La institucionalización del fascismo

Jon Agirre
Antorcha núm. 9, octubre de 2000

Sumario:

— Dos formas de dictadura: fascismo y democracia burguesa
— El fascismo concierne al Estado principalmente
— ¿Por qué surgió el fascismo?
— Los partidos políticos
— El parlamentarismo fascista
— El sistema de gobierno
— Los derechos y las libertades
— Un estado de excepción permanente
— El sistema judicial
— ¿Qué es el Estado de Derecho?

Desde siempre, uno
de los rasgos definitorios de la línea de nuestro Partido ha sido la
caracterización del régimen actual como fascismo. Incluso antes de la
transición, en los viejos tiempos de la OMLE, y siempre a contracorriente, ya
nos anticipamos anunciando que no sería posible regresar del franquismo a la
democracia burguesa, que la historia no daba marcha atrás.

La nueva
constitución, los partidos políticos, el parlamento, las elecciones, etc.,
parece que nos han desmentido y son muchos los que nos señalan con el dedo por
insistir en calificar a este régimen de fascista. Esta obcecación que nos
adorna se ha convertido en otra de nuestras señas de identidad: nos hemos
quedado solos. Pero ¿tenemos razón?

Dos formas de dictadura: fascismo y
democracia burguesa

Vaya por delante que
no existe una barrera infranqueable entre el fascismo y la democracia burguesa,
porque ambos son sistemas de dominación política de una misma clase, la
burguesía, y de una misma etapa histórica, el capitalismo. Por tanto, la
democracia burguesa y el fascismo se parecen mucho, son muy similares, tienen
los mismos rasgos fundamentales, e incluso podríamos llegar a reconocer que en
esencia son iguales. Porque con el fascismo la burguesía sólo cambia la forma
de dominación, pero no el contenido de la misma.

Sin embargo, también
hay que reconocer que las formas son importantes y, en ocasiones, muy
importantes. Por eso, todas las semejanzas que podamos encontrar entre uno y
otro régimen no pueden llevarnos a concluir que son idénticos, lo que nos
obliga a tener muy claro en qué se diferencian, qué es lo que los separa.

También hay que
empezar aclarando, porque son también muy pocos los que lo tienen claro, que la
diferencia entre la democracia burguesa y el fascismo no está en que la primera
es una democracia y el segundo una dictadura. La democracia burguesa es una
dictadura y el fascismo es otra dictadura. Esto es justamente lo que hace que
ambos regímenes políticos se parezcan y no es por aquí por donde encontraremos
lo que los diferencia. Hay una sencilla razón que lo explica: democracia no es
lo contrario de dictadura, y decir que la democracia burguesa es una forma de
dictadura no es una contradicción.

Esto es lo más
elemental del marxismo, y son muy numerosos los textos de los clásicos en los
que se habla de dictadura democrática. La dictadura del proletariado, por
ejemplo, es una forma de democracia, como saben todos los que han leído El
Estado y la revolución de Lenin. En consecuencia, no es tampoco contradictorio
afirmar que la democracia burguesa es una forma de dictadura.

Puestos a aclarar,
hay que añadir que no es sólo un problema cuantitativo el que diferencia a un
régimen político del otro. No se trata de que uno, la democracia burguesa, sea
menos represivo que el otro, el fascismo. Estamos hablando de un problema
cualitativo: de la diferente forma política en que la burguesía ejerce su
dominación bajo uno u otro sistema. Como dijo Dimitrov, la subida del
fascismo al poder no es un simple cambio de un gobierno burgués por otro, sino
la sustitución de una forma estatal de la dominación de clase de la burguesía
-la democracia burguesa- por otra, por la dictadura terrorista abierta
 (1).

El fascismo concierne al Estado
principalmente

El fascismo, por
tanto, no es sólo una ideología, como se le tiende a ver hoy día dentro de los
movimientos juveniles. No se puede separar al fascismo del Estado y sostener
que el fascismo está representado sólo por determinados grupos o partidos de
extrema derecha o racistas. Esto hace que otros partidos queden en el
centro
, como los demócratas, opuestos a los anteriores, lo que contribuye a
distorsionar su verdadera naturaleza política.

Hoy uno de los
mecanismos más importantes del fascismo son los partidos parlamentarios:
demócrata-cristianos, liberales, conservadores, etc., y Stalin dijo hace ya
unas décadas que la socialdemocracia era el brazo izquierdo del fascismo. Tiene
que quedar claro que es el Estado el principal soporte del fascismo y que los partidos
que están dentro de él, y no sólo los extraparlamentarios de extrema derecha,
son partidos fascistas.

