no empeore. A partir de la Ilustración este principio fue desapareciendo. La medicina no tenía por objeto curar sino saber. El punto de gravedad comenzó a trasladarse del enfermo al médico. El sujeto es el médico y el enfermo es el objeto; por eso se le llama “paciente”.

El cambio se argumentó con una falsa concepción del “progreso científico” que encubría un problema de clase: los experimentos se llevaban a cabo con marginados, como pobres, presos, internados, esclavos, indígenas, prostitutas… Desde el siglo XVIII los médicos llevaron a cabo experimentos con esclavos negros en las colonias europeas, e incluso les inocularon enfermedades deliberadamente, como la viruela. En 1884 Pasteur escribió al emperador de Brasil para pedirle autorización para infectar de cólera a los condenados a muerte con el fin de probar tratamientos médicos en ellos.

En los campos de concentración el fascismo llevó la “nueva medicina” a su máxima expresión. La Unidad 731, creada por Japón en 1932, asesinó a más de 10.000 presos utilizados como cobayas humanas. En 1944 el jefe médico del ejército japonés, Nakamura Hirosato, provocó la muerte de 900 indonesios inyectándoles una vacuna experimental que contenía una toxina tetánica modificada químicamente. El III Reich también llevó a cabo experimentos a gran escala con los antifascistas que encerró en Auschwitz, Buchenwald, Dachau y Natzwzeiler. Los médicos nazis inocularon patógenos a los presos, como el tifus, la fiebre amarilla, la viruela, la fiebre tifoidea, el cólera y la difteria para buscar vacunas o desarrollar tratamientos médicos.

Tras la Segunda Guerra Mundial, veinte médicos y tres nazis fueron acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad y juzgados en Nuremberg. En su defensa, los nazis argumentaron que el juramento hipocrático no se aplica en tiempos de guerra, y que el Estado puede poner los intereses de la ciencia por encima de los del individuo en beneficio de la colectividad. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Militar estableció diez criterios para evaluar los experimentos médicos, que hoy se conocen como “Código de Nuremberg”.

La regulación jurídica de los experimentos médicos es consecuencia, pues, de la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Es tanto interna como internacional y se ha construido históricamente sobre la base del consentimiento libre e informado del sujeto. El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966 establece que “nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”.

La Asociación Médica Mundial, una organización no gubernamental de médicos creada en 1947, aprobó la Declaración de Helsinki en junio de 1964, que reitera el Código de Nuremberg y recuerda la necesidad de prestar un “consentimiento libre, informado y expreso”. Hay decenas de reglamentos parecidos en cada colegio profesional, en los repertorios legislativos de cada país, en las normas de la Unión Europea, como el Convenio de Ovideo, y en los organismos internacionales.

La conclusión es que el médico que realiza un experimento con seres humanos sin obtener su consentimiento previo comete un delito grave.

En 2002 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la imposición de un tratamiento sin el consentimiento del paciente es “una violación de la integridad física de la persona afectada“ y que “las vacunaciones obligatorias como tratamiento médico no voluntario constituyen una injerencia en el derecho al respeto de la vida privada”.

Pero la experimentación médica no acabó en 1945, como ya hemos explicado aquí varias veces. En los años cuarenta y cincuenta el MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) alimentó a niños que padecían problemas síquicos con cereales radiactivos. Hemos explicado el falso tratamiento de negros con sífilis en Tuskegee entre 1932 y 1972, la contaminación de niños discapacitados mentales con hepatitis por parte de dos médicos en la Wilowbrook State School de Nueva York entre 1956 y 1972. Lo mismo cabe decir de los experimentos en 20.000 estadounidenses con talidomida, un sedante responsable de graves malformaciones fetales, que se prolongaron hasta 1961, la inyección de células cancerosas en pacientes ancianos e indigentes en el Jewish Chronicle Disease Hospital de Brooklyn en 1963… La lista es terrorífica y sorprende la facilidad con la que se olvida.

