La Audiencia Nacional reactivó en julio una causa contra el Polisario para formalizar el apoyo de España a Marruecos en la guerra del Sahara

La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh) es una entidad con sede
en España que promueve una «intervención internacional» contra el «régimen polisario», que desde 2009 y con el puntapié de Baltasar Garzón, ha interpuesto varias querellas en la Audiencia Nacional contra varios dirigentes de la República Árabe Saharui Democrática (RASD).

Esta asociación es una de las receptoras de la propuesta de algunos sectores del gobierno de Mohamed VI de crear un «estatuto de autonomía» a la española en los territorios ocupados.

La Audiencia investiga en esa querella a miembros del Frente Polisario y de la inteligencia argelina por el trato sufrido en Tindouf en los años 80 del siglo pasado, por parte de las autoridades saharauis. Baltasar Garzón fue el juez que en 2009 se declaró competente para abrir una causa general contra la RASD.

La querella es parte de la estrategia marroquí

Parte de las personas que han manifestado sufrir torturas y persecuciones por oponerse al Polisario, nacieron bajo bandera española, herramienta que ha servido a la Audiencia Nacional para admitir a trámite una querellaque habla del «gulag» saharaui. La querella se reactivó judicialmente en vísperas de que el Ejército Polisario decidiera rearmarse de manera oficiosa en su congreso de diciembre de 2019, en la ciudad de Tifariti.

En el mes de mayo de 2020, cuando estaba por vencer el plazo de instrucción, y atendiendo a los informes recabados por el CNI, la Audiencia Nacional decidió mantener por la vía de los hechos un posicionamiento hostil de España hacia el bando saharaui, y amplió hasta agosto de 2021 la instrucción de la causa contra el gobierno de la RASD. Causa que contempla además la detención de los dirigentes polisarios.

La Audiencia Nacional se ha basado también en el carácter de «potencia administradora» que España tiene del territorio hasta su completa descolonización, circunstancia que fue admitida en un auto de julio de 2014 firmado por el entonces juez de instrucción Fernando Grande Marlaska.

La Sala define el posicionamiento español en el conflicto

La decisión de la Audiencia se hace tras verificarse, en abril de 2020, varias noticias que advertían de que Marruecos habría reformado el muro en el Sáhara Occidental, construyendo nuevos establecimientos militares, así como un reforzamiento de su ejército.

Ante esto, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y jefe de las Fuerzas Armadas, Brahim Gali, anunció el 2 de julio, a través de un decreto presidencial, el nombramiento de nuevos altos cargos en el ministerio de defensa y el ministerio de la Seguridad y Documentación.

Sidi Ouagal ascendió a director interino de los servicios secretos de la República Saharaui, en previsión de una escalada militar.

El movimiento de la Audiencia Nacional ilustra así cuál va a ser el papel de España en la Guerra del Sáhara Occidental: el apoyo incontestable al régimen marroquí.

La prórroga de la instrucción de la causa se hizo a partir de la petición de la Fiscalía adscrita al tribunal especial, que depende jerárquicamente de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. No es ningún secreto que Delgado, a su paso por el Ministerio de Justicia en la anterior legislatura, estrechó lazos muy fuertes con el régimen marroquí, y que su pareja, el propio Baltasar Garzón, ha ejercido de lobbysta del Reino de Marruecos en varias ocasiones, defendiendo al gobierno de Mohamed VI como un «faro de los derechos humanos» [sic].

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
A %d blogueros les gusta esto: