Poco conocido y raramente discutido por la clase dirigente de los medios de comunicación, durante décadas Reino Unido ha mantenido en secreto el Comité Asesor de Medios de Defensa y Seguridad (DSMA), que impone una forma muy británica de censurar a la prensa. Decide qué temas y eventos pueden ser cubiertos, y cómo, de manera caballerosa pero intrínsecamente deshonesta.
El comité de la DSMA es un órgano dirigido por el Ministerio de Defensa, compuesto por representantes de los servicios de seguridad, veteranos militares, altos funcionarios, directores de asociaciones de prensa, editores y periodistas, que se reúne cada seis meses. Según Declassified UK, representantes de las cadenas ITV, BBC y Sky News forman parte del comité. También están presentes el director de The Times y The Sunday Times y el subdirector de The Telegraph.
A menudo, la comisión emite notificaciones D, como una petición formal a los periodistas para que no publiquen o difundan determinada información sobre temas de seguridad nacional, o solicita la eliminación de ciertos detalles de los informes sobre temas supuestamente sensibles.
Desde 2017 ha habido cinco notificaciones permanentes, relativas a: operaciones, planes y capacidades militares; sistemas y equipos de armas nucleares y no nucleares; operaciones, actividades y métodos y técnicas de comunicación de las fuerzas militares antiterroristas, fuerzas especiales y organismos de inteligencia; bienes físicos y activos; y personal y sus familias en puestos sensibles. Si el Secretario del Comité cree que un artículo que entra en una o más de estas cinco áreas está a punto de ser publicado, o lo ha sido, se envían correos electrónicos a los editores de todas las publicaciones de gran tirada, normalmente con las palabras “privado y confidencial: no publicar, difundir o utilizar en las redes sociales”.
La DSMA hace todo lo posible para evitar la publicidad de las notificaciones D relacionadas con presuntas infracciones.
El acta de la última reunión del comité de la DSMA, celebrada en noviembre de 2021, indica que, de mayo a noviembre, su secretaría recibió 78 solicitudes de información y asesoramiento, lo que supone un aumento del 44 por cien respecto al periodo anterior. El total fue “justo por debajo de la media histórica de 10 años” de 88.
No se emitió ninguna notificación D, y el documento cita tres “buenos ejemplos” del “buen funcionamiento del sistema en la práctica” durante este periodo, entre los que se encuentran los relativos a las operaciones militares, la “divulgación involuntaria en línea de documentos sensibles de contratación” y la “pérdida de documentos clasificados”.
El acta también señala que los representantes de los medios de comunicación en el Comité “subrayaron la importancia de que los periodistas y editores se pregunten ellos mismos sobre las implicaciones de lo que se publica”.
Es de suponer que la prensa generalista ha pedido asesoramiento sobre estas cuestiones en bloque, y se ha quedado tranquila tras cumplir las normas.
Busca el consejo de la DSMA, o de lo contrario…
Las cartas del comité de la DSMA suelen terminar con preguntas amables como “¿Puedo pedirle mi opinión antes de hacerlo?” Esta hipocresía esconde una siniestra paradoja en el corazón del sistema. Sobre el papel, puede parecer consultivo, y los periodistas no están legalmente obligados a cumplir con las peticiones del Comité de buscar asesoramiento antes de publicar una historia o de mantener cierta información en secreto. Sin embargo, los periodistas son muy conscientes de que, si no cumplen, pueden ser perseguidos por la Ley de Secretos Oficiales.
De lo contrario, corren el riesgo de que, como mínimo, se les incluya en la lista negra o se les niegue el acceso a sesiones informativas, entrevistas e información privilegiada de funcionarios, ya sean oficiales o no.
Hay muy pocos ejemplos de violaciones de las notificaciones D, y rara vez se envían cartas. Entre 1997 y 2008, la Comisión sólo escribió a los medios de comunicación en 30 ocasiones. Un ejemplo palpable de la eficacia del sistema se produjo en noviembre de 2010, cuando se emitió una notificación D a raíz de las primeras publicaciones de los cables del Departamento de Estado estadounidense por parte de WikiLeaks.
