Aunque los estudios existentes en España reconocen la «infravaloración» de los efectos de los psicofármacos en la estadística pública, en el año 2024 el 11,4 % de personas muertas en accidentes de circulación lo fue a causa de su consumo. La presencia de estos fármacos en conductores fallecidos aumentó un 140% entre 2017 y 2023, pasando de poco más del 6% al 15% en ese período.
La puesta en foco de la conducción bajo los efectos de las drogas legales pondría patas arriba el actual marco de negocio que la industria farmacéutica tiene gracias a la mal llamada «sanidad pública», y levantaría el velo que existe respecto a la profusa colaboración entre la DGT y estas empresas.
Según la Memoria 2024 de Hallazgos Toxicológicos en Víctimas de Accidente de Tráfico, publicada por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) en julio de 2025. Entre los casos positivos, las benzodiacepinas (como el diazepam o el lorazepam) son las más detectadas, apareciendo en el 53% de las autopsias de víctimas mortales que dieron positivo a psicofármacos. Les siguen los antidepresivos y otros fármacos.
A pesar de la relevancia de esta cifra, el uso cada vez más generalizado y los riesgos para la circulación (similares a los del consumo de alcohol o drogas ilegales en determinadas circunstancias), la reforma del Reglamento General de Circulación que el gobierno tiene prevista para este año, no establece ni prevé actuaciones frente a una práctica de riesgo cada vez más habitual: la conducción bajo los efectos de medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos o benzodiacepinas.
Sin mención en la reforma prevista para este año
Aunque la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio del Interior han desarrollado campañas de concienciación sobre los riesgos de los medicamentos al volante, lo cierto es que no existe una instrucción específica como la ISES 7/2025 sobre drogas ilegales, pero que estuviera dirigida a controlar la conducción bajo psicofármacos.
España lidera actualmente el consumo mundial de ansiolíticos, y una reforma del Reglamento de Circulación que incluya prohibiciones expresas equivalentes a las que existen con el alcohol y drogas ilegales pondría el ojo en las consecuencias para la seguridad vial y, por extensión, sobre las prácticas médicas y sociales que lo permiten.
Este cambio no solo generaría un debate sobre la excesiva dispensación de estos fármacos en el sistema de salud pública, sino que también expondría una realidad subyacente: la medicalización de malestares cotidianos, la necesidad de abordar sus causas estructurales, o lo que es más grave: la caja que la industria farmacéutica hace a través de la Sanidad Pública.
Según un estudio de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria publicado en diciembre de 2025, se estima que una cuarta parte de las consultas en Atención Primaria se vinculan a malestares de tipo psíquico, y existe la preocupación de que estos se estén abordando con una utilización excesiva de psicofármacos. La propia Consejería de Salud catalana ha admitido que existe un «exceso de prescripciones» en sus centros de atención primaria.
El lobby farmacéutico y la DGT
El papel de la industria farmacéutica en este asunto es el de un poderoso agente pasivo cuyo modelo de negocio y dinámicas de influencia han contribuido a crear un entorno donde el consumo masivo de psicofármacos es la norma. Una regulación más estricta sobre la conducción bajo sus efectos sería una amenaza directa para ese statu quo.
Un ejemplo de ello es Farmaindustria, que cuenta con su propio Código de Buenas Prácticas y participa activamente en foros de decisión, incluida la DGT. Por ejemplo, Farmaindustria está presente en el Comité de Expertos para la Salud Mental para «consensuar propuestas e inspirar políticas públicas». Esta cercanía al poder le permite vigilar cualquier iniciativa que pueda afectar sus intereses.
La farmacéutica Faes Farma colabora activamente con la DGT en los «Premios Fármacos y Conducción«, una iniciativa que busca «concienciar» sobre el uso de medicamentos al volante. Este tipo de colaboraciones le permiten a la industria posicionarse como parte de la solución y guiar el mensaje hacia la «responsabilidad individual», en lugar de hacia una regulación más estricta que podría afectar sus ventas.