El 8 de abril del año pasado, en plena pandemia, la sentencia Vavricka del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1) cambió la jurisprudencia sobre este asunto al establecer que la administración de ciertas vacunas se puede hacer de manera obligatoria, que es la práctica ahora vigente. Lo mismo que el servicio militar, algunas vacunas vienen impuestas por las leyes, por lo que se inoculan de manera masiva e indiscriminadamente, incluso desde el nacimiento.

Ahora bien, la sentencia Vavricka se refiere a un caso de 2015 y a unas vacunas ya experimentadas previamente, no a las que están por experimentar, como es el caso de las que se están administrando en la actual pandemia, que sólo han obtenido una autorización “de emergencia” de la Agencia Europea del Medicamento gracias a la ola de histeria que han desatado en el mundo con la pandemia.

La propia Agencia reconoce que concedió la autorización apresuradamente “sobre la base de datos menos completos de lo que normalmente se requiere”, por lo que el fabricante se compromete a “proporcionar datos clínicos completos en el futuro”. Los informes europeos de evaluación emitidos en la Agencia añaden que las empresas farmacéuticas deben “proporcionar los resultados del ensayo principal” en el plazo de dos años.

Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que estamos en presencia de un experimento masivo fuera de un laboratorio que no tiene precedentes en la historia de la medicina. Aparte de la incertidumbre relativa a la nueva técnica de ARNm, la Agencia reconoce que “no se han realizado estudios de carcinogenicidad” para la vacuna Moderna y “no se han realizado estudios de genotoxicidad o carcinogenicidad” para las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson.

En consecuencia, estas vacunas no se pueden imponer de forma obligatoria.

Ahora cualquiera que haya acudido a un centro de vacunación puede juzgar si el personal sanitario que atiende a los candidatos les pregunta algo, les pide el consentimiento, les informa del caracter experimental de la vacuna que le van a inocular, o si se trata de ganado que espera salir ileso del experimento.

Las empresas no contratan a trabajadores que no se hayan vacunado y pueden despedir a los que ya están en plantilla. Para ello les basta con introducir las vacunas en los planes de “riesgo laboral”. ¿A eso llaman “consentimiento libre” o es un delito de coacciones?

Pregunten a los que exigen la vacunación para matricularse en una escuela, para viajar, para entrar en una tienda o para acudir a un concierto. ¿Eso es consentir o es un chantaje permanente?

En febrero Galicia trató de imponer la vacunación obligatoria y El Confidencial tituló un reportaje: “Llega la Galicia hitleriana” (2). Afortundamente el Tribunal Constitucional lo impidió, al menos de momento.

En mayo Baleares, una comunidad autónoma presidida por Francina Armengol, farmacéutica y del PSOE, aprobó la vacunación obligatoria, aunque sólo para “ciertos colectivos” de trabajadores, que no definió. Otro gobierno “progre” que se lo vuelve a poner en bandeja a Vox, que recurrió el decreto ante el Tribunal Constitucional.

¡Las vueltas que da la vida! Los “progres” imponen normas nazis y los nazis se oponen a ellas. El enredo no es fácil de aclarar.

(1) https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-L-2021-00000001259
(2) https://www.elconfidencial.com/espana/galicia/2021-02-06/feijoo-galicia-covid-19-antivacunas_2939036/

Los tribunales españoles aprueban una ley de punto final cada día

El Tribunal Constitucional le ha dado el carpetazo final a cualquier clase de investigacion sobre García Lorca y los que fueron asesinados junto a él. Previamente todos los órganos judiciales ya habían rechazado que se investigara dónde están los restos del poeta, de dos banderilleros y de un maestro de la Republica. El pretexto no puede ser más ridículo: los culpables están muertos. Ahora bien, si nadie ha investigado nada, ¿por qué saben la identidad de los asesinos y, además, que están muertos?