El aviso advertía que la publicación de los archivos “podría desencadenar reacciones locales violentas” contra ciudadanos británicos “que trabajan o viven en zonas inestables”. La implicación era que los periodistas que se atrevieran a publicar algo sobre este material explosivo podrían tener las manos manchadas de sangre. Por ello, la inmensa mayoría de los medios de comunicación británicos ignoraron los cables.
Hay que consultar con la DSMA todos los días laborables
El funcionamiento de la agencia tiene un efecto escalofriante sobre los periodistas británicos. Según cifras citadas en el libro de Ian Cobain de 2016 The History Thieves, el comité estima que entre el 80 y el 90 por cien de las historias que los periodistas sospechan que pueden referirse a material sujeto a una de las cinco notificaciones D se someten voluntariamente a una revisión oficial antes de su publicación. El vicepresidente del comité de la DSMA se jactó: “Por término medio, un periodista consulta la secretaría cada día de trabajo”.
Pocos británicos, si es que hay alguno, son conscientes de esta perversa situación, y mucho menos de que da lugar a que la abrumadora mayoría de la cobertura de los medios de comunicación de las cuestiones de seguridad nacional esté restringida y dictada directamente por decreto gubernamental. Sin embargo, hay raros ejemplos de periodistas y editores que no consultaron al Comité antes de publicar sus artículos.
El ejemplo más significativo se refiere a la serie de artículos publicados por The Guardian en 2013, basados en documentos sensibles compartidos por el denunciante de la NSA Edward Snowden, quien expuso los excesos de la red secreta de espionaje mundial “Five Eyes” dirigida por Washington y Londres.
El 7 de junio de 2013, al día siguiente de las primeras informaciones de The Guardian, el Comité envió un aviso D a los directores de los periódicos, en el que afirmaba que, aunque no se habían incumplido sus directrices, a las agencias de inteligencia les “preocupaba que nuevos acontecimientos sobre este mismo tema” pudieran comprometer la seguridad nacional. Por lo tanto, las revelaciones de Snowden fueron ignoradas en gran medida por los medios de comunicación británicos, y la mayoría no mencionó en absoluto su explosivo contenido.
El Comité también realizó esfuerzos considerables para acercarse y neutralizar a The Guardian. En julio de ese año, justo cuando los técnicos del GCHQ asistían a la destrucción ceremonial de los ordenadores portátiles que contenían los archivos de Snowden, el periódico pidió consejo al comité sobre los documentos y luego se negó a publicar parte de la información que contenían.
Este compromiso siguió creciendo en el transcurso del año, hasta que el subdirector del Guardian, Paul Johnson, que dirigió la destrucción simbólica de los ordenadores portátiles, fue nombrado miembro del comité de la DSMA.
Tres años más tarde, el equipo de investigación del Guardian se disolvió y la cobertura de los temas militares, de seguridad y de inteligencia del Guardian entró en un precipitado declive. De hecho, muchos de los principales corresponsales de seguridad nacional del Guardian tienen ahora poca experiencia en este ámbito.
En febrero de 2022, Declassified UK recibió un correo electrónico del capitán retirado de la Marina Jon Perkins, que es secretario adjunto del comité de la DSMA. Pidió al medio de comunicación que retirara el nombre del teniente coronel “Sid” Purser, un alto asesor militar británico, de su cobertura del apoyo británico a la dictadura en Camerún.
“La publicación de este nombre… pone en peligro la seguridad personal del agente e incluso puede comprometer a su familia”, dijo Perkins. “Este detalle, por tanto, contraviene los términos de la notificación 5 de la DSMA [información personal sensible]. Por lo tanto, ¿puedo pedirle que elimine el nombre del artículo y se refiera a ‘un oficial británico’?”
Al igual que las anteriores solicitudes de la DSMA, el correo electrónico parecía muy cortés, pero para Declassified UK era confuso. ¿Fue una petición informal o una notificación más formal?
