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En poco más de 15 días entra en vigor la nueva factura de la luz en España. Aproximadamente 11 millones de hogares sufrirán una subida del 10% de su coste, tras la subida espontánea del 46% del mes de abril. Se esperan subidas en gas y combustibles en un contexto de caída generalizada de los salarios. Leer más
El viernes la OMS (Organización Mundial de la Salud) aprobó la vacuna china Sinopharm con carácter de urgencia, es decir, con el mismo carácter experimental que las demás.
A la OMS no le ha quedado otro remedio que claudicar para reactivar la iniciativa Covax para vacunar a los países del Tercer Mundo y, en consecuencia, a la mayor parte de la humanidad.
Sinopharm es la sexta vacuna autorizada por la OMS, junto con las de Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna y las dos de AstraZeneca, fabricadas en India y Corea del Sur. Otra vacuna china, Sinovac, también está siendo examinada por la OMS para cumplir con el trámite de homologación.
Afortunadamente nunca podrán lograr vacunar a la población mundial, que es de 6.000 millones de personas porque si cada ser humano necesita dos dosis de Sinopharm, como recomienda la OMS, necesitarían 12.000 millones de dosis, 12.000 millones de jeringuillas y mucho personal sanitario que ni tiene medios de almacenamiento, ni de transporte, ni está dispuesto a desplazarse a las zonas rurales para inocular.
En el mundo no hay laboratorios suficientes ni capacidad de producción para distribuir tan gigantesco número de vacunas. El plan Covax sólo aspira a suministrar 2.000 millones de dosis, seis veces menos de las que son necesarias. Hasta ahora Covax sólo ha llegado 54 millones de personas de 121 países diferentes y en el futuro no va a ir mucho más lejos. Jamás se logrará implementar en su totalidad porque es otro de los muchos fraudes de esta pandemia.
El único país del mundo que puede acercarse a las cifras necesarias de vacunas es China.
Volvemos así a la casilla de salida: al comienzo de la pandemia ningún país tenía mascarillas ni equipo médico para abordar la pandemia, ni capacidad para fabricarlo. Países como España, tuvieron que viajar a China a comprarlo y pelearse por acaparar los alijos sanitarios como verdaderos matones.
De esta manera, el año de pandemia es la crónica de un fracaso: lo que se diseñó para aislar a China del mercado mundial, ha servido para todo lo contrario. Si en el mundo hubiera una verdadera y atroz pandemia, y si la vacuna fuera el remedio, China quedaría como la tabla de salvación de la humanidad, un blasón que podría ostentar con legítimo orgullo.
Pero no se trata de eso; estamos hablando de economía política y tanto la OMS como los países del mundo, incluidas las grandes potencias, necesitan de China. No hay más que comprobar los problemas de abastecimiento de vacunas de la vieja y achacosa Europa, que obligará a Bruselas a tomar una medida a regañadientes: aprobar las vacunas rusa y china.
Un mundo se agota mientras otro emerge, de manera que organismos internacionales como la OMS y otros parecidos jamás podrán llevar a cabo ningún proyecto de alcance mundial sin China. Por ejemplo, el plan Covax lo tendrá que llevar a cabo la OMS con productos chinos, fabricados en China.
Estados Unidos intentó que ese papel lo desempeñara India, pero ese plan también ha fracasado, como ha admitido Jake Sullivan, el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca: “Debemos preguntarnos por qué tanta gente piensa que el método para resolver la pandemia de covid 19 es mucho más eficaz en China que las recomendaciones liberales de Estados Unidos”.
Como vemos, los reformistas se vuelven a equivocar. No se trata de patentes sino de algo mucho más simple. China puede regalar las patentes de sus vacunas, e incluso las propias vacunas ya elaboradas, y en su inmensa mayoría el mundo seguirá sin poderse vacunar. Afortunadamente, porque no lo necesita.
El fin de la excepcionalidad jurídica impuesta por el gobierno del PSOE y Podemos, transmitida como un «regreso paulatino a la normalidad» es el puntapié para la entrega de las libertades individuales al poder del Estado menos escrutado y que no responde ante nadie: el partido judicial. Leer más
Un grupo étnico birmano alzado en armas afirma haber derribado un helicóptero del ejército. El incidente se produce en medio de las continuas protestas en las ciudades contra el reciente Golpe de Estado militar.
