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Huelga del metal en Cádiz, un sector golpeado en una provincia asfixiada por el paro

La provincia de Cádiz está harta de estar harta. Desde mediados de los años 80 ha sido habitual la falta de carga de trabajo en empresas como Airbus, Navantia o Alestis (aviones, barcos, sector aeroespacial) en un contexto donde el tejido empresarial brilla por su ausencia. Los trabajadores del metal están haciéndose notar desde el inicio de una huelga indefinida que va mucho allá de la petición de una subida del IPC. Es la punta del iceberg de una situación que viene de lejos.

El convenio que están negociando los sindicatos y la patronal engloba a grandes empresas como Navantia, Dragados o Airbus, pero también a talleres mecánicos o empresas del mantenimiento de carreteras, entre otras muchas. Son unos 22.000 los trabajadores afectados, pero los de grandes factorías disponen de un convenio propio con unas condiciones más que dignas, mientras que las empresas auxiliares llevan tres décadas reclamando unos derechos mínimos.

“Si tienes un familiar ingresado no te dan permiso para verlo o si te pasa algo trabajando, en el hospital tienes que decir que te ha pasado en tu casa para que no cuente como un accidente en el trabajo. La gente sale a la calle porque no puede más”, explica un trabajador del metal que ha tenido que emigrar a Reino Unido en busca de nuevas oportunidades.

“La patronal se han encargado de tener trabajadores de primera clase, los de plantilla; de segunda, que son los fijos de las empresas colaboradoras, que son un mínimo; y de tercera, que somos los de las auxiliares. Han conseguido dividirnos y así tienen todo controlado. La ley dice que para presentarte a delegado sindical debes estar un mínimo de seis meses en la empresa y con nuestra eventualidad no te da tiempo. Los delegados están señalados por el mismo empresario y los trabajadores de las auxiliares no nos sentimos representados, sino traicionados por los sindicatos mayoritarios”, añade.

Hay muchos euros en juego, pero sobre todo también la sensación de alcanzar unas condiciones dignas que ahora no hay. “En estos días de huelga está saliendo la rabia contenida que hay por la pérdida de derechos, pérdida de poder adquisitivo como el plus de 160 euros por contacto con tóxicos. Lo quitaron con la crisis de 2012 con la condición de recuperarlo en 2016 y la patronal no lo recuperó. Queremos un mayor poder adquisitivo, pero también poder en derechos: coger vacaciones y saber que no pierdo el trabajo, no ir un domingo y que no me amenacen con que te dan el finiquito”, explica Jesús, otro trabajador eventual del metal.

La planta de Airbus de Puerto Real está solo a la espera de que se ratifique el cierre por parte de la empresa. Es otro ejemplo de lo que viene pasando desde hace años. Concentraciones y acampadas junto a la factoría no han servido de nada y no será por la baja productividad. Juan Antonio Guerrero, miembro del comité de empresa por CGT asegura que “la planta de Puerto Real tiene la máxima calificación en productividad, entrega y calidad, la única en Europa. No es un problema de Puerto Real, es un cambio de modelo industrial. Quieren que solo haya empresas pequeñas con salarios bajos”.

Todo ello ha hecho que haya una gran duda en las con el papel de los sindicatos mayoritarios. CCOO y UGT están negociando con la patronal el convenio del metal, pero como sindicatos mayoritarios, son los que han firmado el cierre de la planta de Puerto Real, aunque el responsable de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, ha asegurado que “es un preacuerdo firmado en Madrid. No tenemos nada que ver, yo me entero cuando ya está firmado. Se firma con los comités interempresa”. Por su parte, el presidente del comité interempresas y secretario general de CCOO en Airbus, Francisco Sanjosé, considera equivocado hablar de “cierre de una planta” de Airbus, cuando es “un traslado a El Puerto”, en el que se mantiene el empleo y la actividad, y una oportunidad de “reindustrialización”.

“Para que ellos ganen dos mil o tres mil al mes, otro tiene que ganar mil. CCOO y UGT han promovido votaciones de afiliados dentro del sindicato. Ellos han sido los únicos que han votado sí o no al preacuerdo, no todos los trabajadores. Son cosas antisindicales”, denuncia Guerrero. Y no son pocos los sindicalistas de Puerto Real que consideran “una tomadura de pelo que se hable de traslado cuando la planta de El Puerto no va a poder acoger a la totalidad de los trabajadores de Puerto Real”.

En cualquier caso, los representantes de CCOO y UGT permanecían reunidos con la patronal negociando a lo largo de la tarde de ayer. Al cierre de esta edición la reunión aún no había terminado.

Mientras personas como Juan José Cumplido, un trabajador de 56 años que lleva en el paro desde hace 14, miran con preocupación lo que está sucediendo. Fue despedido en Delphi y recuerda que, cuando era niño, trabajar en el astillero era algo seguro y con futuro. “A finales de los 70 había 4.000 personas en plantilla. No había personal auxiliar. Con 17 años podías estar con un puesto de trabajo indefinido en una empresa pública con mucho futuro. Pero llegó la reconversión naval a mediados de los 80 y todo cambió”. En Corea empezaron a construir barcos con presupuestos más bajos y las condiciones de los trabajadores gaditanos empezaron a caer. “Los políticos han jugado con las cifras del paro porque hay una ley desde 1995 que dice que la persona en desempleo que está en un curso de formación desaparece de la lista del paro”, lamenta.

—https://www.msn.com/es-es/dinero/formacion-empleo/la-huelga-del-metal-en-c-c3-a1diz-la-punta-del-iceberg-de-un-sector-golpeado-en-una-provincia-asfixiada-por-el-paro/ar-AAQQngl

Siguen los cortes de carreteras en la segunda jornada de huelga del metal en Cádiz

La segunda jornada de huelga de los trabajadores del metal de la provincia de Cádiz ha arrancado con concentraciones a las puertas de las factorías, el encendido de fogatas en las carreteras o arcenes, mucha presencia policial y la actuación de piquetes en varias factorías que están impidiendo o dificultando el acceso.

Las concentraciones se producen en factorías como la de Navantia, Dragados o Alestis, custodiados por furgones de Policía Nacional, mientras que la subdelegación del Gobierno ha anunciado una reunión de coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad para estudiar la situación.

Durante la noche unos 40 trabajadores han permanecido encerrados en la planta de Navantia en Cádiz, donde ayer se produjeron enfrentamientos.

En Airbus, sin embargo, la actividad es prácticamente normal. Los trabajadores de Airbus tienen un convenio colectivo propio y no se rigen por el del metal, que es, en primera instancia, lo que ha originado la huelga.