Mark Curtis, editor de Declassified UK, dijo que los medios de comunicación se habían negado a eliminar el nombre de Purser.
Declassified UK publicó dos semanas antes un informe sobre Camerún “que revelaba por primera vez detalles de cómo los militares británicos apoyan a su régimen represivo, encabezado por Paul Biya, el dictador más longevo de África, que gobierna con mano de hierro desde 1982”. Cumplió 89 años el domingo.
“Nuestro reportero jefe, Phil Miller, ha descubierto que no sólo Gran Bretaña está entrenando al ejército de Biya, al que se acusa de torturas y ejecuciones, sino que un oficial de las fuerzas especiales británicas ha escrito incluso una doctrina de ‘gestión de crisis’ para el dictador”, añadió Curtis.
En 2020 un miembro de la oficina de prensa del Ministerio de Defensa sugirió que Declassified UK debería “incluirse en una lista de organizaciones con las que el Ministerio no desea cooperar”. Posteriormente, el Ministerio de Defensa emitió una disculpa.
Una advertencia ‘urgente’ a los editores
El aparente envenenamiento con un agente nervioso del ex agente doble Serguei Skripal y su hija Yulia en la ciudad inglesa de Salisbury el 4 de marzo de 2018 es otro ejemplo de la función del Comité. Dos días después, el medio de comunicación ruso Meduza publicó un artículo en el que se describían los antecedentes de Skripal como espía, así como los de su reclutador y funcionario del MI6, Pablo Miller. El artículo mencionaba que la cuenta de LinkedIn de Miller indicaba que también residía en Salisbury.
Miller borró este perfil incriminatorio, pero el 7 de marzo el Daily Telegraph reveló que ahora trabaja para Orbis Intelligence, la conocida empresa de seguridad privada dirigida por el ex espía del MI6 Christopher Steele, autor del ampliamente desacreditado dossier Trump-Rusia.
Aunque la publicación se negó deliberadamente a nombrar a Miller, a las pocas horas el secretario de la DSMA emitió otra nota “urgente” en la que advertía a los editores que no debían revelar la identidad del personal de seguridad e inteligencia británico. Instó a los medios de comunicación a que consulten al Comité si “están considerando publicar este tipo de material”.
Al día siguiente, Gordon Corera, de BBC News, y Luke Harding, de The Guardian, conocidos por ser taquígrafos de seguridad nacional, acudieron a Twitter y negaron rotundamente que Miller hubiera trabajado para Orbis. También afirmaron -basándose en fuentes anónimas- que no había ningún vínculo entre Skripal y Steele (Harding afirmó falsamente que los resultados de Google que mostraban dicho vínculo eran producto de una manipulación diabólica del motor de búsqueda).
El Daily Telegraph acabó publicando un artículo en el que desmentía su anterior artículo como producto de un “intento de operación encubierta” por parte de la inteligencia rusa para poner en duda el dossier Steele, citando “fuentes bien situadas” que “sospechaban” que el perfil de LinkedIn al que se había referido originalmente – “si es que realmente existía“- había sido creado por la inteligencia militar rusa.
Un sistema para acabar con el periodismo
El auge de internet ha planteado importantes problemas al sistema de la DSMA. Al fin y al cabo, es increíblemente difícil, si no imposible, que Londres impida a las publicaciones y a los periodistas de fuera del país difundir información que el gobierno británico no quiere que sea de dominio público. Esto puede explicar, al menos en parte, por qué las autoridades británicas están planeando ampliar significativamente su capacidad para encarcelar a los denunciantes, filtradores y periodistas. Como informó The Dissenter el 9 de febrero, las autoridades británicas están tratando de ampliar las leyes de secretos oficiales para reflejar la naturaleza orwelliana de la Ley de Espionaje de Estados Unidos.
Según la legislación actual, cualquier “funcionario de la Corona” (gobierno, empleado o contratista) que filtre información clasificada a otra persona -o los periódicos o periodistas que publiquen secretos filtrados por dichas personas- puede ser encarcelado hasta dos años. Ni los filtradores ni los editores pueden alegar la defensa del “interés público”, y las penas pueden aumentarse posteriormente si un juez considera que las sanciones iniciales no fueron lo suficientemente severas.