Lo mismo ocurre con los crímenes del rey emérito, que no sólo son económicos, sino más de lo mismo. Cuando alguien inicia acciones judiciales en su contra, a los jueces y fiscales les falta tiempo: el rey ha sido y es “irresponsable”. Le declaran así incluso cuando un hijo inicia una declaración de paternidad, por lo que en este “Estado de Desecho” las personas no pueden averiguar si el rey es su padre.

Una persona es “irresponsable” cuando no puede ser condenada, una cuestión muy diferente de que pueda ser investigada. Es más, cuando el rey comete un delito, como la muerte de su hermano, los jueces y fiscales están obligados a investigar quién lo mató y sólo entonces podrán declararlo “irresponsable”, porque hasta el más inepto de ellos debe saber -supongo- que sólo a un asesino se le puede calificar de “irresponsable”.

La Constitución declara “irresponsable” al rey porque sus actos deben ir referendados por otra persona. En tal caso la responsabilidad es de esa otra persona. Ahora bien, se supone que esos actos son de tipo político o público, no los privados, porque ninguna otra persona puede refrendar un atraco, o un asesinato, o una paternidad. En tales casos, la obligación de un juez y un fiscal debe ser investigar y una vez que sepa que el autor es el rey, entonces podrá decidir posteriormente que es “irresposable”.

Pero no se trata sólo del rey. España es un Estado lleno de “irresponsables”. Por lo menos hay tantos como fosas comunes repartidas por los más oscuros recónditos de la geografía. Los jueces suelen decir que los crímenes han prescrito, o que los autores han muerto. Pero para decir eso primero hay que investigar: localizar las fosas, inhumar los cadáveres, averiguar la fecha del asesinato e identificar a los criminales.

Lo que constituye una vergüenza absoluta, que descalifica a cualquier Estado, es que tengan que ser personas y organizaciones privadas los que emprendan la tarea de investigar algo que corresponde a la policía, a la fiscalía y a los jueces, y que más de 80 años después no se haya constituido una comisión parlamentaria para hacerlo.

También en eso, España es un Estado muy diferente de otros y cada día que pasa tanto los diputados como los jueces, los fiscales y otros funcionarios públicos se están definiendo a sí mismos como lo que realmente son.

Los crímenes que se cometen en masa, lo que hoy se califica como “terrorismo de Estado”, no están sometido a las normas internas, sino a las internacionales y, en tal, caso no sólo se pueden sino que se deben investigar, por más tiempo que haya transcurrido, porque los crímenes de guerra y demás delitos atroces contra la humanidad no prescriben jamás.

Los jueces y ficales no conocen las normas jurídicas y, lo que es peor, no conocen la historia. García Lorca, los dos banderilleros y el maestro republicano no han muerto; a fecha de hoy siguen desaparecidos, y ese es un crimen que se sigue cometiendo cada día y que se debe investigar cada día.

La guerra contra el fascismo no acabó en 1939 porque sus efectos siguen presentes. El Pazo de Meirás ha recordado que los republicanos no sólo fueron asesinados sino que sus bienes fueron expoliados y saqueados, una situación que también sigue vigente, y aunque los chorizos hayan muerto, sus herederos siguen disfrutanto del saqueo y los republicanos siguen privados de sus legítimas propiedades.

Lo mismo que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo tampoco ha sido capaz de anular los juicios que, como el de Grimau, no respetaron ni siquiera la propia legislación fascista.

Esto está ocurriendo cada día por una razón elemental: porque no hay un “Régimen de 1978”, como se dice ahora, porque este Estado y todo su entramado jurídico e institucional es idéntico al de 1939 y no se va a suicidar a sí mismo, no se va condenar a sí mismo y no se va a investigar a sí mismo.

En ocasiones, los jueces y fiscales se acogen a la ley de amnistía de 1977 para garantizar la superviviencia del fascismo, y lo que es peor: han insistido tanto que algunos creen que, en efecto, dicha ley fue un “punto final”, por lo que volvemos a olvidar la historia, incluso la más reciente.

