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La tajante oración “es lo que los mayores siempre han contado en el pueblo”. La verbalizan varias mujeres que acuden al cementerio local “para ver la fosa”. “A ver si hay suerte y aparecen todos”, musitan. Pero por ahora no hay suerte.

Las diferentes catas realizadas sobre el terreno no han dado el resultado esperado. “No se han encontrado evidencias” de restos óseos correspondientes a víctimas del franquismo, confirma la directora arqueológica del proyecto, Elena Vera. “Hay que seguir”, dice, agotar todas las opciones, “hasta el último momento”.

“Es cierto que no están apareciendo, como deseamos, pero el trabajo ha sido el correcto y estamos cerrando el círculo de la historia de estas víctimas en un pueblo donde se está haciendo un trabajo excelente de recuperación de la memoria”, analiza  Miguel Ángel Melero, coordinador de exhumaciones de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, administración responsable de los trabajos.

El intento de localización de la fosa común está marcada por los testimonios orales transmitidos en el pueblo durante décadas. Un relato que refleja el intento por subvertir el orden social establecido y la postura de los caciques como respuesta a tamaña provocación de las clases bajas, sometidas a la penuria y la exclusión en aquellos años 30 del siglo pasado.

Como confirma el presidente de la asociación memorialista de El Coronil, Antonio Manuel Mateos: “es lo que siempre han dicho los mayores”. Que los 121 ejecutados por los golpistas en el municipio están arrojados a la tierra abierta en un rincón del camposanto. Justo donde diez años después del inicio de la guerra civil, uno de los terratenientes del pueblo “y de los más significados en el apoyo al golpe de Estado del 36” levantó su tumba. “En una esquina, cuando lo habitual en estos casos es hacer el panteón a la entrada para que sea lo más visible”.

Durante los trabajos “ha aparecido otro testimonio muy valioso y que nos puede dar idea del resultado final de la historia”, cuenta. “Un viejito que tenía 14 años cuando se construyeron los nuevos nichos a mediados de los años 40 nos ha contado ahora que en esa parte, donde nos marcan la fosa, salieron muchos cráneos con agujeros y los cuerpos con alambres alrededor de las manos”. Acabaron arrojados al osario.

Si no hubieran abierto la tierra, “nunca nos lo hubiera contado”, certifica. Y la deriva del relato, el final que apuntan las nuevas pruebas y las viejas historias, significa “que los criminales hicieron un buen trabajo de ocultación” del terror y la barbarie. Que la fosa tapada por nichos y panteones hubiera sido también “desaparecida”.

El proyecto de actuación ha contado con el impulso de la ARMH local y el apoyo del Ayuntamiento de El Coronil. Y la alcaldesa, Maribel Gómez, relata cómo en las calles del pueblo ha encontrado oposición a la búsqueda en el cementerio. “Hay vecinos que me han dicho: ‘¿por qué tienes que hacer eso [abrir la fosa]? ¿No te das cuenta que eso abre heridas?”, confiesa. Expone el testimonio en la presentación del Anuario de intervenciones en fosas comunes de la Junta de Andalucía durante las jornadas memorialistas del municipio.

Un bebé arrojado a una fosa. Una menor violada y asesinada a tiros. Y otros 119 asesinados. Es el relato que las tropas de Franco dejan escrito en El Coronil aplicando el terror como estrategia contra el adversario social y político. Como en todo el suroeste de la península, convirtiendo a Andalucía en la región con más desaparecidos forzados de España: un tercio de las aproximadas 150.000 víctimas.

Uno de los desaparecidos es José Jiménez Galán. Tenía 24 años cuando lo asesinan, “recibo la historia de mi abuela, era su hermano”, apunta Ana García Pérez. “Era un jornalero, de la gente pobre y humilde, y aquí ocurrió bastante que los terratenientes encabezaron la represión”, señala. Ejecuciones masivas en un pueblo “que fue tomado el 18 de julio del 36, algo inmediato”, y donde “no hubo guerra ni resistencia”.

