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La Organización Mundial de la Salud ha cambiado la definición de “inmunidad colectiva”, eliminando el consenso anterior al COVID-19 de que se podría lograr permitiendo que un virus se propague a través de una población, y modificando el concepto por otro en que la inmunidad colectiva proviene únicamente de las vacunas. Leer más
Ha muerto George Blake, el agente doble que espió al gobierno británico para el KGB durante la Guerra Fría. La información ha sido difundida por el portavoz de la inteligencia rusa (SVR), Serguei Ivanov, a través de la agencia de prensa Tass.
“El legendario oficial de la inteligencia […] George Blake, falleció hoy. Amaba sinceramente nuestro país y admiraba las proezas de nuestra gente durante la Segunda Guerra Mundial”, ha dicho Ivanov.
Tenía 98 años de edad y una de las biografías más fascinantes del siglo pasado. Era el último de los grandes espías con vida, de los topos que la antigua Unión Soviética logró reclutar en plena Guerra Fría. Propinó a la CIA algunos de los más duros reveses de su historia, como ya expusimos en otra entrada.
Antiguo miembro de la resistencia antifascista en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, se hizo agente del MI6, el servicio de inteligencia exterior británico durante la Guerra Fría. Blake ofreció sus servicios a los soviéticos en los años 50, tras haber sido testigo de los bombardeos estadounidenses contra los civiles en Corea, donde estaba destinado.
Suministró los nombres de centenares de espías al KGB, algunos de ellos ejecutados por la inteligencia rusa, y reveló la existencia de un túnel secreto en Berlín-Este, usado para espiar a los soviéticos, desbarando así la Operación Oro. Fue denunciado por un agente doble polaco y condenado en 1961 a 42 años de cárcel en Gran Bretaña, pero consiguió escaparse cinco años más tarde con ayuda de una cuerda y del apoyo de sus compañeros de celda.
En su rocambolesca huida logró atravesar el Telón de Acero y pasó al este. En Moscú se le consideró un héroe y recibió el rango de coronel de los servicios de inteligencia soviéticos.
En 1990 publicó su autobiografía en Moscú, titulada: “No hay opción”.
Era sobrino del dirigente comunista egipcio Henri Curiel, asesinado en París en 1978, de quien hablamos en una entrada anterior.
Más información:
– El oscuro espía del KGB que infligió a la CIA el mayor golpe de su historia
– El primer ciudadano del Tercer Mundo
Tras la declaración oficial de pandemia, en mayo el gobierno austriaco, una coalición de reaccionarios y ecologistas, impuso dos medidas a los colegios públicos. Una fue el uso obligatorio de mascarillas por los jóvenes y los docentes y el otro la división de las aulas para que acudieran alternativamente unos días una parte de los alumnos, que el resto de la semana debían permanecer en sus domicilios.
Todas las personas presentes en los edificios escolares, excepto durante el recreo, debían llevar un dispositivo de protección, cubriendo la boca y la nariz, decía la orden gubernamental.
Desde entonces los padres de dos niños iniciaron un calvario judicial que acabó el miércoles en el Tribunal Constitucional con la declaración de que las mascarillas obligatorias y la alternancia de clases violaban el principio de igualdad, el derecho a la intimidad y el derecho a la educación.
Ambas medidas tomadas por el gobierno son “ilegales”, según el Tribunal Constitucional, porque el ministro de Sanidad no ha sido capaz de explicar de manera comprensible por qué considera necesarias las medidas controvertidas para frenar la pandemia.
En Austria las mascarillas ya padecieron un revés el mes pasado. El Ministerio de Salud encargó a las cuatro universidades austríacas un estudio para analizar la propagación del coronavirus en las escuelas. La conclusión fue que había “poca” y, además, que no había “una diferencia significativa entre los niños y los maestros”.
Los investigadores realizaron pruebas a 10.156 alumnos y profesores asintomáticos de primaria y secundaria al azar en 243 escuelas de todo el país entre el 28 de septiembre y el 22 de octubre. Sólo 40 de ellos eran portadores del virus, con una prevalencia del 0,39 por ciento. Entre los niños, el 0,37 por ciento eran positivos, en comparación con el 0,57 por ciento de los adultos, una diferencia demasiado pequeña para ser significativa, según el estudio.
Lo mismo que en otros países, en Austria la obligatoriedad de las mascarillas ha sido poco más que un cachondeo. En marzo quisieron imponerla sólo en los supermercados, porque no había para toda la población. “La situación en el mercado mundial es tensa”, dijo el canciller austriaco Sebastian Kurz el 29 de marzo.
¿Cómo remediar la obligatoriedad cuando hay carencia? La solución la dio el propio Kurz: las mascarillas caseras también sirven, siempre y cuando cubran la boca y la nariz de las personas. Cualquier trapo era suficiente. Una auténtica tomadura de pelo.
En Chequia ocurrió algo parecido. Desde el primer minuto obligaron a la población a ponerse unas mascarillas que no existían y el Presidente del gobierno, Andrej Babis, escribió en su cuenta de Twitter que bastaba con ponerse una de tela porque reducía la propagación del virus en un 80 por ciento.
En Eslovenia fue mucho peor: además de las mascarillas obligaron a la población a ponerse guantes. El delirio ha alcanzado grados muy diversos según cada gobierno.
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Addenda:
Con escasas excepciones, los medios de todo el mundo han callado la noticia, que apareció en revistas especializadas, como Medical Express:
Pero no es de actualidad, porque desde julio una parte sustancial de la legislación represiva aprobada por el gobierno austriaco durante la primera ola de la pandemia ha sido derribada por el Tribunal Constitucional.
