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El Tribunal Penal Internacional exonera a Estados Unidos de los crímenes cometidos en Afganistán

El Tribunal Penal Internacional, como ya hemos repetido en otras entradas, lo crearon las grandes potencias para someter a los países del Tercer Mundo, que ya estaban bastante sometidos por otro tipo de procedimientos.

Es una empresa neocolonial que fuera de Europa adolece de una absoluta falta de credibilidad, porque no está para juzgarse a sí mismo, es decir, para airear los crímenes de las grandes potencias, como los que han cometido en los 20 años de ocupación militar de Afganistán.

El Tribunal llevaba ya 15 años investigando los crímenes de guerra en Afganistán y hasta ahora no había sido capaz de dar un palo agua. Sin embargo, el 27 de septiembre el fiscal Karim Khan anunció su intención de investigar los crímenes de guerra cometidos en Afganistán… por los talibanes excluyendo los cometidos por las fuerzas estadounidenses y sus aliados.

El lacayo Khan dice que ha decidido “centrar las investigaciones de [su] oficina en Afganistán en los delitos presuntamente cometidos por los talibanes y el Estado Islámico en la provincia de Jorasán, en detrimento de otros aspectos de la investigación”.

En 2016 un informe del Tribunal afirmaba que existe una “base razonable” para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra en Afganistán.

Al año siguiente la antigua fiscal jefe, Fatou Bensouda, expresó su intención de comenzar a investigar las acusaciones de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra y abrió un plazo para presentar de alegaciones en nombre de las víctimas, dando sólo dos meses para recoger y presentar pruebas.

La organización CAGE presentó relatos de primera mano y pruebas médicas sobre el atroz trato de los prisioneros por parte de las fuerzas estadounidenses, incluyendo homicidios, violaciones y torturas brutales.

La investigación fue rechazada por Estados Unidos, que no dio crédito al Tribunal. “Dejaremos que el Tribunal Penal Internacional muera por sí solo. Al fin y al cabo, por así decirlo, ya está muerto para nosotros”, dijo John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos enntonces.

“Prohibiremos que sus jueces y fiscales entren en Estados Unidos. Sancionaremos sus activos en el sistema financiero de Estados Unidos y los perseguiremos en el sistema penal de Estados Unidos. Haremos lo mismo con cualquier empresa o estado que contribuya a una investigación deel Tribunal Penal Internacional sobre los estadounidenses”, añadió.

El año pasado Trump cumplió esas amenazas y sancionó a varios funcionarios del Tribunal. La investigación también se suspendió después de que el depuesto gobierno de Kabul declarara que investigaría las acusaciones de crímenes de guerra por sí mismo.

Fue sorprendente, ya que el gobierno afgano respaldado por Estados Unidos fue descrito como una “cleptocracia autoorganizada” que torturaba habitualmente a los prisioneros y cometía abusos sexuales. Estaba claro que nadie rendiría cuentas por los crímenes cometidos por las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Afganistán.

Un Tribunal sumiso que sabe quiénes son sus jefes

El Tribunal Penal Internacional nunca ha pedido cuentas a los Estados poderosos. En 2020 concedió el “beneficio de la duda” a Reino Unido por los crímenes cometidos en Irak, a pesar de que “indudablemente hay pruebas de que se cometieron crímenes de guerra”, dijo entonces el Tribunal.

Publicó un informe de 180 páginas en el que se documentan los malos tratos infligidos a cientos de detenidos irakíes por soldados británicos entre 2003 y 2009. Los prisioneros fueron golpeados hasta la muerte, abusados sexualmente y violados.

El informe también concluye que “las medidas iniciales adoptadas por las autoridades británicas para investigar las acusaciones parecen haberse visto empañadas por una falta de independencia e imparcialidad incompatible con la intención de llevar a los implicados ante la justicia”.

A pesar de ello, el Tribunal decidió no emprender ninguna acción contra Reino Unido, alegando que no podía establecer si éste había actuado para proteger a los soldados de la persecución.

