En los tiempos del imperialismo el mercado “libre” es una entelequia. España ha prohibido la venta de Talgo a una empresa húngara por razones de “seguridad nacional”. Estados Unidos prohibió TikTok por el mismo motivo. China prohibió Google y Youtube. Rusia prohibe Meta/Facebook, a la que considera como una organización “extremista”.

Son sólo algunos ejemplos, pero se podrían poner muchos más. Esta misma mañana el Tribunal Supremo de Brasil le ha concedido un plazo de 24 horas a Elon Musk para nombrar un representante legal para la red social X/Twitter en el país, bajo la amenaza de prohibirla en caso contrario (*).

Los medios están empeñados en señalar con el dedo a países, como China, pero las prohibiciones de TikTok, por ejemplo, proceden de países como Bélgica, Canadá, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Taiwán…

Pavel Durov, el dueño de Telegram, era conocido en todo el mundo por su negativa a cooperar con la policía, y ésa es una de las razones de su éxito. El objetivo de su detención es obligarle a llegar a un acuerdo de colaboración, es decir, a convertir Telegram en un apéndice de la policía.

El dueño de la red social llegó a Paris procedente de Bakú, donde coincidió con la visita a Putin, a la que nos referimos en otra entrada. Algunas fuentes afirmaron que ambos se entrevistaron en la residencia del Presidente azerbaiyano Ilham Aliyev, durante la cena, pero no hubo confirmación oficial. El lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no se habían reunido.

No obstante, la inteligencia estadounidense cree que Durov tiene un acuerdo con el Kremlin, lo que ha dado lugar a una ola de aspavientos histéricos parecida a la de TikTok. Menudean las invocaciones acerca de la “seguridad nacional”, que es algo que sirve para cualquier cosa, como antiguamente lo fue el “terrorismo”.

Además, como también dijimos ayer, algunas de las comunicaciones de los departamentos militares rusos (y ucranianos) pasan por Telegram, por lo que Durov podría entregar el acceso a los movimientos del ejército ruso.

Una característica de Telegram es que el historial de los canales se almacena en servidores en la nube, mientras que los que están protegidos por cifrado de extremo a extremo no se almacenan en ningún lugar, excepto en la memoria del terminal que utilice el usuario. Si un usuario conversa desde un móvil, no podrá seguir la misma conversación desde un ordenador.

Para que un tercero pueda acceder a los canales de comunicación cifrados, es necesario no sólo conocer los números de teléfono a los que están vinculadas las cuentas, sino también acceder al propio dispositivo. Mientras tanto, la información del usuario seguirá siendo confidencial.

La detención de Durov no tiene precedentes, salvo la de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, en Canadá en 2018. Pero antes de Durov, ningún propietario de una red social había sido condenado por no hacer el papel censor que corresponde a los jueces y la policía.

Uno de los casos más famosos fue la detención de Alexander Vinnik en 2022 mientras estaba de vacaciones en Grecia, seguido de su extradición a Estados Unidos. Vinnik fue un operador ruso de criptomonedas de 2011 a 2017 que se confesó culpable de lavado de dinero negro.

Los caciques de los grandes monopolios tecnológicos y los especuladores en criptomonedas se han puesto nerviosos. La cotización de la criptomoneda “ton” asociada a Telegram cayó un 23 por cien cuando se anunció la detención de Durov. El miedo es que su colapso arrastre al resto de criptomonedas.

La presión de las grandes potencias capitalistas sobre los monopolios tecnológicos arrecia. La represión política y el control social requieren transparencia, es decir, acabar con el derecho a la intimidad de las personas. A veces los Estados tienen problemas para identificar y catalogar a ciertas categorías de ciudadanos.

Por lo tanto, no es sólo la libertad de expresión. Necesitan controlar las plataformas digitales para controlar masivamente a sus usuarios, lo que dicen y lo que piensan. El número total de usuarios de Telegram es de casi mil millones de personas, una octava parte de la población mundial. Ningún Estado puede ignorar una plataforma tan vasta de comunicación y para justificar la represión presentan a las redes sociales como si fueran Sodoma y Gomorra: fraudes, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, pedofilia…

La manera de presionar a Durov para controlar Telegram es cortar su fuente de financiación. Todas las plataformas de criptomonedas tienen una espada de Damocles sobre sus cabezas. Se enfrentan a entre 10 y 20 años de prisión si no colaboran con Estados Unidos y transmiten la información necesaria.

Ni siquiera el mercado de criptomonedas escapa a los principios más elementales del capitalismo monopolista de Estado. El neoliberalismo es un fantasma que no ha existido nunca.

(*) https://www.nytimes.com/2024/08/28/technology/brazil-x-ban-elon-musk.html

Cuando el Primer Ministro Tony Blair presentó la Ley contra el Terrorismo de 2000 (antes del 11 de septiembre), yo trabajaba en los Tribunales Reales de Justicia. Si mal no recuerdo, los abogados hablaban de ello, preocupados por su lenguaje vago y descuidado, su evidente autoritarismo y su capacidad de abuso.

