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De la oscuridad al oscurantismo

Un Estado democrático se fundamenta en la transparencia. Las actividades públicas deben serlo para que se puedan conocer, comentar, apoyar, criticar y refutar. La libertad de expresión no sólo es para informar sino para informarse. Es el derecho a obtener una respuesta de un organismo público.

La ciencia también se fundamenta en la transparencia y de ahí deriva la importancia de publicar las investigaciones y descubrimientos, así como los congresos en los que los científicos intercambian sus conocimientos.

Con la pandemia la transparencia ha desaparecido. Lo que vemos cada día es un iceberg: tan importante como lo que cuentan, las mentiras y las verdades, es lo que nunca cuentan, los silencios.

Donde hay un secreto hay también una traición. Los gobiernos ocultan sus actividades porque están actuando contra los intereses de sus electores. Por eso las vacunas han pasado de ser una derecho a ser una obligación.

En todo el mundo los contratos de las farmacéuticas con los gobiernos son secretos porque en la ecuación mercantil, las farmacéuticas (lo privado) es más importante que lo público. Los países han trasladado su fidelidad de las personas a las empresas farmacéuticas.

La composición exacta de las vacunas no se conoce. Están patentadas y protegidas por el secreto comercial. No es posible saber lo que los gobiernos han comprado exactamente, ni los coadyuvantes que acompañan al principio activo de la vacuna.

Los médicos están actuando a ciegas. No saben lo que están inyectando en las venas de las cobayas humanas. Por eso no extienden recetas, como hacen con cualquier otro medicamento. Por eso es posible inocular fuera de un centro sanitario, en una tienda de ultramarinos, o quizá en una gasolinera.

Los ensayos clínicos que se han llevado a cabo antes de aprobar las vacunas tampoco se conocen. Nadie sabe en qué se fundamentaron para lanzar las campanas al vuelo sobre su eficacia o seguridad.

Apenas ahora se han empezado a conocer, pero no porque un gobierno o una farmacéutica hayan querido hacerlos públicos, sino porque los jueces les han obligado a poner los papeles encima de la mesa.

Los efectos adversos de las vacunas no se conocen. Se están descubriendo sobre la marcha y cada vez aparecen más.

Nadie sabe cuántas dosis son necesarias para considerar a una persona como “totalmente vacunada”. El número va creciendo a medida que el tiempo transcurre y es muy posible que las inyecciones acaben siendo una rutina.

Corea del Sur rastreará a los apestados con técnicas de ‘inteligencia artificial’

El mes que viene Corea del Sur pondrá en marcha un proyecto piloto para utilizar la “inteligencia artificial”, el reconocimiento facial y miles de cámaras de vídeovigilancia para rastrear a los apestados, es decir, a aquellos que han dado positivo en una prueba coronavirus y a sus contactos.

El proyecto está financiado con fondos públicos y se pondrá en marcha en Bucheon, una de las ciudades más densas del país a las afueras de Seúl.

El sistema utiliza algoritmos de “inteligencia artificial” y técnicas de reconocimiento facial para analizar las imágenes recogidas por más de 10.820 cámaras de vídeovigilancia y rastrear los movimientos de un apestado, cualquier persona con la que haya estado en contacto cercano con ella y si lleva mascarilla.

Corea del Sur ya cuenta con un sistema de rastreo de alta tecnología que obtiene datos de tarjetas de crédito, datos de localización de teléfonos móviles e imágenes de circuito cerrado de televisión, entre otras informaciones personales.

Con menos recursos se impone un control más estrecho. En su solicitud de financiación pública para el proyecto piloto de finales de 2020, el alcalde de Bucheon, Jang Deog-cheon, argumentó que este sistema facilita la vigilancia, el seguimiento y el control social.

La normativa establece que los pacientes deben dar su consentimiento para que se utilice el rastreo por reconocimiento facial, pero incluso si no dan su consentimiento, el sistema puede rastrearlos utilizando la forma de su cuerpo y su ropa, dijo el funcionario.

Las técnicas policiales llegan a los hospitales. En Tailandia, el hospital Siriraj Piyamaharajkarun ha instalado un sistema de reconocimiento facial sin contacto de la empresa NEC Thailand para su proceso de registro. El sistema cubre los mostradores de llegada de pacientes al hospital y otros puntos de contacto para facilitar un registro más rápido y preciso.

Gracias a la pandemia, la vigilancia masiva mediante el reconocimiento facial se está extendiendo. El gobierno de Seúl ha firmado nuevos contratos para ampliar la vigilancia a otros terrenos, más allá de la sanidad, como las guarderías.

Como ya hemos informado en otras entradas, Singapur está probando robots que patrullan las calles y reprenden a los residentes que infringen las medidas sanitarias y tienen un “comportamiento social indeseable”.

Esta herramienta se suma a otras técnicas de vigilancia. Las grandes capitales cuentan con un gran número de cámaras de vigilancia, papeleras y farolas equipadas con equipos de reconocimiento facial.

En Francia, la ley sobre «responsabilidad penal y seguridad interior» prevé autorizar los drones policiales. Las imágenes captadas por esos artefactos serán analizadas por un programa informático de reconocimiento facial.