Por el contrario, el Tribunal Penal Internacional es implacable a la hora de perseguir a los criminales africanos. Tiene unos 30 casos pendientes, siete acusados bajo su custodia y cuatro condenas hasta la fecha. Todos son del continente africano. Por el contrario, no pide cuentas a las potencias occidentales por las aproximadamente 900.000 personas asesinadas en el mundo musulmán como consecuencia de las guerras posteriores a 2001.

Farsa judicial en La Haya

El nuevo fiscal no sólo ha decidido ignorar los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos, sino que también quiere centrarse en el nuevo gobierno de Kabul, es decir, en los talibanes. Muchos verán esta decisión como algo político y como un intento de aumentar la presión sobre el Emirato Islámico de Afganistán.

Esto se produce en un contexto más amplio en el que las instituciones internacionales también parecen hacerlo. En cuanto Estados Unidos se retiró de Kabul, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional suspendieron la ayuda a Afganistán. Estados Unidos, por su parte, congeló la mayoría de los activos del país que se encontraban en la Reserva Federal de Nueva York.

La parte militar de la guerra en Afganistán ha terminado y ha finalizado con la histórica derrota de Estados Unidos. Sin embargo, parece que parte de la comunidad internacional está decidida a librar una guerra económica y diplomática contra Afganistán, poniendo en peligro a los afganos de a pie en un país que ya está al borde de la inanición.

Al conocer la decisión del fiscal, uno de los afganos que presentó pruebas de su brutal tortura por parte de Estados Unidos dijo: “Se suponía que el Tribunal era una herramienta para detener los desastres humanitarios, no para ayudar a crear otros nuevos. ¿Dónde están esos derechos humanos de los que se habla? Para los afganos, no había derechos humanos en [la prisión estadounidense de] Guantánamo, ni en Bagram [base estadounidense en Afganistán], y tampoco los hay en La Haya”.

Será difícil que alguien se lo discuta.

Arnaud Mafille https://www.middleeasteye.net/opinion/afghanistan-us-war-crimes-whitewashing-icc

Hartos de la pandemia, los trabajadores comienzan una oleada de huelgas en Estados Unidos

La agitación laboral del verano en el sector de alimentos procesados en Estados Unidos se ha extendido al otoño, en el que trabajadores hartos de la pandemia han seguido declarándose en huelga para exigir mejores salarios.

Unos 1.400 empleados de las plantas de cereales de Kellogg Co. en Estados Unidos paralizaron actividades esta semana tras señalar que las negociaciones con la compañía sobre sueldos y prestaciones se habían estancado. En Kentucky, una huelga de 420 trabajadores de Heaven Hill Distillery ya lleva cuatro semanas.

Estos paros laborales siguieron a las huelgas en el verano de 600 trabajadores en las instalaciones de Frito-Lay en Topeka, Kansas, y de 1.000 empleados en las plantas de Nabisco en varias partes de Estados Unidos. En junio, Smtihfield Foods logró evitar por escaso margen una huelga de miles de trabajadores en una planta en Sioux Falls, Dakota del Sur.

El número de huelgas es inusual. Kellogg señala que es la primera vez que sus empleados de procesamiento de cereales en Estados Unidos se declaran en huelga desde 1972. La ocasión anterior en que los trabajadores de Nabisco pararon sus labores fue en 1969.

Pero después de 18 meses difíciles, en los que muchos trabajaron turnos de 12 horas y tiempo extra obligatorio para satisfacer la demanda durante la pandemia, los trabajadores no tienen ánimo para efectuar concesiones.

“Estamos pintando una raya”, dijo Rob Long, mecánico de producción que trabaja desde hace 11 años en la planta de Kellogg en Omaha.

Long señaló que él y otros trabajadores están molestos por un sistema de dos niveles de empleados que le da menos prestaciones y paga a los nuevos, lo que crea una brecha entre el personal. Long señaló que la empresa desea eliminar una disposición que actualmente limita a los trabajadores del nivel inferior a 30 por ciento de la plantilla.