Desde entonces la prensa local lleva despotricando por el desprecio que muestra hacia los derechos fundamentales, mientras fuera de Austria el resto de medios guarda silencio.
Que en julio el Tribunal Constitucional anulara una parte de las medidas represivas aprobadas con el pretexto de la pandemia sólo era cuestión de tiempo, dijo el periodico Wiener Zeitung:
“La Constitución no es sólo un pasatiempo para los juristas, sino que sirve para proteger los derechos fundamentales”, expuso Der Standard sobre la primera sentencia contra las medidas gubernamentales:
El mes pasado el gobierno austrico amenazó a los profesores que se negaron a hacerse las pruebas de coronavirus a ponerse mascarillas en la aulas:
Sin embargo, la prensa de Malasia sí publica la noticia:
Pero ¿por qué las grandes cadenas de comunicación de todos los países se callan como perros?, ¿les gustan las cadenas?
Desde hace un año el FBI tiene en su poder los correos electrónicos del hijo de Biden fechados en abril de 2014, poco después del Golpe de Estado fascista, que reflejan dos acontecimientos paralelos: el viaje oficial del padre a Kiev y la entrada del hijo en la dirección de Burisma, la empresa ucraniana de gas.
El FBI los ha mantenido en secreto hasta ahora para no perjudicar a Biden en las elecciones presidenciales. De esa manera los medios pudieron decir que no había pruebas, que se trataba de un bulo de Trump y últimamente de desinformación procedente de Rusia.
Mientras el padre se dedicaba a la política, el hijo orquestaba los chachullos. En los mensajes el joven Biden se refiere a su padre como “el grandote” o “mi chico”, como si fuera el mozo de los recados y su visita oficial a Kiev era un “valor añadido” para la empresa, que debía pagarle la correspondiente coima.
El hijo de Biden, abogado de profesión, ha cimentado su carrera en medio de la mugre, de los grupos de presión, los enchufes y las prebendas, y el Golpe de Estado de Ucrania no era más que otro servicio al cliente que BSF, el despacho de abogados Boies Schiller & Flexner, al que pertenece Biden, debía facturar.
Ascendía a 25.000 dólares mensuales, “con honorarios adicionales si es necesario para el trabajo adicional que se pagará a BSF para nuestra protección”, escribió Biden hijo en uno de sus mensajes, lo cual era independiente “de nuestros respectivos acuerdos relativos a la participación en la Junta Directiva”.
Era una máquina tragaperras. La empresa ucraniana pagó 250.000 dólares a BSF el 5 de julio de 2014 y más de 3 millones de dólares hasta 2016 a una empresa relacionada con Biden y su socio Archer, llamada Rosemont Seneca Bohais.
Los correos electrónicos fueron entregados al FBI en diciembre pasado como parte del disco duro de un ordenaador portátil que pertenecía a Hunter Biden y que había sido “olvidado” en un taller de reparación de Delaware. El dueño del taller, John Paul Mac Isaac, les dio una copia del disco duro bajo la amenanza de comparecer ante un gran jurado.
El abogado de Mac Isaac, Brian Della Rocca, confirmó que los correos electrónicos estaban en el disco duro de Biden. Pero al principio ambos, el padre y el hijo, dijeron que era “desinformación rusa” para alterar las elecciones.
Hasta el director de inteligencia, John Ratcliffe, tuvo que salir al paso para afirmar que los Biden mentían. Ahora el disco duro está aportado como prueba ante los tribunales. Por lo demás, los mensajes corroboran las informaciones obtenidas por otras fuentes, incluidos los testigos que ya han declarado sobre el asunto.
Más información:
– Elecciones y guerra sucia: comienza la carrera electoral hacia la Casa Blanca
– La segunda destitución de Trump pasa por Ucrania (que no está muy lejos de Rusia)
– Cuanto más internet, más control social
– Un tercio del equipo de transición del Pentágono de Biden está financiado por la industria armamentista
En muy poco tiempo los gigantes digitales, como Facebook, Amazon o Microsoft, han acumulado tanta riqueza y poder que, en algunos casos, es mayor que el de muchos Estados, entre otros motivos porque su mercado es de alcance mundial.
No es sólo un problema económico. Los monopolios viruales son capaces de cambiar el comportamiento de millones de personas en todo el mundo y de influir sobre las elecciones y, desde luego, sobre las compras y el empleo.
En la medida en que con la “nueva normalidad” se imponga una sociedad sin contacto directo entre las personas, el poder monopolista de las grandes empresas tecnológicas se acrecentará, ganando terreno con la venta al por menor en línea, las redes sociales y el transporte.
El monopolismo se complementa con las bases de datos, la recopilación, el análisis y la compraventa de la información de las empresas y los usuarios.
Pero el monopolismo, como explicó Lenin, es la pescadilla que se muerde la cola. Acumula tanto poder que genera suspicacias, poniendo en marcha diversas cortinas de humo, como la “protección de los consumidores”.
El 9 de diciembre la Comisión Federal de Comercio y 48 estados de Estados Unidos demandaron a Facebook con el objetivo de desmantelar la empresa obligándola a vender dos de sus principales filiales: Instagram y WhatsApp. Lo mismo le ha ocurrido a Google.
El Estado no hizo nada para que Facebook comprara esas empresas y ahora quiere que las venda. Tras la colonización llega la descolonización. Es algo similar a lo que ya ocurrió con Standard Oil y la ATT, por lo que es posible que las consecuencias sean las mismas… o más irrelevantes, incluso.
