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La Comunidad de Madrid volverá a un estado de alarma encubierto con nuevas restricciones de derechos

Los gobiernos autonómicos se preparan ante el inicio del curso escolar y la vuelta a los trabajos presenciales. Las vacaciones ya han llegado a su fin y se preparan las nuevas medidas de restricción de derechos, empezando por Madrid, que anunciará las nuevas medidas a finales de esta semana.

Las nuevas limitaciones se aplicarán “por periodos de quince días y en función de cómo avance la epidemia, nos pondremos en un escenario o en otro” según ha informado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista a “EsRadio”.

Madrid volverá a una especie de estado de alarma con fases como las que ya se aplicaron anteriormente a escala general.

Aunque las medidas concretas serán publicadas a finales de esta semana, la presidenta regional ha querido dar un adelanto sobre algunas de las limitaciones que se impondrán.

Entre esas medidas están las nuevas normas para los aforos, la habilitación de hoteles para familias de apestados y la contratación de más rastreadores.

El nuevo estado de alarma no llevará tal nombre porque es una trampa tendida por el PSOE a los gobierno autonómicos y, especialmente, al de Ayuso. El gobierno central se ha puesto a disposición de las autonomías para retornar a algunas de ellas al punto de partida, pero delega también la responsabilidad.

La reacción del PP en Madrid ha sido la de ponerse a practicar pruebas PCR en los barrios obreros del sur, a los que quieren identificar con los “nuevos brotes” en un ensayo claramente contrainsurgente ante el otoño que se avecina.

Es la táctica de los “confinamientos restringidos”. En Madrid todo seguiría igual, excepto en los barrios obreros, que quedarían sometidos a controles permanentes por parte de la policía, con el pretexto de los “brotes”.

Pero no sólo el PP. El ministro Illa ha apoyado los “confinamientos perimetrales de importantes contingentes” así como los “confinamientos domiciliarios de tipo quirúrgico”, en referencia a la cuarentena de diez días que aplicó el gobierno autonómico cántabro a finales de junio a los residentes de un edificio en Santander.

La ley marcial afectaría a barrios de la capital como Usera, Carabanchel y Puente de Vallecas, así como a municipios del sur, como Fuenlabrada, Parla, Móstoles y Leganés.

La presencia de Usera en la diana pone de manifiesto que los trabajadores inmigrantes también están en el ojo del huracán.

En dichos barrios se han hartado de hacer pruebas PCR y una de cada cinco ha dado positivo, un porcentaje absolutamente increíble, como todas las demás cifras de esta pandemia.

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