No vale lamentarse ahora: los que aprobaron dicha ley no fueron sólo los viejos franquistas, sino ellos y todos los oportunistas que se subieron al carro de la transición, participando en las elecciones de junio de aquel año. Partidos políticos como el PSOE, el PCE o el PNV no se pueden lamentar por ello, ni por haber mantenido la boca cerrada desde 1977 y las fosas cerradas desde 1939.

La ley de amnistía de 1977, lo mismo que otras anteriores, no sacó a todos los presos políticos a la calle por lo que no es una ley de punto final. Pero sacó a muchos a regañadientes y en esa medida fue una gigantesca conquista de la lucha en la calle, lograda a costa de numerosos muertos, detenidos y torturados.

Que los fascistas aprovecharan el momento para amnistiarse a sí mismos y que los oportunistas que he mencionado -y otros que se podrían añadir- mantuvieran la boca cerrada, es el signo diferencial del país en el que vivimos, o sea, más de lo mismo. El fascismo no hubiera podido perpeturarse hasta hoy sin ese apoyo.

Operación Barbarroja: cuando el Ejército Rojo atacó al III Reich, ¿o fue al revés?

Se llama Operación Barbarroja al ataque iniciado por el III Reich contra la URSS el 22 de junio de 1941, que continuaba con otros ataques parecidos llevados anteriormente por la Alemania nazi contra varios países europeos.

Hasta hace muy poco tiempo el relato histórico de esos ataques iniciados en 1939 era uniforme: en todos los casos el agresor -y por tanto, el responsable de los mismos- era el III Reich.

Sin embargo, en la medida en que la capacidad de intoxicación imperialista es mayor, su atrevimiento para falsear la realidad histórica también crece proporcionalmente, y ha llegado al punto en el que puede alterar los más evidentes acontecimientos con una penetración ideológica sorprendente y masiva.

Paralelamente, el movimiento obrero y comunista internacional retrocede y no reacciona, o lo hace muy débilmente, por lo que en gran parte ya está absorbido por la propaganda imperialista, que cada vez es más claramente favorable a las posturas del III Reich, incluso en los ámbitos académicos y universitarios.

Recientemente ha aparecido una corriente historiográfica según la cual la Alemania nazi atacó a la URSS preventivamente, para adelantarse a los “planes expansionistas soviéticos”. A mayor abundancia, el malvado plan de Stalin no consistía sólo en invadir Alemania sino toda Europa occidental.

Ciertos historiadores contemporáneos, que acabarán convirtiéndose en mayoritarios dentro de muy poco tiempo, sostienen lo mismo que los nazis en 1941. En la madrugada del 22 de junio, el embajador soviético en Berlín recibió una declaración oficial de guerra, que leyó posteriormente en una conferencia de prensa internacional. Los nazis justificaban su ataque por la “concentración cada vez mayor de todas las fuerzas armadas rusas disponibles en un amplio frente que se extiende desde el Báltico hasta el Mar Negro”.

El ataque nazi era preventivo y, en consecuencia, estaba justificado, decía la declaración: “Ahora que la movilización general rusa ha terminado, no menos de 160 divisiones están desplegadas contra Alemania. Los resultados de los reconocimientos realizados en los últimos días han demostrado que el despliegue de las tropas rusas, y en particular de las unidades motorizadas y blindadas, se ha llevado a cabo de tal manera que el Alto Mando ruso está preparado en cualquier momento para emprender acciones agresivas en varios puntos contra la frontera alemana”.

En sus posteriores discursos, Hitler repitió varias veces la tesis del ataque preventivo y lo mismo dijeron los generales alemanes que fueron juzgados en Nuremberg en 1945. El mariscal de campo Wilhelm Keitel, jefe del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, argumentó que “el ataque a la Unión Soviética se llevó a cabo para evitar un ataque ruso a Alemania” y, por tanto, fue un acto de guerra legal.