—https://www.reuters.com/world/asia-pacific/skorea-test-ai-powered-facial-recognition-track-covid-19-cases-2021-12-13/

Las nuevas pastillas ‘contra del covid’ alteran el ADN, provocan cáncer y defectos de nacimiento

A principios de noviembre la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprobó un fármaco de la multinacional Merck, el molnupiravir, que “podría acabar con el coronavirus en cuestión de horas”, dice ABC (1), recurriendo a una terminología estúpida.

Como en el caso de las vacunas, fue una aprobación “de emergencia”, es decir, a ciegas, antes de acabar los ensayos clínicos. No obstante, la EMA dejaba el asunto en manos de los estados miembros, que serán quienes asuman las responsabilidades.

Hace dos semanas la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) hizo lo propio para Estados Unidos.

Llevamos, pues, dos años con el mismo mantra: los medios de intoxicación no son otra cosa que propagandistas de las empresas fabricantes y que la EMA y la FDA respalden el medicamento pone a los organismos públicos en la misma ecuación que, por ciento, tampoco tiene nada de científica.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte estudió los efectos de molnupiravir en células aisladas de ratones durante 32 días y descubrió que el fármaco induce mutaciones en el ADN. Esas mutaciones contribuyen al desarrollo del cáncer, y pueden causar defectos de nacimiento, ya sea en un feto en desarrollo o a través de la incorporación a las células precursoras del esperma (2).

El fármaco afecta a las células en proceso de división. Los hombres fabrican constantemente espermatozoides en división que podrían ser portadores de esas mutaciones. En consecuencia, los hombres que quieran ser padres no deberían ingerir el medicamento.

Naturalmente la multinacional Merck dice que sus estudios no encuentran pruebas de que el medicamento cause mutaciones en el ADN.

Originalmente la pócima se desarrolló en la Universidad Emory para el tratamiento de la gripe. A su vez, la Universidad es una empresa comercial con el mismo nombre que vendió la patente a Ridgeback Biotherapeutics, una empresa con sede en Miami que se asoció a Merck para llevarlo al mercado mundial.

Que el monulpiravir es mutagénico y provoca defectos en los recién nacidos se sabe desde que comenzó la pendemia (3), cuando las investigaciones farmacológicas de la gripe se trasladaron al coronavirus.

Una de las empresas que investigó el ingrediente activo del medicamento, Phirmasset, abandonó la carrera.

El 3 de diciembre del año pasado, la revista Nature publicó un artículo sobre el tratamiento con molnupiravir de hurones infectados con “covid” (4) y, como es natural, las conclusiones fueron favorables a la multinacional.​ Las pastillas son “eficaces” contra el “covid”, tanto o más que las vacunas. Pero si no es suficiente con tomar una pastilla a la semana, se puede tomar todos los días, o a cada hora… y así que hasta demoestrar su “eficacia”.

(1) https://www.abc.es/sociedad/abci-molnupiravir-pildora-anti-covid-nsv-202103111252_noticia.html
(2) https://www.nytimes.com/2021/12/13/health/merck-covid-pill-pregnancy-risk.html
(3) https://cen.acs.org/pharmaceuticals/drug-development/emerging-antiviral-takes-aim-COVID-19/98/web/2020/05
(4) https://www.nature.com/articles/s41564-020-00835-2

Sólo por la fuerza podrán imponer los pasaportes de vacunas en Rusia

La fuerza y profundidad de la oposición popular a la introducción de los pasaportes de vacunas en Rusia es cada vez mayor. No se trata sólo de reacciones en las redes sociales, sino, lo que es mucho más importante, en la vida real y cotidiana.

Las muestras de rechazo a los pasaportes de vacunas no remiten. Se habla mucho de la reacción política de los diputados comunistas, pero sólo refleja la posición de la población. Dos ejemplos para ilustrar un fenómeno de rechazo, cada vez más extendido.

En Barnaul, el centro administrativo de la región de Altai, los centros comerciales han decidido por su cuenta, enfrentarse abiertamente al decreto del gobernador local, no comprobar los pasaportes de vacunas, no sólo en la entrada, sino tampoco en las tiendas de los centros en cualquier comercio. No sólo lo hacen de facto, sino que además lo exhiben y así lo afirman con carteles anunciadores.

En Moscú, el rector de la Universidad de Ciencias Técnicas de Baumanka, una de las más renombradas de Rusia, ha introducido los pasaportes de vacunas para los estudiantes como si fuera un signo de progresismo. El Ministerio de Investigación no quiso asumir la responsabilidad de una medida tan impopular y el 2 de noviembre aprobó un decreto en el que ordenaba a los directores de los centros de enseñanza superior que utilizaran las recomendaciones de Rospotrebnadzor, que no son actos normativos, para decidir por sí mismos cómo “luchar contra el coronavirus”.

Los estudiantes de Baumanka consideraron que los pasaportes de vacunas atentaban contra su dignidad y se rebelaron contra ellos. La revuelta incluyó tanto a los estudiantes vacunados como a los no vacunados.

La semana pasada, tras una reunión con padres y alumnos, el rector prometió anular la segregación de los estudiantes en función de los pasaportes de vacunas y permitir el acceso de todos a la enseñanza superior.

