En marzo el propietario de una fábrica textil a 50 kilómetros al sur de la capital de Camboya, Phnom Penh, la tuvo que cerrar a causa del confinamiento impuesto por el gobierno. A las trabajadoras no les pagaron sus salarios, ni tampoco ninguna clase de indemnización.
Creyendo que el cierre era temporal, las trabajadoras pidieron préstamos para alimentar a sus familias y se endeudaron.
En diciembre una parte de la plantilla ocupó la fábrica. Vigilan las máquinas de coser porque el dueño ha enviado matones para desalojarlas y apoderarse de las instalaciones.
“Estas máquinas son mi dinero; son mi vida”, dijo Vanna, una trabajadora, prometiendo retenerlas hasta que reciba unos 2.000 dólares en sueldos y bonificaciones adeudados desde el cierre.
El sector textil de Camboya, con un volumen aproximado de 7.000 millones de dólares -el mayor empleador del país, con 800.000 trabajadores, en su mayoría mujeres- ha sufrido un doble golpe este año debido al confinamiento y a los recargos ilegales impuestos por la Unión Europea con el pretexto de las violaciones de los derechos humanos.