Eso es importante
tenerlo en cuenta porque hay quienes pretenden ampararse en el hecho de que hoy
hay pluripartidismo para demostrar que no hay fascismo. Nos tratan de convencer
de que el fascismo sólo es imaginable como un gobierno de partido único, del
partido fascista, y tampoco es eso. Hay fascismo con uno, con dos, con tres o
con cien partidos distintos.

El fascismo, como
expuso Dimitrov ante la Internacional Comunista, es el poder del propio capital
financiero y lo definió como la dictadura terrorista abierta de los
elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del capital
financiero
 (2). Dimitrov explicó
que el fascismo no acaba necesariamente con el parlamentarismo y que, incluso,
cuando se encuentra en dificultades, trata de ampliar su base social levantando
toda una burda falsificación del parlamentarismo, con sus partidos, sus
elecciones y demás parafernalia.

No se trata, pues,
de una forma de dominación transitoria u ocasional, algo que sucedió en el
siglo pasado en algunos países durante una cierta etapa histórica. La burguesía
ha calificado de excepcional al fascismo, como si se tratara
de una época ya superada. Por el contrario, decía Dimitrov, el fascismo es una
forma de dominación que corresponde a la época del imperialismo y no afecta
solamente a unos pocos países, sino a todos: Considerar el fascismo
como un fenómeno temporal y transitorio que dentro de los marcos del
capitalismo podría ser reemplazado por el restablecimiento del viejo régimen
democrático-burgués 
[…] es hacerse ilusiones vanas (3). Lo mismo que el imperialismo, el fascismo es
la última fase de la dominación de la burguesía y adopta formas muy diversas
según la estructura social, la historia, la cultura y las peculiaridades de
cada país.

¿Por qué surgió el fascismo?

Las razones del
surgimiento del fascismo radican en la crisis general que alcanza el
capitalismo en su última fase, en la fase monopolista e imperialista, en la
agudización de todas las contradicciones que impide resolverlas por los métodos
de la democracia burguesa.

Debemos tener muy
presente que, a pesar de todas las apariencias, el fascismo no es un síntoma de
fortaleza, sino de las condiciones de extraordinaria debilidad en que se ve
obligada a gobernar la burguesía monopolista en los tiempos actuales. Una de
las características más sobresalientes del fascismo es la constante ostentación
de sus medios, de su poderío policial y militar, el permanente despliegue de
fuerza que muestra a todas horas. Pero esa es precisamente su debilidad: no
podría sustentarse ni un minuto en su dominación sin esos medios; los necesita
para perpetuarse en el poder y sobre todo necesita restregárnoslos delante de
nuestras narices para infundirnos miedo. El fascismo es una dominación
terrorista que se apoya en el temor generalizado que inculca a las masas de
manera cotidiana y sistemática.

El fascismo surgió
históricamente para contener la lucha revolucionaria de la clase obrera, el
auge del movimiento de masas. Para sostenerse en el poder, la burguesía
monopolista necesitó recurrir a sujetos del calibre de Hitler o Franco, a la
guerra y al terror. El imperialismo es un sistema en descomposición, en crisis
permanente y, a fin de impedir su hundimiento definitivo, está obligado a
adoptar las más drásticas medidas de fuerza.

Pero desde aquella
época hasta la actual, el fascismo se ha ido institucionalizando, ha cambiado
sus bruscos ademanes de antaño, como decía Dimitrov, para adoptar ciertas
maneras de la democracia burguesa, embaucar a las masas y ampliar así su base
social. Por una parte esto demuestra que entre uno y otro régimen político
burgués no hay ninguna barrera infranqueable. Pero, por otro lado, nada de todo
esto tiene que ver realmente con la democracia burguesa, sino que, más bien al
contrario, la pervierte.

Lo podemos comprobar
examinando una por una todas las instituciones del fascismo actual.

Los partidos políticos

Los partidos
políticos son esenciales en el fascismo actual, a diferencia del fascismo
originario, que era propenso a liquidar todos los partidos, menos uno,
naturalmente el suyo.