El secretario general de UGT-FICA, Antonio Montoro, asegura que “los paros se han sucedido con normalidad en el turno de noche, así que, como el día anterior, no se ha trabajado en el sector”.

Montoro ha aclarado que su sindicato “no aprueba” los actos vandálicos que se registraron ayer.

También ha añadido que, hasta ahora, la patronal no se ha puesto en contacto con los sindicatos, con lo que la situación de bloqueo continúa, sin acercamiento de posturas.

UGT ha anunciado esta mañana que para retirar las movilizaciones la patronal tendrá que firmar un “documento base” con el acuerdo de todos, que será “imprescindible” para abandonar las protestas.

Las protestas de ayer se saldaron con un detenido e incidentes en el astillero de Cádiz y varias factorías del campo de Gibraltar.

Comienza la huelga indefinida de los trabajadores del metal de Cádiz

La huelga indefinida del metal en la provincia de Cádiz, a la que están llamados más de 20.000 trabajadores, ha arrancado con fogatas, algunos cortes de tráfico y cargas policiales a las puertas de las grandes fábricas como Navantia, Dragados o Airbus.

“Todas las empresas que comenzaban su turno a la medianoche están paradas, así que la respuesta de los trabajadores está siendo muy positiva, porque hemos empezado con el cien por cien de paro en las fábricas con turno de noche”, ha explicado el secretario de FICA-UGT en Cádiz, Antonio Montoro.

La jornada ha comenzado con concentraciones a las puertas de los centros de trabajo, donde han sido encendidas fogatas, y con cortes de tráfico, como los que se han registrado en la carretera industrial de Cádiz, frente a la factoría de Navantia.

A las 7 de la mañana comenzaron las cargas policiales en el acceso a los astilleros gaditanos tras el lanzamiento de piedras por parte de los trabajadores a la Policía Nacional. Los antidisturbios respondieron con lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de las instalaciones.

La avenida se ha convertido en una auténtica batalla campal que ha propiciado largas retenciones en el tráfico de la zona debido al corte de los dos accesos a la avenida. Hasta el lugar se han desplazado varias unidades de la UIP de Sevilla y de la UPR de diferentes puntos de la provincia.

El gobierno ha establecido un dispositivo especial de vigilancia y control de estas protestas con miembros de las unidades de intervención policial (UIP) venidas desde Sevilla y unidades de prevención y reacción (UPR) de toda la provincia, que controlan los puntos y entradas de las fábricas y las principales vías de comunicación urbanas e interurbanas.

La Guardia Civil tiene previstos apoyos de tráfico en la Bahía de Cádiz y ha desplegado agentes también en los polígonos industriales y empresas del Campo de Gibraltar, con reservas disponibles por si hay que aumentar el despliegue de seguridad.

La huelga está convocada por el bloqueo en las negociaciones del convenio colectivo entre los sindicatos y la patronal, ya que los trabajadores están reclamando una actualización de los salarios que los empresarios aseguran que no poder asumir.

Todos los intentos de acercamiento, incluido un Servicio Extrajudicial de Conflictos Laborales y la mediación de la Junta el pasado viernes, han fracasado hasta el momento, lo que ha dado pie a la huelga indefinida que arranca hoy, y que se suma a los paros convocados dos días de la pasada semana, que derivaron en cortes de tráfico y manifestaciones.

10.000 trabajadores de John Deere en huelga desde hace dos meses

La UAW [el sindicato del motor] y el movimiento obrero de Iowa siguen movilizados desde octubre. La comunidad y los medios de comunicación simpatizantes apoyaron firmemente a los 10.100 trabajadores en huelga de John Deere and Company. Los trabajadores del mayor fabricante de maquinaria agrícola de Estados Unidos se tomaron con razón la primera oferta de contrato de John Deere [fechada el 10 de octubre] como un insulto. Ofreció un aumento salarial del 5 por cien tras un año de beneficios récord. Habían sido considerados trabajadores esenciales, pero aparentemente ninguno lo era tanto como el director general de Deere, John May, que ganó 15,6 millones de dólares en 2020, un aumento del 160 por ciento.

Decenas de negocios ofrecieron descuentos en comidas, bebidas, cortes de pelo, servicios quiroprácticos, equipos de pesca e incluso una sesión gratuita de lanzamiento de hachas en Davenport [la tercera ciudad más grande de IOWA]. El Sindicato de Minoristas y Grandes Almacenes (RWDSU) de North Liberty [un suburbio de Iowa City] donó 3.700 kilos de alimentos a los huelguistas. El vicepresidente del RWDSU Local 110, Bob Dixon, dijo: “Se trata de la codicia de las empresas… la gente tiene que unirse como miembros del sindicato y trabajadores para luchar contra esto”.

El dirigente demócrata del Senado de Iowa, Zacharia Wahls, y otros cargos electos demócratas declararon su firme apoyo, al igual que la Federación de Trabajadores de Iowa, los Teamsters, el Sindicato de Agricultores de Iowa y el senador Bernie Sanders. El secretario de Agricultura del gobierno Biden -y antiguo gobernador de Iowa (1999-2007)- Tom Vilsack visitó un piquete en Ankeny [situado en el condado de Polk]. “Os merecéis un salario justo y un trato justo“, dijo Vilsack a los trabajadores. Les agradeció el apoyo a su campaña para gobernador en 1998: “La UAW me ha apoyado desde el principio. No olvidas a la gente que estuvo contigo”.

El día de las elecciones en el estado de Iowa [2 de noviembre de 2021] fue también el día en que los miembros de la UAW votaron el contrato renegociado, después de haber rechazado abrumadoramente el primer proyecto de contrato el 10 de octubre. El segundo proyecto de contrato renegociado entre Deere y la dirección de la UAW preveía un aumento inmediato del 10 por ciento y dos aumentos adicionales del 5 por ciento a lo largo de un contrato de seis años. Los trabajadores recibirían una bonificación de 8.500 dólares tras la ratificación del contrato. Deere también hizo algunas concesiones en materia de asistencia sanitaria y pensiones, pero se mantuvo el sistema salarial de dos niveles, en el que los “trabajadores adicionales” cobran bastante menos que sus compañeros que realizan el mismo trabajo.