El conservatorio de música, que también tuvo esa tentación, la anuló aún más rápidamente. Pero lo destacable es que la reacción de profesores y alumnos fue decisiva.

En Rusia la introducción de los pasaportes de vacunas sólo la podrá hacer el gobierno por la fuerza. Entonces hay que mirar arriba porque se trata de un medida puramente política.

Putin actúa según su costumbre. Su discurso se ha vuelto muy cauto. Se ha reunido con los miembros del Consejo de Derechos Humanos, que se preocupan por los detalles técnicos de la medida, sin cuestionarla en absoluto. La posición de Putin es parecida:

“Debemos ser muy cuidadosos a la hora de adoptar estas decisiones. Antes de adoptar restricciones en el uso de los medios de transporte, tenemos que entender a qué conducirá esto. Y comprobar si el sistema de transporte está preparado, para no limitar los derechos de la gente, pero al mismo tiempo garantizar la seguridad y proteger la salud de estas personas, que tanto nos preocupan”, ha dicho Putin para no decir nada.

Restringir el acceso a los transportes sin vulnerar los derechos de las personas es imposible, imponer pasaportes de vacunas para acceder a los espacios públicos es -en sí misma- una segregación y, por lo tanto, una vulneración de los derechos de las personas, que absolutamente nada puede justificar.

Putin en estado puro. Su cautela es un síntoma de que en el Kremlin no las tienen todas consigo, sobre todo por la rotunda oposición popular.

La revuelta contra las vacunas es inminente en Sudáfrica (el confinamiento podría destruir una nación)

Esta semana los sudafricanos descubrirán si el presidente Cyril Ramaphosa confina al 60 por cien de ellos a un arresto domiciliario por delegación, restringiendo los espacios públicos a los vacunados de covid-19. Se trata de una decisión tensa, que enfrenta a los aterradores poderes de la Gran Farmacia y a la nueva clase de científicos guerreros con la realidad africana. También corre el riesgo de desencadenar una de las guerras de vacunas más amargas.

Sólo el 40 por cien de la población sudafricana se ha vacunado contra el covid, una lenta aceptación que se describe eufemísticamente como “indecisión sobre las vacunas”. Es todo lo contrario: es un rechazo furibundo.

Hay una serie de razones por las que es tan difícil conseguir que los sudafricanos acepten el “umjovu”, la inyección: la pésima gestión técnica del brote, el escepticismo que prevalece hacia la ciencia, la desconfianza hacia el gobierno y la aprensión generalizada de los pobres y marginados de que, en el mejor de los casos, se trata de otra forma de represión y, en el peor, de brujería. Es una mezcla peligrosa en un país que ya se encuentra en un estado de gran inestabilidad política, social y económica.

Al igual que en el resto del mundo, las estimaciones epidemiológicas sudafricanas sobre el número de víctimas mortales al principio del brote de coronavirus rozaban la fantasía. Las predicciones iniciales eran de entre 87.000 y 350.000 víctimas mortales en la primera fase. Hubo 103. Dos años más tarde, con el virus en retirada, las muertes atribuidas a covid (pero en ningún caso garantizadas) sólo empiezan a rozar las estimaciones iniciales más bajas.

Sin embargo, el gobierno sudafricano impuso uno de los confinamientos más largos y severos, con el apoyo de unos medios de comunicación nacionales y sociales enfervorizados. La decisión ha resultado inapropiada por su naturaleza, prematura por su calendario y catastrófica por su impacto. En un país en el que muchos dependen de salarios de subsistencia diarios o semanales, el repentino cese de la actividad económica causó estragos entre los pobres y los autónomos. Un Estado fallido fue incapaz de cumplir su promesa de subsidios, vigilancia responsable o contención efectiva.

Los primeros subsidios a particulares o pequeñas empresas tardaron más de un año en llegar. E incluso entonces fueron erráticos, propensos a la corrupción, inadecuados y, según muchos informes atestiguados, distribuidos con un sesgo racial. Casi una cuarta parte de las pequeñas empresas se han ido al garete y el desempleo se ha disparado.

Todo un sector de la población fue criminalizado de hecho: en los primeros cuatro meses del brote, 230.000 ciudadanos, el 0,4 por cien de la población, fueron acusados de infringir el reglamento de desastres por romper las restricciones, 311 de ellos policías. Todos los cargos fueron retirados posteriormente: el sistema de justicia penal simplemente no pudo hacer frente a la situación.

Por cada infección declarada hasta finales de junio del año pasado, se detuvo a siete ciudadanos por infringir la normativa; por cada 100 infecciones, se detuvo a un policía; y por cada 1.200 infecciones hubo una solicitud urgente del Tribunal Superior. Siete personas murieron a causa de la aplicación de la normativa con mano dura.

Cuando dos médicos que trabajaban en un hospital público fueron internados a la fuerza en uno de los campamentos rurales de aislamiento improvisados del Estado, el Tribunal Superior ordenó que se les permitiera autoaislarse en casa: aceptó la declaración de los médicos de que tenían más posibilidades de morir por las condiciones de encarcelamiento que por el virus.