Su segundo al mando, el general Alfred Jodl, Jefe del Estado Mayor, hizo una declaración similar: “Fue innegablemente una guerra puramente preventiva. Lo que descubrimos después fue la certeza de los enormes preparativos militares rusos al otro lado de nuestra frontera. Rusia estaba totalmente preparada para la guerra”.

El tribunal no admitió sus argumentos y ambos fueron condenados y ahorcados. En aquel momento las potencias occidentales lo tenían claro: la Operación Barbarroja era una agresión nazi contra la URSS sin paliativos de ningún tipo.

En 1961 la tesis de la guerra preventiva fue defendida por A.J.P.Taylor en su libro sobre los orígenes de la Segunda Guerra Mundial, que no tuvo ningún eco. Sin embargo, tras la apertura de los archivos soviéticos, la intoxicación ha creído encontrar nuevos argumentos para defender a los nazis.

En 1988 Vladimir Rezun, un antiguo oficial de la inteligencia militar soviética que había desertado diez años antes, escribió un libro bajo el seudónimo de Viktor Suvorov: “Rompehielos: ¿Quién empezó la Segunda Guerra Mundial?”, seguido en 2010 por otro: “El principal culpable: el gran diseño de Stalin para empezar la Segunda Guerra Mundial”.

Según Suvorov, el 22 de junio de 1941 Stalin estaba a punto de lanzar una ofensiva masiva contra Alemania. Los preparativos habían comenzado en 1939, justo después de la firma del Pacto Molotov-Ribbentrop, y se habían acelerado a finales de 1940, con el despliegue de las primeras divisiones en la frontera con el III Reich y Rumanía en febrero de 1941.

El Ejército Rojo no se preparaba para defenderse, sino para atacar. La movilización alcanzó los 5,7 millones de soldados, un ejército gigantesco imposible de mantener durante mucho tiempo en tiempos de paz. A partir del 13 de junio, un incesante movimiento de trenes nocturnos transportó miles de tanques, millones de soldados y cientos de miles de toneladas de municiones y combustible hacia la frontera.

Según Suvorov, si Hitler no hubiera atacado primero, el gigantesco poderío militar que Stalin había acumulado en la frontera le habría permitido llegar a Berlín sin mayores dificultades y luego, en el curso de la guerra, tomar el control de toda Europa. Sólo la decisión de Hitler de adelantarse a la ofensiva de Stalin frenó los planes del Ejército Rojo.

La Operación Barbarroja fracasó; los nazis no pudieron acabar la URSS, ni apoderarse de su territorio. Sin embargo, dice Suvorov, gracias al ataque el III Reich salvó a Europa del comunismo. Para el imperialismo actual, ésta es la conclusión más jugosa.

Las tesis de Suvorov han comenzado a ser seguidas por muchos historiadores. Algunos son alemanes y otros incluso rusos, aunque una teoría, como la de Suvorov sólo se expande si se escribe o se traduce al inglés. Suvorov también ha despertado muchas críticas, que han comenzado a crear una ciénaga de criterios en algo que hasta poco parecía muy claro. Ni todos los defensores están en la misma línea, ni todos los críticos tampoco.

La confusión se suma a la que ya es típica en todos los asuntos que conciernen a la historia de la URSS: el “expansionismo” de la III Internacional, el socialismo en un solo país, el Pacto Molotov-Von Ribbentrop, la “sorpresa” de Stalin ante el ataque alemán, el desastre del Ejército Rojo al comienzo de la guerra… En cualquier caso, el centro de gravedad de la Segunda Guerra Mundial ha cambiado de sitio: ya no se mueve en torno a Hitler sino a Stalin. Para buscar las raíces de aquella guerra, ahora los historiadores tienen que ir a Moscú.

Una vez que los historiadores empiecen a buscar en otros archivos, la mayor parte de la intoxicación estará lograda, porque sobre la URSS y Stalin se puede contar cualquier cosa. Todo cuela.

(1) Icebreaker: Who Started World War II, Pluk Publishing, 2012
(2) The Chief Culprit : Stalin’s Grand Design to Start World War II, Blue Jacket Books, 2013

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