El gobierno va a tener muchos problemas para fraccionar los monopolios tecnológicos recurriendo a argumentos viejos, como la manipulación de los precios porque la mayor parte de los servicios digitales son gratuitos.
Es posible que lo intenten por medio del control del mercado de la publicidad, una invocación muy endeble.
Desde luego que no van a recordar la manipulación de los algoritmos, la desinformación, las agresiones a la intimidad, la especulación bursátil, la gestión del capital riesgo, el manejo de información privilegiada, la imposición del trabajo precario o la persistente evasión fiscal.
Pero hay algo aún más importante que la teoría económica burguesa califica como “monopolio natural” y que en el mundo virtual es el “efecto de red”: cuantos más usuarios están enganchados a las plataformas digitales, más alta es la barrera de entrada a las nuevas empresas, incapaces de ofrecer niveles competitivos de utilidad a los usuarios. Una empresa que tiene a su página de Facebook como escaparate, no encuentra el mismo mercado en ninguna otra red social.
Los problemas que plantean los monopolios tecnológicos no tienen solución dentro del capitalismo. Para ello habría que nacionalizarlos y convertir a las empresas de telecomunicaciones en servicios públicos, una de cuyas obligaciones fundamentales es preservar la intimidad y la confidencialidad de los datos de sus usuarios.
“No diseñaremos o distribuiremos inteligencia artificial en áreas como armas u otras tecnologías cuyo propósito principal pueda ser causar daño a personas”. “Creemos que Google no debería estar en el negocio de la guerra”.
Sundar Pichai, CEO de Google y de su matriz, Alphabet, hizo esta promesa en público en una entrada del blog de la multinacional. Fue en una publicación de hace dos años, en el que el ejecutivo del buscador más conocido de la red defendía los principios éticos que movían al gigante a la hora de profundizar en la inteligencia artificial.
Además, cientos de trabajadores enviaron una carta pidiéndole a los directivos que dejasen a la empresa al margen de ese “negocio de la guerra”. Dos años después, Forbes revela que este compromiso de Google no era tan férreo como cabía pensar.
A través de GV —antes Google Ventures—, el brazo inversor de la multinacional, la empresa participa en algunas empresas que están ganando muchísimo dinero con contratos con, entre otros, el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
En concreto, dos empresas, Orbital Insight y Planet, han ganado más de 30 millones de dólares en contratos con el Departamento de Defensa norteamericano en los últimos 3 años. Y ambas están participadas por GV, un fondo de 5.000 millones de dólares que se separó de Google en 2009 pero que sigue moviendo el dinero de Alphabet.
En 2016 GV entró en Orbital Insight y un año después lo hizo en Planet. La primera, con base en Palo Alto. La segunda, en San Francisco.
Orbital es una empresa de software que fue fundada por el exdirector de Google Books, James Crawford. Su inteligencia artificial trabaja masivamente con imágenes satelitales, grabaciones de drones y datos de geolocalización de 800 millones de dispositivos móviles para indicarle aparentemente a sus clientes qué cosas han cambiado en la Tierra y por qué importa. Ha sido útil para rastrear la deforestación de la Amazonia, pero también para detectar cabezas nucleares en Corea del Norte o encontrar campos de talibanes en Afganistán.
Planet, por su parte, fue fundada por ingenieros de la NASA y tiene 150 satélites en órbita. Su propósito es crear la mayor constelación de satélites artificiales. Su principal capacidad es la de poder poner en órbita de forma muy barata satélites pequeños. Estuvo valorada en 1.800 millones de dólares en 2018, tras una ronda de financiación. Google se hizo con el 16 por ciento de la empresa, después de entregarle su filial dedicada a lo mismo, Terra Bella, a la propia Planet. Su participación se ha diluido a un 13 por ciento.
Orbital, por ejemplo, ha levantado entre febrero del 2017 y julio de este año 10 millones de dólares para desarrollar una inteligencia artificial para el Departamento de Defensa de Estados Unidos en el marco de un programa llamado Datahub, que serviría para, mediante imágenes satelitales, “rastrear patrones de vida del enemigo 24 horas 7 días a la semana, bajo cualquier clima y tanto de día como de noche en grandes áreas”, según unos documentos presupuestarios del Pentágono.
GV ha estado en todas las rondas que ha protagonizado Orbital, tanto en la Series A de 9 millones de 2015. Lideró la del año siguiente, de 15 millones. La última ronda en la que GV participó de Orbital fue en una Series D, en noviembre del año pasado, que levantó 50 millones de dólares. La empresa, por lo menos, también participa en proyectos humanitarios. Pero la mayor parte de sus ingresos dependen de sus lazos con agencias de inteligencia y militares norteamericana.
Esto es algo que no tiene muy contentos incluso a gente dentro de la propia empresa. Según un antiguo responsable de equipos, Orbital entiende que su tecnología nunca se podrá utilizar para identificar objetivos de un bombardeo. “Pero una vez identificas un edificio para el gobierno, este hará lo que quiera con él”, reconoce.
Orbital perdió el contrato del programa Datahub, pero eso no quiere decir que la empresa no quiera nuevas adjudicaciones de la defensa estadounidense: según los registros, la empresa ha gastado 300.000 dólares en hacer lobby en el Congreso estadounidense.