No es de extrañar, pues, que la población en general, y en particular los pobres, se fueran al monte. El consumo del crucial retroviral contra el VIH-sida cayó del 95 por cien al 30 por cien; la medicación contra la malaria siguió el mismo camino. La asistencia a las pruebas de detección de la tuberculosis se redujo en dos tercios, mientras que las consultas con los médicos de cabecera disminuyeron en un 60 por cien y decenas de miles de procedimientos quirúrgicos urgentes se pospusieron por los pacientes con coronavirus que nunca llegaron.

La adquisición de emergencia de equipos personales, mientras tanto, abrió la puerta a la corrupción que acecha en todos los intersticios del Estado. El heredero del presidente Ramaphosa ha dimitido: una agencia estatal de investigación le acusa de dirigir una cuenta de equipos de protección personal de 350 millones de rands (16,6 millones de libras) a sus amigos. El Departamento de Sanidad de Gauteng, corazón industrial de la nación, está envuelto en una investigación por fraude de 560 millones de rands (26,5 millones de libras). La denunciante fue asesinada a los pocos días de iniciarse la investigación.

La pregunta de si el presidente Ramaphosa, un hombre decente, está presidiendo un partido en el poder en medio de un Robert Kennedy contra la Mafia ha sido al menos definitivamente respondida.

Al mismo tiempo, una administración pública ya peligrosamente comprometida por el clientelismo, la corrupción, la incompetencia y el despido de personal clave de raza blanca por razones de discriminación positiva, entró en un largo receso. Dos años más tarde todavía no ha regresado como es debido.

La aplicación de las normas de concesión de licencias de tráfico también ha estado en suspenso durante 18 meses, mientras 500.000 permisos de conducir esperan su autorización. No se pueden cerrar fincas, ni completar las investigaciones forenses, ni perseguir los delitos (incluidos los culpables del llamado proyecto de Captura del Estado del ex presidente Jacob Zuma), ni transferir propiedades. Más de medio millón de escolares no han vuelto a la escuela.

En cuanto a la carga de este fracaso en la prestación de servicios, la han soportado de forma desproporcionada los pobres, principalmente negros, pero cada vez más también los ciudadanos blancos, a juzgar por los mendigos de las esquinas. No cabe duda de que las estrategias de contención propugnadas por los científicos belicistas sudafricanos facilitaron los disturbios de julio de este año, que se cobraron 357 vidas en un azote de saqueos, incendios provocados y violencia, y que han sido la causa directa del drástico descenso del apoyo al partido gobernante en las elecciones municipales del mes pasado.

Los sudafricanos han soportado, si bien nunca han condonado, los absurdos y atrocidades de este pánico mal entendido, explotado e innecesario hasta la fecha. Los flujos y reflujos del debate mundial sobre el curso de la pandemia han sido observados intensamente aquí por la parte alfabetizada y en línea de la comunidad.

Han seguido, como muchos otros en el mundo, la forma en que las arrogantes certezas científicas que encerraban al mundo se están disolviendo ante la ciencia medida y los hechos empíricos. Entienden que no se puede seguir una “ciencia” cuando los científicos están irremediablemente enfrentados. Son conscientes del abuso tanto del lenguaje como de las estadísticas, en particular del nuevo fenómeno de las “snatch-stats”, por el que se arrebata la mortalidad por otras causas para el covid-19, o se utiliza la trayectoria natural de un virus que expira para justificar la eficacia de un antídoto o se anexa el exceso de muertes para justificar una causa perdida.

Observan la ironía por la que su gobierno, correctamente, dice al mundo que no se alarme por la variante ómicron, mientras que simultáneamente contempla un grave asalto contra los derechos de sus ciudadanos para contenerlo, azuzado por los sospechosos habituales de aullar que exigen confinamientos totales. Los ciudadanos han seguido minuciosamente los recientes informes sobre cómo Pfizer ha convencido a su desesperado gobierno para que firme indemnizaciones legales por su producto: ¿quién ha oído alguna vez que se obligue a los ciudadanos a vacunarse cuando se exime al proveedor de toda responsabilidad por las consecuencias?

La mayoría de los sudafricanos no son conspiranoicos, pero su historia les enseña una cosa cierta: el poder incontenido siempre acaba jodiendo. Y muchos se sienten jodidos ahora por una confluencia de fuerzas (no una conspiración) que -desde las grandes farmacéuticas, pasando por las grandes tecnológicas, hasta los gobiernos autoritarios- buscan sacar rédito de esta tragedia incomparable.

Pero existe otro grupo, mucho más importante, de indecisos y rechazantes. Aquellos que se toman el tiempo de hablar con los negros pobres y marginados se asombran de hasta qué punto, marcados por sus experiencias de encierro, consideran el miedo actual como un medio más para oprimirlos. Los toques de queda, las prohibiciones de alcohol y tabaco y la prohibición de las reuniones políticas con el pretexto de luchar contra covid-19 apoyan su caso. Y, para muchos, el “umjovo” es nada menos que “ubuthakathi” o brujería.

El presidente Ramaphosa se adentra aquí en un territorio peligroso. La aceptación de las vacunas es mayor entre las minorías por diversas razones, y es un sector de la minoría blanca el que más vocifera a favor de la vacunación a toda costa. Prohibir el acceso a los espacios públicos se traducirá instantáneamente, como siempre ocurre, en un escándalo político y racial. Los trozos de papel que permiten o restringen los movimientos de ciertas personas son un terrible precedente en la historia de este país: una amarga resonancia para cada persona negra.