El Ejército de la Independencia de Kachin (KIA) dijo que el helicóptero fue derribado el lunes en el extremo norte del país mientras el ejército realizaba ataques aéreos contra los rebeldes. Las imágenes que circulan por internet muestran el helicóptero -probablemente un aparato de transporte y asalto Mi-17- aparentemente alcanzado por un lanzador de misiles antiaéreos portátil Manpad, idéntico al que utilizan los yihadistas en Siria.
A mediados de abril, el primer ataque armado contra los militares fue llevado a cabo por la Unión Nacional Karen, el grupo rebelde más antiguo de Myanmar, creado originariamente por los colonialistas británicos para servir como fuerza de choque.
En la época colonial, las minorías étnicas siempre fueron aliadas de los británicos. Los kachin, en el noreste, y los karen, en el sureste, llevan mucho tiempo luchando contra la mayoría birmana y por su autonomía dentro de Myanmar. Tras el Golpe de Estado de febrero, el MI6 británico ha reactivado viejos lazos y ha reunido a los principales grupos guerrilleros étnicos, aprovechando el levantamiento popular para abrir un segundo frente.
El imperialismo está acercando a los manifestantes birmanos de las ciudades, con los grupos étnicos minoritarios no birmanos. Para lograrlo, el MI6 ha creado un “gobierno de unidad nacional” al estilo Guaidó en Venezuela, que a su vez se apoyará en un “ejército de unidad federal”, una fuerza paramilitar formada por desertores del ejército y la policía birmanos, grupos étnicos rebeldes y voluntarios. Además, también hay grupos étnicos a ambos lados de la frontera india que serán utilizados para librar una guerra de guerrillas contra el ejército de Myanmar.
Sería un punto de inflexión para transformar la agitación popular en un enfrentamiento armado contra la Junta Militar golpista al estilo del “ejército nacional sirio”, una tropa de mercenarios y señores de la guerra. También hay que esperar que aparezca una organización humanitaria de propaganda al estilo de los “Cascos Blancos”.
El misil utilizado por los Kachin contra el helicóptero del Ejército de Myanmar procede del MI6 o de la CIA a través de India, miembro de la alianza regional Quad, dirigida contra China.
El objetivo es iniciar una guerra civil que impida la ejecución del Corredor Económico China-Myanmar, que comenzó en 2018 y se extiende desde la región china de Yunnan hasta el estado de Arakan en Myanmar, pasando por la principal ciudad económica del país, Rangún.
Este corredor económico incluye más de 30 proyectos y 9 megaproyectos. La más importante es la Zona Económica Especial de Kyaukphyu, en la región de Arakan. Abierto al golfo de Bengala y al océano Índico, incluye un puerto de aguas profundas, un oleoducto y un gasoducto. Además, esta zona requiere la construcción de un ferrocarril y de carreteras para su operatividad.
Además, China ha comenzado recientemente las obras de un vasto proyecto en Shwe Kokko, un diminuto pueblo de pescadores, a menos de 15 kilómetros al norte de Myawaddy, en la frontera con Tailandia. Es una obra faraónica, la construcción de una ciudad completamente nueva, de tamaño similar a la de Hong Kong, de forma privada y financiada por China.
Desde finales del año pasado, cuando se constató el problema, los fabricantes optaron por parar las líneas hasta que la escasez amainara. Pero se ha llegado al quinto mes sin soluciones y el problema se agrava, tal y como anunciamos el nuestros posts del 11 de abril y 16 de marzo. Leer más
En marzo de este año la danesa Nanna Skov Hopfner, madre de dos niños pequeños, fue condenada a dos años de cárcel por unas declaraciones que “incitaban a la violencia” durante una manifestación contra las medidas sanitarias del gobierno danés.
La joven de 30 años recurrió y el nuevo juicio se celebrará el 7 de junio. La opinión pública considera a la manifestante como una víctima de la arbitrariedad porque en su alocución se mostró partidaria de todo lo contrario: de la no violencia.
La condena ha desatado un fuerte debate político en Dinamarca, en lo que parece ser una clara escalada de represión política contra las manifestaciones de protesta que se dirigen contra el gobierno.
Hopfner fue condenada el 12 de marzo por el Tribunal Municipal de Copenhague a una pena de prisión de dos años. La acusación se refería a las palabras pronunciadas por la joven durante la manifestación de los “hombres de negro” contra las restricciones sanitarias.