Esta ley es una de las principales razones por las que las filtraciones de las agencias de seguridad o inteligencia del Reino Unido, o incluso de los departamentos gubernamentales, son poco frecuentes. De hecho, cuando se producen filtraciones, suelen provenir de organismos que quieren que la información se haga pública por una razón política o de despiste.
Esta tendencia es tanto más preocupante cuanto que la comisión DSMA y su sistema de notificaciones D es ya un mecanismo de censura del periodismo con efectos devastadores.
Las actas de noviembre de 2021 muestran que las operaciones de la rama antiterrorista de la Policía Metropolitana pronto estarán cubiertas por el sistema. Esto significa que los periodistas locales, que a menudo son los primeros en llegar al lugar de los incidentes terroristas y “tienen menos probabilidades de estar familiarizados con las notificaciones permanentes”, serán objeto de un “trabajo cercano”.
“Los miembros de la industria de los medios de comunicación podrían contribuir en este sentido”, se indica en el acta, y se señala que los periodistas y editores están llamados a ayudar activamente al Comité a frenar el flujo de verdades incómodas e información perjudicial en los medios de comunicación.
El público británico no es consciente del papel que desempeña el comité de la DSMA para disuadir a los medios de comunicación de seguir las historias relacionadas con la difamación de Julian Assange por parte de Washington. Pero para ser un caso sin precedentes que acapara titulares, la cobertura de los medios de comunicación ha sido especialmente suave.
En junio de 2021, Stundin, un bisemanario islandés, reveló que una nueva acusación contra el jefe de WikiLeaks se basaba en gran medida en el falso testimonio de un estafador, diagnosticado como sociópata y condenado por pedofilia, al que el FBI había reclutado para socavar la organización desde dentro. Los detalles procedían de una entrevista con el propio informante, pero ningún periodista británico informó de ello.
Tres meses después, Yahoo! News reveló los “planes de guerra secretos” de la CIA para secuestrar y posiblemente asesinar a Assange en caso de que se escapara de la embajada de Ecuador en Londres. La BBC News sólo mencionó el bombazo en una ocasión, en su sección en lengua somalí. The Guardian y The Independent mencionaron la historia una vez, mientras que todos los demás medios británicos ignoraron el informe.
Muchos periodistas de los medios de comunicación británicos son indiferentes a la situación de Assange. Sin embargo, los profesionales de los medios de comunicación que reconocen lo que está en juego están sometidos a un sistema que pretende desalentar el tipo de investigaciones de seguimiento que podrían desvelar esta acusación descaradamente política.
La bestia negra: Julian Assange
El 20 de abril un juez británico aprobó la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde será juzgado en virtud de la Ley de Espionaje. El Ministro del Interior, Priti Patel, decidirá ahora si aprueba la decisión.
Grupos de derechos y ciudadanos preocupados de todo el mundo han instado a Patel a detener la extradición, argumentando que la persecución de Washington contra Assange equivale a una criminalización de la actividad periodística legítima y pone en peligro la libertad de prensa en todo el mundo.
Es probable que estas demandas caigan en saco roto. Una característica llamativa de la decisión de enero de 2021 sobre la extradición de Assange, así como de la sentencia sobre el recurso de Washington, es que las consideraciones sobre la libertad de prensa no fueron tenidas en cuenta en absoluto por el tribunal.
La jueza de distrito Vanessa Baraitser aceptó los argumentos subyacentes de cada una de las acusaciones de Estados Unidos al pie de la letra, mientras que el Tribunal Superior de Justicia rechazó cualquier sugerencia de que la extradición de Assange fuera “injusta”.
Este preocupante descuido es quizá sintomático de la cultura británica del secreto de Estado, posiblemente la más estricta y draconiana del mundo occidental, por lo que es seguro que Patel aprobará la extradición de Assange.
Kit Klarenberg https://thedissenter.org/very-british-form-of-press-censorship/