Después de décadas de ver a las empresas reducir salarios y prestaciones, los trabajadores del sector de alimentos procesados consideran que tienen una inusual ventaja debido a la pandemia, dijo Patricia Campos Medina, directora ejecutiva del Instituto de los Trabajadores en la escuela de Relaciones Industriales y Laborales en la Universidad Cornell.

La escasez de mano de obra significa que las empresas no pueden sustituir con facilidad a los trabajadores de la producción de alimentos, agregó. Y la pandemia atrajo la atención a la naturaleza esencial y a veces peligrosa de su trabajo.

“Los trabajadores en general están exigiendo a las empresas que inviertan más en la fuerza de trabajo y que no sólo se lleven las ganancias para los accionistas”, agregó.

—https://apnews.com/article/noticias-3de3bc25701df8dafb6a077bd3c6ac9e

El carbón sí tenía futuro: la crisis energética obliga a Endesa a comprar mineral

Miles de puestos de tabajo perdidos y comarcas mineras asturianas y leonesas completamente en la ruina. Es el duro escenario que dejó tras de sí el cierre de las explotaciones mineras bajo el alegato de que no era rentable y no tenía futuro.

Apenas han pasado unos años y, de nuevo, la minería ha demostrado que era un sector estratégico, tenía futuro si las centrales térmicas actualizaban sus sistemas de quemado de mineral y tenían futuro como reserva estratégica nacional.

La prueba llegó el miércoles tras conocerse que Endesa ha adquirido de nuevo carbón para poder utilizarlo en la central térmica que la empresa tiene en la localidad de As Pontes de García Rodríguez, A Coruña, para hacer frente a las necesidades energéticas de este invierno.

La adquisición se cerró el pasado 30 de septiembre y el mineral tiene previsto llegar al puerto exterior de Ferrol, en donde la empresa tiene una terminal de descarga, en el mes de noviembre, para posteriormente ser transportado por carretera hasta las instalaciones próximas a la central térmica.

Con esta nueva compra de carbón, de al menos 60.000 toneladas, se abre también un nuevo escenario en este complejo industrial.

La central de As Pontes sigue operativa y a disposición del Ministerio de Transición Ecológica y del operador del sistema (Red Eléctrica), en tanto la empresa no reciba la confirmación administrativa de su cierre, algo que no prevé hasta finales de este año o principios del próximo.

Esta central tuvo que quemar carbón el pasado mes de enero para atender las necesidades energéticas provocadas en el país por la tormenta Filomena.

El gobierno y las empresas han puesto fecha de caducidad a esta tecnología en España por tratarse de un combustible fósil. La intención del ejecutivo, con su Plan de Energía y Clima, es sustituirla por otras fuentes de generación alternativas, que no existen a fecha de hoy, salvo recurriendo a las importaciones del exterior.

Mientras, la crisis motivada por los altos precios del gas puede llevar que el gobierno reconsidere el cierre.

‘¡Fuera fascistas de nuestros barrios!’, gritaron los manifestantes en Grecia

Con motivo del año transcurrido desde la condena de la organización nazi “Amanecer Dorado”, se celebraron en Atenas manifestaciones antifascistas convocadas por movimientos, organizaciones, asociaciones estudiantiles y sindicatos.

Al mismo tiempo, se celebraron grandes manifestaciones antifascistas en otras partes de Grecia, como Salónica y Patras.

Con el lema básico “¡Fuera fascistas de nuestros barrios!”, las movilizaciones adquieren una gran importancia ya que tienen lugar pocos días después de los ataques fascistas en el EPAL Stavroupolis, los episodios en el EPAL Evosmos y los asesinatos fascistas en el oeste de Tesalónica.

“Un año después de la condena, los fascistas siembran el odio”, dicen las pancartas, mientras se unen al grito “El Tribunal de Apelación fue el comienzo, en Stavroupoli y en todos los distritos, el fascismo será aplastado por las luchas populares”.

Debido a la marcha, la avenida Alexandras fue cerrada al tráfico.

Previamente, la mujer símbolo de la lucha contra el fascismo, Magda Fyssa, habló, subrayando una vez más que no hemos acabado con el fascismo.