Muchos miembros del sindicato, preocupados por cobrar a medida que se acercan las vacaciones, consideraron que era el momento de “reclamar la victoria” y volver al trabajo. Pero la mayoría no estuvo de acuerdo y rechazó el segundo acuerdo por un 55 por ciento a 45 por ciento. Algunos dicen que el rechazo refleja un descontento continuo con sus propios dirigentes sindicales. Otros señalan la incertidumbre sobre el plan propuesto por la empresa para la mejora continua de los salarios, que se basa en un sistema de incentivos complejo y, por tanto, incierto. Muchos señalan también la sensación generalizada de que la dirección de John Deere no les respeta, a pesar de su lealtad y su duro trabajo, durante la pandemia de covid.

El resentimiento se endureció cuando John Deere obtuvo una orden para limitar el número de trabajadores de los piquetes a cuatro. La orden llegó a prohibir los bidones de fuego para calentarse por la noche. Las tensiones aumentaron aún más cuando Richard Rich, miembro de la UAW y de 56 años de edad, inspector de almacén en Deere durante 15 años, fue atropellado y murió trágicamente por un coche mientras cruzaba una carretera mal iluminada cerca de un piquete.

El apoyo público no parece haber disminuido y los sindicatos de Iowa siguen apoyando a la UAW. El Hawkeye Area Labor Council de Cedar Rapids, la Hermandad Internacional de Trabajadores de la Electricidad (IBEW 405) y la Federación de Trabajadores de Iowa City se encuentran entre los que recogen y entregan artículos domésticos y sanitarios a los huelguistas.

La dirección de Deere insiste en que el contrato que está sobre la mesa es su “última, mejor y definitiva oferta”. Según el Des Moines Register, un ejecutivo de Deere también hizo una amenaza velada de compensar la ralentización de la producción nacional trasladando parte del trabajo a plantas en el extranjero. La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, y los senadores Charles Grassley y Joni Ernst, todos ellos republicanos, aún no han comentado la posibilidad de que los puestos de trabajo de sus estados se transfieran a trabajadores de otros países.

¿Avanzará el movimiento obrero de Iowa? Ambas partes están en conversaciones, pero el resultado es difícil de predecir. La mayoría de los huelguistas actuales son jóvenes y tienen poco conocimiento de la historia del movimiento obrero de Iowa para motivarlos. No saben que la UAW fue precedida por los Farm Equipment Workers, que sindicalizaron a John Deere hace más de 70 años (véase el libro del historiador laboral Toni Gilpin The Long Deep Grudge: A Story of Big Capital, Radical Labor, and Class War in the American Heartland, Haymarket Books, marzo de 2020).

Muchos miembros de la UAW con los que hablé recientemente desconocían que la legislatura de Iowa, dirigida por los republicanos, estuvo a punto de destruir los sindicatos del sector público en 2017 al eliminar el capítulo 20 [código para los términos y condiciones de empleo de los trabajadores del sector público], una ley de negociación colectiva de Iowa que había funcionado de forma eficaz y justa -sin huelgas- desde la década de 1970. A pesar de los valientes esfuerzos del Centro Laboral de la Universidad de Iowa por informar y educar a los trabajadores, aún nos queda mucho camino por recorrer.

La buena noticia es que el asalto republicano a la negociación colectiva en el estado de Iowa no ha tenido éxito. Aunque los sindicatos deben celebrar una votación de recertificación cada vez que se renegocia un contrato, más del 50 por ciento de los trabajadores deben votar “sí” para conseguirlo, ¡los que no votan se cuentan como votos negativos! Contra todo pronóstico, casi todos los sindicatos del estado consiguieron que la mayoría de los empleados votaran “sí” para su recertificación.

El camino que queda por recorrer es pedregoso, pero el movimiento sindical está avanzando en Iowa.

Dave Leshtz, The Nation, 11 de noviembre de 2021

La CGT francesa se pone del lado del gobierno y las empresas para vacunar a la fuerza a los trabajadores

En Italia quemaron la sede del sindicato CGIL y los reformistas pusieron el grito en el cielo, seguidos de sus monaguillos “radicales”. Trataron de convencernos de que eran “fascistas” y no sus propios afiliados, hartos de las traiciones de los caciques amarillos.

En Francia aún no han quemado la sede de otro sindicato histórico, CGT, pero a nadie le debería extrañar cuando ocurra. Hace sólo un par de meses el secretario general, Philippe Martínez, se manifestó en contra de que las empresas obligaran a los trabajadores a vacunarse a la fuerza.

Además, prometió apoyar las protestas contra el pasaporte sanitario, por lo que muchos creyeron que ya estaba casi todo hecho. Macron nunca se atrevería a seguir adelante con sus planes represivos contra el criterio de CGT.

Ahora Martínez dice todo lo contrario. A las empresas les preocupa la salud de sus trabajadores, deben vacunar a las plantillas y despedir a los recalcitrantes. Sólo los mansos dispondrán de su pasaporte sanitario que les permita tomarse un caña en el bar de la esquina.

Le han bastado unas pocas semanas para cambiar de criterio. Tampoco es tan extraño. La CGT siempre quiso que Macron estuviera “lo más alto posible”, decía el periódico Le Monde el 5 de mayo de 2017. Los miles de manifestantes contra la vacunación obligatoria han visto sus ilusiones rotas, una vez más. No contarán con el apoyo del que fue el sindicato más fuerte de Francia durante décadas.

Luego a los reformistas y a sus socios antisistema les extraña que el fascismo esté en auge en Europa, que cada vez más personas les voten y que se atrevan a quemar las sedes de los sindicatos. Alguno incluso creerá que lo hacen porque son fascistas y no porque les han traicionado (una vez más).

Resulta increíble tener que recordar lo que esta pandemia lleva arrastrando desde su origen y que a lo largo de su recorrido en Francia se han ido eliminando las camas de los hospitales, como vienen haciendo desde hace más de una década, para luego lamentarse del colapso hospitalario, como si tuviera algo que ver con un incremento importante del número de enfermos.

Ahora mismo el gobierno francés sigue cerrando hospitales enteros por varias razones. Una de ellas es que un porcentaje de trabajadores sanitarios no se ha vacunado ni tiene intención de hacerlo. Han enviado a casa a los trabajadores y muchas unidades hospitalarias están vacías. Las colas de espera para atender a los enfermos son desesperantes.

Lo mismo les ha ocurrido a quienes ejercen la medicina por su cuenta, como los dentistas o los ópticos, que han tenido que cerrar sus establecimientos por ejercer un derecho fundamental, como es el de no vacunarse.

A nadie le puede extrañar ese auge del fascismo y ese sentimiento de frustración por los múltiples engaños y mentiras de los reformistas, los sindicalistas de pacotilla y sus secuaces seudorrevolucionarios.