Fuerzas probadas e inquietas en Sudáfrica buscan hoy la oportunidad de reavivar la insurrección de julio. Son personas que no protestan mediante marchas ordenadas, carteles y empujones de cochecitos. Sólo buscan oportunidades; las consecuencias que traen los intentos humanos de contener la pandemia es una revolución.

Pero las revoluciones siempre acaban consumiendo a sus hijos. El tiempo consumirá sin duda las reputaciones de los arquitectos de esta tragedia de época: los científicos, las empresas farmacéuticas, los políticos y los medios de comunicación. Y si Ramaphosa no tiene cuidado, también podría consumir a la frágil nación de Sudáfrica.

Brian Pottinger https://unherd.com/2021/12/south-africas-looming-vaccine-revolt/

Amenazas y abusos contra los trabajadores australianos a causa de la vacunación obligatoria

El gobierno del Estado de Victoria, en Australia, estudia la posibilidad de suprimir la vacunación debido a las amenazas y los abusos sufridos por los trabajadores del comercio minorista, entre los que se encuentra un trabajador que fue empujado por una escalera mecánica tras pedirle a un hombre desenmascarado su certificado de vacunación.

El controvertido requisito de vacunación contra el coronavirus en Victoria podría ser eliminado en el nuevo año, en medio de la preocupación por el abuso sobre los trabajadores del comercio minorista que son responsables de hacer cumplir las normas a los consumidores.

Según el Herald Sun, el gobierno estatal está estudiando la posibilidad de suprimir la directiva a partir de enero.

En octubre, el Primer Ministro Daniel Andrews sugirió que el mandato podría estar en vigor hasta abril o incluso más tiempo.

Los funcionarios del gobierno dijeron que una serie de incidentes en los que los trabajadores fueron maltratados por hacer cumplir el mandato de vacunación les llevó a reconsiderar su enfoque.

“El alto índice de vacunación, la aprobación de proyectos de ley sobre la pandemia que dejan de lado a los funcionarios de salud y los incidentes de violencia de alto perfil han llevado a un cambio de pensamiento”, dijo una fuente.

En un caso, una librería de Melbourne se vio obligada a contratar guardias de seguridad privados, con un coste de 4.000 dólares a la semana, tras las agresiones a los miembros del personal.

La policía de Victoria está investigando un incidente en el que un trabajador de Dymocks fue empujado por una escalera mecánica después de pedir a un cliente que demostrara su estado de vacunación y se registrara en la tienda.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al trabajador tratando de impedir que el hombre, que llevaba una sudadera con capucha de color arco iris, bajando por las escaleras mecánicas de la librería antes de ser empujado, golpeándose la cabeza contra un escalón.

—https://www.skynews.com.au/australia-news/coronavirus/victorian-government-considering-removing-vaccination-mandate-three-months-earlier-due-to-incidents/news-story/a07e37c1866f11269adf4218cb00fde5

La nueva normalidad era esto

No teníamos claro a qué se referían con ese raro aforismo cuando empezó todo, pero yo creo que la criatura ya va tomando forma. Desde la decisión de Alemania de vacunar a la fuerza a todo el país y de confinar a los no vacunados, yo diría que a la nueva normalidad ya se le ven los dientes. Y ya no son de leche. Se les adivina afilados y con inquietante determinación.

Últimamente, parece que los acontecimientos, en vez de suceder, golpean y se pierden de camino a la corteza prefrontal, la que rige la aceptación de normas sociales. Estábamos asimilando la vacunación cuasi forzosa en Francia y en Italia, cuando aparece Austria con el primer decreto de segregación y, sin respiro, se extiende la ansiedad restrictiva por toda Europa. En Alemania ni siquiera será válido un test negativo para muchas actividades, encuentros de más de dos personas, y movimientos, para ejercer esa cosa insolidaria que se llamaba libre albedrío (los vacunados también contagian, lo digo bajito para no asustar). Pero, si se sigue esa línea, seamos coherentes. Esas medidas no serán suficientes. Esos tipos van a seguir cogiendo transportes públicos para ir a trabajar, al médico o al supermercado o vete tú a saber dónde si les dejan. Aunque duela habría que empezar a ubicarles en un barrio concreto, que teletrabajen allí y cuando salgan que lleven algún tipo de identificación visible, no basta el QR en la cartera. Un distintivo cosido en la solapa, por ejemplo. El resto de personas sensatas no tenemos porqué soportar ese riesgo.

¿Esta es la coherencia que se pretende? ¿Primero fueron a por lo no vacunados y yo no dije nada porque no era uno de ellos?

Mientras, se cierra el círculo sobre los niños, próximo colectivo en el que la aguja ha puesto sus ojos. A mediados de diciembre llegan los viales infantiles. Ya hay citas concertadas. Parece que este es el ritmo que le va a la nueva normalidad. A toda velocidad, sin complejos con la ley, sin alternativas a su modelo y sin un solo debate médico (perdón, uno) para contrastar puntos de vista alternativos, (por si acaso hay miles de científicos por el mundo, varios premios Nóbel (Levitt, Montagnier) o incluso el inventor de la tecnología del Arn-M,  que estén diciendo cosas distintas). No hay fisuras. Todo lo que no dice la OMS es negacionismo.

Pensar es difícil por eso la mayoría prefiere juzgar, decía Jung. Ahora ya, epidemiólogos, actores, periodistas y cualquiera con un teclado, directamente, señalan, se burlan, insultan y acosan sin tapujos a esa minoría que no se quiere vacunar. No me había dado cuenta pero parece que ya se ha terminado el debate sobre quiénes son los responsables de esta sexta ola. Da igual que la OMS la atribuya, no a esa minoría, sino a los vacunados (que se creen que no contagian). Si lo que preocupa es el contagio de esa minoría, también se le puede hacer test periódicos (gratuitos y de saliva) e incluso test de células B y T -otro tipo de respuesta de nuestro sistema inmunitario-, que se calcula que ya ha inmunizado de manera silenciosa al 40% de nosotros y que permitiría cribar aún más la capacidad de transmisión de esa minoría. Parece que no hace falta. Ya se les ha juzgado y condenado y ahora acaba de empezar su busca y captura.

Si te paseas por las redes sociales ya puedes olerlo, se respira ambiente de caza.

El pasado 28 de noviembre se rozó lo grotesco contra esa minoría en el programa de Nuria Roca cuando Jose Sacristán, después de insultarles, volvía a acusarles de matar gente por su actitud y pedía que se pagaran su hospital en caso de enfermar de covid. La presentadora sonreía y acogía con complicidad algo que está bastante cerca de un delito de incitación al odio. Dicho entre risas, con total normalidad, hiela un poco la sangre.

Otra grave invitación al acoso contra esa minoría apareció en estas mismas páginas, titulada nada menos que Ha llegado la hora de actuar contra los antivacunas que van por ahí matando gente.

¿En qué momento nos hemos vuelto así?

¿La nueva normalidad era esto?

No se sabe qué es peor si la norma injusta en sí, o la jauría humana que espolea la norma injusta.

No sé en qué momento se ha instalado este estado de arbitrariedad, que ni siquiera el gran Sacristán puede deducir que si obliga a pagar su tratamiento a los no vacunados, por qué no hacerlo con los alcohólicos, los fumadores, con los obesos que se atiborran a donuts, etc. ¿Quién paga los gastos de los vacunados que son mayoría en los hospitales, entonces? ¿Las farmacéuticas? Ah, no espera, que están eximidas de cualquier responsabilidad. Qué mundo, de repente.

Mientras se calientan las calles de medio continente por el rechazo a la supresión de derechos fundamentales, no me termino de creer que esté escribiendo sobre las distintas formas de imposición de un medicamento en fase aún experimental, autorizado solo como emergencia, con el 90% ya vacunado; y en la persecución y segregación iniciada contra los que prefieren -ustedes disculpen- no ponérselo. ¿Estamos ya hablando de un próximo apartheid social? Espero equivocarme. Ya digo que los acontecimientos van demasiado rápido.

Si no he entendido mal, la vacunación está dando entre moderados y buenos resultados en cuanto a ingresos y decesos, al menos en España. Los registros hospitalarios eso dicen. No consigue inmunizar, pero sí atenuar los casos más graves. A falta de conocer los efectos a medio y largo plazo, se puede decir que es un éxito notable. No vamos a alcanzar la inmunidad de grupo (lo de rebaño nos lo ahorramos) porque, aunque nos vacunáramos todos, seguiríamos infectando e infectándonos. No está claro si la inyección reduce el contagio. Hay estudios que afirman una cosa y otros la contraria. En Inglaterra, por ejemplo, reportan que no existen casi diferencias en la transmisión del virus entre los vacunados y los no vacunados. Pongamos incluso que los vacunados infectan menos, pero si tenemos en cuenta que representan el 90% del país, no queda nada claro qué grupo está infectando más. Por tanto, cargar las culpas y todo el acoso subsiguiente a los no vacunados raya en lo surrealista. Jalear para que los encierren en sus casas y paguen los gastos hospitalarios si enferman, en el delirio.

Soumya Swaminathan, jefa de científicos de la OMS, ha confirmado que las vacunas están protegiendo en una tasa de en torno al 80% frente a formas graves de la enfermedad, incluso con la variante delta. Eso suena fantástico. De modo que podemos esperar un 80% menos de enfermos covid graves y, de ahí, se puede deducir que no estamos ni estaremos en riesgo de colapso hospitalario y, por ende, no ha lugar, no hay base lógica para recortar derechos fundamentales.

Si por el contrario, la Sra. Swaminathan no está en lo cierto y no se espera que las vacunas puedan prevenir el atasco de las UCIs, ni puedan reducir la expectativa de casos graves, cuál es la necesidad de forzar la vacunación a todo el mundo! sobre todo, si ya tenemos vacunado a un 90% de la población mayor de 12 años (y solo el 2% de la población mayor de edad asegura que no se va a vacunar). Si se sabe que los vacunados infectan también, ¿por qué vamos a restringir derechos solo a ese 10% (o 2%) que, por otro lado, jamás seria causa de colapso hospitalario?  En Alemania, por ejemplo, hay ahora allí casi diez veces más contagios y las mismas muertes que en la primera ola, a pesar de tener al 73% de la población vacunada.