“Luchamos contra el fascismo y el sistema que lo engendra”, “Sois la podredumbre de todos a los fascistas de cada barrio”, fueron algunos de los lemas escritos en las pancartas de los manifestantes de Salónica.

La manifestación partió de la estatua de Venizelos y terminó en Santa Sofía, donde tuvo lugar un concierto antifascista.

—https://remonews.com/greeceeng/fascists-out-of-our-neighborhoods-anti-fascist-demonstration-underway-in-athens-and-other-cities/

Un hospital deniega un transplante de riñón porque la enferma y la donante no están vacunadas

Una mujer de Colorado con insuficiencia renal en fase 5 lucha por cambiar de hospital porque ella y su donante no están vacunados. El sistema hospitalario les ha dado 30 días de plazo para vacunarse o ser eliminados de la lista de trasplantes.

UCHealth, un sistema sanitario con sede en Aurora, Colorado, ha adoptado nuevas normas sobre trasplantes que exigen que los pacientes estén totalmente vacunados.

“Estoy aquí, listo para ser un donante directo para ella. No afecta a ningún otro paciente de la lista de trasplantes”, dijo Jaimee Fougner, donante de un riñón para Leilani Lutali.

“¿Cómo puedo sentarme aquí y permitir que maten a mi amiga, cuando tengo un riñón perfecto y puedo salvar su vida?”, explicó Fougner.

Leilani Lutali recibió una carta de UCHealth la semana pasada en la que se le explicaba que ella y Jaimee Fougner tenían hasta finales de octubre para iniciar el proceso de vacunación o serían eliminadas de la lista de trasplantes.

“Dije que firmaría una renuncia médica. De todos modos, tengo que firmar una renuncia para el propio trasplante, lo que les libera de cualquier cosa que pueda salir mal”, dijo Lutali. “Es una cirugía, es invasiva. Voy a firmar una renuncia por mi vida. No sé por qué no puedo firmar una renuncia a la vacuna contra el coronavirus”.

En agosto, la UCHealth comunicó a Lutali que estar vacunado no sería un requisito para operarse. “A finales de agosto, nos confirmaron que no era necesaria la vacuna contra el coronavirus en ese momento”, dijo. “El 28 de septiembre, Jamie se enteró de que tenían esta política con respecto a la vacuna contra el covirus tanto para el donante como para el receptor”.

Ambos se conocieron en un estudio bíblico hace casi un año y, por razones religiosas y demasiadas incertidumbres, se niegan a vacunarse.

—https://denver.cbslocal.com/2021/10/05/uchealth-kidney-transplant-covid-vaccine/ https://news.sky.com/story/covid-19-unvaccinated-woman-denied-kidney-transplant-in-us-12427654

El lunes comienza el juicio contra los asesinos de Thomas Sankara

El lunes comienza el juicio contra los asesinos del dirigente africano Thomas Sankara. El principal acusado es el antiguo presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, que ha huído a Costa de Marfil.

Han transcurrido 35 años desde el magnicidio. El momento será obviamente histórico, pero también emotivo para las familias de las 12 víctimas asesinadas junto al Presidente burkinés el 15 de octubre de 1987 y que, durante años, permanecieron en el anonimato.

Entre ellos había cuatro miembros civiles del gabinete especial de Sankara (Paulin Bamouni, Patrice Zagré, Frederic Kiemdé y Bonaventure Compaoré) y ocho militares (el suboficial Christophe Saba, tres conductores del convoy presidencial y cuatro guardaespaldas).

Todos fueron asesinados fríamente por el comando que irrumpió ese día en el Consejo del Acuerdo, y luego enterrados por la noche, a toda prisa, en las afueras de la capital. Desde entonces, sus familiares y amigos luchan por coocer la verdad.

Las sesiones del juicio se celebrarán en el tribunal militar de Uagadugu, la capital burkinesa, y toda África permanece expectante.

La década de los ochenta será recordada como una de las más dolorosas del Sahel. El colapso de los precios de las materias primas y la lenta putrefacción de los regímenes neocoloniales no dejaron ninguna salida a la miseria y la opresión.

Sankara tenía 38 años cuando fue asesinado. Era capitán del ejército y dirigente de la revolución antimperialista y panafricanista de 1983. Durante los 27 años que el asesino estuvo al frente del gobierno, el asesinato fue un tema tabú, rodeado de la característica nube de mentiras oficiales.

El crimen no comenzó a destaparse hasta que en 2014 un levantamiento popular acabó con Campaoré, el director del operativo que acabó con la vida de Sankara. Se sabe que en el crimen participaron mercenarios liberianos dirigidos por el criminal de guerra Charles Taylor que, como ya explicamos hace unos años, era un peón de la CIA.

Lamentablemente, el juicio no llegará hasta quienes movían los hilos desde la capital francesa. En 2017 un diputado pidió que el gobierno abriera los archivos secretos que esconden a los auténticos inspiradores de los asesinatos.

Macron prometió que la documentación sería desclasificada, pero África sigue esperando, no sólo por Sankara y sus compañeros, sino por las decenas de miles de ruandeses asesinados durante el genocidio de 1994.

La historia reciente del Continente Negro se sigue escribiendo con sangre.

El 90 por ciento de las víctimas de los ataques con drones no son los previstos

El uso militar de drones está creciendo a un ritmo tan vertiginoso —y a menudo con consecuencias tan controvertidas— que hasta existe ya una organización no gubernamental global que pide su prohibición. “En solidaridad con las luchas por la liberación política, cultural y económica en todo el mundo, somos una campaña de base internacional comprometida con la prohibición de los drones aéreos armados y la vigilancia con drones militares y policiales”, se presenta el grupo.

Se trata de Ban Killer Drones (BKD), y su mensaje queda justificado porque, en efecto, los ataques con drones se viene registrando exclusivamente fuera de los países más desarrollados. Uno de los principales ejemplos que pone BKD es muy reciente: el golpe estadounidense con un dron en Kabul del 29 de agosto que, en lugar de alcanzar a una célula de ISIS-K, mató a 10 civiles, entre ellos siete niños. A mediados del mes pasado, un vocero del Pentágono, el general Kenneth McKenzie, del Comando Central de las fuerzas norteamericanas (Centcom), reconoció que se trató de un “trágico error”.

Por su parte, el ministro de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, le hizo eco a McKenzie al pedir disculpas y asegurar que “nos esforzaremos por aprender de este horrible error”, aunque no anunció medidas específicas. Para la gente de BKD, las semanas que pasaron entre el ataque en Kabul y las declaraciones de Austin y McKenzie muestran los esfuerzos del Pentágono y el gobierno de Biden para encubrir la verdad sobre la matanza en la capital afgana. Se trató, aseguraron, de “un ejemplo del encubrimiento continuo de las atrocidades de los drones asesinos que han sido perpetradas por todas las administraciones estadounidenses desde el primer ataque” de este tipo, el 7 de octubre del 2001, cuando comenzó la agresión contra Afganistán.

Ahora, cuando se cumple el vigésimo aniversario del inicio de los bombardeos, y de esa guerra, Ban Killer Drones propone convertir esa fecha en un Día de Expiación por los crímenes cometidos durante la campaña en general, y con drones en particular. El grupo recordó, además, los documentos clasificados que divulgó Daniel Hale, el ex analista de inteligencia de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos condenado a 45 meses de prisión por publicar esos secretos, según los cuales el gobierno estadounidenses es consciente de que “el 90 por ciento de las víctimas de los ataques con drones no son los objetivos previstos”.

Es un hecho que los drones militares no van a desaparecer. Y no solamente porque son consideradas una de las principales armas del futuro por comandantes en todo el mundo sino también porque representan un enorme negocio. Un informe de la consultora Fortune Business Insight asegura que el mercado de los drones militares alcanzará los 26.120 millones de dólares para el 2028, un crecimiento espectacular respecto de los 10.680 millones del año pasado. Serán factores como el aumento de las actividades de intrusión a lo largo de las fronteras y el aumento del gasto militar de varios países los que impulsen la demanda del producto durante el período de pronóstico, señala el informe.