Planet, por su parte, ha levantado incluso más capital que Orbital: alrededor de 400 millones de dólares desde que fue fundada en 2010. El negocio de Planet es similar al de Orbital Insight en tanto que es una mezcla de cuestiones humanitarias, clientes privados y contratación gubernamental. Y de hecho espera aumentar su colaboración con la administración estadounidense en los próximos años.
Lo intentará gracias a un contrato llamado EnhancedView de la Oficina de Reconocimiento Nacional de Estados Unidos, que provee a la administración norteamericana de imágenes de satélite, y quiere ser la principal proveedora de este tipo de recursos a las instituciones de la potencia.
Sin embargo, tres extrabajadores de la empresa aclaran que ha habido malestar en la plantilla por los contratos de defensa, lo que ha desembocado en que varios de ellos abandonasen la empresa. «Inicialmente, la empresa era muy altruista. Querían lanzar satélites en beneficio de todo el mundo (…) Después descubrieron que en realidad los que pueden pagar grandes cantidades por esta tecnología solo son los gobiernos».
Uno de los antiguos trabajadores de la empresa incide incluso en que Planet oscila en una fina línea entre lo que dicen sus directrices éticas y lo que el gobierno estadounidense les exige.
Estas dos, además, no son las únicas empresas implicadas en el negocio de la guerra en las que Google participa de un modo u otro. GV también está invirtiendo en rondas de SpinLaunch, una empresa que quiere poner satélites en órbita utilizando una suerte de brazo-catapulta todavía en desarrollo. Aunque la idea en un principio no tiene por qué ser militarista, la empresa consiguió en 2019 un contrato de 2,5 millones de dólares con la Unidad de Innovación en Defensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
En otras palabras: SpinLaunch, en la que participa GV, el brazo inversor de Google, pronto podría estar colaborando en el despliegue de más satélites espías del ejército estadounidense.
Tras el anuncio de que las vacunaciones en Francia comenzarán el domingo, el gobierno francés ha puesto a un “experto”, Alain Fischer, como paraguas al frente de la campaña.
Fischer es profesor emérito del Colegio de Francia. Una eminencia, vaya, aunque no ha empezado con buen pie por decir lo que piensa, algo que es imperdonable en una situación así. Pero le honra. “Hay que decir las cosas como son porque de lo contrario nos desacreditamos”, asegura (1).
Lo primero es confesar su papel de paraguas: “Yo no estoy al frente del operativo en absoluto. Mi misión se centra en dos aspectos: el asesoramiento, lo que la experiencia científica puede aportar a la política, y la comunicación sobre la vacunación, una cuestión clave”.
Lo segundo es admitir la incertidumbre, que forma parte de la ciencia, algo que saben todos los científicos… excepto los de la tele. “Cuando sabemos, sabemos. Cuando no sabemos, no sabemos”. No es ningún juego de palabras por parte de Fischer.
Cuando eres médico tomas decisiones “con un margen de incertidumbre que tratas de mantener lo más reducido posible. La mayoría de la población es lo suficientemente responsable para entender este mensaje. No puede ser de otra manera, por razones de ética y eficacia”, añade.
La cuestión es que las vacunas contra el coronavirus, aparte de su carácter experimental, se van a inocular a millones de personas, y eso es algo peor que la mera incertidumbre.
¿Confesarán los médicos a sus cobayas que tienen dudas sobre lo que van introducir con la jeringa, como recomienda Fischer?, ¿les dirán que son conejillos de indias?, ¿que están experimentando con ellos?
En un breve vídeo Fischer confiesa que no sabe si las vacunas que se consideran “eficaces a corto plazo” protegen realmente a las personas, porque llevará varios meses obtener datos sobre los niveles de anticuerpos, especialmente en los ancianos (2).
Por supuesto, también estamos de acuerdo con Fischer cuando afirma que no se puede vacunar a nadie sin su consentimiento previo. “En materia de salud pública es necesario tratar de convencer”, dice.
En estos casos siempre nos surge la duda: ¿convencer es sinónimo de lavar el cerebro? En España, el paraíso de la Inquisición, parecen sinónimos. En las redes sociales también, de lo contrario no se hubiera desatado la ola de censura que han padecido las opiniones críticas.
(1) https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/alain-fischer-le-monsieur-vaccin-du-gouvernement-il-faut-se-donner-le-temps-de-l-
(2) https://youtu.be/l-A_Q6nmWiE
A los nueve años de edad, la vida de Alí Kinani fue truncada cuando cuatro mercenarios de la empresa Blackwater abrieron fuego sin provocación en la Plaza Nisour de Bagdad, matando a 17 personas.
La empresa Blackwater, ahora rebautizada como Academi, fue fundada y dirigida por Eric Prince, un asociado de Trump que es hermano de la Secretaria de Educación Betsy DeVos.
Alí, a quien le gustaba que le llamaran Alawi, estaba en la parte de atrás del coche de su padre de camino a casa después de recoger a su tía y a sus primos, en lo que parecía un día normal hasta que los mercenarios se liaron a disparar en todas direcciones.
Corría 2007. Decidido a llevar a los asesinos ante los tribunales, el padre de Ali, Mohammed Kinani, se trasladó a Estados Unidos para empujar el procesamiento de los mercenarios.
Transcurrió una década de trámites legales, juicios, apelaciones, retirada de cargos y nuevos juicios antes de que los cuatro criminales fueran condenados, con Nick Slatten, el principal culpable, recibiendo una condena de cadena perpetua por asesinato en primer grado.
