Eran los tiempos del ministro Jorge Fernández Díaz y de sus conversaciones grabadas en su despacho oficial de Interior, de la conspiración contra políticos y partidos independentistas catalanes –que confirmó hace poco la comisión de investigación del Congreso de los Diputados–, de la consulta popular del 9-N contra la que la brigada política organizó la denominada Operación Cataluña…
Mientras todo eso ocurría, un hombre de la máxima confianza del ministro dirigía el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), y bloqueaba el acceso de los Mossos d’Esquadra a los bancos de datos policiales sobre las tramas yihadistas internacionales de Europol (SIENA o SIRENE) y de la Interpol. Incluso, les negaba la integración en el propio CNCA y hasta boicoteaba las investigaciones de la policía autonómica catalana contra el yihadismo, como las de la Operación Caronte.
“Es un despropósito que se aislase así a una de las fuerzas de seguridad”, subraya a Público un comisario con larga experiencia en la lucha contra el terrorismo islamista. “El responsable del CNCA tenía que haberle dicho al ministro que esa estrategia era enormemente contraproducente, porque si un cuerpo policial no puede consultar una base de datos, tampoco va a introducir sus averiguaciones en ella, como respuesta muy humana de rechazo, y se crean compartimentos estancos que sólo conducen a la duplicidad de esfuerzos y a la descoordinación”.
Pero el entonces responsable de la coordinación antiterrorista, José Luis Olivera Serrano, “siempre decía ‘sí, ministro’ porque sabía que así se abría el camino hacia otro ascenso”, afirma un alto funcionario del Ministerio del Interior que conoció desde dentro esa etapa y es muy crítico con la estrategia de hacerle el vacío a los Mossos en un campo tan sensible. Fue en aquella etapa cuando Fernández Díaz proclamó, en referencia a la policía autonómica catalana: “La lucha y la política antiterrorista deben ser de Estado, y no se puede dejar en manos de los que no tienen el más mínimo sentido de Estado” (14 de mayo de 2015).
Para esa última fecha, Olivera ya había sido ascendido a la dirección del recién creado CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), producto de la fusión entre el CNCA y el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), convirtiéndose así en el auténtico Zar de la lucha contra el yihadismo. Un puesto que ostenta en estos momentos y desde el que hace poco más de dos meses aseveró, en una entrevista: “El Daesh [el autodenominado Estado Islámico que se ha atribuido la matanza de las Ramblas de Barcelona] puede tener, si no los días, a lo mejor los meses contados”.
Olivera –quien también afirmó que este verano “se puede estar muy tranquilo [sobre la amenaza terrorista global] dentro de España”– empleaba en esa desafortunada profecía el acrónimo árabe (Daesh) del más conocido como ISIS (siglas en inglés de “Estado Islámico de Irak y Siria”), correspondiente a “Al-dawla al-islâmiyya fi l-‘Irâq wa l-shâm”. Pero la realidad es que no es en absoluto un especialista en terrorismo islamista, como subraya el comisario antes citado, quien domina el árabe clásico y el árabe dialectal de la región de Siria y Jordania al haberse formado durante meses en la zona con los servicios de inteligencia israelíes.
De hecho, el único título con que cuenta Olivera para dirigir el más alto cargo de lucha contra el terrorismo es el de “graduado en Criminología” que concedía la Universidad Rey Juan Carlos, tras un seminario a distancia on-line de un año de duración y sólo 60 créditos. Un grado que ya no se imparte porque la Secretaría General de Universidades calificó el contenido del mismo de “insuficiente a todas luces” siquiera para obtener un título de diplomado.
Por ello, el inspector de la Policía Nacional Jesús Andrés de Dios presentó un recurso contra su nombramiento como director del CITCO, que finalmente fue desestimado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional, aduciendo que en las bases de la convocatoria para opositar a ese nuevo cargo de Zar del Antiterrorismo “no se exigía efectivamente ningún título específico o cualidad de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente para su provisión”.
Un altísimo cargo que se inventó el ministro Fernández Díaz hacia el final de su mandato y con el que recompensó a Olivera por su lealtad y su participación –como anterior director de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)– en la brigada política de Interior. Ya antes de la llegada de Rajoy al poder, Olivera había ayudado desde la UDEF a altos dirigentes del PP a zafarse de escándalos como el del espionaje entre sus líderes políticos en la Comunidad de Madrid.
Diversas fuentes policiales y de inteligencia coincidentes aseguran que Olivera fue el ejecutor, tanto desde el CNCA como después al frente del CITCO, de la política de aislamiento de los Mossos de las redes policiales internacionales sobre terrorismo islamista. Estrategia que envenenó las relaciones entre la Generalitat y el Ejecutivo de Rajoy y que fue airadamente protestada desde el Parlament de Catalunya y en el Congreso por el portavoz de Esquerra Republicana Gabriel Rufián.
Tras los atentados de Catalunya ha estallado de nuevo la polémica en torno a ese boicot nacional e internacional a los Mossos –que por fin el nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha prometido levantar– a causa del clamoroso fallo de inteligencia que supuso no tener vigilado al imán de Ripoll que era el cabecilla del comando. Un imán extremista que estuvo preso en Castellón y años antes había sido vinculado con el jefe de otra célula islamista… hechos de los que no tenían información los Mossos.
Interior incluso ha contraatacado acusando a los Mossos de haber desestimado una advertencia de las autoridades belgas sobre ese imán. Pero la comunicación de un policía belga con los Mossos era en realidad una petición de información –de la que los agentes catalanes no disponían porque tampoco tenían acceso a la base de datos del CITCO– y tuvo que ser necesariamente a extraoficial y a título personal porque la policía autonómica no está integrada en la Europol.
Otra polémica sobre la falta de acceso de los Mossos a información internacional sensible sobre grupos terroristas se desencadenó tras publicarse que la mismísima Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU les había informado directamente de que habían detectado una amenaza yihadista concreta contra las Ramblas de Barcelona. El propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lo desmintió en el programa El Objetivo de Ana Pastor: “Las policías tienen relaciones con otras policías y las agencias de inteligencia tienen relación con otras agencias de inteligencia”, explicó a la periodista. “A una policía como los Mossos d’Esquadra ya nos gustaría tener relación directa con la CIA, pero evidentemente eso no ha ocurrido”.
Pocos minutos después, Ana Pastor le preguntaba directamente a Olivera si se había transmitido a los Mossos alguna alerta de atentado, procedente de servicios secretos extranjeros, sobre una amenaza yihadista contra Barcelona, y su respuesta resultó evasiva e inconsistente.
Fuentes cercanas a los servicios secretos españoles han confirmado que tanto la CIA como otras agencias de inteligencia de países aliados habían advertido desde hace meses de que Barcelona era un objetivo prioritario de los grupos yihadistas. Incluso se produjeron amenazas directas en páginas web islamistas, con ilustraciones alegóricas en la que aparece la Sagrada Familia, que se acaba de identificar como el blanco contra el que inicialmente pretendía atacar el comando, un plan frustrado por la explosión accidental de su arsenal en Alcanar (Tarragona, a 200 kilómetros de las Ramblas), que causó la muerte del imán.
Esas alertas de la inteligencia internacional sobre la amenaza yihadista contra Barcelona sí acabaron llegando a conocimiento de los Mossos, pero siempre por vías extraoficiales e informales, ya que el CITCO no les proporcionaba información.