Hubo una incredulidad general de que Blair, que es abogado, como por supuesto lo es su esposa, y su ministro del Interior, Jack Straw, que también es abogado y antiguo asesor de Barbara Castle, una de las figuras más veneradas de la historia moderna del Partido Laborista, introduciría una legislación como ésa.

Mirando hacia atrás y pensando en aquellos tiempos, es sorprendente lo ingenuos que éramos.

Aquí estamos y esta terrible ley ahora se está utilizando contra periodistas, y se está utilizando de una manera que viola los derechos humanos básicos.

Lo terrible es que al mismo tiempo el gobierno de Blair –con un amplio apoyo de la comunidad jurídica– aprobó la Ley de Derechos Humanos de 1998, que incorporó el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) al derecho británico. La Ley de Derechos Humanos se promulgó en 1998 pero no entró en vigor hasta el 2 de octubre de 2000.

En aquel momento, todo el mundo jurídico pensaba que la Ley de Derechos Humanos de 1998 era, con diferencia, la ley más importante y que tendría muchas más consecuencias que la Ley contra el Terrorismo de 2000.

De hecho, recuerdo muy bien que circularon todo tipo de garantías de que no había motivo de preocupación porque la Ley contra el Terrorismo de 2000 sería restringida y su vaga redacción se interpretaría con referencia al CEDH y la Ley de Derechos Humanos de 1998.

Ocurrió todo lo contrario. Lejos de que la Ley de Derechos Humanos de 1998 mitigara los efectos de la Ley contra el Terrorismo de 2000, es la Ley contra el Terrorismo de 2000 la que tiene prioridad sobre el CEDH y la Ley de Derechos Humanos de 1998, como el caso Medhurst demuestra (*).

Nada de eso habría sucedido sin un cambio radical en toda la cultura jurídica y política de Reino Unido, que ha ocurrido desde que se promulgaron estas dos leyes.

No quiero idealizar el pasado, pero la transición al autoritarismo y la continua represión de la libertad de expresión y del periodismo, que ha tenido lugar desde el año 2000, todavía me parece sorprendente y, hasta cierto punto, inexplicable.

Los procesamientos de Julian Assange y el antiguo diplomático británico Craig Murray (encarcelado por por desacato al tribunal) y el uso indebido de la Ley contra el Terrorismo de 2000 para acosar a periodistas, incluido Murray, ilustran esto (**).

Lo que lo ilustra aún más es que todo ocurre prácticamente sin protestas. Los medios de comunicación británicos guardan actualmente un silencio sepulcral sobre el arresto de Medhurst, mientras que si algo así hubiera sucedido en el año 2000 o antes, habría muestras de indignación.

Es este brutal giro autoritario en la cultura jurídica y política británica –y la ausencia de cualquier resistencia a él– lo que me sorprende. Obviamente, sus orígenes se encuentran en Estados Unidos, pero la escala con la que ahora está arrasando todo Occidente es asombrosa.

He oído que en Alemania la situación es aún peor, y a personas como el ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis se les ha impedido entrar al país.

Aquí en Gran Bretaña rechazamos las libertades por las que la gente alguna vez luchó, por ejemplo en el siglo XVIII, como Wilkes (***). Es más, lo hacemos sin murmurar. La libertad muere silenciosamente.

En cuanto a los detalles del caso Medhurst, diría dos cosas:

1. Creo que el objetivo es intimidar y silenciar a Medhurst y lograr que Google elimine su canal de YouTube, en lugar de demandarlo. Incluso considerando el clima actual, no puedo creer que las autoridades británicas vayan a tomar medidas.

Si hacen algo así, entonces las cosas serán aún más oscuras de lo que pensaba. Dicho esto, si estoy en lo cierto, actuar para intimidar y silenciar a un periodista, privándolo así de su medio de vida, ya es bastante repugnante.

1. Del relato de Medhurst se desprende claramente que la policía actuaba bajo instrucciones y estrecha vigilancia. Por lo que dice, parece que la policía estuvo constantemente controlando y recibiendo instrucciones durante su detención y arresto.

Sería interesante saber quién y cuál era la cadena de mando. Quizás en tiempos mejores lo sepamos.

—Alexander Mercouris https://consortiumnews.com/fr/2024/08/22/letter-from-london-on-the-uk-terrorism-act/

(*) El periodista Richard Medhurst fue detenido el 19 de este mes de agosto y siempre coinciden dos detalles comunes: la detención se produjo en el aeropuerto y la policía britáńica le aplicó la ley antiterrorista

(**) Además de Murray, el periodista Kit Klarenberg también fue detenido en Reino Unido y la policía también le aplicó la ley antiterrorista

(***) John Wilkes fue un periodista y diputado británico de mediados del siglo XVIII, que se caracterizó por su defensa de los derechos fundamentales y sobre todo de la libertad de expresión.

A partir de la semana que viene Portugal se unirá a otros cuatro países europeos en la prueba piloto del Pasaporte Europeo de Vacunas. El documento es un instrumento de control social que reunirá todos los datos de vacunación de las personas en un mismo soporte.

