África no quiere al Tribunal Penal Internacional

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, acaba de pedir a los países africanos que abandonen el Estatuto de Roma por el que se creó el Tribunal Penal Internacional, que mantiene abiertos varios procesos contra dirigentes del continente.

Museveni ha lanzado este mensaje en los actos de celebración del Día de la Independencia de Kenia, una semana después de que el Tribunal Penal Internacional decidiera archivar el caso por crímenes contra la humanidad contra el presidente de este país, Uhuru Kenyatta. «Yo, personalmente, presentaré una moción en la próxima Cumbre de la Unión Africana para que el continente retire su adhesión a el Tribunal Penal Internacional», dijo Museveni durante la ceremonia, celebrada en la capital keniata.

Museveni acusó al tribunal internacional de ignorar la voz de África y establecer un programa para atacar a los dirigentes del continente. El mandatario ugandés, que estuvo acompañado en Kenia por los presidentes de Ruanda y Ghana, Paul Kagame y John Dramani Mahama, respectivamente, se mostró satisfecho de que el Tribunal Penal Internacional hubiera archivado el caso contra Kenyatta, al carecer de pruebas suficientes para implicarlo en la muerte de miles de personas tras las elecciones de 2007.

«En el mismo sentido, el tribunal también debe considerar la retirada de los cargos contra el vicepresidente William Ruto», quien está siendo juzgado por los mismos delitos por los que se investigó a Kenyatta. Museveni consideró una falta de respeto a los votantes de Kenia que el vicepresidente esté siendo procesado por el Tribunal. «Nosotros, la Unión Africana, pedimos que se aplazaran los casos de Kenia hasta que el presidente y el vicepresidente abandonaran su cargo, pero nos desairaron», ha dicho el presidente ugandés.

Por su parte, el presidente de Kenia acusó a el Tribunal Penal Internacional de amenazar la estabilidad de su país. «Estoy convencido de que el Tribunal Penal Internacional es una amenaza real para la esperanza de nuestro país, para la reconciliación nacional y la estabilidad duradera», manifestó. Kenyatta dijo que el tribunal «no ofrece ninguna promesa clara de justicia para las víctimas de la violencia postelectoral, que traumatizó a este país hace unos años».

Tras las elecciones de diciembre de 2007, 1.300 personas fueron asesinadas y más de 600.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la ola de violencia. La Fiscalía de el Tribunal Penal Internacional investigaba al presidente de Kenia y a su vicepresidente por supuestamente orquestar y financiar la matanza.

A finales del año pasado la Unión Africana pidió a el Tribunal Penal Internacional que los gobernantes africanos en el cargo no sean juzgados. El carácter político y discriminatorio de sus juicios quedó patente cuando no emprendió ninguna clase de juicio contra los racistas sudafricanos por los crímenes cometidos durante el apartheid.

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