La ciudadanía tiene derecho a dudar de que ese medicamento tenga más perjuicios que beneficios, como mínimo, en la franja de las personas menores de 30 años (suspendido para los jóvenes de Finlandia, Suecia y Dinamarca), en las embarazadas (desaconsejado hasta hace dos meses), o en los que han pasado la enfermedad (cuya inmunidad es tan robusta o más que la vacuna). Desde el momento en que se fuerza su inyección, nos arrebatan ese derecho.

Esto está pasando hoy.

Cuando no me dejan dudar, tiendo a pensar que quizás es porque el relato es falso y dudo más.

En una democracia nadie puede obligarte de esta manera descarada, a saltarte, entre otros derechos, el Principio de Autonomía de la bioética, disciplina universalmente reconocida, que obliga a respetar la libertad de decisión de cualquier ser humano, sobre cualquier intervención médica sobre su cuerpo, a través del llamado consentimiento informado. A día de hoy se está vulnerando algo elemental en cualquier relación humana: te doy el derecho o no de actuar sobre mi cuerpo. ¿Qué parte de ese contrato prehistórico no se ha entendido? El derecho al consentimiento libre e informado, significa, además, que no se puede coaccionar con pérdida de derechos básicos esa íntima decisión.

Si no fuera porque la velocidad de acontecimientos es inasumible y el estado oficial de las cosas es de tal desproporción, que todo vale porque nos estamos enfrentando a, poco menos, que un armagedón, el grado de coacción sería insoportable para cualquiera, vacunado o no. Sobre todo porque hay muchas otras soluciones antes -mucho antes- de someternos, a todos, a tal retroceso político.

El problema no es solo el atropello democrático para imponer este medicamento, es el precedente que vamos firmando en la hoja del calendario del día de mañana.

Este manifiesto ciudadano, salida razonable covid, explica con mucha claridad varias de esas demandas y soluciones alternativas, empezando por el discriminatorio “pasaporte covid” que, incluso los técnicos de la administración, consideran ineficaz.

De la pausa que tenga la ciudadanía para rebajar los niveles de cortisol y bilis con que se está reaccionando, va a depender que se pueda instalar un campamento base para un pensamiento sensato y a raíz de ahí, no continuar, por favor, esta caza de brujas. Parece que, en vez de pliegues cerebrales, tenemos ristras de intestinos. El trauma vivido por la falta de camas y la muerte de 30.000 ancianos en residencias, epicentro del shock colectivo, no se va a solucionar con velocidad, discriminación, deuda, restricciones y miedo, sino con respeto a ley, pausa, debate abierto y, sobre todo, inversión en sanidad (pública).

—Federico Ruiz de Lobera https://diario16.com/la-nueva-normalidad-era-esto/

El llamado ‘covid persistente’ es otro producto de la histeria desatada por los medios

Durante meses Cédric Lemogne, jefe del departamento de psiquiatría del Hôtel-Dieu de París, analizó a unas 27.000 personas diagnosticadas de “covid persistente”. De ellas sólo 1.091 dieron positivo en las pruebas de coronavirus. El estudio se publicó el 8 de noviembre en la revista Journal of the American Medical Association (1).

Para entendernos: el 96 por cien de las 27.000 personas nunca tuvieron el coronavirus. El “covid persistente” es una enfermedad siquiátrica, puro histerismo.

Una propaganda obsesiva ha terminado por crear enfermos imaginarios. Si hay “enfermos asintomáticos” y “casos positivos”, es decir, enfermos que no están enfermos, también los hay que han enfermado de la cabeza sin necesidad de ningún virus.

El dato es muy significativo porque a la hora de configurar este tinglado al que llaman “covid”, revistas como EClininal Medicine ha reunido más de 200 síntomas diferentes (2) con el fin de inflar las cifras de enfermos. En la misma línea la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia elaboró un listado parecido con el mismo número de síntomas de “covid persistente” (3). Cuantos más síntomas, mayor número de enfermos. Sin embargo, una enfermedad con 200 síntomas no es una enfermedad sino un gazpacho con demasiados ingrediantes.

La OMS ha incluido al “covid persistente” entre las enfermedades de nueva creación. La jefa de gestión clínica de la OMS, Janet Díaz, afirma que aparece entre los “infectados”, a pesar de que el estudio de Lemogne demuestra que eso es falso.

Uno de los síntomas atribuidos por la televisión al “covid” es la pérdida del olfato y el gusto, una enfermedad muy antigua, anterior a la esta pandemia y que tiene muy diversos orígenes, incluso los sicopatológicos.

Lo mismo ocurre con los demás síntomas del “covid persistente”, de origen mental: fatiga, síntomas respiratorios, neuralgia, problemas de piel, problemas oculares, problemas digestivos, etc.

Al listado se le podrían añadir las demás consecuencias de la histeria, especialmente el aumento de las enfermedades sicológicas, depresiones y suicidios, cuyo origen no están en ningún virus sino en un consumo excesivo de televisión durante el confinamiento.

(1) https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2785832
(2) https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00299-6/fulltext
(3) https://www.lasexta.com/noticias/nacional/esta-lista-201-sintomas-covid-persistente-registrados-ahora_2021051960a5624402a59100014660fd.html

¿Cómo es la vida de los reclusos en un campo de concentración sanitario?