“Creo que se trata de un caso muy, muy emocionante, en el que yo, como muchos otros daneses, me pregunto por qué debería ser una doble pena participar en una manifestación de esta naturaleza”, dice su abogada.
Como la manifestación fue seguida de un allanamiento, la población danesa se muestra indignada por la condena impuesta a Hopfner. La idea es que es víctima de un abuso de la ley y que los tribunales han inflado la sentencia debido a la naturaleza de la manifestación en la que participó la joven, que iba en contra de las medidas restrictivas impuestas por el gobierno danés.
—https://perbraendgaard.dk/2021/03/12/tragisk-dag-nanna-fri-uskyldigt-doemt/ https://amtsavisen.dk/artikel/coronad%C3%B8mt-30-%C3%A5rig-kvinde-kommer-for-landsretten-7-juni
Que la subida del precio de los alimentos básicos dé lugar a una amplia movilización social de protesta es casi una norma histórica. Pero cuando se trata de recordar las condiciones en las que se vivía en la Iruñea de 1951, en plena dictadura franquista, el relato tiene especial interés.
Cuando aquel 7 de mayo las amas de casa llegaron al Mercado Nuevo, constataron que el precio de la docena de huevos había pasado de 12 a 17 pesetas. La indignación dio paso a una manifestación improvisada que encendió la huelga.
El paro se prolongó durante tres días, del 8 al 10 de mayo, y se extendió a Burlata y Atarrabia. Las fuerzas policiales franquistas utilizaron armas de fuego, dejando decenas de heridos.
Fueron detenidas alrededor de 300 personas, a las que concentraron en la Plaza de Toros. Después juzgaron a 24 y, siete años después, 14 fueron condenados antes de concederles el indulto.
Al malestar general de la gente, entre quienes impulsaron la huelga se identificaron a carlistas desencantados con el franquismo, sindicalistas cristianos, y dirigentes abertzales e izquierdistas represaliados.
El 7 de mayo de 1951 fue un día muy especial en la capital navarra, ya que, de forma imprevista, se inició la primera huelga general que vivió la ciudad durante la dictadura franquista.
Como recuerda en este 70º aniversario el historiador Imanol Satrustegi a través de un hilo en su cuenta de Twitter (@ImanolS3), el malestar social había crecido ante la subida de los precios de productos básicos.
Esto se sumaba a las pésimas condiciones en las que se desarrollaba la vida en la posguerra, con las evidentes carencias provocadas por la Guerra del 36 en el sur de Euskal Herria, que se prolongaron durante el denominado “periodo de autarquía”, que se extendió hasta finales de los años 50, con el Estado español aislado políticamente tras la derrota fascista en la Segunda Guerra Mundial.
En resumen, como señala Satrustegi, la depresión económica se caracterizaba por los problemas de suministro de alimentos y productos básicos.
Como consecuencia del racionamiento (cada familia tenía asignado un cupo de productos para un periodo determinado), en el mercado regulado había poca mercancía y eso favorecía que subieran los precios. Además, la gente tenía que recurrir con frecuencia al mercado negro para satisfacer las necesidades básicas.
Siguiendo el mismo relato, las mujeres encendieron la chispa que puso en marcha la huelga: se rumoreaba que el 7 de mayo los huevos iban a venderse a 15 pesetas la docena –otras fuentes dicen que era a 12 pesetas–, pero cuando las amas de casa fueron a hacer la compra vieron que estaban a 17 pesetas.
Entonces, mostraron su indignación en el Mercado Nuevo, en el Segundo Ensanche, boicoteando la venta de huevos y formando una manifestación espontánea que llegó hasta el Gobierno Civil para pedir al gobernador que estableciera precios más bajos.
Los llamamientos a la solidaridad se propagaron rápidamente por la ciudad y comenzó a fraguarse la idea de ir a la huelga.
El 8 de mayo, desde primera hora de la mañana se notó el paro en las mayores empresas de la ciudad y los piquetes protagonizaron manifestaciones y protestas hasta que cerró la mayoría de los comercios y talleres.
La huelga sorprendió a las autoridades franquistas, que en principio no pudieron controlarla, pero que pronto recibieron ayuda con la llegada de policías de fuera de Nafarroa para responder con una fuerte represión.
Llegaron a utilizar las armas de fuego, dejando decenas de heridos de bala en las calles. Los detenidos, más de 300, fueron concentrados en la Plaza de Toros.