Sobre la búsqueda infructuosa de la fosa, con lágrimas en los ojos, confiesa: “Es un paso más, por lo menos el intento. Han pasado 81 años de esto [los crímenes franquistas] y nadie había hecho nada por decir ‘vamos, a ver qué ocurre’. Ojalá encontrásemos los cuerpos, porque es una forma de recuperar… no la dignidad perdida, porque ellos siempre la han tenido a través de sus ideas y de nosotros, pero sí eso de decir ‘no está en un agujero’, tirados de aquella forma”.

Si no aparecen, “bueno, se ha intentado, y desde luego sí hemos rescatado su memoria para siempre”. Y su nombre, subraya, “va a seguir adelante”, rompiendo décadas de impunidad y silencio. “Y las ideas que ellos tenían las tenemos nosotras ahora y vamos a seguir defendiéndolas”.

Y todos son crímenes sin resolver. Una situación que llevó a este pueblo andaluz a ser el primero del país en denunciar en el Consulado de Argentina en Cádiz estos delitos de lesa humanidad. El Ayuntamiento participa así en la denominada Querella Argentina que investiga el genocidio franquista, en un movimiento en el que contó con el apoyo y asesoramiento del colectivo memorialista local y de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).

“Aparte de la declaración testimonial de hijos y nietos y de organizaciones de familias de víctimas, como representante oficial de un Ayuntamiento sí es la primera vez”, confirmaban a este medio fuentes del Consulado argentino. La petición espera que la justicia argentina “ordene proceder a la comprobación de los hechos objeto de la denuncia, así como de todas las circunstancias relatadas”.

Una “copia certificada” del testimonio y “toda la documentación que se haya aportado como prueba” ha sido enviada al tribunal de Buenos Aires a cargo de la jueza María Servini de Cubría a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del país austral. Y ahí se relatan los episodios de muerte violenta acaecidos en El Coronil tras la entrada a sangre y fuego de los “fascistas de la columna Figuerola”. Una “represión de tal magnitud”, en palabras de Antonio Manuel Mateos, que dejó como testigo la fosa que ahora se busca en el cementerio.

Las cifras arrancan en los 121 ejecutados, entre ellos “una niña de 16 años que también fue violada por los falangistas del pueblo que la detuvieron, y un niño de pocas semanas”, según describe la denuncia en la causa argentina contra el franquismo. Pero siguen decenas de fallecidos “en circunstancias no aclaradas”, 14 desaparecidos, 150 condenados a penas de cárcel, “familias a las que se confiscaron todos sus bienes”, “tres personas escondidas como ‘topos’ temiendo por su vida, una de ellas hasta diez años oculta” y “11 mujeres rapadas y obligadas a tomar purgantes”. Y todo el dolor y el silencio que permanece sepultado desde hace 81 años en la fosa de “los pobres” sobre la que el “señorito”, como apuntan los testimonios orales, levantó un panteón.

Esta denuncia la llevó en un tiempo brevísimo al banquillo, donde recibió una pena de prisión, por no poder pagar 3.000 euros de multa y una compensación de 43.000 euros a la religiosa. Al menos 93.000 personas han firmado para exigir su indulto, mientras que el Consejo de Ministros se niega a concederle a López el perdón.

“Esto empezó en la dictadura [franquista], pero ha seguido a través de los años porque tenemos [al menos] hasta los 90 y tantos. Se convirtió en un negocio. Había médicos, jueces que firmaban, gente poderosa que necesitaba hijos que no podían tenerlos y los compraban”, dice Maricruz Rodrigo, presidenta de la asociación SOS Bebés Robados de Madrid.

“Nos los quitaban a la gente más humilde. Pero no éramos gente tirada. No éramos gente que no teníamos para comer, éramos jóvenes. No tenían por qué habernos robado a nuestros niños”, agregó.

Maricruz parió en 1980 a un niño en el hospital 12 de Octubre de Madrid. Lo tuvo consigo hasta los seis días de vida, cuando no lo volvió a ver más. Cuando pidió explicaciones, le dijeron que había muerto.