Pero los partidos
hoy no tienen nada que ver con los del siglo XIX, con los de la época de la
democracia burguesa. Antes los partidos expresaban básicamente las
contradicciones internas existentes dentro de la propia clase burguesa. La
burguesía en el siglo XIX estaba muy dividida, con intereses económicos
dispares, y enfrentada, a veces hasta geográficamente. Existía una burguesía
industrial, otra comercial, otra terrateniente, etc. Una parte de la burguesía
era librecambista y la otra proteccionista. Existían poderosos sectores
sociales que todavía seguían ligados a formas económicas feudales en
contradicción con la burguesía. Existía una gran burguesía y otra pequeña
burguesía, con un reducido círculo de influencia económica, pero muy numerosa
y, por tanto, socialmente de gran peso político.

Todas estas
contradicciones en el seno de la burguesía se manifestaban en partidos diferentes
e incluso opuestos: Los partidos políticos -decía Engels- son
la expresión política más o menos adecuada de las clases y fracciones de clase
 (4). La democracia burguesa no era más que la
forma en que democráticamente la burguesía dirimía sus diferencias de clase.

El fascismo surgió,
entre otras cosas, también para eliminar todas esas contradicciones e imponer
la dominación omnímoda del capital financiero, de la facción más poderosa de la
burguesía, de la que iba a crecer con la entrada del capitalismo en su fase monopolista.
Todos los demás sectores burgueses pierden fuerza e incluso desaparecen
progresivamente. El fascismo contribuye a ese proceso.

Pero por muy
monopolista que sea una burguesía, jamás puede ser homogénea, jamás desaparecen
sus contradicciones internas. La burguesía siempre padece disensiones internas
como consecuencia de la propia competencia capitalista, que no puede dejar de
manifestarse en el ámbito político. Por eso propicia la creación de partidos
diversos que expresan esas disensiones internas.

Ahora bien, esos
partidos están sostenidos y financiados por el Estado, no son independientes de
él, como sucedía antaño. Este es el modo a través del cual los monopolistas
controlan las actividades de todos los partidos. Con ellos sucede lo mismo que
con los sindicatos: ya no tienen nada que ver con los viejos sindicatos
obreros, no se financian con las cuotas de sus afiliados, sino con los
presupuestos del Estado monopolista.

El Estado
monopolista y los partidos parlamentarios forman parte de un único sistema
político fascista, ya no están separados como en la época de la democracia
burguesa. Por eso se habla del Estado actual como un Estado de partidos.

Esta es una
diferencia, pero hay otras muchas. Por ejemplo, antes los partidos burgueses
eran apenas un reducido círculo de parlamentarios que gestionaban políticamente
los intereses de su clase. Hoy día, imitando a los partidos obreros, los
partidos burgueses son (o pretenden ser) de masas, encuadran a un
número importante de afiliados. Actualmente la burguesía tiene que contar con
las masas para casi todo: tiene que embaucarlas, engañarlas y manipularlas y
uno de esos sistemas son los partidos parlamentarios. Pero habrá que recordar
que los primeros partidos de masas burgueses que se crearon en la
historia fueron precisamente los partidos fascistas, con sus juventudes, sus
sindicatos, sus organizaciones de mujeres, etc.

Queda así claro que
el prototipo actual de partido burgués parlamentario no es el de la democracia
burguesa, sino el fascista y que su vinculación con el Estado no es la misma
que en la etapa de la democracia burguesa, sino típicamente fascista, es decir,
que forman un único sistema estrechamente enlazado.

El parlamentarismo fascista

La existencia de elecciones y de parlamentos donde se discute de todo lo
divino y lo humano (sobre todo lo divino) es sin duda lo que más viste a
un régimen fascista.

Pero esto es sólo una burda falsificación del parlamentarismo burgués,
como decía Dimitrov, porque hoy los parlamentos, los senados y demás no tienen
tampoco nada que ver con los de la democracia burguesa. En el siglo XIX el
parlamento era la institución clave y decisiva del Estado, mientras que
actualmente se ha convertido en un coro de charlatanes sin ningún relieve.

Por ejemplo, los parlamentos apenas redactan ya leyes, que debería ser su
cometido básico. Aprueban las leyes que se redactan fuera de su ámbito y se
limitan a darles el visto bueno. Recordemos que la Constitución española la
redactaron Abril Martorell, vicepresidente del gobierno en la primera época de
Suárez, y Alfonso Guerra mientras cenaban lentejas en un conocido restaurante
madrileño. Las lentejas de aquel restaurante se hicieron famosas, pero de las
flamantes Cortes de la transición nadie volvió a acordarse.