El martes Trump indultó a los cuatro condenados. “Nadie está por encima de la ley es lo que aprendimos en América, pero ahora hay alguien por encima de la ley”, dijo Kinani mientras luchaba por encontrar las palabras al enterarse del indulto.
“No sé cómo se permite esto. No creo que América esté construida sobre tales principios”.
Kinani, que se había trasladado a Michigan después de la masacre y que actualmente está visitando a su familia en Irak, dijo que la decisión de Trump es “indescriptible”.
“Es una situación muy mala. Es desafortunada”, dijo, dejando escapar un profundo suspiro. “Pero debe haber una manera. Si no en los tribunales terrenales, entonces con Dios. Dios no los dejará marchar”.
El imán Husham Al-Husainy, un clérigo musulmán de Dearborn, Michigan, dijo que pensó en la foto de Alí que cuelga en el taller de Kinani en Detroit cuando oyó la noticia del perdón. Husainy, que es amigo de Kinani, dijo que el perdón muestra una falta de respeto “inhumana” por las vidas de los árabes y los musulmanes.
“La sangre de iraquíes inocentes que se derramó en la Plaza Nisour es sangre roja que no difiere de la sangre de los americanos. Estos eran humanos”, dijo. El imán añadió que la decisión de la Casa Blanca erosionará el estado de derecho en Estados Unidos, afectará las relaciones entre Irak y Estados Unidos y alterará la percepción de los iraquíes sobre Estados Unidos.
“Queremos que haya paz entre todas las personas, pero Donald Trump cometió un grave error”, dijo Hussainy. “Para complacer a unas pocas personas aquí, enfureció a 40 millones de personas en Irak”.
El Departamento de Justicia había sido inflexible en el procesamiento de los pistoleros de la Plaza Nisour, negándose a abandonar el caso a pesar de los contratiempos en sus esfuerzos legales y las apelaciones exitosas de los acusados.
Los indultos presidenciales son irreversibles, lo que significa que el gobierno de Biden no puede volver a procesar a los mercenarios de Blackwater.
El martes Trump también indultó a tres parlamentarios republicanos que fueron declarados culpables de irregularidades financieras y a dos policías de la Patrulla Fronteriza que habían asesinado a tiros a un inmigrante indocumentado, luego lo encubrieron y finalmente dijeron que era un traficante de drogas.
Trump ha recurrido al indulto alegremente y no es la primera vez que disculpa a los criminales de guerra. El año pasado perdonó a un soldado estadounidense que había matado a un detenido iraquí en 2008, así como a otros dos que habían asesinado a civiles en Afganistán.
El Presidente saliente también presionó para rehabilitar a Edward Gallagher en los Navy Seal, después de haber sido condenado por crímenes de guerra, decisión que llevó a la destitución del entonces Secretario de la Marina Richard V. Spencer, que se opuso a que Trump se ocupara del asunto el año pasado.
El martes, el Instituto Árabe Americano dijo que los indultos muestran que Trump no valora las vidas de los árabes. “Empleados de Blackwater condenados por masacrar a civiles iraquíes”, dijo el Instituto en un tweet.
“Agentes de la Patrulla Fronteriza condenados por disparar a un inmigrante indocumentado y luego encubrirlo”. Todos perdonados por Trump, otro ejemplo de su desprecio por ciertas vidas humanas, incluyendo las árabes. Sin ley, sin orden, sin humanidad”.
Singapore Airlines es la primera aerolínea en exigir una cartilla digital de vacunación, que mostrará las inyecciones recibidas y los resultados de las pruebas de coronavirus practicadas a los pasajeros.
La aerolínea anunció que su verificación digital de la salud es la primera en el mundo que utiliza un miembro de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para los billetes de vuelo (*).
La aerolínea ha tomado la decisión de exigir las cartillas porque espera que se conviertan en un canon para todos los viajes aéreos en todo el mundo. No tiene en cuenta para nada la confidencialidad de los informes médicos, que es uno de los derechos fundamentales de todas las personas, tanto si viajan como si no.
Las pruebas de coronavirus y las vacunas serán “una parte integral” de los viajes aéreos en el futuro previsible y los certificados son la forma más eficaz de “validar las credenciales de salud de un pasajero”.
La cartilla sanitaria proporcionará una “experiencia más suave” para los clientes y formará parte de la “nueva normalidad”. La aerolínea tampoco menciona el encarecimiento de los precios de los billetes de vuelo, ni el tiempo gastado en la práctica de las pruebas y la expedición de los certificados.
Todos los pasajeros que viajen de Yakarta o Kuala Lumpur a Singapur deberán someterse a pruebas de coronavirus en clínicas específicas de esas ciudades. Los pasajeros recibirán un “certificado de sanidad” digital o en papel con un código QR, que se utilizará para la facturación y el control de la inmigración.
El Vicepresidente de la IATA para la seguridad de aeropuertos, Nick Careen, se felicitó de la iniciativa de Singapore Airlines porque se ha adelantado a las futuras exigencias de los gobiernos y preparara a los viajeros para que se acostumbren al pasaporte de viaje de la IATA, que está a punto de aprobarse.
La IATA es la patronal de las aerolíneas más grande del mundo y se ha propuesto imponer la cartilla sanitaria en los primeros meses del año que viene. Pronto la prueba de vacunación será obligatoria para los viajes aéreos.
También se está desarrollando otro sistema de cartilla sanitaria, el CommonPass, patrocinada por el Foro Económico Mundial.
Otra aplicación de control sanitario es AOKpass, promovida por de la empresa de seguridad de viajes International SOS, está siendo probada entre Abu Dhabi y Pakistán.