Este crecimiento, precisó, se apoya sobre el aumento general de los gastos mundiales en defensa. En ese sentido, el reporte —difundido en julio de este año— cita números del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) según el cual hubo un alza del 7,2 por ciento en esos gastos a nivel mundial en 2019. Por ejemplo, en marzo de este año, el gobierno chino presentó su presupuesto de defensa anual con gastos previstos por 209.200 millones de dólares. Para el año fiscal 2022, el gobierno de Biden pidió al Congreso la aprobación de 715.000 millones de dólares, un 1,6 por ciento más que los 703.700 de este año.

El estudio de Fortune Business Insight resalta también algunos elementos de la sofisticada trama de investigación y desarrollo tecnológico detrás de los sistemas de drones militares. Algunos de los elementos detrás del auge de este tipo de armas, indicó el análisis, son los continuos avances científicos en campos diversos como la comunicación satelital y la inteligencia artificial. En el primer caso, el informe dice que este segmento de la industria militar tendrá un crecimiento considerable respaldado por la creciente adopción de receptores de satélite controlados a distancia, parte de los sistemas de navegación satelital para vuelos de larga distancia.

Marcelo Raimon https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/los-drones-un-arma-pols30x0p+09mica-cada-vez-m

Las nuevas técnicas represivas que se están ensayando masivamente gracias a la pandemia

La pandemia está sirviendo para experimentar nuevas técnicas represivas a gran escala. Por ejemplo, las dos provincias más pobladas de Australia están probando un programa de reconocimiento facial que permite a la policía comprobar que la gente permanece en sus casas durante el confinamiento.

La empresa tecnológica Genvis ha declarado que Nueva Gales del Sur y Victoria, donde se encuentran Sydney, Melbourne y más de la mitad de los 25 millones de habitantes de Australia, están probando técnicas de reconocimiento facial. Genvis dijo que las pruebas se realizaban de forma voluntaria.

Esta empresa con sede en Perth, Australia Occidental, desarrolló el programa el año pasado con la policía para ayudar a imponer las restricciones sanitarias, y ha dicho que espera vender sus técnicas en el extranjero.

El mes pasado, la provincia de Australia Meridional comenzó a probar una tecnología similar que no es de Genvis, lo que provocó advertencias en todo el mundo sobre la extralimitación de la vigilancia.

La primera ministra de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, dijo antes de su dimisión, que el gobierno estaba “cerca de probar algunas opciones de cuarentena en el hogar para los australianos que regresan”, sin responder directamente a las preguntas sobre el programa de reconocimiento facial Genvis.

En el sistema que se está experimentando, las personas tienen que responder a solicitudes de la policía aleatorias haciéndose un “selfie” en el domicilio en el que indican cumplir la cuarentena. Si el programa, que también recoge datos de localización, no verifica la imagen con una “firma facial”, la policía puede realizar una visita al lugar para confirmar el paradero de la persona.

Aunque la tecnología se utiliza en Australia Occidental desde noviembre del año pasado, se ha presentado más recientemente como una herramienta para que el país pueda reabrir sus fronteras, poniendo fin a un sistema vigente desde el inicio de la pandemia que obliga a las llegadas internacionales a pasar dos semanas en cuarentena en un hotel bajo la vigilancia de la policía.

Aparte de la pandemia, las fuerzas policiales han expresado su interés en utilizar las aplicaciones de reconocimiento facial, lo que ha provocado una reacción de los grupos por la posibilidad de ataques a grupos minoritarios.

La directora ejecutiva de Genvis, Kirstin Butcher, dijo que “una cuarentena domiciliaria no se sostiene sin controles de cumplimiento, si lo que se busca es mantener la seguridad de las poblaciones”.

“No puedes realizar controles de cumplimiento físicos a la escala necesaria para apoyar los planes de reapertura [social y económica], así que hay que utilizar la tecnología”, añadió.