No obstante, la preocupación de las autoridades franquistas era notable, puesto que no podían entender cómo podía darse un movimiento de este tipo en una ciudad que, en 1936, se había alineado con el “Alzamiento” contra el Gobierno de la II República.
Además del malestar generalizado por la carestía de la vida, entre quienes impulsaron la huelga se identificaron a sectores carlistas desencantados con el franquismo, sindicalistas de organizaciones cristianas autorizadas por la dictadura, dirigentes abertzales e izquierdistas, y sus familiares, represaliados durante y tras la Guerra.
Recuerda Satrustegi que dos de las empresas más importantes de la época eran Imenasa –metalúrgica ubicada en la zona del actual parque Yamaguchi– y López Hermanos – dedicada al calzado, con talleres en la calle Arrieta y en Arrotxapea–, cuyos trabajadores estuvieron a la cabeza de la huelga.
El paro se prolongó durante tres días (8, 9 y 10 de mayo) y se extendió también a Burlata y Atarrabia. El 11 de mayo se dio por finalizado.
El azote de la represión se prolongó durante semanas, e incluso meses, mientras seguía el goteo de detenciones.
Para que hubiera un castigo público, el régimen fascista montó un proceso judicial contra 24 personas. Siete años después, en noviembre de 1958, 14 de ellos fueron condenados a entre 6 meses y 1 mes de prisión. Sin embargo, no fueron encarcelados porque se les concedió el indulto.
El citado historiador señala que, repasando el Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra, se pueden encontrar los nombres de algunos de ellos, como el trabajador de Imenasa Miguel Ángel Vital o el abogado abertzale Carlos Clavería.
Una fuente más directa para este episodio del que ahora se conmemora su 70º aniversario es la obra “La huelga de 1951 y otros conflictos en Navarra durante los años cincuenta” de José Luis Díaz Monreal, editado por Pamiela.
En este ensayo también se hace referencia a las huelgas que ese mismo año tuvieron lugar en Bizkaia y Gipuzkoa, así como en Barcelona.
Este tipo de protestas registradas en la década de 1950 eran de carácter aislado y, generalmente, estuvieron relacionadas con el aumento del precio de las mercancías básicas y la mejora de las condiciones de vida. De ahí que se conocieran como “huelgas del hambre”.
Otra huelga de relevancia se produciría en Iruñea en abril de 1955, esta vez en solidaridad con los trabajadores de Calzados López, y duró una semana.
El desarrollismo económico que caracterizó a los años 60 produciría grandes cambios en las estructuras socioeconómicas de la sociedad navarra, como resalta Satrústegi, por lo que a partir de finales de la década de 1960 se abriría un nuevo ciclo de movilizaciones.
—https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20210507/hace-70-anos-se-desarrollo-la-primera-huelga-general-en-irunea-durante-la-dictadura-franquista
La BBC y Reuters participan en un programa secreto del Foreign Office, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, según documentos filtrados en febrero. El objetivo es “debilitar la influencia del Estado ruso”.
El programa está apoyado por el servicio de inteligencia británico MI6 y por Bellingcat, un equipo de propagandistas de la OTAN.
Los documentos han sido publicados por The Grayzone y analizados detalladamente por Max Blumenthal (*), a quien el New York Times calificó de “tonto útil de Putin” por sus ataques a los nazis ucranianos durante la Guerra del Donbás.
La campaña de intoxicación tiene como diana a medios de comunicación rusos, como Sputnik y RT. Sus argumentos, además de evidentes, no son nada nuevos: Sputnik y RT son medios de comunicación públicos financiados por el gobierno ruso, lo mismo que la ETB, por poner un ejemplo.
La diferencia es que Sputnik y RT vienen socavando sistemáticamente la credibilidad de la propaganda imperialista, lo que ha hecho crecer su audiencia. En la medida en que se debilitan sus altavoces, se debilita el imperialismo y, por lo mismo, crece el prestigio de Rusia y de sus propios medios de información.
En otras palabras, Sputnik y RT no son más dependientes del gobierno ruso que la BBC y Reuters de los imperialistas. La diferencia es que una cosa es sabida y la otra sigue escondida, y quien oculta algo no merece ninguna credibilidad.
Al respecto, el artículo de The Grayzone es exhaustivo. Incluye documentos procedentes de empresas, administraciones y oficinas públicas británicas y, como no se explica su origen, sospecho que han sido obtenidos por los medios típicos del espionaje ruso y luego filtrados a Blumenthal.