Cientos de empresas tecnológicas compiten por desarrollar cartillas digitales de vacunación.
(*) https://www.singaporeair.com/en_UK/us/media-centre/press-release/article/?q=en_UK/2020/October-December/ne2420-201223
La agricultura en la India se encuentra en una encrucijada. Con más del 60% de los más de 1.300 millones de habitantes del país que siguen viviendo de la agricultura (directa o indirectamente), el futuro de la India está en juego. Intereses sin escrúpulos tratan de destruir el sector agroalimentario autóctono de la India y de remodelarlo a su propia imagen. Los campesinos se están levantando en protesta.
Para comprender lo que está sucediendo con la agricultura y los agricultores en la India, debemos entender primero cómo se ha subvertido el paradigma del desarrollo. En el pasado, el desarrollo consistía en romper con la explotación colonial y redefinir radicalmente las estructuras de poder. Hoy en día, el dogma neoliberal se hace pasar por la teoría económica y la consiguiente desregulación del capital internacional garantiza que los grandes conglomerados transnacionales puedan burlar la soberanía nacional.
La desregulación de los flujos internacionales de capital ha convertido al planeta en un regalo de Dios para los capitalistas más ricos del mundo. En el régimen monetario de Bretton Woods de la posguerra, los gobiernos podían, en gran medida, llevar a cabo su propia política macroeconómica sin tener que buscar constantemente la confianza del mercado o preocuparse por la fuga de capitales. Sin embargo, la desregulación de las corrientes mundiales de capital ha aumentado la dependencia de los Estados nacionales de los mercados de capital y los intereses de las elites que los controlan.
La narrativa dominante llama a esto “mundialización”, un eufemismo para un capitalismo neoliberal depredador basado en el crecimiento interminable de los beneficios, las crisis de sobreproducción, la sobreacumulación y la saturación del mercado y la necesidad de buscar y explotar constantemente nuevos mercados (extranjeros) sin explotar para mantener la rentabilidad.
En la India podemos ver las implicaciones muy claramente. En lugar de seguir un camino de desarrollo democrático, la India ha elegido (o se ha visto obligada) a someterse al régimen de financiación exterior, esperando señales sobre cuánto puede gastar, renunciando a toda reivindicación de soberanía económica y dejando espacio para que el capital privado se establezca y conquiste los mercados.
El sector agroalimentario de la India se ha puesto en marcha, por lo que está maduro para una adquisición. El país ha pedido prestado más dinero al Banco Mundial que ningún otro país en la historia de esa institución. En el decenio de 1990 el Banco Mundial pidió a la India que aplicara reformas de mercado que desplazarían a 400 millones de personas del campo. Además, las directrices del Banco Mundial “Facilitar el negocio de la agricultura” implican la apertura de los mercados a la agroindustria occidental y sus fertilizantes, plaguicidas, productos fitosanitarios y semillas patentados y obligan a los agricultores a trabajar para abastecer las cadenas mundiales de suministro de las empresas transnacionales (ETN).
El objetivo es dejar que las poderosas corporaciones tomen el control bajo el disfraz de “reformas de mercado”. Esas mismas ETN que reciben subsidios masivos de los contribuyentes, manipulan los mercados, redactan acuerdos comerciales e instituyen un régimen de derechos de propiedad intelectual, indicando así que el “libre” mercado sólo existe en las ilusiones retorcidas de quienes lanzan clichés sobre el “descubrimiento de precios” y la santidad del “mercado”.
¿Qué podría significar esto para la India? Basta con mirar el modelo de negocio que permite a estas empresas seguir siendo rentables en Estados Unidos: un sistema industrializado que depende de enormes subsidios de los contribuyentes y que ha destruido los medios de vida de muchos pequeños agricultores.
El hecho de que la agricultura de Estados Unidos emplee ahora sólo a una pequeña fracción de la población es un claro recordatorio de lo que les espera a los agricultores indios. Los modelos comerciales de las agroindustrias, subvencionados por los contribuyentes, se basan en la sobreproducción y el dumping en el mercado mundial para hacer bajar los precios y privar a los agricultores de otros países de la capacidad de cubrir los costos de producción. El resultado es un enorme rendimiento y menores ingresos para los agricultores.
La agricultura india debe comercializarse plenamente, con grandes empresas mecanizadas (monocultivos) que sustituyan a las explotaciones agrícolas familiares que contribuyen al sustento de cientos de millones de personas en el medio rural, al tiempo que alimentan a las masas.
Se está desarraigando la base agraria de la India, que es el fundamento mismo del país, sus tradiciones culturales (alimentarias y no alimentarias), sus comunidades y su economía rural. Cuando las empresas de agronegocios como Bayer (y antes Monsanto) o Reliance afirman que tienen que ampliar el uso de los OGM [Organismos Modificados Genéticamente] con el pretexto de alimentar a una población creciente o “modernizar” el sector, tratan de justificar su verdadero objetivo: desplazar a los agricultores independientes, las empresas de elaboración de alimentos y los minoristas “mamá y papá” y apoderarse de todo el sector para aumentar sus beneficios.
La agricultura india ha sido objeto de una gran falta de inversión a lo largo de los años y ahora se está tergiversando como un caso desesperado y de bajo rendimiento, que está maduro para ser vendido a los mismos intereses que tenían interés en esta falta de inversión.