Nada decisivo se cuece en ningún parlamento, precisamente porque cabe una
remota posibilidad de que a veces salga elegido un diputado que diga algunas
cosas claras, como sucedió aquí con Letamendía o Sagaseta en algunos tiempos
pasados. Cuando el parlamento tiene que abordar un tema algo escabroso, como
los servicios secretos en España, se cuece en comisiones restringidas a muy
pocos diputados de plena confianza.

Ellos mismos tienen tan claro que no sirve para nada, que el hemiciclo
siempre está vacío, y como es tan escandaloso que salga desangelado en las
fotos de la prensa, ahora ponen multas a los diputados que no van a las
sesiones, para que hagan de relleno. Como se comprueba, en las sesiones hablan
siempre los mismos, es decir, que un diputado o un puñado de ellos no sirve
prácticamente para nada (excepto para cobrar un formidable sueldo y viajar
gratis en primera clase).

Además, si alguien ha tenido la paciencia de escuchar un pleno o una
sesión completa de discusiones, no encontrará apenas diferencias entre unos y
otros, sencillamente porque no las hay. Así que todo resulta un tedio
insoportable.

Es bastante curioso porque hoy se elaboran leyes todos los días y las
leyes vigentes se cambian rápidamente, mientras que antes se hacía una sola ley
cada varios años y podía durar un siglo. Puede decirse que hoy, cuando más
leyes se elaboran, menos trascendencia tienen los parlamentos, que son los que
debían promulgarlas.

En el siglo XIX las discusiones parlamentarias eran vivas hasta el punto
que en 1835 el presidente del gobierno, Mendizábal, y el jefe de la oposición,
Istúriz, se retaron a duelo con pistola a la salida del Congreso. Y no era
infrecuente que un enorme público acudiera a las sesiones parlamentarias o
esperara fuera el curso de los debates.

Cualquier parecido con el parlamento actual es mera coincidencia. Hoy la
importancia política no radica en las cámaras, sino en el gobierno y éste
tampoco tiene nada que ver con los gobiernos de las democracias burguesas
pretéritas.


El sistema de gobierno

En la democracia
burguesa el gobierno se sustentaba fundamentalmente sobre el ejército y
entonces el ejército era una milicia reclutada del seno del pueblo. El fascismo
impone la profesionalización de las fuerzas armadas y tiende a apoyarse siempre
en tropas mercenarias, tanto para la guerra imperialista como para la represión
interna. Antaño algunas revoluciones triunfaron porque las tropas no se
atrevieron a disparar contra sus conciudadanos y ése es un riesgo que hoy
ningún gobierno asume. Para ello, desarrollan una extensa burocracia antes
inimaginable. En España, por ejemplo, no existieron funcionarios hasta 1911. El
gobierno se apoyaba en un reducido número de empleados públicos de
su confianza que hoy calificaríamos de trabajadores precarios: cuando cambiaba
el gobierno, cesaban en sus puestos y eran reemplazados por otros.

Por el contrario,
España es hoy un Estado con dos millones de funcionarios, y éste es el único
empleo en el que no hay despidos ni reconversiones. Un funcionario tiene empleo
para toda la vida y su tarea es siempre la misma. La burocracia está
profesionalizada y especializada para controlar minuciosamente todas y cada una
de las parcelas en las que se desenvuelve con el fin de prevenir las crisis y,
en su caso, impedir su propagación o paliar sus efectos.

El capitalismo
monopolista es también capitalismo monopolista de Estado y la
burocracia asume buena parte de las transcendentales funciones que antes
estaban reservadas al ámbito privado: desde el control de grandes empresas como
la RENFE, hasta el cuidado de niños desamparados. Sobra decir que el Estado
asume tantas y tan variadas funciones para impedir que nada se le vaya de las
manos, con un objetivo de control total y absoluto.