“Cuando dije que quería ver el cuerpo me respondieron que estaba totalmente desfigurado y no me lo enseñaban. Por más que insistiéramos nos dijeron que estaba muerto. Me dijeron que siguiera llevando la leche para el bebé que era muy buena. Con el tiempo nos pareció una cosa muy atroz llevar la leche si resulta que el niño se había muerto”, dijo Rodrigo. Una situación similar a la expuesta en la famosa película “El bebé de Rosemary”, del polaco Roman Polanski, proveniente de otro país ultracatólico donde también se han producido hechos como estos.

Así como el hijo de Maricruz Rodrigo y Ascensión López, al menos 200 bebés fueron robados en España desde la dictadura franquista (1939-1976) hasta, como mínimo, varios años después de entrada la “democracia”.

“Hay muchos, pero no hay una cifra exacta. Denunciados, hay 200. Hay muchísimos que no han denunciado. Y además se los quitaban a una madre y se lo ponían a otra mujer como hijos biológicos, que eso es falsedad documental”, recordó Maricruz Rodrigo.

Hay casos llamativos, pues anotaban a los bebés en los registros como propios de mujeres con 60 años o ya en una edad difícilmente fértil, como en el caso de los padres de Ascensión López. “Pues también lo hacían”, sentenció Maricruz Rodrigo.

Las asociaciones exigen que las autoridades indulten a López y den el mismo trato ante la justicia a otras personas presuntamente implicadas en la trama de robo de bebés. Rodrigo citó el caso del ginecólogo Eduardo Vela, que desde abril de 2016 se aguarda ser llamado a juicio.

“La Justicia tendría que ser igual para todos. Si ha sido tan rápida para condenar a ella [Ascensión López] tendría que ser igual de rápida para él. Pues no. Eso es lo que querría que se comprendiera”, denunció la presidenta de SOS Bebés Robados Madrid.

Como ven, los oportunistas se apuntan a todo, incluso a denunciar la persistencia del franquismo 42 años después de la muerte del criminal Franco, de la que ayer se cumplían 42 años.

Cuando ya se ha generalizado la idea de que en España no ha cambiado nada, ahí están los oportunistas para dejar claro que si el franquismo ha logrado sobrevivir y camuflarse, es precisamente gracias a ellos, a los cargos que ocupan y a sus manipulaciones políticas.

El franquismo sin Franco sería impensable sin el barniz institucional de quienes participaron en el acto, que sirvió para lavar la cara de todos ellos, del franquismo y del Parlamento de Bruselas.

Los eurodiputados españoles se lamentaron de que la Ley de Memoria Histórica es papel mojado, ya que quieren desenterrar los huesos de una cuneta para volverlos a poner en otra.

La jornada se abrió con la intervención, entre otros, de Guillermo Martínez-Vela, director de la revista El Jueves, quien presenta el tema sobre el 40 aniversario de la publicación satírica bajo el título 40 años de “El Jueves: duramos más que Franco pero menos que el franquismo”.

Los promotores acabaron hablando sobre la “impunidad” del franquismo en la España actual, lo cual es una tautología porque si el Estado sigue siendo lo que siempre fue, es normal que trate de preservarse a sí mismo y ataque a quienes luchan por acabar con él, lo cual es la clave de bóveda del asunto: no se trata de sustituir a un conductor del autobús para poner a otro en su lugar, sino de cambiar de autobús.

La fuente inicial de la investigación fue el periódico El Obrero Municipal, órgano de comunicación de la agrupación de trabajadores municipales de la UGT que aglutinaba, básicamente, al personal de limpieza pública y jardines.

“Se publicó desde 1921 hasta enero del 39 –apunta Óscar Rodríguez–. De ahí sacamos cientos de nombres de barrenderos que luego cruzamos con los sumarios franquistas que se guardan en el Archivo Histórico de la Defensa”. El resultado fue estremecedor. Al menos 413 barrenderos madrileños fueron depurados por el franquismo. De ellos 11 fueron fusilados, 45 pasaron largas temporadas en prisiones, campos de concentración o realizando trabajos forzados, 11 acabaron en paradero desconocido; el resto fueron despedidos y/o sufrieron otro tipo de represalias laborales y administrativas.