Los documentos confirman algo que ya hemos expuesto aquí: la campaña de intoxicación contra Rusia la dirige el MI6, que ha creado un departamento secreto dentro del Foreign Office en el que los periodistas trabajan conjuntamente con espías y subcontratistas de inteligencia.
Oficialmente el departamento se llama CDMD (Desarrollo de Medios de Comunicación y Contra-Desinformación), aunque es más conocido como “Consorcio”.
El departamento tiene un programa “de formación” para periodistas rusos supervisado por Reuters, uno de cuyos objetivos es crear un “impacto positivo” en su “percepción del Reino Unido”. El otro es crear una red de agentes de influencia en el segmento de habla rusa de las redes sociales.
Hay varios ejemplos de ello, entre los que siempre hemos destacado el Caso Skripal, como modelo de intoxicación. El tan llorado Navalny también es un buen ejemplo. Al jefe de la organización anticorrupción de Navalny, Vladimir Ashurkov, le pilló el espionaje ruso en 2012 reuniéndose con un espía del MI6, James William Thomas Ford, que operaba desde la embajada británica en Moscú. Durante la reunión se le oye a Ashurkov pedir entre 10 y 20 millones de dólares para generar “una imagen diferente” de Rusia: corrupta, oligárquica, represora…
(*) https://thegrayzone.com/2021/02/20/reuters-bbc-uk-foreign-office-russian-media/
Más información:
— El gobierno británico dirige a los medios en la campaña de intoxicación contra Rusia
— El espionaje británico supervisa la contratación de los periodistas de la BBC
— Culebrón Skripal: últimas y apasionantes revelaciones sobre un temible coronel del no menos temible GRU
— La Nueva Guerra Fría de la CIA contra Rusia
En Estados Unidos el año pasado sólo murieron 82 personas tras ser vacunadas. Sin embargo, en lo que va de año se han registrado 3.317 muertes a causa de las vacunas contra el coronavirus, según se desprende de la base de datos Vaers.
Esto supone un aumento de casi el 4.000 por ciento, y apenas estamos en el segundo trimestre del año.
Hasta ahora han vacunado a menos de la mitad de la población estadounidense, lo que significa que a medida que el número aumente, también lo harán las muertes. Si esta tendencia continúa, es probable que veamos entre 12.000 y 15.000 muertes posteriores a la vacunación notificadas al Vaers a finales de este año.
Hay que tener en cuenta que el Vaers sólo registra entre el 1 y el 10 por ciento de las muertes o los síntomas reales, lo que significa que, razonablemente, entre 33.000 y 330.000 estadounidenses ya han muerto después de tomar las vacunas contra el coronavirus.
La era de la vigilancia masiva ya está aquí y, según el signo de los tiempos, se ha privatizado. Biden contratará a empresas privadas para que espíen a los ciudadanos estadounidenses que difunden contenidos “extremistas” en internet.
El plan se discute dentro del DHS, el Ministerio del Interior, y permitirá al gobierno eludir las leyes que impiden al gobierno vigilar a los ciudadanos sin una previa orden judicial.
Se trata de que las empresas privadas puedan acceder legalmente a las comunicaciones de ciertos colectivos a fin de reunir grandes cantidades de información que podrían ayudar al Ministerio del Interior a identificar determinados mensajes de interés a medida que surgen.
Los usuarios crean identidades ficticias para comunicarse en espacios privados de las redes sociales a los que el gobierno no puede acceder. Sin embargo, las empresas privadas sí pueden camuflarse y el gobierno de Biden está considerando la posibilidad de recurrir a ellas para actuar como intermediarias a fin de obtener información con amplios resúmenes y análisis de las discusiones que circulan por las redes sociales.
Los defensores de la intimidad y las libertades civiles han criticado durante mucho tiempo cualquier esfuerzo por recopilar datos en masa, incluso la información disponible públicamente sobre los ciudadanos, porque suponen una violación de los derechos de la Primera y la Cuarta Enmienda.
El hecho de que el gobierno entregue a las empresas privadas el espionaje de ciudadanos sin orden judicial es un fraude que no lo hace menos ilegal.
—https://www.cnn.com/2021/05/03/politics/dhs-partner-private-firms-surveil-suspected-domestic-terrorists/index.html
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