Es imposible
rastrear todas y cada una de las diferencias que hay de una forma de gobierno
democrático-burguesa hasta otra fascista, pero podemos poner otro ejemplo
esclarecedor: el uso de armas. En la democracia burguesa, aquí como en otros
países, era muy frecuente que el pueblo portara armas de fuego, y en las
viviendas las armas colgaban de la pared ostensiblemente visibles junto a la
puerta. En algunos países incluso era un derecho que los ciudadanos pudieran
llevar armas. Hoy en casi todo el mundo es un delito tener siquiera un arma de
fuego. Es el Estado el que autoriza o deniega el permiso de armas, de manera
que lo concede o lo rechaza según los intereses de los monopolistas. Pero lo
más significativo es que el Estado, a través de una burocracia ramificada, no
sólo lleva minuciosamente un control de todos los que tienen permiso de armas,
sino que además registra al detalle todas y cada una las armas que hay en su
interior. Y no solamente las armas de fuego: hoy la ley Corcuera ha prohibido
hasta las navajas y cuchillos.

Lo que decimos de
las armas se puede hacer extensivo a cualquier otro ámbito, como sanidad o
educación, y sirve para ilustrar lo que va de una forma de gobierno a otra,
desarrollando formas de control absoluto sobre cada ciudadano y sobre todos y
cada uno de los aspectos de su vida. De esa manera trata de evitarse sorpresas,
prevenir la revolución, tomar medidas de anticipación que le permitan
reaccionar mejor y más rápidamente ante cualquier eventualidad.

Los derechos y las libertades

Otra extendida idea
es la de que, mientras la democracia burguesa reconoce los derechos básicos de
sus ciudadanos, el fascismo los anula completamente.

Para probar lo
infundado de esta opinión podríamos recordar que la primera ley
fundamental
 que promulgó Franco resultó ser el Fuero de los
Españoles
donde se reconocieron solemnemente todos los derechos básicos de
las personas. Y no hay por qué otorgar más valor a aquel Fuero de los años cuarenta
que a la actual Constitución. Naturalmente aquel Fuero era compatible con el paseo y
los fusilamientos al amanecer en las tapias de los cementerios; lo mismo que la
Constitución actual lo es con las torturas y la guerra sucia.

Pero no se trata
sólo de eso. Es suficiente comparar el significado que hoy tiene cualquier
derecho que pueda tomarse al albur como ejemplo, y compararlo con su origen
histórico. En la democracia burguesa los derechos no se podían regular; ni
siquiera se los podía mencionar, porque cualquier intento de meter mano sobre
ellos, significaba limitarlos, amputarlos o recortarlos, lo que resultaba
impensable en aquella época.

Naturalmente que
cuando la burguesía piensa en derechos es con una perspectiva bastante distinta
de la que tiene el lector en su mente: el derecho número uno es el derecho de
propiedad, y la burguesía sólo podía concebir su propiedad como ilimitada. Cada
uno -o sea, cada burgués- podía disponer de sus cosas a su antojo. Incluso
podía quemarlas o deshacerse de ellas.

Pues bien, esa
noción de la propiedad, la extendió la burguesía a todos los demás derechos. La
razón de ese principio era bien simple: los derechos sirven para impedir la
injerencia del Estado en la vida privada de los ciudadanos y, además, sirven
para criticar al Estado que no los respeta.

La situación hoy ha
dado un giro completo. Actualmente no hay un sólo derecho que no se halle
minuciosamente regulado y, por tanto, limitado, condicionado y manipulado hasta
la saciedad. Ya no hay derechos absolutos. Las excusas son varias. Por un lado,
que los derechos hay que garantizarlos judicialmente: dicen que no
basta reconocer un derecho, sino que hay que colocar a un juez vigilando su
cumplimiento. Entonces los derechos se convierten en algo mucho mejor, más sólido:
en garantías. Las garantías son algo as’ como los derechos blindados por los
jueces. Naturalmente lo que no nos dicen es que si se deben asegurar los
derechos es porque están en peligro, porque corren un riesgo. Tampoco nos dicen
cuáles son esos riesgos, en qué consisten, quiénes son los que tan
continuamente los violan, que deben ponerlos a buen recaudo. Es decir, que la
transformación de los derechos en garantías no es en realidad más que una
prueba de su sistemática vulneración. Podríamos añadir también que esa
vulneración deriva casi siempre del propio Estado que los proclama tan
solemnemente y, además, que no deja de ser curioso que para impedirlo se
coloque a un juez como garante, porque el juez no es más que otro funcionario
del Estado, por lo que su papel, lejos de garantizar el derecho violado, no
puede ser otro que el de justificarlo y legitimarlo.