Una australiana de 26 años de edad, Hayley Hodgson, que aparece en la foto de portada, ha relatado su encierro durante 14 días en el campo de internamiento de Howard Springs, donde el gobierno recluye a las personas que regresan del extranjero, así como a las que han contraído el “covid”, o son contactos, o simplemente sospechosos.

Hodgson dio negativo en las pruebas de coronavirus, pero eso es lo de menos; la recluyeron igual “por si acaso”.

En un vídeo que hizo público mientras estaba aislada en el campo, los guardias, disfrazados con trajes de astronautas, como si fueran sanitarios, le reprenden por salir al aire libre.

El vídeo muestra a los dos guardias gritándole. Acusan a la apestada de no llevar su mascarilla cuando fue a lavar su ropa, pero sobre todo de querer conversar con otra persona a unos pasos de su habitación, al aire libre.

“No tiene que tener sentido”, le dice uno de los guardias cuando la reclusa le explica que las normas son absurdas. También le indica que el resultado d su prueba de coronavirus era negativa. “El riesgo sigue siendo muy alto”, le responden los guardias.

En la posmodernidad a las personas se les puede encerrar con una acusación de “riesgo” sin que ninguna ONG defensora de los derechos humanos haya alzado la voz.

El vídeo muestra que los guardias vierten continuas amenazas. Le dicen a la reclusa que no puede transpasar una línes trazadas en el suelo y que si insiste puede ser multada con 5.000 dólares.

Al salir del campo de concentración Hodgson ha concedido varias entrevistas para narrar su pesadilla (*). “Te sientes como si estuvieras en la cárcel. Sientes que has hecho algo malo, es inhumano lo que están haciendo”, declaró.

Los guardias “llevan trajes de protección y todo. No quieren acercarse a ti porque creen que eres contagioso. Y te dejan literalmente en tu habitación. Y te dejan. No vienen a decir nada, no comprueban, no hacen nada”.

El centro de Howard Springs, en el Territorio del Norte de Australia, es uno de los campamentos dedicados a los repatriados. También se ha utilizado durante algún tiempo para aislar a las personas infectadas o simplemente a los contactos, incluso si dan negativo, como en el caso de Hodgson.

El 1 de diciembre la cadena de televisión pública australiana ABC informó de unas declaraciones del Ministro Principal del Territorio del Norte, Michael Gunner, diciendo que Howard Springs “no es una prisión, pero tampoco un patio de recreo”.

Los internados “están allí porque son positivos al covid o porque tienen un alto riesgo de ser positivos al covid“, añadió el ministro.

(*) https://www.news.com.au/lifestyle/health/health-problems/nt-hits-back-at-womans-viral-interview-about-howard-springs-internment-camp/news-story/43a56e8b349fef236d9fd79c3ee8a15c

El ejército patrulla las calles de Holanda para imponer el estado de guerra

Este fin de semana en varias ciudades europeas se han celebrado manifestaciones contra la ley marcial, los confinamientos y el pasaporte de vacunas, sobre todo en Holanda y Austria, pero también en Barcelona, Belgrado, Belfast, Francia, Chipre, Rumanía y Eslovenia.

En Holanda tropas del ejército recorren las calles en auxilio de la policía para imponer el toque de queda y exigir el pasaporte de vacunas. Se han producido algunos enfrentamientos, tanto con la policía como con los soldados.

El gobierno dice que sólo era “un ejercicio militar”, es decir, que se entrenan para imponer el estado de guerra.

El viernes, Bélgica anunció el cierre de las escuelas infantiles y primarias durante las vacaciones de Navidad una semana antes de lo previsto. También ha impuesto las mascarillas en las aulas para los niños a partir de seis años.

Ayer los manifestantes se enfrentaron a la policía en la capital belga durante una manifestación contra el pasaporte de vacunas que contó con la asistencia de más de 25.000 personas.

La policía trató de disolver la manifestación lanzando gases lacrimógenos y chorros de agua. Los manifestantes respondieron con latas, petardos y fuegos artificiales, al grito de “libertad, libertad”. También quemaron papeleras y destruyeron varios vehículos policiales.

Cuatro manifestantes y dos policías resultaron heridos y fueron trasladados al hospital, y 20 personas fueron detenidas, dijo la policía.

Unidades de policía antidisturbios con escudos y cascos se desplegaron en los alrededores del barrio europeo, que alberga las instituciones de la Unión Europea. Varias carreteras estaban bloqueadas con barreras y alambre de espinos.

Además de los cañones de agua apostados en la ciudad, un helicóptero y drones sobrevolaban la zona.

Los manifestantes denunciaron las restricciones impuestas a la población desde el inicio de la pandemia, como la tarjeta sanitaria obligatoria para acceder a determinados lugares. También criticaron la cobertura de la crisis que han realizado los medios de comunicación.

Hace quince días, la policía se vio sorprendida por la magnitud de la movilización contra el pasaporte de vacunas, que reunió a 35.000 personas en la capital belga y provocó escenas de disturbios.

Vídeo de la batalla campal en Bruselas entre los antidisturbios y los manifestantes:

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