Detrás de cada barrendero los investigadores han descubierto una historia desoladora. “Vas profundizando, te metes en la piel de la víctima… te conmueves y también te acojonas –confiesa Óscar–. Quizás el caso que más me impactó fue el de Victoriano Sánchez Medina. Este hombre tenía que ser muy querido porque sus vecinos se atrevieron a firmar una carta en la que defendían su inocencia. Más si se tiene en cuenta el momento en que lo hicieron.

Era mayo de 1940, en un Madrid sumido en el terror impuesto por los fascistas. Y aún así firmaron. En esa carta manuscrita puede leerse: ‘Los abajo firmantes vecinos de la barriada de Bilbao, término de Vicálvaro, certifican y juran por su fe católica… que es persona de muy buenos antecedentes… y que ni antes ni después del movimiento molestó a nadie personalmente ni políticamente’. 12 rúbricas rematan la misiva que, sin embargo, no sirvió para nada. Cinco meses después de ser entregada a las autoridades militares, Victoriano fue fusilado”.

Leyendo los sumarios y las sentencias de muerte de Victoriano y de los otros diez barrenderos fusilados se entiende perfectamente cómo funcionó la “justicia” franquista. Los testimonios directos exculpatorios eran directamente ignorados. A los acusados ni siquiera se les solía permitir hablar en los consejos de guerra para defenderse de unos cargos basados en suposiciones, difusas pruebas sin contrastar y un profundo odio político hacia quienes habían defendido el régimen democrático republicano.

Con matices, las 11 sentencias de muerte fueron parecidas a la que se dictó contra Francisco Arellano. En ella se puede leer que será ejecutado por “un delito de adhesión a la rebelión con las circunstancias agravantes de perversidad y trascendencia de los hechos”.

Las conclusiones de esta investigación le fueron presentadas, en primer lugar, a los descendientes de las víctimas. “A todos le hemos entregado la información sobre sus seres queridos –señala Óscar Rodríguez–. La familia del barrendero Joaquín Féniz, por ejemplo, sí sabía que había sido fusilado. Sin embargo, nos hemos encontrado con otros casos que pensaban que su abuelo o su tío había muerto en el frente de batalla. Hasta ese punto ha llegado el olvido al que fueron condenados estos hombres”.

En algunos casos, estos familiares también han aportado documentos e incluso objetos que conservaban de las víctimas. Kati, la nieta de Gregorio Panadero guardaba un cinturón que el barrendero confeccionó, con cartón y papel, en la cárcel para regalárselos a su hija Julia. Panadero también hizo sencillos dibujos con emotivas dedicatorias mientras aguardaba, inútilmente, la conmutación de la pena de muerte: “De su papá, para mi niño de 7 años”, escribió en uno de ellos.

Esta parte final de su trabajo es la que más marcó a Rafael Sánchez Toribio: “Ver a los familiares de mis compañeros asesinados fue también muy duro porque comprobé lo mal que lo pasaron las viudas y los huérfanos”. Rafael recuerda especialmente el caso de Clara y Aurora, esposa e hija de Joaquín Féniz: “Las dos fueron muy luchadoras. Clara fue encarcelada en la prisión de mujeres de Ventas y por negarse a gritar ¡Arriba España! la castigaron enviándola al penal de Deusto. Su hija Aurora, cuando fue mayor, saltaba por la noche la tapia del cementerio civil. Como no sabía dónde estaba enterrado su padre, depositaba unas flores en las tumbas de Pablo Iglesias y del teniente Castillo”.

Y tras las familias, toda esta información será puesta a disposición de los españoles en general y de los madrileños en particular. Será el próximo domingo, 19 de noviembre, a las 18:00 horas en el auditorio centro del Palacio de Cibeles. Allí se realizará un homenaje a este colectivo de olvidados entre los olvidados. Un homenaje que contará con un lema muy elocuente: “Barriendo el olvido”.

http://www.eldiario.es/sociedad/Barrenderos-represaliados_0_708679623.html