El movimiento obrero francés sabe muy bien lo que es una pandemia. Siempre lo supo. Cuando a finales del siglo XIX se celebró en París el Primer Congreso Internacional contra la tuberculosis para imponer las tesis infecciosas que ahora están en plena euforia, la CGT organizó un Congreso paralelo de médicos y trabajadores de la sanidad para proponer otra manera de curar la tuberculosis: aumento de los salarios, reducción de la jornada laboral, alimentación, higiene, vivienda…

Los sindicatos deberían volver a recordar hoy, como hace 150 años, que las epidemias no se curan con fármacos. No hay ninguna epidemia ni la habrá jamás si realmente estamos del lado de los trabajadores y defendemos unas condiciones mínimas de vida y empleo.

El péndulo de la fuerza oscila a favor de los trabajadores estadounidenses

Poco antes de la medianoche del miércoles 13 de octubre, los trabajadores de producción de una planta de John Deere, que fabrica equipos agrícolas desde tractores hasta cosechadoras, en Waterloo, Iowa, comenzaron a cerrar la planta apagando los hornos de fundición. La planta ya estaba prácticamente vacía, ya que Deere había pedido a los trabajadores nocturnos que se quedaran en casa. Tres días antes, los miembros del sindicato United Auto Workers (UAW), reunidos en Iowa, Illinois y Kansas, habían votado abrumadoramente para rechazar una propuesta de convenio colectivo que incluía aumentos por debajo de la inflación y la eliminación de las pensiones para todos los nuevos trabajadores. El rechazo sorprendió tanto a la dirección del sindicato como a la empresa; incluso algunos de los trabajadores que habían votado en contra de la huelga y la habían acordado se sorprendieron de que tuviera lugar. En Deere, los 10.000 trabajadores que abandonaron el trabajo están en huelga por primera vez en 35 años. “Acabo de confirmar que Waterloo ha colocado sus piquetes”, dijo un trabajador antes de que comenzara la huelga. “La mierda está a punto de ser real”.

Se unen a los 2.000 trabajadores de hospitales en huelga en Buffalo (Nueva York), a los 1.400 trabajadores de producción de Kellogg’s en cuatro estados, a los 450 trabajadores del acero en Huntington (Virginia Occidental) y a los 2.000 trabajadores de telecomunicaciones en California que abandonaron el trabajo durante un día, todos ellos desde el 1 de octubre. Un millar de mineros del carbón en Alabama, 700 enfermeras en Massachusetts, 400 trabajadores de una planta de whisky en Kentucky y 200 conductores de autobús en Reno, Nevada, ya estaban en huelga, por no mencionar las huelgas recientemente realizadas por 2.000 carpinteros en Washington, 600 trabajadores de Frito-Lay, una empresa de alimentación que es propiedad de PepsiCo, en Kansas, y 1.000 trabajadores de Nabisco, fabricante de dulces, propiedad de la multinacional Mondelez International, con sede en Chicago, en cinco plantas del país.

Decenas de miles de trabajadores están a la espera, con 37.000 trabajadores sanitarios de Kaiser, atención médica, en Oregón, California y Hawai que han votado a favor de la huelga o están a punto de hacerlo, y varios grandes sindicatos de trabajadores universitarios que también están a punto de ir a la huelga. Más de 60.000 trabajadores del cine y la televisión estaban dispuestos a ir a la huelga, ya que el 90 por ciento de los miembros de la Alianza Internacional de trabajadores de Escenarios Teatrales votaron en un 98 por ciento a favor de la huelga, antes de que se alcanzara un acuerdo provisional el sábado 16 de octubre. La votación sobre la ratificación del acuerdo tendrá lugar en las próximas semanas.

Esta oleada de huelgas no se parece en nada a la de los años 40, cuando uno de cada diez trabajadores de Estados Unidos se ponía en huelga en un año. Pero tampoco es el parón sindical de la década de 2010, cuando las grandes huelgas en el sector privado se redujeron a cero. Hoy en día, los trabajadores son cada vez más militantes -en el sentido de que no quieren aceptar malas condiciones de empleo-, pero no están especialmente organizados. Con la afiliación sindical en su punto más bajo, los sindicatos pueden inspirar un movimiento, pero no son la única fuente de acción. Lo que estamos viendo hoy es un movimiento huelguístico que empieza a levantarse desde un mínimo de décadas, ya que el trabajador “esencial”, una nueva categoría de trabajador nacida de la pandemia de coronavirus, desafía a la dirección a estar a la altura de esa calificación.

Horas extras, agotamiento e inflación

Los trabajadores no son los únicos que toman nota de este posible cambio en el equilibrio de poder. Esta semana, los analistas de Wall Street también dieron la voz de alarma sobre la cotización de Deere. Un analista revisó su previsión a la baja en un 25 por ciento. En una sección de un informe confidencial titulada “El péndulo del poder ha oscilado”, el analista escribió: “Los trabajadores, además de querer concesiones de Deere en un nuevo contrato laboral de seis años, también pueden estar vinculando estas negociaciones a su deseo de cambiar la forma en que se elige a la dirección nacional de la UAW y a un activismo más amplio a nivel nacional (e incluso internacional) al ver que su poder crece en el ajustado mercado laboral”. El informe de este analista de Wall Street a los inversores indica que la clase propietaria está pendiente de lo que ocurre en la UAW.

El pequeño empresario desolado que no consigue atraer a los trabajadores ha sido uno de los protagonistas favoritos de los medios de comunicación en el esfuerzo del gobierno por “reconstruir mejor”, en parte para cubrir al director general de Deere, John C. May, que figura en la lista de directores generales de la revista Fortune 100 que disfrutan del mismo mercado laboral de bajos salarios.

Pero el actual mercado de trabajo, que es un problema desde el punto de vista de los empresarios, refleja una imagen a los ojos de los trabajadores que nunca han abandonado el lugar de trabajo: los trabajadores “esenciales”, “de primera línea” y “héroes”. En el lugar de trabajo, los trabajadores de todos los sectores, desde el transporte público hasta la atención sanitaria, pasando por la logística o la fabricación de alimentos, se enfrentan a la escasez de personal. El resultado son las horas extras forzadas y el agotamiento. En mataderos, residencias de ancianos y otros innumerables lugares de trabajo, la pandemia ha dado una nueva intensidad al “paisaje” de los riesgos laborales. En 2020 el cuidador se convirtió en el trabajo más peligroso de Estados Unidos.