Otra vía de
liquidación de los derechos ha consistido en su multiplicación. Antes los
derechos humanos eran un puñado de principios generales que, además, estaban
muy por encima de otros derechos. Hoy hay tantos derechos fundamentales que es
imposible enumerarlos todos. Es más: todo derecho tiene su réplica. Frente al
derecho de huelga está el derecho de los trabajadores a trabajar, o sea, al
esquirolaje; frente al derecho de manifestación está el derecho de los demás
ciudadanos a pasear por la calle; y así sucesivamente. Todos esos derechos
están al mismo nivel y se anulan unos a otros, entran en conflicto y eso obliga
a un juez neutral a decidir entre los derechos de unos y de
otros, conforme a una legislación compleja y prolija que nadie es capaz de
entender.

Por supuesto, no
tenemos la más mínima intención de mencionar aquí el derecho a la revolución, el
único derecho realmente ‘histórico’, el único derecho en el que descansan todos
los Estados modernos
, como decía Engels (5).
Esto hace tiempo que desapareció, y ya no es que no exista como derecho, sino
que es un crimen. O sea, todo lo contrario, y es que la ironía de la
historia universal lo pone todo patas arriba
, insistía Engels: A la
postre no tendrán más camino que romper ellos mismos esta legalidad tan fatal
para ellos
 (6). Eso es
justamente lo que ha sucedido. Una vez más, el viejo Engels no se equivocó en
sus pronósticos ni un milímetro.

Como resultado de
este proceso, los derechos se han convertido en su contrario: ya no defienden
al ciudadano de los abusos del Estado, sino al Estado de los abusos del
ciudadano que trata de aprovecharse de ellos. Así, es curioso leer en la prensa
que las instituciones públicas convocan una manifestación en defensa de
determinados derechos, contra los movimientos revolucionarios, por ejemplo, o
que el Departamento de Estado norteamericano, en su informe anual sobre la
situación de los derechos humanos en España, hable de las violaciones que
cometen las organizaciones guerrilleras.

Pero nada hay en
esta materia más ilustrativo que la moderna teoría del abuso de los derechos
fundamentales
, consagrada en la Constitución alemana de la segunda
posguerra. Según este principio, no se puede utilizar un derecho fundamental
para luchar contra el sistema porque eso supondría un fraude contra el Estado.
Se ha cumplido aquel vaticinio de Engels, directamente dirigido contra toda la
demagogia reformista: el Estado impide la utilización de las vías legales,
pacíficas y democráticas en su contra. Ya no se pueden
utilizar las instituciones contra las mismas instituciones, como decía Engels (7). Y esa era la esencia de la democracia
burguesa.

La legalización al
máximo nivel del abuso de los derechos fundamentales, por sí
misma, significa la contrarrevolución en materia de libertades. Ya nada puede
volver a ser lo mismo. Por eso los gobiernos no tienen ningún inconveniente en
reconocer e incluso garantizar los derechos básicos de los
ciudadanos: simplemente no sirven para nada.

Un estado de excepción permanente

Por lo demás, en
materia de derechos humanos no se puede olvidar que el imperialismo impone el
estado de excepción permanente, o lo que es lo mismo, que permite violar
permanentemente los derechos y libertades fundamentales.

Un estado de
excepción permanente es una contradicción en sí mismo. El estado de excepción
es un régimen que aparece en la época de la democracia burguesa como un
paréntesis en el que se anula temporalmente la vigencia de las libertades; se
promulgaba para un periodo de vigencia establecido: un mes, tres meses y hasta
seis como máximo. Es el plazo del que disponían las fuerzas represivas para
solventar las insurrecciones populares sin atarse las manos. Podían despacharse
a gusto, sembrar el terror entre las masas y posteriormente volver de nuevo a
los cuarteles.

Bajo el
imperialismo, la recurrente promulgación de los estados de excepción se
manifiesta contraproducente, porque el paréntesis debe promulgarse con toda
solemnidad en los boletines oficiales y eso conduce a exacerbar aún más el
malestar. El estado de excepción deja de ser una solución y se convierte en un
problema añadido a los que ya existen, porque las masas añaden a sus
reivindicaciones otra más: el levantamiento del estado de excepción.

La solución es
constituir de forma permanente un estado de excepción. De esa forma se difunde
un clima de normalidad: las masas se habitúan a vivir bajo un estado de
excepción permanente como si formara parte del paisaje cotidiano.