El pasaporte estará disponible en varios formatos, incluidas tarjetas impresas, copias enviadas por correo y versiones digitales para móviles.

Ya está en marcha el proyecto Euvabeco que, por esta vez, no recurre a África como campo de experimentación. El conejillo de Indias es Portugal, junto con Suecia, Francia, Bélgica, Alemania, Grecia, Letonia, Luxemburgo y Polonia. Pero, a los efectos del experimento, solo participan Letonia, Grecia, Bélgica, Alemania y Portugal.

Lo que siempre fue algo coyuntural, se transforma en permanente. Lo que era excepcional se convierte en normal. Lo que era íntimo se pone a la vista de todo el mundo (literalmente).

Este método de almacenar y compartir datos, en lugar de depender únicamente de los sistemas de salud pública, fue posible gracias a la Red Mundial de Certificación de Salud Digital (GDHCN), desarrollado durante la pandemia de “covid” para la Unión Europea.

No obstante, los planes para crear un pasaporte de vacunación, analógico o digital, ya estaban en marcha antes de la pandemia de 2020, e incluso antes que las vacunas, como ya explicamos en una entrada publicada en 2021.

Ahora el GDHCN está en manos de la Organización Mundial de la Salud y, por lo tanto, al alcance de empresas privadas y fundaciones oscuras, aunque se presenta a la inversa: no como una base de datos centralizada sino como un instrumento para que las personas puedan acceder a sus propios datos.

El ensayo en Europa es otro paso después de la reciente ampliación de la vigilancia introducida por la reforma del RSI (Reglamento Sanitario Internacional), que facilita los confinamienntos recurrentes para imponer la vacunación obligatoria como una forma de asegurar un mercado estable para las empresas farmacéuticas que fabrican las vacunas de última tecnología.

Uno de los planes de Euvabeco es imponer el pasaporte de vacunas en todo el mundo y se publicarán en 2026, ampliando el experimento más allá de esta fase piloto y reforzando los mecanismos de control social con el pretexto de la sanidad pública.

Además Euvabeco planea poner en marcha otras herramientas innovadoras: un sistema de decisión clínica que proporciona recomendaciones de vacunación, una herramienta de detección para identificar “a las poblaciones vulnerables”, un prospecto electrónico de información del producto (e-PIL) para permitir la transferencia de vacunas entre países sin tener que reenvasarlas, y una herramienta de modelado y pronóstico para evaluar el impacto de las intervenciones de salud pública.

El fundador de Telegram, Pavel Durov, fue detenido en el aeropuerto de Le Bourget, en París, el sábado alrededor de las 20:00 horas. París ha sentado “un precedente mundial” al detener a Durov, afirma el periódico francés Le Monde.

El montaje policial es interesante porque han recurrido a la Oficina del Menor que dirige una joven comisaria, Gabrielle Hazan, con ganas de ascender y ponerse medallas.

La Oficina es un departamento de la policía judicial francesa especializada en la represión de la violencia contra los niños y adolescentes. Abrió una investigación para incluir a Durov en el Archivo de Personas Buscadas.

Naturalmente a la comisaria nunca se le hubiera ocurrido orquestar un montaje tan espectacular. Ella se ha limitado a cumplir órdenes y su Oficina es la coartada perfecta porque ¿quién puede oponerse a la lucha heroica de la policía francesa contra la pedofilia?

El caso Assange, que empezó como si fuera una acusación de violación de dos mujeres, ha creado escuela.

En el caso de Telegram, el montaje tiene por objeto crear la imagen de un red oscura, dominada por el crimen organizado, que aprovecha el cifrado de los mensajes, a diferencia de otras redes sociales, como las de Meta/Facebook.

El cifrado de una red social protege a los usuarios, que tienen un derecho a la intimidad, nominalmente tutelado por países, como los europeos, que presumen de ello a cada paso.

El anonimato de internet no es otra cosa que una extensión del derecho a la intimidad.

En Reino Unido han aprobado una ley que prohíbe el cifrado de puntos finales y, bajo amenaza de cárcel, la Regulation of Investigatory Powers Act obliga a entregar las claves, por ejemplo del cifrado de datos de un disco, a petición de la policía. En Australia también existe una ley parecida, así como en otros países.

Pero el cifrado es una entelequia porque cualquier policía, incluso la francesa, está suficientemente capacitada para quitar el velo de los mensajes, aunque sea una tarea más laboriosa. El verdadero problema es que Telegram se ha negado a censurar los contenidos, como otras redes sociales.

Tampoco informa a la policía sobre los usuarios. Como dice el periódico Le Monde, esta red social destaca por su “falta de colaboración”.

Es obvio que la tarea de una red social, cualquiera que sea, no es la de censurar o prohibir las publicaciones, como tampoco lo es de Correos o Telefónica.

Antes los intoxicadores europeos aplaudían a Durov porque era un campeón en la defensa de la libertad de expresión. Se negó a colaborar con la policía rusa y trasladó la sede de Telegram a Dubai. Pero ahora Francia ha ido mucho más allá: le ha detenido, algo a lo Rusia nunca se atrevió.

Son muy malos tiempos para la libertad de expresión.