Los trabajadores también sienten el efecto de la inflación en la cesta de la compra. El aumento del 1 por ciento propuesto por Kaiser (además de la introducción de un recorte salarial medio del 26 por ciento para todos los nuevos trabajadores) se convierte en un recorte salarial ante la inflación del 5 por ciento en los bienes de consumo. El aumento de 15 céntimos por hora que los trabajadores de la construcción, organizados en la Hermandad Internacional de Trabajadores de la Electricidad, están obteniendo en Orlando (Florida) está muy por debajo del aumento del coste de la vida. La propuesta de Kellogg prevé una reducción del ajuste por el coste de la vida de los salarios. Esto solía ser un elemento central de la negociación colectiva en las industrias básicas. Nunca recuperó su lugar para los trabajadores de los tres grandes fabricantes de automóviles tras la crisis financiera y las quiebras de 2008. En el centro de varias de estas huelgas -Deere, Kellog’s y Kaiser- estaba la rebelión contra la introducción en la década de 1980 de contratos de “dos niveles” que ofrecían peores condiciones a los nuevos trabajadores. Como dijo Trevor Bidelman, presidente de la rama 3G del Sindicato Internacional de Trabajadores de la Panadería, Confitería, Tabaco y Molinos de Cereales y dirigente de la huelga en Kellog’s: “El futuro no está en venta”.

En el caso de Deere, los trabajadores son muy conscientes de los beneficios récord de la empresa y no les conmueve lo que supone un aumento salarial de un dólar por hora para la mayoría de ellos. Hace tiempo que los miembros se han autoorganizado en un grupo de Facebook llamado “Post 97”, es decir, trabajadores contratados después de 1997, cuyos salarios, “beneficios”, seguro médico en particular, y pensiones son peores. El contrato actual para la mayoría de los trabajadores “post-97” representaría un aumento de sólo 6 centavos de dólar sobre lo que ganaban los trabajadores “pre-97” hace 10 años. La propuesta de la empresa de reducir las pensiones de todos los nuevos contratados -creando una plantilla “post-21”- se enfrenta a una oposición moral acorde con el nuevo contexto económico, lo que ha llevado a muchos trabajadores a plantear una reivindicación central en la huelga: “¡No al tercer nivel! (tercer nivel de trabajadores).

Los trabajadores de John Deere están enfadados por las informaciones de los medios de comunicación que repetían lo que decía la empresa: que ganarían entre 60 y 70.000 dólares al año. Uno de ellos, que lleva más de diez años allí, muestra su nómina de 2020: menos de 40.000 dólares.

Las huelgas están a la orden del día

Pero un mercado laboral ajustado también supone un apalancamiento para los trabajadores. Al saber que son más difíciles de sustituir, los trabajadores individuales son más propensos a decir que no a sus jefes. En la actualidad, los trabajadores abandonan sus puestos de trabajo al ritmo más alto de las últimas décadas, una de las medidas más precisas de su “poder” en el mercado laboral como individuos. Cuando los trabajadores están organizados colectivamente en sindicatos, la rigidez de los mercados laborales hace que haya una mayor disposición a enfrentarse a los empresarios en lo que respecta a las condiciones de empleo, en lugar de limitarse a buscar un contrato mejor en otro lugar. En otras palabras, las mismas fuerzas que hacen que el trabajo sea intolerable para muchos -sin suficientes trabajadores y con demasiado trabajo- están preparando al mismo tiempo a los trabajadores para luchar.

El fin de una movilización nacional (relacionada con la pandemia) también tiende a liberar las presiones acumuladas en el lugar de trabajo. Los trabajadores que soportan una reducción salarial o unas condiciones de trabajo estresantes durante una emergencia esperan que algo cambie después. Como ha observado recientemente Harold Meyerson, en los años 1919 y 1945-1946, es decir, al final de las guerras mundiales, hubo oleadas de huelgas masivas. En el ciclo 1945-1946, en el que más del 10 por ciento de los trabajadores fueron a la huelga, se produjeron acontecimientos que podrían calificarse de huelgas generales en Stamford (Connecticut), Lancaster (Pensilvania), Rochester (Nueva York), Pittsburgh (Pensilvania) y Oakland (California).

La válvula de activación que puede estar abriéndose permite el inicio de una expansión de la actividad sindical prepandémica. La generación anterior a la crisis de 2008 se caracterizó por el estancamiento salarial a largo plazo y la disminución de la participación del trabajo en la renta nacional. La recuperación de las recesiones de los años ochenta, noventa y 2000 ha sido más larga que en años anteriores. Un gran número de trabajadores sigue atrapado en el subempleo permanente o en la inactividad. Estas tendencias culminaron en la Gran Recesión (que comenzó en 2007) y su agonizantemente larga recuperación. Pero el desempleo finalmente cayó por debajo del 4 por ciento en 2018, y tanto ese año como el siguiente se produjo un notable aumento de la actividad huelguística -incluida una oleada masiva de huelgas de profesores-, ya que los “mercados laborales” finalmente se recuperaron de la devastación de la crisis financiera de 2008; los salarios de los profesores, sin embargo, no.

En cuanto a la actividad huelguística, la actual oleada en el sector privado está retomando el camino donde lo dejaron los profesores, tras un interludio de relativa inacción en el momento álgido de la pandemia. En 2020, además, los profesores fueron el primer grupo importante de trabajadores que se negó a aceptar las condiciones impuestas por la patronal para la reapertura del centro de trabajo. Es difícil imaginar a los profesores resistiendo la vuelta al trabajo en condiciones peligrosas tanto como lo hicieron sin la ola nacional de huelgas de profesores militantes de los dos años anteriores. Esta resistencia se ha extendido por toda la economía, tanto de forma organizada como individual.

Hoy en día, la resistencia económica de los trabajadores -ya sea a través de huelgas organizadas o mediante el rechazo de trabajos peligrosos, mal pagados y poco atractivos- está en la agenda política. Muchas de las iniciativas sociopolíticas contenidas en la propuesta presupuestaria de los demócratas, de 3,5 billones de dólares, perseguirían los mismos objetivos que las acciones de los trabajadores, pero en el ámbito de la política social. Las subvenciones propuestas para la asistencia sanitaria a domicilio y el cuidado de los niños, el crédito fiscal por hijos, la ampliación de Medicaid, seguro médico para personas de bajos ingresos, y las inversiones en vivienda y energía verde apoyarían indirectamente la posición de los trabajadores en el “mercado laboral”. El gobierno federal reforzaría la posición negociadora de los trabajadores, ya sea aumentando la demanda de mano de obra o aliviando algunas de las caricaturescas presiones sociales que han obligado a los trabajadores a aceptar las condiciones que les ofrecen los empresarios. Cuando el senador Joe Manchin advierte del peligro de convertirse en una “sociedad de derechos”, está argumentando contra el cambio de poder en el mercado laboral que tales medidas políticas contribuyen a garantizar.