Hoy en día se habla mucho de “inversión extranjera directa” y de “hacer de la India un país favorable a los negocios”, pero detrás de esta jerga benigna se esconde el duro enfoque del capitalismo moderno, que no es menos brutal para los agricultores indios de lo que fue el primer capitalismo industrial para los campesinos ingleses, a quienes se les robó el acceso a los medios de producción y se les obligó a trabajar en las fábricas.
La intención es reciclar a los agricultores indios desplazados para que trabajen como mano de obra barata en las fábricas reubicadas de Occidente, aunque el número de puestos de trabajo creados está lejos de ser suficiente y, como parte del “gran reajuste” del Foro Económico Mundial, la mano de obra humana será sustituida en gran medida por tecnología basada en la inteligencia artificial bajo la apariencia de una “cuarta revolución industrial”.
Con la quiebra de los agricultores independientes, el objetivo es que la tierra se fusione finalmente para facilitar el cultivo industrial a gran escala. Los que permanezcan en la agricultura serán absorbidos por las cadenas de suministro de las empresas y se les presionará para que trabajen con contratos dictados por las grandes empresas agrícolas y las cadenas de distribución.
Un informe de la ONU de 2016 indica que para 2030 la población de Delhi será de 37 millones de habitantes. Uno de los principales autores del informe, Felix Creutzig, dijo: “Las megalópolis emergentes dependerán cada vez más de la agricultura a escala industrial y de las cadenas de supermercados, desplazando a las cadenas alimentarias locales”.
El objetivo es anclar la agricultura industrial, comercializar el campo y sustituir la agricultura en pequeña escala, que es la columna vertebral de la producción de alimentos en la India. Esto podría significar cientos de millones de antiguos habitantes rurales sin trabajo. Y dada la trayectoria que parece seguir el país, no hace falta mucho para imaginar un campo con vastas extensiones de campos de monocultivo inundados con productos químicos que contienen plantas y suelos genéticamente modificados que se degradan rápidamente hasta convertirse en un mero depósito de un cóctel químico de biocidas patentados.
Los grupos de fachada apoyados por las empresas transnacionales también están trabajando entre bastidores. Según un informe publicado en septiembre de 2019 en el New York Times, “un grupo industrial fantasma está dando forma a la política alimentaria en todo el mundo”, el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI), que se ha infiltrado silenciosamente en los organismos gubernamentales de salud y nutrición. En el artículo se destaca la influencia del ILSI en la formulación de políticas alimentarias de alto nivel en todo el mundo, en particular en la India.
El ILSI contribuye al desarrollo de narrativas y políticas que sancionan la introducción de alimentos procesados que contienen altos niveles de grasa, azúcar y sal. En la India, la creciente influencia del ILSI coincide con el aumento de las tasas de obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes.
Acusado de ser un grupo de fachada de las 400 empresas que pagan su presupuesto de 17 millones de dólares, los miembros del ILSI incluyen a Coca-Cola, DuPont, PepsiCo, General Mills y Danone. Según el informe, el ILSI ha recibido más de 2 millones de dólares de empresas químicas, incluyendo Monsanto. En 2016 un comité de la ONU dictaminó que el glifosato, el ingrediente clave en el herbicida Roundup de Monsanto, “probablemente no sea cancerígeno”, contradiciendo un informe anterior de la agencia del cáncer de la OMS. El comité fue dirigido por dos funcionarios del ILSI.
Desde la India hasta China, desde la colocación de etiquetas de advertencia en los alimentos envasados no saludables hasta el diseño de campañas de educación contra la obesidad que se centran en la actividad física y distraen la atención de la función de las empresas alimentarias, se ha cooptado a figuras destacadas estrechamente vinculadas a los pasillos del poder para influir en la política a fin de impulsar los intereses de las empresas alimentarias.
Ya sea mediante los programas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial, como ha sucedido en África, los acuerdos comerciales como el TLCAN y sus repercusiones en México, la cooptación de los órganos políticos a nivel nacional e internacional o la desregulación de las normas comerciales mundiales, el resultado ha sido similar en todo el mundo: dietas pobres, menos diversificadas y enfermedades resultantes del desplazamiento de la agricultura tradicional e indígena por un modelo empresarial centrado en mercados mundiales no regulados y monopolios transnacionales.
A pesar de todos los debates celebrados en la India sobre la concesión de préstamos a los agricultores y el aumento de sus ingresos, tan válidos como son, los problemas fundamentales que afectan a la agricultura siguen existiendo.
Los recientes acontecimientos sólo acelerarán las cosas. Por ejemplo, la Ley de reforma agraria de Karnataka facilitará la compra de tierras agrícolas por parte de las empresas, lo que dará lugar a un aumento de la carencia de tierras y la migración urbana.
Con el tiempo, como “activo” pleno del capitalismo mundial, la India podría ver cómo se inyectan en el sector agrícola fondos de capital privado, fondos mutuos que utilizan fondos de pensiones, fondos de riqueza soberana, dotaciones e inversiones de gobiernos, bancos, compañías de seguros y personas adineradas. En todo el mundo, este dinero se está utilizando para arrendar o comprar granjas a precios bajos y consolidarlas en grandes empresas de granos y soja al estilo estadounidense.
Este proceso de “financiarización” desplaza el poder a salas de juntas remotas, ocupadas por personas que no tienen ninguna conexión con la agricultura y que están allí sólo para ganar dinero. Estos fondos tienden a invertir en un período de 10 a 15 años, lo que se traduce en beneficios atractivos para los inversores, pero pueden dejar un legado de devastación ambiental y social a largo plazo y servir para socavar la inseguridad alimentaria local y regional.