Este paso lo dio el
franquismo en España en su última etapa y lo consagró solemnemente el artículo
55 de la nueva Constitución bajo el taimado nombre de suspensión
individual de garantías
. Es la técnica de las leyes especiales, cuyo máximo
ejemplo son las leyes antiterroristas. Ya no tienen un plazo máximo de
vigencia, y no solamente se han hecho permanentes, sino que además se han
metido dentro de las leyes ordinarias, como máximo ejemplo de normalidad.
Muchas veces dicen nuestros politicastros -con razón- que ya no hay ley antiterrorista;
sólo les falta añadir que la ley antiterrorista está dentro del Código Penal, y
no sólo para camuflarla, sino para conseguir que el estado de excepción sea
permanente.

Pero siempre hay
algún ingenuo que piensa que ese estado de excepción es sólo para los
revolucionarios, olvidando que no es otra que la policía quien pone las
etiquetas y, por tanto, quien decide sobre la suspensión de las
garantías constitucionales
. Cuando esto puede hacerse sin ninguna clase de
responsabilidades, facilita el funcionamiento policiaco y le permite torturar a
un detenido hasta cinco días, no es de extrañar que la etiqueta de terrorista esté
tan extendida en nuestro país. Ya lo dijo Pujol durante la transición: en estos
temas más vale pecar por exceso que quedarse cortos. Por eso es tan frecuente
que muchos detenidos comunes pasen como integrantes de organizaciones
armadas
, mientras que a otros como Barrionuevo, Vera, Galindo y demás
canalla ni siquiera se les ha detenido jamás.

El sistema judicial

Todos hemos leído
alguna vez aquello que escribió Montesquieu, el padrino por antonomasia de la
democracia burguesa, de que el poder de los jueces era prácticamente
nulo
. Y lo era porque la democracia es impensable con cualquier forma de
burocracia, incluida la burocracia judicial.

Hoy, paralelamente
al crecimiento del funcionariado, se expande el sistema judicial hasta ocupar
un lugar decisivo en los aparatos del Estado. Basta ojear cualquier periódico
para comprobar que las noticias de tribunales tienen un relieve muy importante
y que las decisiones que adoptan los jueces son cada vez más trascendentales.
Por eso se habla de politización de la justicia y de la existencia de
jueces-estrella.

Este es un fenómeno
característico del imperialismo y de la crisis de los parlamentos. La creciente
competencia monopolista obliga a que la burguesía tenga que resolver sus
problemas de forma judicial y, por tanto, que los jueces asuman funciones que
no son las suyas propias. En España, por ejemplo, existe un tribunal de defensa
de la competencia o un tribunal de cuentas, pero ni se trata de tribunales ni
hacen juicios ni dictan sentencias.

Pero el ejemplo
máximo de este proceso bajo el imperialismo es el invento de los tribunales
constitucionales, una institución aparecida en Austria, tras la derrota del
Imperio Austro-húngaro en la Primera Guerra Mundial, y que se ha expandido tras
la Segunda. Así como los tribunales supremos son el máximo exponente judicial
de la democracia burguesa, los tribunales constitucionales lo son del
imperialismo decadente.

Responden a ese
fenómeno característico de resolver en forma de juicio las contradicciones y
peleas internas de la burguesía actual y, además, son uno de los mejores
exponentes de la bancarrota del parlamentarismo fascista actual.

Los tribunales
constitucionales están situados por encima de los parlamentos, porque los
parlamentos sólo hacen leyes, mientras que esos tribunales son
los guardianes de la constitución, que está por encima de la ley. Por eso
tienen facultades para anular una ley elaborada por el parlamento. En
consecuencia, 12 expertos acumulan más poder que 500 diputados y senadores,
teóricamente elegidos por el pueblo. Como se puede observar, esto
es algo muy poco democrático y deja malparada la sacrosanta soberanía
popular
.

Esos tribunales
suponen un intento de reducir los conflictos políticos a cuestiones técnicas.
El manoseado Estado de Derecho conduce ahí: el monopolismo no
tolera huecos; todo tiene que estar previsto y, por tanto, regulado. Es su
manera de estar prevenido ante cualquier contingencia. De ese modo se ocasiona
una plétora de legislación, una verdadera borrachera de Boletín Oficial del
Estado: reglamentos, decretos, órdenes, estatutos, etc., que son el maná de
toda la caterva de picapleitos, jueces, fiscales, secretarios, abogados del
Estado y demás.