La estabilidad política necesita sindicatos bien domesticados

La mayor interacción entre los conflictos industriales y políticos marca una ruptura con la historia reciente. Durante la mayor parte de la última generación, incluso las acciones industriales militantes a menudo tenían poco significado político explícito. Una huelga importante como la de UPS en 1997 o la de Verizon en 2016 se tradujo en ganancias para los trabajadores, pero estos acontecimientos siguieron siendo cuestiones económicas. Los políticos pueden sentirse obligados a comentarlos -como hizo el ex presidente Bill Clinton en la huelga de UPS-, pero estos conflictos no plantearon ni resolvieron ninguna cuestión política más amplia sobre las relaciones de poder de clase.

En los últimos años, varios demócratas de la corriente principal han llegado a aceptar lo que solía ser un argumento de la izquierda: que el aumento de la desigualdad social y la disminución de la seguridad económica de la clase trabajadora son la causa última de la desestabilización de la democracia estadounidense y deben ser abordados de frente. La posición declarada del gobierno de Biden es que “la disminución de la densidad sindical ha… debilitado nuestra democracia”.

Cuando los trabajadores organizados son más fuertes, el descontento generalizado adopta una forma más coordinada. Con mayores niveles de sindicalización, la combatividad de los trabajadores organizados genera una presión concentrada en las empresas objetivo y desencadena la discordia en la patronal. Algunos empresarios comienzan a agitarse y tratan de aplacar a los trabajadores aceptando reformas sociales progresistas, mientras que otros insisten en mantener su posición. Los que están atrapados en el medio -como algunos trabajadores de Deere- pueden sentir una gran simpatía por los huelguistas mientras se ven obligados a trabajar durante la huelga a pesar de la grave falta de competencias laborales.

En la actualidad, el bajo nivel de organización de los trabajadores -el reducido tamaño de la mano de obra sindicalizada en comparación con una masa enfadada pero dispersa- hace más difícil crear una disidencia con tintes políticos entre la patronal. En los piquetes y en el Capitolio se pone a prueba la capacidad política de un pequeño movimiento obrero. Cuantos más logros concretos consigan los trabajadores en uno u otro ámbito, más verán los beneficios de la unidad los millones de trabajadores no sindicados.

El presidente Joe Biden se presenta como el campeón de los trabajadores y trabajadoras, aspirando a ser “el presidente más pro-sindical que jamás se haya visto”. Días antes de lanzar su campaña presidencial (utilizando un salón sindical de Pittsburgh como escenario), Biden apareció en el piquete de una de las principales huelgas de 2019, frente a la cadena de supermercados Stop & Shop. Recientemente, ante empresas con dificultades para contratar personal, el presidente dijo: “Págueles más”.

Pero cuando se le pidió que tomara partido, mantuvo la neutralidad oficial, citando su secretario de prensa “razones legales” no especificadas. El viernes 15 de octubre, al ser preguntado por la huelga de John Deere, dijo, obviamente: “Tienen derecho a la huelga. Tienen derecho a exigir salarios más altos… No voy a entrar en negociaciones”.

El gobierno ha permitido que expiren disposiciones clave en favor de los trabajadores en la legislación de rescate, como los subsidios para COBRA, que proporciona ayuda condicional para los planes de salud, que son particularmente cruciales para los trabajadores en huelga cuyos empresarios han cortado el seguro de salud. Los trabajadores de Allegheny Technologies Inc, miembros del sindicato United Steelworkers, que han estado en huelga durante cinco meses este año, pudieron beneficiarse del plan COBRA subvencionado por el gobierno federal. Los miembros de la UAW actualmente en huelga en John Deere, cuya empresa planea eliminar su seguro médico para el 27 de octubre, no se beneficiarán. Sin embargo, podrían beneficiarse de otras subvenciones, incluidos los planes de Obamacare fuertemente subvencionados, aunque esto implicaría un cambio de plan de salud y, potencialmente, de red médica.

En última instancia, tras estas huelgas, se plantea la cuestión de si se puede obligar a los trabajadores de Estados Unidos a volver a las condiciones sancionadoras del mercado laboral de la pandemia y de las décadas anteriores a la pandemia, condiciones que hicieron que los efectos de la pandemia fueran tan brutales en los lugares de trabajo, inseguros y desiguales. ¿Se conformarán los trabajadores no sindicados con salarios bajos y condiciones inseguras? ¿Seguirán los trabajadores sindicalizados ratificando contratos de dos niveles con crecientes concesiones a los empresarios? Cuando el trabajador “vuelva” a trabajar, ¿a qué tipo de economía volverá?

Jonah Furman y Gabriel Winant https://theintercept.com/2021/10/17/john-deere-strike-labor-market

Huelga de los trabajadores griegos de la sanidad contra la vacunación obligatoria

Los trabajadores de los hospitales públicos de Grecia se manifestaron ayer por el centro de Atenas dentro de una huelga de 24 horas para protestar por la vacunación obligatoria y la falta de personal.

Los manifestantes desfilaron por delante del Parlamento en su camino hacia el Ministerio de Sanidad, coreando consignas y mostrando pancartas.

Los sindicatos que representan a los médicos, enfermeras y demás personal de salud protestan contra los planes gubernamentales que, en plena pandemia, agravan la escasez de personal provocando largas jornadas laborales, al tiempo que socavan los derechos de los trabajadores. El sector busca también entrar a la lista de profesiones que reciben una paga extra por peligrosidad al realizar una labor “pesada e insalubre”.

Además, los sindicatos también se oponen a la suspensión de los trabajadores no vacunados y apuntan que ésto solo provocará más problemas de personal.

Las vacunas son obligatorias para los trabajadores de la salud y de los asilos, y quienes se niegan a recibirlas son suspendidos de empleo. Poco más del 60 por ciento de los 11 millones de habitantes del país ha completado la pauta de vacunación.

Los sindicatos dicen que aunque respaldan las vacunas, cada uno de los trabajadores tiene derecho a decidir si la recibe o no.

Como en otros países, en Grecia siguen apareciendo “casos” y “repuntes” que imputan a las nuevas variantes (y variantes de las variantes) del coronavirus, que no son otra cosa que efectos adversos de las vacunas.

