Si bien no existe un registro oficial que cuantifique las muertes en actuaciones policiales u homicidios cometidos por sus agentes, los recientes muertes a manos de las Fuerzas de Seguridad en Torremolinos, Palma, Madrid y Torrejón de Ardoz reavivan el debate sobre su impunidad y los guiños desde el poder judicial.
La falta de estadística sobre el uso letal de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vuelve a estar de actualidad tras varias muertes ocurridos en los últimos meses. Aunque el Ministerio del Interior ofrece cifras globales de muertes «bajo custodia» o en «intervenciones», no existe un desglose público que permita identificar cuántas de esas muertes se derivan directamente de un uso excesivo de la fuerza, disparos de arma de fuego o empleo de pistolas eléctricas (táser).
Un recuento hecho desde la hemeroteca y las fuentes abiertas permite identificar, al menos, cuatro casos notorios que actualmente se encuentran bajo investigación judicial o en fase de instrucción por actuaciones con resultado de muerte. En todas ellas se desprende un mensaje desde el poder judicial: «tranquilos, seguid adelante».
Los casos más recientes
El episodio más cercano en el tiempo ocurrió el pasado 19 de febrero en Palma de Mallorca. Un hombre de 47 años falleció tras entrar en parada cardiorrespiratoria después de que agentes de la Policía Nacional le dispararan con una pistola táser para reducirle. Según el atestado policial, el individuo presentaba un estado de «gran agresividad». El juez instructor del caso derivó la investigación en el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, es decir, el mismo cuerpo que los autores de la muerte, por lo que lo más probable es que no se depuren responsabilidades.
Un caso similar, pero con un mayor número de descargas eléctricas, sacudió Torremolinos (Málaga) el pasado 7 de diciembre de 2025. Haitam Mejri, de 35 años, falleció en el interior de un locutorio tras un forcejeo con agentes. La familia del fallecido ha denunciado un «uso desproporcionado» de la fuerza, alegando que la víctima recibió entre 8 y 11 descargas de táser cuando ya había sido reducido, además de ser rociado con gas pimienta y sufrir presiones corporales durante la reducción. El caso ha sido archivado, mientras en el vídeo de la cámara de seguridad del establecimiento se observa a los agentes reirse y hacer bromas con la víctima ya cadáver.
Disparos y maniobras de estrangulamiento
Además del uso de armas no letales, la información disponible apunta también al uso de armas de fuego y técnicas de reducción de alto riesgo. En Madrid, el pasado 29 de enero de 2025, Johan Andrés Murillo, un hombre de 30 años, falleció en el hospital tras recibir un disparo de un agente de la Policía Nacional durante un operativo contra el menudeo de drogas. La instrucción judicial ha puesto en duda la versión policial inicial que apuntaba a un intento de atropello, investigándose a dos agentes por un presunto delito de homicidio. No obstante, los agentes siguen en activo.
Asimismo, el 17 de junio de 2025 en Torrejón de Ardoz, un policía municipal de Madrid que se encontraba fuera de servicio retuvo a un hombre de 36 años tras un presunto robo. Durante la retención, el agente aplicó una maniobra de estrangulamiento conocida como «mataleón». La víctima perdió la vida por asfixia. Si bien el policía fue detenido, se enfrenta como mucho a cargos por un delito de homicidio imprudente, con penas reducidas. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ha denegado esclarecer a este medio, mediante resolución administrativa, si el mismo sigue en funciones en el seno de la policía madrileña.
Un contexto de ocultamiento e impunidad
Estos casos se producen en un contexto de aumento del uso de dispositivos electrónicos de control. Según datos facilitados por el Ministerio del Interior, solo en los dos primeros meses de 2025, la Policía Nacional y la Guardia Civil emplearon las pistolas táser en 22 ocasiones, principalmente en intervenciones por desórdenes públicos.
A nivel estadístico general, las cifras oficiales muestran que entre 2020 y mayo de 2025 fallecieron al menos 148 personas en actuaciones de Policía Nacional y Guardia Civil. De ellas, 43 fueron catalogadas como muertes «accidentales», aunque el Gobierno no especifica cuántas de estas accidentalidades corresponden a disparos, caídas durante reducciones o efectos del uso de la fuerza. Por su parte, los Mossos d’Esquadra han reportado 32 fallecimientos en sus actuaciones desde 2004, de los cuales en 15 casos se utilizó el arma de fuego reglamentaria.