Esta financialización de la agricultura perpetúa un modelo de agricultura comercializada y globalizada que sirve a los intereses de los gigantes de los agroquímicos y las semillas, incluida una de las mayores empresas del mundo, Cargill, que participa en casi todos los aspectos de la agroindustria mundial.
Cargill y sus 14 multimillonarios propietarios se aprovechan del trabajo infantil, la destrucción de la selva tropical, la devastación de las tierras ancestrales, la difusión del uso de plaguicidas, la contaminación de los alimentos, la resistencia a los antibióticos y la degradación general de la salud y el medio ambiente.
Si este modelo de agricultura empresarial es financieramente lucrativo para los inversores ricos y los propietarios multimillonarios, ¿es este tipo de “desarrollo” -son los tipos de grandes empresas- el que beneficiará a los cientos de millones de personas que participan en el sector agroalimentario de la India o a los más de 1.300 millones de consumidores del país y a su salud?
En un momento en el que se debilitan las juntas del mercado de productos básicos agrícolas, que forman parte de un proceso en curso para desmantelar el sistema de distribución pública de la India y los mecanismos de apoyo a los precios para los agricultores, no es sorprendente que se hayan producido protestas masivas de agricultores en el país.
La reciente legislación basada en tres importantes leyes agrícolas tiene por objeto imponer la terapia de choque del neoliberalismo en el sector, allanando finalmente el camino para la reestructuración del sector agroindustrial en beneficio de los grandes comerciantes de productos básicos y otras empresas (internacionales): los pequeños agricultores se encontrarán al pie del muro en un paisaje “grande o fuera”, similar al modelo estadounidense de cultivo y venta al por menor de alimentos.
Esto suena como la sentencia de muerte para la agricultura indígena en la India. La legislación permitirá eludir los “mandis” -mercados administrados por el Estado en los que los agricultores venden sus productos agrícolas en subasta a los comerciantes- y permitirá a los agricultores vender a agentes privados en otros lugares (físicamente y en línea), socavando la función reguladora del sector público. En las zonas comerciales abiertas al sector privado no se cobrarán derechos (los derechos cobrados en los “mandis” van al Estado y en principio se utilizan para mejorar la infraestructura del mercado para ayudar a los agricultores).
Esto puede constituir un incentivo para que el sector empresarial que opera fuera de los “mandis” ofrezca (al menos inicialmente) mejores precios a los agricultores; sin embargo, como el sistema de “mandis” está completamente agotado, estas empresas monopolizarán el comercio, se apoderarán del sector y dictarán los precios a los agricultores.
Otra consecuencia podría ser la acumulación de productos en gran medida no regulada y la especulación, lo que abriría el sector agrícola a un día de pago de ganancias para los grandes actores y pondría en peligro la seguridad alimentaria. El gobierno ya no regulará y pondrá a disposición de los consumidores productos clave a precios justos. Este terreno político ha sido cedido a los actores del mercado, siempre bajo el pretexto de “dejar que el mercado decida” a través del “descubrimiento de precios”.
La legislación permitirá a las empresas transnacionales de agronegocios como Cargill y Walmart y a los capitalistas multimillonarios indios Gautam Adani (un conglomerado de agronegocios) y Mukesh Ambini (cadena de tiendas Reliance) decidir qué se debe cultivar y a qué precio, cuánto se debe cultivar en la India y cómo se debe producir y procesar. La agricultura industrial será la norma con todos los devastadores costes sanitarios, sociales y medioambientales que este modelo conlleva.
Por supuesto, varios millones de personas ya han sido desplazadas del campo indio y han tenido que buscar trabajo en las ciudades. Y si la contención del coronavirus ha indicado algo, es que muchos de estos “trabajadores migratorios” no han podido establecerse firmemente y se han visto obligados a regresar “a casa” a sus aldeas. Sus vidas están marcadas por los bajos salarios y la inseguridad después de 30 años de “reformas” neoliberales.
Hoy en día hablamos de granjas sin agricultores, dirigidas por máquinas sin tripulación y controladas por drones, con alimentos producidos en laboratorio que se convierten en la norma. Se puede especular sobre lo que esto podría significar: cultivos básicos cultivados a partir de semillas genéticamente modificadas patentadas, rociadas con productos químicos y cultivadas para la “biomasa” industrial que será procesada por las empresas de biotecnología y convertida en algo parecido a un alimento.
Después de la conferencia de Copenhague, el Banco Mundial está hablando de ayudar a los países a volver a la normalidad a cambio de reformas estructurales. ¿Se desplazará a los agricultores más pequeños de la India de sus tierras a cambio de un alivio de la deuda individual y un ingreso básico universal? El desplazamiento de estos agricultores y la consiguiente destrucción de las comunidades rurales y sus cultivos es algo que la Fundación Bill y Melinda Gates llamó cínicamente “movilidad de la tierra”.
Esto plantea la siguiente pregunta: ¿qué le depara el futuro a los cientos de millones de personas más que serán víctimas de las políticas desposeídas de una élite de intereses poderosos?
Los diversos confinamientos que han tenido lugar en todo el mundo ya han puesto de manifiesto la fragilidad del sistema alimentario mundial, dominado por largas cadenas de suministro y conglomerados mundiales. Lo que hemos visto subraya la necesidad de una transformación radical del régimen alimentario globalizado dominante, basado en la ubicación y la soberanía alimentaria, y pone en tela de juicio la dependencia de los conglomerados mundiales y los mercados de productos básicos distantes y volátiles.
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