Huelga general de medio millón de trabajadores en Corea del sur

La Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU), la organización sindical más grande de ese país, convocó a la jornada de protestas con varias demandas, entre ellas el fin del trabajo irregular (trabajo a tiempo parcial, temporal o por contrato con pocos o ningún beneficio) y extender la protección laboral; mayor poder a los trabajadores en las decisiones de reestructuración económica durante tiempos de crisis; y nacionalizar industrias claves junto a estatalizar servicios básicos como educación y vivienda.

La respuesta del gobierno coreano es criminalizar la protestas. Con la excusa de la pandemia busca prohibir la manifestación, como hizo con las protestas durante los últimos meses. “Por la seguridad de la comunidad”, aseguró este martes el primer ministro Kim Bu-gyeom.

En Seúl se utiliza para intentar prohibir la manifestación el actual distanciamiento social, de Nivel 4, impuesto en el área metropolitana de la capital que impide todos los mítines sociales, excepto para propósitos corporativos u oficiales esenciales.

En Corea del Sur el 40 por ciento de todos los trabajadores tienen empleos irregulares. Al igual que en otros países muchos de estos trabajadores precarizados trabajan en la economía de aplicaciones dominadas por conglomerados corporativos conocidos como “chaebol”, empresas como Samsung, Lotte, LG o Hyundai se benefician de la precarización laboral en el país. El 10 por ciento con mayores ingresos concentraba el 45 por ciento de los ingresos totales del país en 2016, mientras la especulación inmobiliaria ha llevado a una crisis de la vivienda, sumado a la privatización en la educación o la atención médica. La pandemia por el coronavirus dio una mayor exposición a esta situación.

A medida que la pandemia por el coronavirus perdía fuerza, se comenzó a expresar el descontento de los trabajadores. A principios de este año, el personal de limpieza de LG Twin Towers (la sede del rascacielos de la empresa) acampó fuera del edificio de la empresa durante 136 días, en invierno, para protestar contra los despidos y las condiciones laborales en el lugar de trabajo. La respuesta de la empresa fue enviar grupos de rompehuelgas.

Los mineros de carbón de Korea Coal, una corporación minera de carbón propiedad del gobierno, están sufriendo problemas de salud por respirar polvo de carbón y exceso de trabajo. Un trabajador denunció que «el gobierno redujo la fuerza laboral a la mitad, por lo que nuestra unidad ahora tiene que hacer el trabajo de dos unidades. Entonces todos están enfermos. No hay nadie aquí que no esté enfermo. Nuestros salarios deben aumentar, pero se han mantenido igual».

La huelga es la expresión de que los trabajadores quieren recuperar sus derechos, terminar con la precarización exigiendo el fin de las leyes laborales que permiten a las empresas privar a sus trabajadores de los derechos básicos, como el derecho a organizarse, el acceso a los beneficios y la compensación por lesiones laborales.

También exigen nacionalizar industrias que han estado despidiendo trabajadores en masa, incluidas las industrias de aerolíneas, fabricación de automóviles y las constructoras navales. Después de décadas de austeridad, la huelga y movilización convocada por la central sindical toma demandas básicas como garantizar la vivienda, atención médica, cuidado de ancianos, cuidado de niños y educación para todos. Sus demandas incluyen aumentar las unidades de vivienda pública del 5 por ciento al 50 por ciento de todas las viviendas disponibles, hacer que las clases preparatorias para la universidad sean gratuitas para todos y que el estado contrate al menos un millón de trabajadores de cuidados para garantizar la atención gratuita de los ancianos y los niños. para todas las familias.

Corea del Sur se mostró como un modelo a seguir, pero detrás de este modelo los trabajadores que garantizaron la respuesta a la pandemia se expusieron a interminables jornadas laborales y precarización de sus derechos. La crisis por el coronavirus expuso una realidad que ya existía detrás del modelo surcoreano que los trabajadores comienzan a enfrentar.

—https://www.aporrea.org/trabajadores/n368664.html

‘La gente como nosotros nunca se rinde’ (la lucha de los estibadores de Trieste contra el pasaporte de vacunas)

El 15 de octubre entró en vigor en Italia la obligación de que los trabajadores presenten una prueba de vacunación o un test negativo de coronavirus, que deben repetir cada 48 horas, pagado de su bolsillo.

En Italia no se ha vacunado el 29 por ciento de la población, un porcentaje que entre los estibadores portuarios de Trieste sube al 40 por ciento.

Ante la amenaza de huelga, los sindicatos amarillos, como la CGIL, CISL y UIL, propusieron un compromiso, que fue aceptado por el gobierno: las pruebas de coronavirus que se deben realizar cada 48 horas serían gratuitas.

Los trabajadores rechazan la oferta: “Los estibadores reafirmamos y dejamos claro que nada de esto conducirá a un acuerdo, mientras no se levante la obligación de trabajar con el pase verde, no sólo para los trabajadores portuarios sino para todas las categorías de trabajadores”.

Entonces los sindicatos amarillos difunden una nota conjunta, poniendo de manifesto su política policial: exigen que “se libere el puerto”. Hay que garantizar las expresiones legítimas de disidencia, aunque con una condición: las huelgas no deben impedir que un puerto y una ciudad “sigan generando ingresos y perspectivas de futuro”.

Los estibadores en huelga no obedecen ni a la policía ni a los sindicatos. El sábado los trabajadores se reunen a la entrada del muelle del puerto de Trieste y a ellos se suman muchos vecinos de la ciudad, hasta alcanzar un multitud de miles de personas.

Hace seis años Stéfano Puzzer (“Ciccio” Stéfano, el Gordo Stéfano, que aparece en la foto de portada) y otros estibadores organizaron la Coordinadora de Trabajadores Portuarios. Su primera victoria fue transformar a Trieste en una zona franca, libre de derechos de aduana, gracias a la aplicación del Anexo VIII del Tratado de Paz de París de 1947.

A medida que avanza la jornada, muchas personas se van sumando a la manifestación contra el pasaporte de vacunas. También llegan trabajadores y vecinos de las regiones próximas, hasta llegar a 8.000 ó 15.000 personas, según las fuentes.

El sábado por la noche la Coordinadora publica un comunicado de prensa anunciando el fin de su huelga. La demostración de fuerza ha sido suficiente. Podría haber terminado con un éxito mediático y sin represalias judiciales, porque no se llegó a bloquear del puerto, ni en Trieste ni en otros centros de trabajo de Italia.