Toda esa legislación
pretende solucionar los problemas de todo tipo antes de que se produzcan.
Naturalmente que eso es imposible y no logra más que trasladar el problema a
los jueces, que son quienes tienen que decidir finalmente, lo que acarrea toda
esa parafernalia característica de juicios esperpénticos.

¿Qué es el Estado de Derecho?

No cabe duda que la
palabra favorita en todo politicastro de postín (de los que tanto abundan en
nuestros días) no es otra que Estado de Derecho. Por nuestra parte
sólo podemos decir que tal palabra jamás existió en la época de la democracia
burguesa, por lo que habrá que explicar su éxito actual para comprender por qué
democracia y Estado de Derecho son dos conceptos incompatibles; o lo que es lo
mismo: el Estado de Derecho es la expresión institucionalizada de la dictadura
fascista de nuestros días.

El término Estado
de Derecho
 fue acuñado a finales del siglo XIX y comienzos del XX por
teóricos alemanes y, por tanto, está indisolublemente ligado a los problemas de
la revolución burguesa en Alemania, es decir, al modelo prusiano.

Mientras en Francia
la burguesía se impuso a la nobleza feudal por la vía revolucionaria, de
golpe
 podríamos decir, en Alemania siguió un camino tortuoso que debió
comenzar por lograr la unidad nacional. La burguesía no tenía la misma fuerza
que en Francia, no logró arrastrar a los sectores populares bajo su dirección y
se vio obligada a llegar a componendas con la aristocracia terrateniente, a un reparto
del poder que se fue gestando a lo largo de varias décadas del siglo XIX.

Esto significa que,
así como en Francia se impuso un nuevo y esencial concepto jurídico con la
revolución, la soberanía nacional, en Alemania no se logró introducir ese
principio en su legislación y todo su edificio legal siguió estando fundado
sobre el principio monárquico, es decir, sobre la idea de que la
soberanía radica en el rey y no en la nación.

El imparable
desarrollo del capitalismo en Alemania creó una nueva casta aristocrática
ejerciendo el papel que correspondía a la burguesía: los junkers.
Esta nueva burguesía no desdeñaba enriquecerse rápidamente con la explotación
capitalista, pero todavía tenía la cabeza en el Antiguo Régimen y conservaba
sus ademanes. Para esos junkers prusianos propietarios de imponentes fábricas,
elaboraron Laband, Jellinek y demás la famosa teoría del Estado de Derecho.

No cabe ninguna
duda, en consecuencia, que la teoría del Estado de Derecho está concebida para
negar el principio básico de la democracia burguesa, que es la soberanía
popular. No es casualidad que las ideas de Laband y Jellinek coincidan
temporalmente con las nuevas corrientes de pensamiento burgués que fuera de
Alemania comienzan a liquidar el principio de soberanía, por tratarse de algo abstracto e
incomprensible. Es el caso del jurista francés Duguit, su exponente más
característico.

La crisis de las
instituciones típicas de la democracia burguesa, como el parlamento, va
acompasada con todas esas nuevas teorías que pretenden liquidar el principio de
soberanía e imponer el Estado de Derecho como el concepto más adecuado a los
nuevos tiempos, esto es, al capital monopolista.

La idea capital del
Estado de Derecho es que el principio de soberanía no existe: no solamente no
es el pueblo quien tiene la facultad de crear las normas legales, sino que, muy
al contrario, el pueblo debe estar sometido a esas normas. O lo que es lo
mismo: el verdadero soberano es el Derecho, no el pueblo.

Esa es la idea
central del Estado de Derecho. Sobra insistir que estamos en las antípodas de
la democracia burguesa.

Notas:

(1) J. Dimitrov: «La ofensiva del fascismo y las
tareas de la Internacional en la lucha por la unidad de la clase obrera contra
el fascismo. Informe al VII Congreso de la Internacional Comunista. 2 de agosto
de 1935», Obras Escogidas, tomo I, pg. 581.
(2) ídem, pg. 579.
(3) J. Dimitrov: «Acerca
de las medidas de lucha contra el fascismo y los sindicatos amarillos.
Intervención en el IV Congreso de la Internacional Sindical. 1928», en Escritos
sobre el fascismo
, pgs. 35 y 36.
(4) F. Engels:
«Introducción a ‘Las luchas de clases en Francia’ de Carlos Marx», Obras
Escogidas
, tomo I, pg. 105.
(5) ídem, pg. 121.
(6) ídem, pg. 122.
(7) ídem, pg. 116.

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