“Me preocupa no sólo el uso que se hace de ella, sino el hecho de que sea un ejemplo del uso progresivo de este tipo de tecnología en nuestras vidas”, dijo Toby Walsh, profesor de Inteligencia Artificial de la Universidad de Nueva Gales del Sur.

Walsh puso en duda la fiabilidad de la tecnología de reconocimiento facial en general, que, según él, podría ser pirateada para dar informes de localización falsos. “Incluso si funciona aquí… entonces valida la idea de que el reconocimiento facial es algo bueno”, dijo. “¿Dónde termina?”

El gobierno de Australia Occidental ha dicho que ha prohibido a la policía utilizar los datos recogidos por las aplicaciones informáticas relacionadas con la pandemia para otros asuntos. La policía de Australia Occidental afirma que ha sometido a 97.000 personas a la cuarentena domiciliaria, utilizando el reconocimiento facial, sin incidentes.

Próximamente el Parlamento Europeo va a prohibir totalmente la vigilancia biométrica masiva por parte de la policía porque las técnicas de control a distancia basadas en la inteligencia artificial, como el reconocimiento facial, suponen un atentado a los derechos y libertades fundamentales, como la intimidad.

—https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australias-two-largest-states-trial-facial-recognition-software-police-pandemic-2021-09-16/

La policía francesa detiene y sienta en el banquillo a un médico opuesto a la vacunación

El médico Denis Agret, portavoz del movimiento antivacunas de Montpellier, fue detenido el martes por la policía y debía ser juzgado ayer, pero el juicio se suspendió hasta el 23 de febrero del año que viene.

Cerca de 200 personas se concentraron ayer ante el tribunal de Montpellier para mostrar su apoyo a quien es la cabeza visible del movimiento contra las vacunas en la localidad francesa.

El médico iba a ser juzgado por “poner en peligro a otras personas y violar la intimidad”, por haber incitado el pasado mes de enero a los niños a quitarse las mascarillas y haber difundido después sus fotos sin el permiso de los padres.

Además, el doctor Agret tiene varias investigaciones policiales abiertas como consecuencia de la batalla que libra contra los responsables sanitarios en torno a las mascarillas y las vacunas.

“No sé si fue apropiado ponerlo en custodia en la víspera de su juicio. En mi opinión, podría haberse hecho de otra manera”, dijo su abogado. “Esto forma parte de la rareza del tratamiento judicial que se le da”.

“Está impedido y no es cuestión de juzgarlo en estas condiciones”.

Ayer el presidente del tribunal penal de Montpellier anunció el aplazamiento del juicio.

Al médico le han censurado sus cuentas en Facebook, YouTube y Twitter. Ha abandonado el Colegio de Médicos y también el título de doctor en medicina. “Devuelvo mi bata y me lavo las manos”, dijo en una carta pública.

La CIA cada vez pierde más espías fuera de Estados Unidos

Decenas de agentes de la CIA han sido detenidos, ejecutados o comprometidos por agencias de inteligencia extranjeras de todo el mundo, dice el New York Times (*).

Entre ellos hay espías e informantes, estadounidenses y ciudadanos de otros países que trabajan para la CIA.

Los altos cargos de la CIA han reprendido a las sedes de contraespionaje de varios países por falta de formación, por subestimar las competencias de las agencias extranjeras y por reclutar personal sin tener en cuenta los posibles riesgos.

La CIA ha exigido a sus agentes que resuelvan todos los problemas identificados y mejoren el trabajo de los agentes en el extranjero. No se indica el número exacto de informantes comprometidos. Sin embargo, se informa de que Rusia, China, Pakistán e Irán se han vuelto mucho más eficaces a la hora de rastrear y neutralizar a los espías de la CIA, además de convertirlos en agentes dobles.

Según la CIA, no es sólo la habilidad de los competidores lo que ha llevado a los fracasos de los informantes, sino también la traición dentro de las filas de la contrainteligencia estadounidense. Se ha revelado que algunos funcionarios del departamento transfieren datos de los agentes a servicios especiales extranjeros y violan el secreto de los canales de comunicación.

(*) https://www.nytimes.com/2021/10/05/us/politics/cia-informants-killed-captured.html

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