No todos aceptan el final de la lucha. Sobre la marcha salta una polémica y Puzzer se retracta. Dice que se había equivocado y que había leído un borrador. En las redes sociales publica un mensaje indicando que la manifestación continua y, además, dimite de su cargo al frente de la Coordinadora. Lo anuncia en Facebook: “Estaré en huelga hasta el día 20, pero sólo volveré a trabajar cuando se retire el pase verde”. También lanza la consigna: “La gente como nosotros nunca se rinde”.

El lunes la policía comienza a evacuar el puerto hacia las 10 de la mañana. Un muro de antidisturbios con dos camiones se interpuso entre una puerta y los manifestantes, que se sentaron en el suelo frente a la línea de policía. Corean “libertad, libertad”. Los estibadores portuarios, reconocibles por sus chalecos amarillos, forman un cordón entre la policía y los manifestantes para evitar enfrentamientos.

Al final la policía carga contra los manifestantes utilizando cañones de agua, pero también gases lacrimógenos. Puzzer, entre lágrimas, se sienta en el suelo. “Estoy triste”, dice, cogiendo la mano de un manifestante. “Tenemos que hacer que Italia entienda que esto no puede seguir así. No estoy desesperado, sino triste por toda esta gente, porque somos responsables de toda esta gente”. Ante las cámaras de los periodistas presentes, Puzzer siguió llorando y el vídeo ha dado la vuelta a Italia.

Tras una estampida generalizada, los manifestantes huyen de las cargas policiales y se trasladan hacia el centro de la ciudad. Algunos resultan heridos. Unos 150 estibadores permanecen frente a la puerta de entrada al puerto, bloqueando la vía de acceso.

Tras una marcha improvisada por las calles de la ciudad, vigilados por la policía, los manifestantes se detienen en la Plaza Unità d’Italia. Puzzer intervino: “Debemos seguir siendo pacíficos hasta el final, tenemos derechos que hay que respetar y no por la fuerza, como nos han demostrado esta mañana. Había niños, familias, nos atacaron y no tengo palabras, nunca lo hubiera esperado”.

Por la tarde el prefecto Valerio Valenti recibe a Puzzer y a otros dos miembros de la Coordinadora. Previamente había declarado que la huelga era delectiva: “Si no bloquean la entrada, se cometerá el delito de manifestación no autorizada, si bloquean, se cometerá el delito de interrupción de un servicio público, que es mucho más grave”.

Antes de entrar a la reunión, Puzzer se dirige a la multitud: “No podemos estar aquí sentados al sol todo el día”. Recelosos, algunos de los participantes en la concentración le replican: “Sí, podemos. Incluso toda la noche”.

La multitud espera en la calle el resultado de la reunión con el prefecto. Al salir Puzzer vuelve a coger el megáfono y transmite las reivindicaciones que ha expuesto: quieren ser recibidos por el gobierno para exponerle su exigencia de que el pasaporte sanitario sea derogado.

Por su parte, el prefecto se compromete a garantizar que la policía no atacará a los manifestantes en la plaza. El gobierno enviará a Trieste a un ministro. La reunión tendrá lugar el 23 de octubre.

“He comunicado nuestra intención de permanecer aquí hasta que el gobierno responda. Nunca nos rendiremos”, repitió Puzzer, pero había que evacuar la Plaza y los manifestantes podrían trasladarse al puerto viejo, donde casi no molestan.

Mientras, en sus despachos la policía repasa las fotos de los manifestantes para incriminarles por diversos delitos y engrosar sus ficheros.

Los trabajadores de Hollywood están decepcionados con el acuerdo firmado por el sindicato

Hollywood ha evitado un duro golpe en el último minuto. La industria audiovisual se encontraba al borde de la huelga, una que habría sido probablemente más grande que la de guionistas de 2007, hasta que pocas horas antes de la fecha límite se alcanzaba un acuerdo entre IATSE, la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Cinematográficos, y la AMTP, los productores de la gran y pequeña pantalla.

El presidente del sindicato que abarca los puestos técnicos detrás de las películas y las series, Matthew Loeb, aplaudía el acuerdo al que habían llegado con “algunas de las empresas de tecnología y entretenimiento más ricas y poderosas del mundo”, gracias al cual mejorarán las condiciones de los empleados en los rodajes. ¿Pero qué opinan los principales afectados por el acuerdo?

Los miembros de IATSE no están tan contentos como los cabecillas de la organización, y según recoge Variety muchos de ellos están pensando votar contra el acuerdo. El 99 por ciento de los más de 60.000 técnicos del sindicato apoyaban la decisión de ir a huelga y esperaban que un parón de semejante calibre en todos los rodajes pusiera contra las cuerdas a los estudios y plataformas de streaming que llevan manteniendo condiciones abusivas como las jornadas laborales de 14 horas y menos de 10 horas de descanso entre un turno y otro. Aunque hay cambios significativos en el nuevo acuerdo, como aumentos de salario anuales del 3 por ciento, asegurar un ambiente de trabajo diverso y seguro, más dinero para pensiones y seguros sanitarios, fines de semana de 54 horas y un mínimo de 10 horas de descanso entre turnos, para muchos no es suficiente.

“Básicamente nada ha cambiado. No he oído a ninguna persona que vaya a votar que sí”, dice a Variety el director de fotografía Ernesto Lomeli. “Queríamos enviar el mensaje de que las cosas necesitaban cambiar de verdad. Las 10 horas entre turnos, esa es la misma mierda que ya está en mi contrato. ¿Por qué me iba a emocionar con eso?”, comenta el técnico Rowan Byers.

Theodore Rysz, otro miembro de IATSE, siente que los encargados de la negociación “les han decepcionado” y Anne Fader, asistente de producción, asegura que tantos años de condiciones abusivas necesitan “una huelga para dejar salir toda esta frustración”. Hay trabajadores que sí han expresado públicamente su conformidad con el acuerdo y agradecen al sindicato lo que han logrado, pero son sin duda una minoría comparado con las voces que creen que podían haber conseguido mucho más.

La votación de los miembros del sindicato no tendrá lugar hasta que los departamentos legales de ambas partes redacten el acuerdo en firme, algo que podría durar semanas, pero por lo pronto la huelga se ha desconvocado y los rodajes no se detendrán como estaba previsto. Pero las tensiones, tras tantos años de condiciones de trabajo infrahumanas y de que los nuevos agentes de la industria (como las plataformas de streaming) se hayan aprovechado de ellas y no hayan hecho nada por cambiarlo, no van a desaparecer tan fácilmente.

—https://www.ecartelera.com/noticias/tecnicos-hollywood-no-contentos-acuerdo-evitado-huelga-66644/

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